(La sociedad civil de las Américas ha exigido repetidas veces que las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben ser públicas, no clandestinas. En los hechos, la información accesible sobre las mismas es casi nula, pese a que faltan pocas semanas para la Cumbre de Québec (20-22 de abril), donde los gobiernos del hemisferio posiblemente concretarán los acuerdos al respecto. Ante las presiones ciudadanas y de miembros del Congreso, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un resumen de las posiciones estadounidenses frente al ALCA. El texto que reproducimos aquí es parte de un análisis de este resumen, difundido por la "Alliance for Responsible Trade" de EE.UU., una coalición nacional de instancias que promueven el comercio justo y sustentable.) Si bien la liberalización del comercio tendría un potencial para sacar a las mujeres y sus familias de la pobreza, no tendrá este efecto a menos que los acuerdos se dirijan específicamente al impacto de sus políticas en las mujeres pobres e incorporen los cambios necesarios para asegurar que el comercio actúe como herramienta para lograr el desarrollo sustentable, y no como un fin en sí mismo. Las propuestas estadounidenses de negociación para el ALCA desconocen el impacto de la liberalización del comercio en las mujeres que viven en condiciones de pobreza en la región. Las propuestas que EE.UU. ha presentado son susceptibles de incrementar la carga de trabajo de las mujeres y empeorar su nivel de vida. Pese a que un documento recientemente aprobado por el gobierno de EE.UU. convoca a las agencias a "promover la amplia recolección y uso de estadísticas del mercado laboral, desglosadas por sexo, y que todas las agencias que hacen o influyen en las políticas hagan análisis de género de los impactos" (1), la política comercial estadounidense descuida los asuntos que conciernen a las mujeres, aún cuando la industrialización global "está orientada tanto por las mujeres, como por las exportaciones"(2). Las siguientes secciones destacan las posibles consecuencias de las propuestas de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., (USTR por sus siglas en inglés), para la condición de las mujeres y la problemática del desarrollo en la región. Agricultura La propuesta sobre agricultura se destaca, más que nada, por lo que omite: eso es, el tema de la seguridad alimentaria. A pesar de haber liberalizado el comercio de productos agrícolas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), muchos países han visto un incremento de la pobreza rural. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) publicó un informe que demostró que, pese al crecimiento macroeconómico positivo, la pobreza rural ha crecido del 10 al 20% en los últimos tres años en diversos países latinoamericanos (3). De acuerdo al estudio, más de 90 millones de agricultores latinoamericanos y caribeños viven por debajo del nivel de pobreza, mientras que 47 millones viven en la miseria. El informe nota que de 8 a 10 millones de hogares de la región tienen como jefa a una mujer; de dos a tres millones de mujeres están empleadas como jornaleras estacionales, y de 30 a 40 millones de mujeres son responsables ante su familia de las actividades agrícolas o de pequeñas industrias rurales. Las jornaleras estacionales son susceptibles de ser más pobres que otras, y compiten entre ellas por el empleo, lo que redunda en una rebaja de los salarios. Es más, el trabajo eventual o estacional de los pobres significa que ellos pasan más tiempo buscando trabajo que los no pobres; si bien se encuentran mucho menos tiempo en desempleo prolongado. El documento "Alternativas para las Américas" (4) recomendó que "en las negociaciones de los acuerdos internacionales de comercio, ellos (los países) deberían tener el derecho de proteger o excluir alimentos, como el maíz, que conforman la dieta básica de su población". Tanto los organismos de la sociedad civil como los negociadores comerciales (con referencia al acuerdo de la OMC sobre agricultura) han propuesto un componente de desarrollo/seguridad alimentaria que "protegería y mejoraría la producción de alimentos de los países en desarrollo; incrementaría la seguridad y accesibilidad alimentaria, especialmente para los más pobres; protegería a los agricultores... de la ofensiva de importaciones baratas; y daría flexibilidad para otorgar los apoyos necesarios al pequeño agricultor". (5) Sin embargo, las posiciones estadounidenses no incluyen ninguna medida de apoyo para mejorar la seguridad alimentaria ni para un componente de desarrollo. Es improbable que EE.UU. hará concesión alguna en cuanto a su apoyo a sus propios agricultores. Los negociadores de la USTR deberían permitir que otros países extiendan un apoyo similar a sus agricultores. Adquisiciones gubernamentales La propuesta de la USTR sobre las adquisiciones gubernamentales no prevé excepciones para las empresas cuyas dueñas son mujeres, como lo recomendó un grupo diverso de organizaciones de mujeres. En EE.UU., muchas pequeñas empresas de mujeres han podido beneficiarse de medidas de excepción e incentivos gubernamentales. Estas reglas internas alentaron a las agencias del gobierno federal a comprar un cierto porcentaje de sus productos y servicios a empresas de mujeres, las cuales han tenido menor acceso a tales contratos que las empresas cuyos dueños son hombres. En 1998, más del 50% de los contratos gubernamentales otorgados a empresas de mujeres fueron a empresas pequeñas en manos de mujeres de color. Todavía existe la posibilidad de que una cláusula especial, para las empresas cuyas dueñas son mujeres, sea añadida durante las discusiones sobre la contratación y acceso al mercado. No obstante, en una reciente conversación, el negociador del ALCA dijo que EE.UU. no tiene prevista tal cláusula en este momento. En EE.UU. y otros países, las mujeres dueñas de empresas tendrán mayores dificultades en competir en los negocios. Adicionalmente, en la sección de Calificaciones, EE.UU. propone que los gobiernos consideren "las actividades globales y experiencia del proveedor". Esta frase indica que los gobiernos deberían otorgar contratos a las corporaciones multinacionales y globales antes que a los proveedores locales (o por lo menos dar preferencia a las empresas globales sobre las locales). Esta frase discrimina a los proveedores nacionales y locales y específicamente a las empresas de mujeres, porque muy pocas mujeres tienen acceso al crédito, tecnología e información necesarias para desarrollar compañías globales. EE.UU. ha dicho que quiere que el proceso sea abierto y competitivo, sin embargo esta inclusión sugiere que las grandes empresas deberían tener consideraciones especiales. Propiedad intelectual La propuesta estadounidense no trata el tema del conocimiento tradicional/indígena. Las organizaciones de la sociedad civil han sugerido que la USTR debería defender la primacía de la Convención sobre Biodiversidad (CB) por encima de otros regímenes de los derechos de propiedad intelectual (DPI). La CB reconoce que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos biológicos y permite la protección de los conocimientos y derechos indígenas. En septiembre pasado, los negociadores de la USTR anunciaron su intención de considerar que las patentes puedan proteger el conocimiento tradicional/indígena. Al excluir este tema del resumen de la propuesta, la USTR señala que el ALCA no va a otorgar a las comunidades locales la protección legal para prevenir que las corporaciones obtengan patentes mundiales, y por lo mismo derechos exclusivos de mercadeo, sobre técnicas artesanales tradicionales, conocimientos de plantas u otros haberes comunitarios. En "Alternativas para las Américas", se formularon recomendaciones para extender la protección legal a artistas, escritores, artesanos y otros trabajadores/as culturales. La propuesta estadounidense no hace ninguna mención del apoyo a tales esfuerzos. Las artesanas que confeccionan y venden sus textiles, joyas y cerámicas, local y globalmente constituyen el 70% de los artesanos en América Latina (6). En los EE.UU., los artesanos y curanderos nativos, como también los artesanos folclóricos tradicionales, podrían ser afectados, por lo que sus diseños y métodos no puedan ser protegidos. Servicios La propuesta estadounidense sobre servicios parece promover una agenda pro- privatización, pese a la afirmación contraria en el resumen. Los organismos de la sociedad civil recomendaron que los negociadores excluyan la salud, educación, energía y agua del acuerdo de servicios. No obstante, EE.UU. no propuso una cláusula especial sobre los servicios sociales básicos. Más bien se apoyó en la exención para servicios gubernamentales incluida en el GATS, de por sí bastante defectuosa, la cual, en una lectura llana, parece excluir los cuidados de salud y la educación. El sector de servicios públicos ha sido asociado con empleos más calificados y mejor remunerados para las mujeres. Las mujeres han trabajado como enfermeras, médicas, administradoras, profesoras y trabajadoras sociales. La privatización de los servicios sociales ya ha sido impuesta en muchos países endeudados, a través del FMI y del Banco Mundial. Estos planes de privatización han afectado desproporcionadamente a las mujeres. Las trabajadoras han sido las primeras en ser despedidas bajo la privatización. En 1991, después de que Nicaragua aceptó un plan de privatización del FMI, fueron despedidos trabajadores estatales, particularmente en los sectores de salud y educación. Más del 70% eran mujeres (7). Los nuevos empleos en el sector de salud y educación tienden a implicar salarios más bajos y condiciones de trabajo cada vez más eventuales, temporales o contractuales, con pocos beneficios (8). La propuesta estadounidense de servicios podría profundizar y ampliar los efectos negativos para las mujeres. Es más, privatizar los servicios básicos afectará a las consumidoras, que tienen que recortar las visitas al médico, la enseñanza u otras necesidades básicas, si los costos suben demasiado. El agua podría ser privatizada como parte del ALCA, lo cual tendrá serias implicaciones para las mujeres y los niños. En muchos países, las mujeres y niñas pasan un estimado de 40 mil millones de horas cada año cargando agua desde fuentes distantes y frecuentemente contaminadas. Si el precio del agua es demasiado alto para las familias pobres, como resultado de las privatizaciones, las mujeres bien podrían terminar racionando el agua para sus familias, o sino sustituyendo el agua limpia por agua insalubre cuando sea necesario. El agua impura es una de las principales causas de la mortalidad infantil y las enfermedades en los países en desarrollo. La reciente privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, impulsada por el FMI, obligó a una madre de cinco niños a escoger entre el agua y la comida, cuando su factura mensual de agua se elevó de US$5 a US$20 (9). Ese incremento de US$15 equivalía al costo para alimentar a su familia durante una semana y media. Para pagar su factura de agua, tuvo que reducir los gastos de comida y vestimenta para su familia. * Marceline White es integrante de Women's Edge Notas: 1 El Consejo Interagencia sobre Mujeres del Presidente "Women in the Global Economy: Framework for USG Participation in International Fora," Septiembre 21, 2000. 2 Oloka-Onyango, J. y Deepika Udagama "The Realization of Economic, Social, and Cultural Rights: Globalization and Its Impact on the Full Enjoyment of Human Rights," informe preliminario entregado a la Sub-Comisión sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social de la ONU, junio 15, 2000, pag. 13. 3 International Food and Agriculture Development (IFAD), http://www.ifad.org 4 Alternativas para las Américas: Hacia la construcción de un acuerdo hemosférico de los pueblos, documento de trabajo de la Alianza Social Continental. 5 Agreement on Agriculture: Special and Differential Treatment and a Development Box, Proposal to the June 2000 Special Session of the Committee on Agriculture by Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka, and El Salvador, World Trade Organization, G/AG/NG/W/13, 23 June 2000. 6 "The Craft of Sustainable Development," Americas, Washington: Organización de Estados Americanos, 1999. 7 Wiegersma, Nan "State policy and the restructuring of women's industries in Nicaragua," in Aslanbeigui, Nahid, Steven Pressman, y Gale Summerfield, Women in the Age of Economic Transformation, Routledge Press; New York, 1994. 8 Public Services International, "The WTO and the General Agreement on Trade in Services: What is at stake for public health?," junio 1999. 9 Schultz, Jim "Bolivia's War on Water" The Democracy Center http://www.democracyctr.org (Traducción libre del inglés a cargo del Área Mujeres de ALAI)