En su 61 periodo de sesiones, próximo a celebrarse, la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá una oportunidad histórica de defender los derechos humanos de algunos de los pueblos más marginados del mundo adoptando la largamente demorada Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración afirma el derecho de los pueblos indígenas a tener un control significativo sobre su propia vida, a mantener su identidad cultural diferenciada, a vivir sin discriminación y sin la amenaza del genocidio y a tener acceso seguro a las tierras y los recursos esenciales para su bienestar y su forma de vida. Tras más de dos décadas de negociación y debate en las Naciones Unidas, la Declaración cobró impulso en junio, cuando fue adoptada en la primera reunión del nuevo Consejo de Derechos Humanos. El texto viene respaldado por una amplia diversidad de países de los hemisferios norte y sur, y también por la gran mayoría de las organizaciones de los pueblos indígenas que han participado en su elaboración. Sin embargo, algunos Estados siguen oponiéndose firmemente a que la Declaración se convierta en parte del conjunto de normas internacionales de derechos humanos. El gobierno canadiense, que lideró la oposición a la Declaración en el Consejo de Derechos Humanos, ha manifestado que la Declaración podría conducir a que se critique la manera en que Canadá ha tratado el derecho de los pueblos indígenas a la tierra en el pasado. Y Estados Unidos se ha opuesto enérgicamente a la mera noción de una norma internacional de derechos humanos por la que se pueda juzgar el trato recibido por los pueblos indígenas. La situación de derechos humanos a la que se enfrentan los pueblos indígenas de todo el mundo pone de manifiesto la necesidad desesperada de que los derechos de estos pueblos se reconozcan como principio y se respeten en la práctica. • En la provincia de Mondulkiri, Camboya, los indígenas phnong perdieron sus tierras tanto ancestrales como de cultivo cuando el gobierno otorgó en 2004 una concesión para que una empresa privada estableciera una plantación de árboles que excedía con mucho el límite legal de 10.000 hectáreas. En ningún momento se consultó a los habitantes de la zona o a las autoridades locales, y no se realizaron estudios de impacto medioambiental o social. Las peticiones de información presentadas por el pueblo phnong en torno a la concesión se han ignorado de manera sistemática. • Las comunidades adivasi (indígenas) de una remota región boscosa de Chattisgarh, en la zona central de la India, están atrapadas en el conflicto cada vez más intenso entre las fuerzas de seguridad y los maoístas pertenecientes al Grupo de Guerra Popular. En los últimos meses ha habido un alarmante incremento del número de víctimas. Los informes indican que más de 40.000 personas, entre ellas adivasi, han tenido que desplazarse de sus casas y permanecen confinadas en campos temporales donde no pueden mantenerse adecuadamente ni a ellas mismas ni a sus familias. • A las mujeres indígenas de Perú se les niega con frecuencia la atención médica materno-infantil. Las que no pueden llegar a un centro de salud o prefieren dar a luz en su casa son multadas, y a sus hijos se les niega el certificado de nacimiento; a consecuencia de ello estos niños y niñas no tienen identidad legal, lo que puede acarrear graves consecuencias para su disfrute de los derechos humanos. • La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido reiteradamente de la crisis humanitaria a la que se enfrenta un creciente número de comunidades indígenas que se han visto expulsadas de sus tierras por el conflicto armado de Colombia, un conflicto que durante más de 40 años ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejército con los grupos de guerrilla. Señalando lo fuertemente que los pueblos indígenas dependen de sus tierras tradicionales para alimentarse y mantener su cultura, el ACNUR advirtió en abril de 2006 de que "a causa del conflicto colombiano, algunos de los grupos indígenas más antiguos y reducidos del mundo corren un gran peligro no sólo de desplazamiento, sino incluso de extinción". • Según la Oficina de Estadística Penal de Estados Unidos, las mujeres indígenas de Estados Unidos y Alaska sufren un índice de agresión sexual 3,5 veces superior al de cualquier otro grupo racial. Sin embargo, sólo una pequeña porción de estos delitos se investiga o se enjuicia. La ausencia de servicios para las víctimas, en especial de servicios que tengan en cuenta su cultura, y la ausencia de una formación adecuada para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contribuyen a que no haya investigaciones adecuadas y desalientan a las mujeres a la hora de denunciar las agresiones sexuales. Viendo cómo se les niega una protección justa y adecuada mediante la ley, los pueblos indígenas de todo el mundo se enfrentan a la amenaza de ser desarraigados de las tierras y los recursos naturales fundamentales para su economía tradicional y para la forma de vida que hace de ellos lo que son. Demasiado a menudo, las consecuencias son el empobrecimiento, la mala salud y los abusos. Los dirigentes y las comunidades indígenas que defienden sus derechos o insisten en utilizar tierras codiciadas por otros sufren intimidación y violencia, a menudo con la colaboración del Estado. En muchos casos, el apoyo pacífico al derecho de un pueblo o una minoría étnica indígena a mantener su propia identidad cultural o ejercer la libre determinación se califica de traición o de apoyo al terrorismo, y trae consigo un trato violento por parte de las autoridades. Por su parte, las mujeres indígenas suelen hacer frente a una discriminación múltiple: por su género y por su origen étnico o nacional. Amnistía Internacional insta a todos los Estados a trabajar en estrecha colaboración con los pueblos indígenas para garantizar que se establecen sistemas efectivos de protección en los ámbitos nacional, regional e internacional. Entre las medidas críticas que requieren acción inmediata se encuentran las siguientes: • adoptar el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU; • establecer procesos justos y efectivos para resolver sin demora las disputas pendientes sobre tierras y recursos, teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y otras salvaguardias de derechos humanos contenidas en el derecho nacional e internacional; • garantizar que los activistas y las comunidades indígenas pueden ejercer sus derechos sin peligro y sin temor a la violencia o a la detención y el encarcelamiento arbitrarios. Información complementaria La Asamblea General de la ONU ha alentado a la comunidad internacional a celebrar el 9 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo durante el Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (2005-2014). En la Cumbre Mundial de 2005, los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su "compromiso de seguir avanzando en la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo, en los planos local, nacional, regional e internacional, incluso mediante la consulta y la colaboración con ellos, y a presentar lo antes posible para su aprobación un proyecto final de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas" (A/60/L.1, del 15 de septiembre de 2005, párr. 127). El 29 de junio de 2006, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y recomendó su adopción por parte de la Asamblea General de la ONU.