El ALCA se apresta a llevar a cabo una nueva reunión ministerial en Miami el próximo 20 y 21 de noviembre. Esta reunión tendrá lugar frente a un escenario muy diferente, caracterizado por una nueva crisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC) manifestada recientemente en Cancún. En medio de esta situación, los gobiernos de varios países en desarrollo enviaron la señal de que no aceptarían las presiones de las potencias económicas y grupos corporativos, por lo que harían valer sus intereses desde diversos agrupamientos (Grupo de los 20 plus, Grupo de los 37, Caricom, etc.). El fracaso de la OMC hizo tambalear temporalmente las negociaciones en el ALCA, no sólo por la falta de acuerdos, sino además porque los países del hemisferio terminaron posicionados en campos diferentes, destacándose el enfrentamiento entre Washington y Brasilia. Muchos creyeron, en su momento, que en este nuevo escenario se abría una gran oportunidad para que todos los gobiernos involucrados en las Negociaciones del ALCA escucharan, -de una vez por todas-, las demandas provenientes de los consumidores y de la sociedad civil y avanzaran hacia la propuesta de un ALCA diferente, que condujera a nuevas formas de integración. No obstante, un gran número de gobiernos se ha doblegado frente a la fuerte presión de los Estados Unidos y han abandonado los grupos conformados en Cancún, aceptando así la agenda que quiere imponer el gobierno norteamericano. Las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil hace tiempo vienen reclamando por una integración cuyo centro esté constituido por la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y de toda la sociedad, que sirva para superar los problemas más urgentes que enfrentan nuestros países -como la pobreza- y para sentar las bases que posibiliten un desarrollo sustentable de la región. Todos tenemos derecho a mejorar cada vez más nuestra calidad de vida respetando el medio ambiente y la biodiversidad. Creemos que para avanzar en este tipo de integración, la puesta en práctica de la democracia, la participación, la transparencia y el acceso a la información son vitales. Se requiere promover a nivel nacional e internacional mecanismos efectivos capaces de recoger todas las demandas sociales, única forma de representar los intereses de todos los sectores comprometidos con la integración. Nadie puede quedar excluido. Los consumidores tienen derechos fundamentales que están contenidos en las directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, adoptadas por la ONU en 1985 y extendidas en 1999. El ejercicio pleno de los derechos de los consumidores y el fortalecimiento de las agencias gubernamentales de protección al consumidor deben ser uno de los objetivos claves de la política comercial de todos los gobiernos. Más aún, éste debe ser el marco dentro del cual se formulen y negocien los acuerdos económicos y la vara con la cual se midan sus resultados. En especifíco, nos referimos fundamentalmente a: El Derecho a la información: Los consumidores y la sociedad civil en general deben estar plena y oportunamente informados respecto de los contenidos de la negociación en curso. Además, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; esto es, a participar activamente no sólo en las negociaciones, sino también en la resolución de disputas en la aplicación del acuerdo. El Derecho de todo consumidor a acceder a los servicios públicos esenciales (como Educación, Salud, Electricidad, Agua Potable, entre otros). Todo acuerdo debe respetar la soberanía regulatoria de los países sobre los servicios, permitiéndoles distinguir entre servicios comerciales y servicios públicos esenciales. También se debe respetar la opción de excluir estos últimos del acuerdo hemisférico si el único camino planteado es su mercantilización. No puede haber acuerdo sobre servicios sin antes haber hecho una evaluación -con participación de los consumidores y la sociedad civil- sobre los impactos provocados por la liberalización en el sector. El Derecho a la Alimentación sana y culturalmente adaptada. Una política coherente con el planteamiento del derecho a la alimentación debe tener como prioridad asegurar la disponibilidad de alimentos en los mercados domésticos. La exportación de alimentos no debe tener primacía sobre el derecho a la alimentación. El acceso a otros mercados debe basarse en el principio de la eliminación de todos los subsidios y practicas comerciales y no comerciales que distorsionen el comercio internacional y que exacerben las desigualdades y afecten negativamente a los consumidores. El Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Se debe evitar que estos acuerdos consoliden monopolios transnacionales del conocimiento que socaven dicho derecho. Llamamos a los gobiernos a oponerse a cualquier intento de incluir los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones del ALCA u otros acuerdos de libre comercio bilaterales. En el derecho de acceso a los medicamentos esenciales, promovemos la elaboración de políticas nacionales de medicamentos. Para ello, debería permitirse la producción e importación de medicamentos genéricos sin restricciones. Lamentablemente, más allá de los diferentes intereses y posiciones existentes entre los gobiernos del hemisferio, las negociaciones en el ALCA estarían generando mayores privilegios para los inversores y las grandes corporaciones, mientras renuncian a la protección de los consumidores, el medioambiente y a la promoción del desarrollo económico sustentable. Para ello quieren introducir una cláusula que permite a los inversionistas realizar juicios para demandar al Estado en tales materias u otras. No se puede seguir adelante con la negociación de un tratado de libre comercio en las Américas hasta tanto los gobiernos participantes dejen de representar exclusivamente los intereses minoritarios de las grandes corporaciones transnacionales. Los ciudadanos y consumidores sienten una gran frustación por la incapacidad de los gobiernos de poner fin a los flagelos del desempleo, la pobreza, el hambre y la exclusión. Pareciera que los gobiernos han olvidado que una de sus obligaciones es promover y fortalecer la participación de los consumidores y del conjunto de la sociedad en las negociaciones comerciales. También las autoridades públicas, dedicadas a la protección de la salud pública, seguridad alimentaria y otras materias de interés para los consumidores, han dejado de lado su responsabilidad de evaluar los eventuales impactos que tendrían sobre sus funciones los acuerdos del ALCA. Es hora que los gobiernos, una vez consideradas las demandas de los consumidores y de la sociedad civil, negocien dignamente sin someterse a las presiones e intimidaciones de los grupos corporativos y de los países más poderosos. Sólo de esta forma podrán contar con el apoyo de las organizaciones de consumidores y las organizaciones sociales del hemisferio que buscan una integración basada en la equidad y la justicia.