Para nosotras las mujeres, la ciudadanía está indisolublemente asociada a tres elementos básicos: el derecho a voto, el acceso al trabajo y a la educación y, la abolición de la doble moral sexual.

Sin embargo, estos elementos, aunque son necesarios e indispensables, no son suficientes para el estatus de ciudadanas y mucho menos para la equidad de género.

La forma y el contenido de la llamada emancipación económica, que se logra con la inserción al mercado laboral, juega un papel preponderante en este proceso donde las mujeres asumen las desventajas del entorno socioeconómico y las propias del mercado laboral tales como: cuotas de sindicalización; participación; ingreso medio por hora y tiempo completo de trabajo.

Según los estudiosos del tema, las condiciones de trabajo femenino van en relación directa al comportamiento de la economía en su conjunto y del desempleo en particular.

Esto, en una economía donde el crecimiento es de tan solo el 3 por ciento y su segunda fuente de divisas son las remesas que envían los trabajadores migrantes, las cuales crecen al 7.1 por ciento.

Mientras que la cuota de sindicalización en diez años creció al 0.2 por ciento (1992-2002), y por su parte la Población Económicamente Activa (PEA) presentó un crecimiento del 3.3 por ciento, resulta compleja la batalla por las condiciones de ciudadanía y de equidades, porque esas campañas estadísticas que forman las cuotas de sindicalización y del empleo con prestaciones doblan, vaya que doblan.

La flexibilización del mercado laboral y las condiciones generadas por el proceso de globalización han acelerado considerablemente la incorporación de la mano de obra femenina, como es el caso de las maquiladoras y el estereotipo de condiciones laborales establecidas básicamente en la frontera norte del país, Guanajuato y Yucatán, por mencionar algunas entidades.

No obstante que la tasa de sindicalización por Central Obrera es de 44.6 por ciento, respecto al total de la PEA ocupada por maquiladora.

Para muestra un botón. La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la PPSSI (población sindicalizada del Sector Industrial) descendió de 22.1 por ciento a 11.6 por ciento en la década de 1992 a 2002, en tanto que la sindicalización por género fue negativa para las mujeres (-.3 por ciento) y para las hombres creció en 23.0 por ciento.

En los llamados servicios financieros y de administración, áreas donde se ubican el mayor número de mujeres, las cifras fueron también negativas, ya que mostraron un descenso al disminuir de 18.46 por ciento a 9.96 por ciento.

Si a estos elementos le agregamos la premisa de que a menor crecimiento mayor desigualdad o inequidad de género laboral, nuestro escenario de ciudadanas es complejo.

Si bien es cierto que resulta discutible -por decir lo menos-, defender las cuotas de sindicalización y los sindicatos, es innegable que éstos repercuten de manera directa en las condiciones laborales, de salud y salariales; las revisiones contractuales, con tope de incremento salarial generalmente se compensan vía prestaciones, de las cuales quedan marginadas las trabajadoras que no forman parte del Sindicato.

También es cierto que algunos de los Sindicatos han sido "colaboradores" incondicionales de los empresarios y que existen agrupaciones fantasmas que sirven para poner un alto a las organizaciones de los trabajadores en defensa de su empleo o de sus condiciones de trabajo.

En cualquier caso es significativa y representativa la campana del descenso de las cuotas de sindicalización. No sólo porque le restan fuerza al corporativismo, que también tiene sus bondades, sino fundamentalmente porque ese renglón de prestaciones incluye además el acceso a la salud y a una mejor calidad de vida y, desde luego, atenta contra la posibilidad de una jubilación con pensión, en una país donde su pirámide poblacional esta envejeciendo.

Y es que de varias maneras doblan las campanas.


- Carmen R. Ponce Meléndez es economista, especializada en temas de género.

Fuente: CIMAC