El ALCA desde una perspectiva de género
01/03/2001
- Opinión
Aunque el comercio podría sacar a las mujeres y a sus familias de la pobreza,
hay demasiadas mujeres que están quedando atrás. Las propuestas actuales del
ALCA no garantizan que los actos comerciales sean herramientas para alcanzar
la equidad de género, la justicia social y el desarrollo sustentable. Más
bien, codifican la dominación creciente del libre comercio corporativo, que
coloca el lucro y el crecimiento económico por encima de las necesidades
humanas básicas.
Los negociadores comerciales que han estado proponiendo nuevas reglas y
disciplinas para el acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) hasta ahora han ignorado los efectos potenciales de la liberalización
comercial sobre las mujeres que viven en la pobreza en todo el continente.
Al no incorporar un análisis sobre la forma en que el ALCA podría afectar a
las mujeres y a los hombres de manera diferenciada, el texto publicado
recientemente está destinado a incrementar muchas cargas de trabajo de las
mujeres y a profundizar su indigencia a lo largo del continente.
Género y Comercio
Según datos de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen más del 70% de
los ciudadanos más pobres del mundo. Las mujeres son desproporcionadamente
pobres debido a la discriminación social y cultural que limita su acceso a la
educación, a la capacitación tecnológica, al crédito y a la tierra. Además,
las mujeres no son contratadas para muchos empleos en los que están
calificadas; son consideradas asalariadas "secundarias", suelen percibir
menos salario que los hombres por el mismo tipo de trabajo y usualmente son
las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Finalmente,
las mujeres realizan la mayor parte del trabajo "reproductivo" –cuidando a
sus familias, preparando las comidas y manteniendo la casa limpia y
funcionando. Este trabajo invisible significa que las mujeres tienen menos
tiempo para adquirir nuevas habilidades, para buscar nuevos empleos o
simplemente para relajarse y dedicarse al ocio. Por último, la raza, la
clase, la etnia y la geografía también afectan la manera en que las mujeres
pueden (o no) participar en la economía local, nacional o global.
Aunque las mujeres se están jugando mucho en el resultado de las pláticas
comerciales, los negociadores ignoran las necesidades y preocupaciones
específicas de las mujeres cuando llegan a nuevos acuerdos. Hasta hoy,
ningún negociador ha estudiado cómo las nuevas reglas comerciales podrían
afectar a las mujeres de manera distinta. En consecuencia, el acuerdo del
ALCA podría no sólo acrecentar la división de género entre hombres y mujeres,
sino que también podría incrementar la pobreza de muchas mujeres en las
Américas.
Las siguientes secciones subrayan las posibles consecuencias negativas del
texto del ALCA para el estatus de las mujeres y los problemas de desarrollo
en la región. Aunque gran parte del texto está encorchetado, debido a que
los negociadores no han determinado exactamente qué redacción adoptarán, el
sentido general de los capítulos y el tipo de propuestas enlistadas indican
la intención de consolidar un modelo de comercio que prioriza el crecimiento
corporativo sobre la equidad de género y el desarrollo social.
Servicios
El capítulo sobre el ámbito de servicios está excepcionalmente saturado de
lenguaje ambiguo que se aplicará a "todas las medidas... en todos los
sectores y en todos los modos diferentes de proveeduría, incluidos aquellos
que provengan de los servicios comerciales por parte del sector público a
nivel nacional, federal, regional o local, así como aquéllos que provengan de
instituciones en el ejercicio de poderes delegados por un gobierno nacional,
federal, regional o local."
Este lenguaje representa una expansión tremenda de la definición de un
servicio, y podría incluir todos los niveles de gobierno. La medida se
refiere a cualquier disposición, sea ésta un decreto, una ley, una
regulación, una regla, un procedimiento o una decisión que tiene efectos
sobre el comercio de servicios. Esto también representa una visión muy
amplia sobre qué clase de leyes nacionales estarían sujetas al escrutinio
como barrera para el comercio. El texto también señala que aunque los países
pueden regular e introducir nuevas regulaciones con miras a alcanzar metas de
política nacional, las medidas no podrán ser más duras de lo necesario, el
ámbito de las regulaciones deberá estar limitado a lo que es necesario para
alcanzar dicha meta, y las regulaciones deberán estar dirigidas a utilizar
mecanismos de mercado para alcanzar sus objetivos.
En el pasado, lograr el acceso universal a un sistema de salud sostenible, a
educación y a agua limpia se consideraba un derecho humano elemental. El
proveer a sus ciudadanos de salud de alta calidad, educación y sistemas de
agua potable era una meta para muchos países. Sin embargo, en el texto del
ALCA estas nobles metas han sido transformadas en "artículos" que pueden
venderse en el mercado. Aunque hubo una propuesta en el MERCOSUR para
proteger subsidios para servicios con beneficios sociales, es poco probable
que otros países apoyen esta propuesta. Las corporaciones de EUA ven a
Latinoamérica y a El Caribe como blancos potenciales para un sistema de salud
y un plan de estudios corporativos administrados al estilo estadounidense.
La transformación de estos derechos en artículos tiene implicaciones
particulares para las mujeres, los trabajadores y los consumidores. El
sector del servicio público ha sido asociado con trabajos más capacitados y
mejor remunerados para las mujeres. Las mujeres han trabajado como
enfermeras, médicas, administradoras, maestras y trabajadoras sociales. A
muchos países con deudas, el FMI y el Banco Mundial les han exigido ya la
privatización de los servicios de salud. Estos planes privatizadores han
afectado desproporcionadamente a las mujeres. Las trabajadoras han sido las
primeras despedidas por la privatización. En 1991, después de que Nicaragua
aceptó un plan de privatización del FMI, muchos trabajadores del gobierno
fueron despedidos, particularmente en los campos de la salud y la educación.
Más del 70 por ciento de esos trabajadores despedidos eran mujeres(1). Los
nuevos empleos en los sectores de salud y educación tienden a ofrecer menores
salarios o cada vez más trabajos casuales, temporales o contractuales con
menos prestaciones. (Public Services International, 1999)(2)
Además, la privatización de servicios básicos afectará a las mujeres
consumidoras que dejarán de asistir a consultas médicas, a la escuela o a
otros lugares donde cubrir sus necesidades básicas si es que el costo se
vuelve muy alto. El agua ha de ser privatizada como parte del ALCA, lo cual
tendrá serias implicaciones de salud para mujeres y niños. En muchos países,
las mujeres y las niñas gastan aproximadamente 40 mil millones de horas
anuales acarreando agua de fuentes distantes y frecuentemente contaminadas.
Si el precio del agua llegara a ser excesivo para las familias pobres como
resultado de la privatización, las mujeres podrían recurrir a racionar el
agua para sus familias o a sustituir el agua potable por agua impura cuando
sea necesario. El agua no potable es una de las mayores causas de mortalidad
infantil y de enfermedades en los países en desarrollo.
Derechos de Propiedad Intelectual
La meta del capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR p.s.s.i.)
en el ALCA es basarse en los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al
Comercio (TRIPS p.s.s.i.) de la Organización Mundial del Trabajo y promover
una mayor eficiencia y transparencia de los IPR.
El hecho de que el capítulo esté basado en los TRIPS es un problema porque el
acuerdo sobre los TRIPS fue el pretexto que utilizó EUA (por el bien de las
compañías farmacéuticas) para tratar de impedir que Brasil usara licencias
compulsivas e importaciones paralelas para lograr que el medicamento contra
el VIH/SIDA fuera accesible. El capítulo de los TRIPS también ha sido
utilizado para proteger el derecho de las corporaciones a patentar semillas
incluso cuando las semillas hayan sido usadas por grupos indígenas durante
siglos. Aunque algunos de estos casos no han tenido éxito, otros siguen sin
resolución.
Los temas sobre IPR impactan a mujeres agricultoras, artesanas y afectadas
por el VIH/SIDA. El texto propone un serie de formas en que podrán ser
protegidos los saberes tradicionales, incluido un sistema sui generis,
un proceso basado en la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD p.s.s.i.)
y un sistema de registro, promoción y mercadeo de los derechos colectivos de
propiedad intelectual. Sin embargo, no queda claro cuáles de estas
propuestas, o si acaso alguna, tiene mayor apoyo.
Los sistemas sugeridos quedan vagamente definidos, son difíciles de
implementar y no toman en cuenta las asimetrías entre los grupos indígenas
que están tratando de proteger su legado cultural y de recibir una
compensación justa por sus saberes de parte de las corporaciones que están
buscando el mercadeo del producto. Cualquier sistema que vaya a
desarrollarse deberá tener suficientes fondos y ser lo suficientemente
accesible como para que los poseedores de saberes tradicionales sean capaces
de usarlos y beneficiarse de ellos.
Para las artesanas, el texto sobre IPR sugiere que una persona puede patentar
una marca registrada (incluidas las indicaciones geográficas) para bienes y
servicios. Esto les daría derechos exclusivos para impedir que otros que no
cuenten con el consentimiento del propietario puedan usar indicadores o
palabras similares en sus productos. Hay ciertos tipos y estilos de
artesanías asociadas con ubicaciones particulares. Por ejemplo, la Talavera
Mexicana denota los orígenes de su cerámica, la cual es preparada y decorada
usando patrones y métodos tradicionales. El capítulo sobre derechos
conferidos parece indicar que una persona o corporación podría intercambiar
el indicador geográfico, privando de este modo a artesanos locales de la
capacidad de vender sus productos de la mejor manera posible. Las mujeres
artesanas que fabrican y venden sus textiles, su joyería y su cerámica local
y globalmente constituyen el 70 por ciento de los artesanos en
Latinoamérica(3). En los EUA, los americanos nativos artesanos y curanderos,
así como los artesanos tradicionales, pueden verse afectados porque sus
patrones y métodos de diseño no pueden estar protegidos.
Para las mujeres que padecen el VIH/SIDA, el acceso a medicinas esenciales
suele ser una cuestión de vida o muerte. El texto de IPR establece que los
derechos de patente pueden no aplicar en caso de emergencia nacional. Sin
embargo, no es seguro que esta redacción se acepte. Además, hubo excepciones
similares en el acuerdo sobre los TRIPS del la OIT y los países siguen en
disputa con los esfuerzos de otras naciones para brindar medicamentos
accesibles contra el VIH/SIDA para su población.
Adquisiciones Gubernamentales
La propuesta para adquisiciones del ALCA no hace una excepción para empresas
encabezadas por mujeres o por minorías. En los Estados Unidos, muchas
empresas pequeñas o encabezadas por mujeres se han podido beneficiar de los
incentivos y privilegios gubernamentales. Estas reglas nacionales
estimularon a agencias del gobierno federal a intercambiar cierto porcentaje
de sus bienes y servicios con empresas de mujeres, que habían tenido menor
acceso a este tipo de contratos que las empresas de hombres. En 1998, más
del 50 por ciento de los contratos gubernamentales concedidos a empresas de
mujeres fueron pequeñas empresas dirigidas por mujeres de color. En los EUA
y en otros países, las mujeres empresarias enfrentarán más dificultades en la
competencia empresarial.
El texto propone excepciones para que las economías pequeñas recurran a
políticas de adquisición gubernamental que estimulen a pequeñas y medianas
empresas. Sin embargo, las excepciones también fueron propuestas para
productos hechos con trabajo carcelario, así que existe un precedente dentro
del documento para diseñar una excepción general para productos o servicios
ofrecidos por empresas de mujeres y de minorías. Es cuestión de falta de
voluntad política que dicha excepción no esté dentro del texto.
Además, en la sección de Requisitos, el texto propone que el gobierno
considere "la experiencia del proveedor en actividades empresariales
globales." Esta frase indica que los gobiernos habrán de otorgar contratos a
corporaciones multinacionales y globales más que a proveedores locales (o que
al menos darán preferencia a las compañías globales sobre las locales). Esta
frase discrimina a proveedores nacionales y locales y, específicamente, a
compañías de mujeres porque muy pocas mujeres tienen acceso al crédito, la
tecnología y la información necesarias para desarrollar compañías globales.
Aunque el documento señala su interés por que el proceso sea abierto y
competitivo, la inclusión de estos requisitos sugiere que las compañías
gigantes tendrán una consideración especial.
Inversión
La inversión en la zona del ALCA ha llevado hasta ahora a la proliferación de
zonas de procesos de exportación (EPZs p.s.s.i.) donde las mujeres pueden
conseguir empleo ensamblando vestidos o componentes de computadoras para
otros mercados. Estos nuevos trabajos para mujeres ofrecen salarios
extremadamente bajos, y condiciones de trabajo difíciles con horarios
extensos.
Sin embargo, muchas mujeres aceptaron estos empleos como un "mecanismo de
superviviencia" porque sus familias necesitaban ingresos nuevos al caer los
precios de sus productos como resultado de la liberalización en la
agricultura. En Latinoamérica, las mujeres constituyen entre el 70 y el 90
por ciento de los trabajadores en las EZPs(4).
Las firmas extranjeras muestran una preferencia por las mujeres trabajadoras,
en parte porque las mujeres aceptarán menores salarios que los hombres.
Además, las mujeres tienden a aceptar peores condiciones de trabajo que los
hombres (por falta de alternativas). Estas trabajadoras ganan la cantidad
mínima de 56 a 77 centavos de dólar la hora, y suelen trabajar entre 50 y 80
horas semanales(5). Sus salarios casi nunca son suficientes para brindar
comida y abrigo a sus familias. Las mujeres trabajadoras en muchas fábricas
han informado sobre abuso físico, acoso sexual y violencia, además de la
prueba de ingravidez como condición para el empleo. Las promociones para
trabajos mejor capacitados son casi inexistentes.
Aunque las reglas de comercio global han generado estos empleos nuevos para
mujeres, la discriminación está llevando a una pérdida de empleos para
mujeres y trabajadores de EPZs. Al volverse cada vez más especializada la
producción de exportaciones (y mejor pagada), existe una creciente demanda de
trabajo varonil. En México, la proporción de trabajadoras en la manufactura
de exportaciones cayó de 77 por ciento en 1982 a 60 por ciento en 1990(6).
Sin una capacitación adecuada y un apoyo para mejorar las habilidades de las
mujeres, cualquier beneficio que una mujer adquiera en estos empleos será
efímero.
Igualmente conflictivo ha sido el hecho de que, en el pasado, los acuerdos de
comercio regional han tendido a mover sus empleos de un lugar a otro.
Mientras las corporaciones llegan a disfrutar de mayores ganancias por estar
pagando salarios menores, muchas mujeres trabajadoras sufren pérdida de
empleos, trastornos y angustia.
En 1995, Jamaica era el mayor exportador de ropa interior hacia el mercado de
los EUA, pues surtía 44 por ciento de este producto. Para noviembre de 1996,
22 meses después de que entrara en vigor el TLCAN, las exportaciones de
Jamaica hacia los EUA bajaron un 12 por ciento mientras México creció en ese
mercado un 40 por ciento.
Conclusión
La actual trayectoria del ALCA podría profundizar la discriminación y
exacerbar las inequidades existentes entre mujeres y hombres. Sin embargo,
las mujeres en todo el continente están rechazando este modelo de libre
comercio, y están promoviendo, en cambio, un modelo de comercio justo. Más
de 45 mujeres provenientes de toda la región participaron en el desarrollo
del "capítulo sobre Género" de Alternativas para las Américas que describe
nuestra visión compartida para las Américas. Creemos que "Otra América es
Posible", una donde las mujeres se beneficien de un modelo económico
alternativo y participativo que aquilate el desarrollo social y la equidad de
género.
Traducción: Eugenia Gutiérrez
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NOTAS
1) Wiegersma, Nan "State policy and the restructuring of women’s
industries in Nicaragua," en Aslanbeigui, Nahid, Steven Pressman, and Gale
Summerfield Women in the Age of Economic Transformation, Routledge Press;
Nueva York, 1994.
2) Public Services International, "The WTO and the General Agreement on Trade
in Services: What is at stake for public health?," junio, 1999.
3) "The Craft of Sustainable Development," Americas, Washington: Organization
of the American States, 1999.
4) Gereffi, Gary & Lynn Hempel "Latin America and the Global Economy: Running
Faster to Stay in Place," NACLA Vol. XXIX No. 4, 1996, página 22.
5) Figueroa, Héctor "In the Name of Fashion: Exploitation in the Garment
Industry," NACLA Vol. XXIX No. 4, 1996, página 39.
6) Mehra, Rekha & Sarah Gammage "Trends, Countertrends, and Gaps in Women’s
Employment," World Development Vol. 27, No. 3, 1999, página 541.
https://www.alainet.org/es/articulo/105719
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