Las autoridades colombianas fallan a las sobrevivientes de la violencia sexual
20/09/2011
- Opinión
Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres.”
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres.”
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia.” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, documenta el hecho de que las autoridades siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
La inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.
En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes.
Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente.
Los obstáculos para la justicia abarcan la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales, y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional.
Las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
“Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que garantiza que los responsables de estos crímenes no comparezcan ante la justicia”, afirmó Susan Lee.
Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios.
La violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras.
Las mujeres y niñas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las desplazadas por los combates y las que viven en la pobreza son víctimas particulares de la violencia sexual. Las defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidación.
Amnistía Internacional habló con numerosas sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de las cuales intentaron denunciar el crimen a las autoridades.
Carolina (no es su nombre real) era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas, en el noroeste de Colombia. Cuando en 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, ésta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirase la denuncia, y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo de 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente ésta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio de 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre de 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto de 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal todavía sólo ha empezado a revisar el caso de Carolina hace poco.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que elaboren una estrategia global —en consulta con las organizaciones locales— para garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas.
“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas contundentes para asegurar que los responsables de crímenes de violencia sexual, muchos de los cuales son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, comparecen ante la justicia. Si las autoridades siguen absteniéndose de hacerlo, podría intervenir la Corte Penal Internacional.”
La inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.
En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes.
Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente.
Los obstáculos para la justicia abarcan la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales, y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional.
Las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
“Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que garantiza que los responsables de estos crímenes no comparezcan ante la justicia”, afirmó Susan Lee.
Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios.
La violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras.
Las mujeres y niñas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las desplazadas por los combates y las que viven en la pobreza son víctimas particulares de la violencia sexual. Las defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidación.
Amnistía Internacional habló con numerosas sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de las cuales intentaron denunciar el crimen a las autoridades.
Carolina (no es su nombre real) era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas, en el noroeste de Colombia. Cuando en 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, ésta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirase la denuncia, y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo de 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente ésta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio de 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre de 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto de 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal todavía sólo ha empezado a revisar el caso de Carolina hace poco.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que elaboren una estrategia global —en consulta con las organizaciones locales— para garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas.
“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas contundentes para asegurar que los responsables de crímenes de violencia sexual, muchos de los cuales son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, comparecen ante la justicia. Si las autoridades siguen absteniéndose de hacerlo, podría intervenir la Corte Penal Internacional.”
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El Informe:
Colombia: “ESO ES LO QUE NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.”
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Index Number: AMR 23/018/2011
Fecha de publicación: 21 septiembre 2011
Fecha de publicación: 21 septiembre 2011
Este informe es el resultado de dos años de investigación de Amnistía Internacional sobre la impunidad en casos de crímenes sexuales relacionados con el conflicto en Colombia. Está basado en reuniones mantenidas en este país con una amplia muestra representativa de todos los sectores sociales, incluidos sobrevivientes, testigos, organizaciones y redes de mujeres, grupos de derechos humanos, funcionarios del gobierno y del Estado, abogados y jueces, así como organizaciones indígenas y organismos internacionales.
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https://www.alainet.org/es/articulo/152751
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