Hablar de responsabilidad social en este país en ebullición, no resulta fácil, sin embargo, tal vez por esa misma razón, es por demás urgente su presencia en la agenda cotidiana de los venezolanos y no solo de los entes políticos y comunicacionales. Es en esta "atmósfera" que diariamente vivimos, y a la que, sin embargo, nos resistimos a acostumbrarnos, donde el tema de la libertad de expresión y su correlato, el derecho a la información, es uno de los más discutidos y más cuestionados por los diversos actores sociales. Este derecho, el de la información, ha pasado de ser un bien individual a un bien social, transformando su carácter de derecho humano individual en un derecho político-democrático que se ejerce democráticamente, "colectivamente, ante el Estado y por el Estado y también, ante otros grupos que puedan interferir el debido goce del mismo", tal como lo afirma el investigador argentino Miguel Rodríguez. El derecho a la información -reitera el sociólogo chileno Hugo Osorio en la revista "Contribuciones" # 2 de 1998- es una necesidad social, una exigencia de los individuos de una colectividad. Sin este derecho, "toda la institución democrática-informativa se desmorona y da paso a la desconfianza y al rumor, que son la degradación de la información". En este país, los medios han dejado de ser mediadores para convertirse en actores, de allí que sea necesario -en aras de la salud mental de la sociedad- revertir esta situación, hacer que los medios de comunicación masivos retomen el papel para el cual fueron creados. La Ley de Responsabilidad Civil en Radio y Televisión, tiene como uno de sus objetivos contribuir a la restitución de ese rol primigenio de los medios y de ello, vamos a hablar en este artículo. Una discusión que apenas comienza... Esta discusión apenas comienza. Está discusión hace que Venezuela esté en el ojo del huracán del mundo (en realidad está desde los sucesos de abril del año 2002) porque esta atañe a todos, en especial en estos tiempos de globalización, al abordar una confrontación esencial y por demás ineludible, entre los derechos democráticos básicos y la dictadura mediática, tal como acertadamente lo denunciara el Canciller Charderton ante la OEA, en Chile, el pasado 9 de junio de este año 2003, poniendo el "dedo en la llaga" de una discusión que hasta ahora ha sido obviada en los escenarios internacionales. De allí, la reacción que ha generado. No contar con la pluralidad de medios divergentes -puntualiza el investigador chileno Osorio- que reflejen a toda la sociedad, puede conducir no solo a una visión parcial de lo que ella es, sino también a la posibilidad de "hacer el silencio" y lo que es peor aún, la posibilidad de que, como fruto de una conspiración o no, se "haga el silencio" sobre determinadas cuestiones, tal vez, sobre dimensiones esenciales de la vida humana. Como verán, la descripción no puede ser mejor de lo que aquí se vivió en abril de 2002 (que se repite con cierta frecuencia) y que tan contundentemente denunciara Andrés Izarra, editor de El Observador, en RCTV, quien renunció al canal, bajo lo que él describió como "extremo estrés emocional" por quererlo obligar a silenciar lo que ocurría en las calles del país. Desde entonces, ha alertado sobre el riesgo que representa para la democracia, que los medios decidan abandonar el periodismo, "hacer el silencio". Es tal la importancia de tener libertad de expresión y de estar informado, que en el acuerdo firmado recientemente por el Gobierno Nacional y la oposición, bajo la facilitación de la OEA, Centro Carter y el PNUD, uno de los preceptos que quedó por escrito, fue la necesidad de que los medios de comunicación deben "informar a los ciudadanos, sobre opciones políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad". Por ello y, ante unos medios que han distorsionado su rol en la sociedad venezolana, el canciller Roy Chaderton denunció ante la XXXIII Asamblea General de la OEA, ya señalada, que los medios han usurpado en Venezuela los espacios abandonados por los partidos políticos tradicionales, desplazados del poder por la vía democrática y, en nombre del interés privado, se crea la noticia, se manipula y deforma la información, diseñando una realidad virtual que oculta y censura la realidad real. En busca del futuro En el país, toda la reglamentación vigente sobre la responsabilidad y el funcionamiento de la radio y la televisión, se inspira en una ley que data de 1940, cuando en el país no existía aún la televisión y se trata de reglamentos parciales que tratan su objeto de una manera fragmentada, señala el Observatorio de Medios, en su comunicado del mes de junio de 2003. Sesenta años después, en el año 2002, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) da a conocer a la opinión pública nacional la propuesta del anteproyecto de Ley sobre la "Responsabilidad Social en la prestación de los servicios de divulgación audiovisual y sonora". La idea era que Venezuela conociera la propuesta, la discutiera y se involucrara en la redacción final de la misma. La idea es que pusiéramos a tono el desarrollo de este sector tan importante con los nuevos escenarios tecnológicos, legales y comunicacionales, adecuadas eso sí, a nuestra realidad y posibilidad. La pregunta obligada es ¿por qué transcurrieron tanto años, tantas décadas para que el país, retomara de nuevo la discusión? La respuesta la da el canciller en el discurso ya señalado. "En Venezuela existe una dictadura mediática. En el pasado, los medios chantajeaban al sector político y ejercían presiones insoportables para alcanzar sus objetivos. Cualquier objeción era castigada con la destrucción moral o el silencio" y reseña como el ex-presidente Herrera Campins (sin nombrarlo) por haber prohibido hace 20 años, la publicidad sobre cigarrillos y licores, fue condenado a lo que en Derecho Romano se llama la muerte civil. "Simplemente no existió, ni existe, ni existirá. No es entrevistado, mencionado ni invitado". Regresemos de nuevo a la Ley. Luego de un intenso proceso de discusión por toda Venezuela, incluyendo las universidades, se elaboró el proyecto de "V Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión", que fue introducida, para una primera discusión en el Parlamento Nacional, en enero de 2003. De allí, surgió una nueva versión compuesta por 36 artículos (¡la anterior tenía 150!) que espera por su aprobación definitiva. Uno de los objetivos fundamentales de esta Ley es contribuir "con la transformación democrática del país y hacer realidad los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", en especial los relacionados con el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural. Adicionalmente, establece una serie de normas dirigidas a garantizar el cumplimiento de estos derechos, democratizando las relaciones entre las personas y los prestadores de servicios de divulgación y sus relacionados, creando espacios para la participación ciudadana, previendo responsabilidades, promoviendo la producción nacional, la producción nacional independiente, tal como lo señala la exposición de motivos. ¿Cuál democracia? Pero, ¿de cuál democracia habla esta propuesta? De la democracia participativa y protagónica establecida en la Carta Magna, donde la vida humana en todos sus niveles esté basada en valores éticos de convivencia, el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos y el pluralismo político. Para llevar adelante una democracia de esa naturaleza y la puesta en práctica del derecho a la libre expresión y a la información libre, es necesario la existencia de una red articulada de una radio y una televisión pública de carácter no gubernamental, de radios y TV comunitarias alternativas, de radios y TV privadas y comerciales y de radio y TV del Estado. Esta ley busca contribuir con este cometido, con la idea de que el Estado, junto con la sociedad, "asuma su responsabilidad con la educación para la recepción de los mensajes mediáticos". Uno de los pivotes fundamentales de esta propuesta de ley es la concepción de que la información, la comunicación y la cultura "aunque son esferas diferenciadas, constituyen una unidad independiente. No hay cultura sin comunicación, ni comunicación sin información. En consecuencia, de la calidad de la información, depende en buena medida la calidad de la comunicación, la cultura, el imaginario y los valores de una sociedad", tal y como lo señala el proyecto de Ley original. Un espacio público -agrega el documento- que se base en una información y comunicación sesgada, manipulada y dirigida solamente a garantizar la defensa de los intereses de un sector de la sociedad, cualquiera que ese sector sea, no es una sociedad realmente democrática. ¿Cuál comunicación? ?Y de qué comunicación estamos hablando? De aquella que, como lo sostienen distintas disciplinas, es una dimensión esencial de la vida personal, de la sociedad y de la cultura, la que hace posible una estructura social y es inherente a ella. Por ello, debe quedar claro -puntualizan los investigadores colombianos Doris Reníz y Carlos Delgado- que "no es la sociedad la que crea la comunicación, sino que la comunicación permite poner en común y la puesta en común, genera estructuras de convivencia, las cuales crean la comunidad". Por todas estas razones, la Ley de Responsabilidad Social busca la participación activa y contralora de la ciudadanía en todo el proceso de producción, distribución, circulación y consumo de mensajes mediáticos. Para hacer realidad esto, la Ley prevé la figura del productor independiente nacional y los Comité de usuarios como formas específicas de participación ciudadana. De igual modo, esta Ley prohíbe la censura previa y exige la responsabilidad posterior, así como el derecho a replica que todo ciudadano tiene cuando cree vulnerado sus derechos, como una forma de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, puesto que las dos son las caras de una misma moneda. Esto está sustentado no sólo en la Constitución Bolivariana, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), en la ley de Educación, si no también en el llamado Pacto de San José, suscrito por Venezuela. Asimismo, esta Ley desarrolla un Fondo de Responsabilidad que tiene como propósito fundamental, fomentar proyectos en el ámbito de la producción nacional audiovisual, de proyectos pedagógicos y educativos, y de investigación en el área de las comunicaciones. De igual modo, garantiza a todos los usuarios la obtención de información general y anticipada referente a la programación, lo que permitirá que los padres y representantes seleccionen el tipo de tema que podrán presenciar sus hijos. La libertad de expresión y el derecho a la información, por supuesto, que deben ser ejercidos, asumiendo las responsabilidades concernientes al pleno ejercicio de la calidad de ciudadanos, destacan los investigadores colombianos Réniz y Delgado, quienes agregan, que el derecho a la comunicación (el cual engloba a la expresión y a la información y otros más) supone también el fortalecimiento de una cultura de participación, a través del cual, el ciudadano común llegue a estar en condiciones de convertirse en agente activo en los procesos comunicativos. Un debate para rato La propuesta de ley ha sido objeto de una feroz campaña por parte de los medios de comunicación privados, diseñando mensajes y propagandas por demás sesgados y descontextualizados de las verdaderas intenciones de la ley, dándola a conocer como "Ley Mordaza", lo cual dificulta que se dé un debate serio e informado, por parte de la comunidad venezolana e incluso internacional, ya que esa denominación supone una valoración altamente negativa y por demás descalificadora. Sin embargo, más allá de estos incidentes, la propuesta ha sido ampliamente discutida, en un debate que aún no termina y que durará, seguramente, por mucho tiempo. Ante esta realidad, el Observatorio de Medios de Venezuela hizo público un comunicado en el mes de junio de 2003, donde señala que este proyecto "es presentado como un acto ilegal que coarta la libertad de expresión, pero se obvian por completo los principios que fundamentan ese proyecto de ley y los artículos que condensan tanto el marco jurídico nacional como internacional. Tampoco se cita, específicamente, cuales son los artículos que atentan contra dicha garantía constitucional". En Venezuela existe una amplia libertad de expresión, que ni los más acérrimos enemigos del gobierno, pueden negarlo, en cambio, no es posible decir lo mismo del Derecho a la Información. Constantemente estamos sometidos a la manipulación de informaciones, incluso, como bien lo denunció el canciller, en la Asamblea ya señalada, ahora los medios se han dedicado no sólo a estimular un golpe de estado, sino a estimular el racismo en el país "presentando estas aberraciones como algo pintoresco y risueño y que un público no desquiciado habría rechazado con horror". Ante esta realidad, el canciller irrumpe y pregunta ¿Por qué es posible en otros países abrir debates y polémicas públicas sobre las regulaciones mediáticas, mientras en Venezuela se nos reprocha el derecho a legislar como en las democracias más avanzadas, para proteger al público, especialmente a los niños, de la predica del odio social, la violencia, la propaganda de guerra y la pornografía? En América Latina y en el resto del mundo, tal como lo señala Yessie Chacón, exdirector nacional de CONATEL y hoy nuevo Ministro de Información y Comunicación, existen normativas similares, que buscan regularizar la actividad de los medios en aras de garantizar la libertad de expresión y el Derecho a la Información, sin embargo, la discusión no ha tenido las connotaciones que se le ha dado en Venezuela, dado el clima político que vivimos. Es tal vez por ello, que el Canciller con angustia preguntaba ante la OEA: "Díganme por favor, cuál es el poder divino que impide que no podamos mencionar siquiera a los dueños de los medios y a periodistas sin ser acusados de enemigos de la libertad de expresión, sin correr el riesgo de ser víctimas de golpes mediáticos". Una reflexión final Si bien la libertad de expresión no está limitada en nuestro país, no podemos decir lo mismo del Derecho a la Información, un derecho que es violentado cotidianamente, ante el cual esta Ley de Responsabilidad civil busca minimizar, introduciendo deberes y derechos tanto de los prestadores de servicios, como de los usuarios, por cuanto tal y como lo señala la exposición de motivos de la ley, los servicios de divulgación sonora y audiovisual, como la radio y televisión, son pilares fundamentales para una sociedad democrática y una cultura de derechos humano. Estas últimas razones son más que suficientes para que, a la par de invocar el Derecho a la Comunicación, invocamos el derecho a tener espacios de silencio, tal como lo plantea el investigador argentino Miguel Rodríguez, no para aislarnos que también es válido, sino para tener un espacio para la reflexión y la creación, sin lo cual no puede haber comunicación integral, por cuanto en el aturdimiento no puede haber comunicación Es precisamente ese aturdimiento, el que tiene a muchos venezolanos sumidos en un mar de angustias y manipulaciones, apoyando y defendiendo, los valores más negadores de la democracia y la convivencia, como son el derecho a la vida y a la diversidad. Como ejemplo de ello, podemos mencionar que, entre los meses de enero y febrero, durante el paro petrolero, según han denunciado voceros oficiales, los canales comerciales emitieron aproximadamente 700 spot publicitario diarios!, incitando al golpe, al magnicidio, a la violencia y al odio, sin ningún tipo de cortapisas ni respeto por sus audiencias. Voy a terminar copiando algunas de las recomendaciones desarrolladas por mis alumnos de la cátedra Lenguaje y Comunicación, del primer semestre del Núcleo Col de LUZ, con quienes he analizado esta propuesta en sus diferentes versiones. Ellos platean la necesidad de que esta Ley, aun después de aprobada, sea objeto de una gran campaña de información para darla a conocer en la población, y así cada uno sepa cuáles son sus derechos y sus deberes en lo que a la radio y la televisión se refieren. También señalan estos alumnos que "estamos de acuerdo con la reforma que esta ley quiere hacer a la radio y la televisión, porque nuestros medios están llenos de violencia, de política, de agresión, de obscenidades, por lo cual es urgente esta reforma, siempre y cuando esta ley proteja la difusión de información oportuna, veraz e imparcial, donde no haya preferencias políticas, sociales, económicas y mucho menos, discriminación por raza, credo y condición". Confiamos, entonces, que esta Ley le devuelva al país la tolerancia y el respeto que tanto necesitamos y que tanto perdemos. * Morelis Gonzalo Vega es periodista venezolana.