En lugar de ayudar a los trabajadores a asegurar su retiro, los actuales mecanismos financieros internacionales son un obstáculo a la realización del derecho humano universal a la seguridad social, sostiene el Informe 2007 de Social Watch lanzado este martes en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo que tiene lugar en la sede de Naciones Unidas.

La mitad de la población mundial no está afiliada a ningún sistema de seguridad social y en los países menos desarrollados de África Subsahariana y Asia Meridional apenas 10% goza de algún régimen de seguridad social.

El análisis de esta situación y diversas propuestas para superarla son el tema central de la publicación anual de Social Watch “En dignidad y derechos. Cómo hacer realidad el derecho universal a la seguridad social”. El informe de la red internacional de organizaciones de la sociedad civil es el documento independiente sobre desarrollo humano y social más reconocido en el mundo.

“La cuestión es si la existencia global civilizada es posible sin implementar el derecho de todos y todas a la seguridad social”, sostuvo Roberto Bissio, coordinador de Social Watch.

Los sistemas actuales de seguridad social siguen dos modelos básicos. Uno vincula directamente las prestaciones que reciben las personas con los aportes que han realizado durante su vida activa, mientras que el otro, basado en la solidaridad social, destina recursos generados por impuestos a cubrir la seguridad social de los individuos de acuerdo a sus necesidades y no a su capacidad de ahorro personal.

En el sistema de solidaridad social, que canaliza recursos de quienes más tienen hacia quienes más necesitan, ha sido esencial la aplicación de impuestos progresivos, como el impuesto a los ingresos y las rentas de capital.

Así, los países pueden apelar a las reformas estructurales, en las que la capitalización individual y la administración total o parcial del sistema quedan en manos privadas, o apostar a las reformas no estructurales o ‘paramétricas’, que impulsan la mejora de los sistemas públicos nacionales de seguridad social.

En el primer caso se aplica la lógica del Consenso de Washington, que toma cuerpo en los paquetes de ajuste estructural que el Banco Mundial ha aplicado en varios países. Este modelo es un enfoque de tres pilares, con un pilar de ahorro obligatorio administrado por el Estado; el segundo es un pilar de capitalización individual bajo administración privada; y el tercero es un pilar voluntario de capitalización individual.

El Banco Mundial ha criticado el modelo de reformas no estructurales advirtiendo que, entre otros aspectos, afecta al mercado de trabajo formal y estimula la evasión al aumentar los costos del trabajo, por lo que no sería financieramente sustentable.

Los defensores del sistema solidario afirman que el modelo del Banco Mundial obedece a políticas apoyadas en análisis sesgados y selectivos, realizados con posterioridad a su aplicación, que está expuesto al riesgo de los vaivenes financieros y que muchas veces no ofrece una cobertura completa.

Todo modelo de seguridad social debería contemplar unos principios básicos acordados internacionalmente que incluyen prestaciones seguras y no discriminatorias, transparencia y buena administración, sostiene el informe.

Social Watch aborda las formas de aplicación de estos modelos en diferentes escenarios. Por ejemplo, el informe temático de la Bulgarian Research Foundation analiza lo ocurrido en Bulgaria, Hungría y Polonia – que aplicaron estrictamente el modelo del Banco Mundial – y en Eslovenia, República Checa y Rumania – que optaron por una forma más independiente de esos lineamientos.

La clave, indica el informe, radica en el rol del Estado. Mientras en uno de los modelos – aquel en el que el riesgo se traslada a los individuos y determina la calidad las prestaciones – el Estado cumple una función secundaria o a lo sumo de fiscalización, en el otro es el actor clave.

“Un nuevo pacto social es necesario a nivel nacional y global para equilibrar los derechos individuales y los derechos sociales universalmente reconocidos, así como las normas internacionales con el espacio político nacional en que el debate democrático da forma a las prioridades de cada país”, agregó Bissio.

El gran desafío consiste, según el informe, en lograr un equilibrio entre la justicia social y la sustentabilidad económica de los sistemas de seguridad social, incluso en los casos en que existan serias limitaciones financieras.

El analista Fernando J. Cardim de Carvalho, autor de uno de los artículos temáticos del informe, plantea la noción de “restituir la primacía del pleno empleo como meta social, como lo fue durante las primeras dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, puesto que esto evitaría muchos de los problemas financieros de los sistemas de seguridad social.”

Según el analista, “también existe la necesidad de fomentar un debate más amplio con todos los sectores de la sociedad sobre los enfoques del sistema de seguridad social”, aunque reconoce que “el clima político continúa siendo desfavorable a este debate, ya que las ideas neoliberales acerca de las virtudes del mercado continúan siendo fuertes.”

También existe una correlación entre seguridad social e inclusión social pues, para sostener políticas de protección social universal de alta calidad, los gobiernos deben fomentar el empleo para recibir los impuestos y los aportes sociales derivados de él.

Social Watch sostiene que esto no es suficiente. Cuando hace más de cien años los países hoy más ricos del mundo comenzaron a preocuparse por la seguridad social, la realidad era muy diferente. Las políticas de industrialización generaban empleo y aseguraban un grado de distribución de la riqueza. En esa época los capitales no se trasladaban internacionalmente. En el actual mundo globalizado, la movilidad del capital degrada los salarios así como las normas ambientales y del trabajo.

Según el informe de Social Watch garantizar el derecho universal a la seguridad social exige poner fin a los paraísos fiscales y los centros bancarios extraterritoriales que fomentan la corrupción y la evasión fiscal y generan a los países más pobres un continuo estado de inseguridad.