(El miércoles 22 de agosto se realizó en México DF el Foro “Impunidad y libertad de expresión: Solución para los periodistas”, organizado por la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados. Esta es la ponencia que presentó Teodoro Rentería Arróyave, Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP).

Si hubiera el interés político por llevar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los informadores, nos estaríamos ahorrando este Foro, que nos reúne y cuyo título lo dice todo: “Impunidad y Libertad de Expresión: solución para los periodistas”, organizado por la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados, y lo más importante, no tendríamos la vergüenza nacional de que nuestro México ocupe el primer lugar en el mundo, sólo por debajo de Irak que sufre una guerra de intervención por parte del imperio, en asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y demás atentados contra los hacedores de la comunicación social.

Son 68 los periodistas asesinados desde 1983 a la fecha. Lo que resulta inadmisible es que en lugar de que el fenómeno disminuyera, en los últimos 7 años aumentó más del doble y se presentó otro, dentro de la descomposición social que vivimos: las desapariciones forzadas, que suman nueve, en el mismo periodo.

Expliquémonos: De 1983 al 2000, fueron asesinados 34 colegas, o lo que es lo mismo en 17 años fueron sacrificados dos periodistas por año, y de 2000 a la fecha, son otros 34, el problema se recrudeció, a tal grado que el promedio anual es ahora de 5 periodistas sacrificados.

No sólo eso ha ocurrido, como lo dejamos anotado líneas arriba, se presentó en estos últimos siete años, en que se entronizó el llamado gobierno del cambio, el fenómeno de las desapariciones forzadas; son 9 en nuestros registros, dos de los compañeros desaparecidos, fueron hallados muertos, pero continúa la incertidumbre de los otros 7, los dos ya forman parte de la lista lúgubre.

En una nueva actitud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, da a conocer la multiplicación de agresiones y amenazas a periodistas en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a tal grado que ya supera en el mismo periodo a las ocurridas en el último año del cruel foxismo.

La CNDH comunica que se han integrado 49 expedientes por agresiones o amenazas contra periodistas, lo que indica que se ha superado la tendencia de la gestión del ahora afortunadamente ex presidente, Vicente Fox Quesada, que registró un promedio de 45 casos por año y que a la fecha reporta la mayor incidencia de ataques contra comunicadores desde 1988, más o menos el aumento es de 10 por ciento.

Todo ello sin sumar aún las últimas agresiones, como la detención-secuestro de 4 reporteros en Monclova, Coahuila, por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Además, es de reconocerse la disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de revisar las listas de las víctimas del periodismo, no en el simple ejercicio de empatar cifras, sino en el compromiso de que ninguno de los casos quede impune

Vayamos al meollo de esta descomposición social creciente de las agresiones y atentados a periodistas y sus medios. La pregunta de por qué se ha agudizado, es simple y lacerante la respuesta, porque lo que se pretende es socavar las libertades de prensa y expresión y acabar con el derecho a la información, como ya está ocurriendo en varias partes de la República, principalmente en los estados fronterizos. La autocensura y el cierre de medios se presentan como actos cotidianos de defensa a la integridad física de los informadores. Lamentable e inaceptable situación en pleno Siglo XXI.

Si a lo anterior agregamos las supuestas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nos han impuesto y que son sólo leyes mordaza, revísense los artículos 13 y 14 en la federal y los correspondientes en las estatales, estaremos de acuerdo en que las informaciones gubernamentales, que son patrimonio de los pueblos, se esconden en los meandros de la figura legal de la reserva, como otro atentado más a las disposiciones constitucionales.

Y aún tenemos que agregar lo más grave: La impunidad imperante. Con conocimiento de causa podemos asegurar que ni uno sólo de estos crímenes ha sido verdaderamente aclarado. México se ha convertido en el paraíso de la impunidad, fundamentalmente en cuanto a agresiones y atentados a periodistas.

Ante la agudización de estos delitos contra nuestras más caras libertades, surgió la demanda de justicia, no sólo del gremio organizado sino de la sociedad toda. Entre los años 2004 y 2005, antepenúltimo y penúltimo del gobierno de Vicente Fox Quesada, sólo en 19 meses fueron asesinados 9 periodistas. Por eso mismo llegó el apremio de que se creara una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas.

La demanda no fue atendida por el Jefe del ejecutivo, a cambio, de acuerdo con el Procurador General de la República, se designó a un Agente del Ministerio Público Especial en cada una de las 32 entidades federativas, debemos decirlo, no sirvieron para nada, no atendieron las órdenes presidenciales y continuaron los atentados.

Ante tal situación, se creo finalmente la Fiscalía, por un Decreto del propio Fox Quesada de fecha 15 de febrero de 2006, pero sin sustento de Ley, es apenas, por decirlo de la mejor manera, un apéndice de la Procuraduría General de la República. El 22 del mismo mes y año fue nombrado como titular de la nueva oficina, un jurisperito muy respetable, el doctor David Vega Vera, a quien desde el principio se le restringieron sus funciones y no obstante ello cumplió, cuando menos, en la composición del ente burocrático.

Cambia el Gobierno, y con el la titularidad de la Fiscalía, ahora en manos de un respetable notario público, Octavio Alberto Orellana Wiarco desde el 14 de marzo pasado, quien de esto no sabe nada y ya tuvo su primer desliz en esta misma Cámara de Diputados, cuando por huir de la entrevista que reclamaban los reporteros de la fuente, sus guaruras la emprendieron a golpes con los informadores. En otros países, este sólo hecho hubiera sido suficiente para que se separara del cargo, amen de su ignorancia en tal encomienda. Aquí en México es diferente, los puestos se han dado y se dan, desgraciadamente por circunstancias personales, casi nunca por capacidad y experiencia.

Retomemos el tema: ¿De que sirve una Fiscalía Especial sin sustento de Ley, sin autonomía, con personalidad jurídica y presupuesto propios, y lo más grave, sin que aún se legisle sobre la federalización de los delitos contra periodistas? Ante tal situación, que no quepa la menor duda, los dictadorzuelos locales, los municipales y estatales seguirán manejando a su antojo la "justicia", a favor de sus propios intereses.

Es de sobra conocido, que ante esta demanda de la federalización de los delitos contra periodistas, de ninguna manera se trata de privilegiar a un sector, muy por el contrario, lo que se busca es proteger y tutelar el ejercicio pleno de las libertades a favor de toda la sociedad mexicana.

Sabemos que nos enfrentamos a los enemigos de esas libertades, no son pocos los que entronizados en los puestos de Gobierno, prefieren actuar en las sombras para no ser sujetos del escrutinio público, precisamente ese es el germen de la corrupción, que agobia en proporciones mayúsculas al país.

También entendemos que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas, pudiera representar una centralización contraria a la democratización del país, no es así, son muchos los casos delincuenciales que por diferentes razones previstas en la ley son atraídos por el Ministerio Público Federal; este sería uno más, bastaría que la víctima de un delito fuera periodista para ser atraído por la Fiscalía Especial. Se alega en contrario que había una centralización de la justicia, desde nuestra perspectiva el riesgo es mucho menor y las posibilidades de revertir el grave fenómeno se ampliarían.

Fenómeno social tan grave que ha obligado a crear en la Comisión Nacional de Derechos Humanos una área especializada, una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República, que demandamos tenga sustento de Ley y sea autónoma con personalidad jurídica y presupuestos propios, y una Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Honorable Cámara de Diputados, que siempre hemos considerado como vanguardista en la defensa del gremio, y que se ve obligada, ante su alta responsabilidad, a convocarnos a este Foro, que como lo apuntábamos al principio su título lo dice todo: “Impunidad y Libertad de Expresión: solución para los periodistas”.

Concluyamos: Si no se gana esta lucha de la federalización de los delitos contra los periodistas, la Fiscalía Especial, no tiene razón de ser.