Conocer la situación de las mujeres y su trabajo, tanto remunerado como no remunerado (por lo tanto muchas veces no reconocido y casi siempre ignorado), constituye una prioridad en América Latina, sobretodo a raíz de los efectos que las políticas neoliberales tienen en nuestras vidas, especialmente en términos de empleo y exigencias de trabajo no remunerado. Una investigación realizada en México, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia y Chile (1), tomando como común referencia la década de los noventa, años en los que recrudecen las políticas de liberalización y se exacerba la globalización de la economía, ofrece interesantes evidencias en torno a esta temática. En primer término, los mencionados países están actualmente en distintas fases de implementación de políticas de ajuste estructural, liberalización económica y globalización, pero no obstante la diversidad de épocas, etapas o grado de rigurosidad de las políticas, los resultados percibidos en cuanto a trabajo y empleo son muy similares en todos ellos. De manera resumida, tales efectos son: incremento en la participación laboral de las mujeres, aumento de la tasa de desempleo y de subempleo, crecimiento del sector informal de la economía, incremento del número de horas de trabajo en la semana, mayor flexibilidad laboral, débil o nula creación de empleo. Participación laboral de las mujeres El incremento en la participación laboral de las mujeres tiene diversas causas, entre ellas, los descensos de ingresos y poder de compra de los hogares, el aumento del desempleo masculino y una creciente alza de la jefatura femenina de las familias. Estos efectos inducen a que dentro de los hogares se presente la necesidad de aumentar las personas que aportan ingresos, empujando así a las mujeres a buscar empleo tanto en el sector formal como en el informal. La disminución de los ingresos causa un incremento de la pobreza que hace que más mujeres se vinculen a la fuerza de trabajo, creciendo así la PEA femenina y la PEA para edades más tempranas. Este aumento de la participación femenina en el mercado laboral se observa, por ejemplo, en Bolivia, donde la terciarización de la economía conlleva un marcado aumento de la participación de las mujeres, duplicándose en el área urbana y triplicándose en el área rural. En Colombia, se percibe también un notable incremento de la participación de las mujeres en la PEA: de 35.6% en 1970 se ha llegado a 53.3% en 1999. Fundamentalmente hay un incremento de la participación de mujeres casadas o en unión libre, pues las solteras mantienen su participación constante, lo que apoyaría la tesis de que estas mujeres se ven forzadas a buscar empleo para aumentar los ingresos familiares. Desempleo e informalidad Por su parte, el incremento de las tasas de desempleo y de subempleo, tanto para mujeres como para hombres, se ha producido de manera similar en todos los países donde se realizaron los estudios. Por ejemplo, en Perú la tasa de desempleo de las mujeres es de 10%, cifra que supera a la correspondiente a los hombres a pesar de que ellas tienen mayores niveles educativos. Otro de los fenómenos anotados es el crecimiento del sector informal de la economía, el cual se presenta en todos los casos unido a una débil o nula creación de empleo. En el caso de Bolivia, donde la generación de empleo se ve reducida a micro-empresas, fami-empresas, y en general a la economía de subsistencia, la necesidad de aumentar la productividad conduce a la sobreexplotación de la fuerza laboral. Esto resulta también en la informalización del mercado laboral y en la subutilización de la fuerza de trabajo con caída de ingresos. En Perú, los trabajadores familiares no remunerados representan el 8.1% de la ocupación urbana, pues son un recurso intensamente utilizado en micros y pequeños establecimientos con la finalidad de abaratar costos, situación particularmente frecuente en las mujeres, que alcanzan el 12.2% (los hombres llegan al 5.1%) de los trabajadores y trabajadoras familiares no remunerados. Como efecto de la precarización de las condiciones laborales, se presenta un incremento del número de horas de trabajo en la semana, ante la necesidad de aumentar la productividad de los trabajadores, hecho documentado ampliamente en toda la región. Este hecho incide de manera acentuada en las condiciones laborales de las mujeres, dado que para ellas empleo y los ingresos se han precarizado en niveles más ostensibles. En el caso mexicano, el 42% de la fuerza laboral femenina no recibe ingresos o son menores al mínimo, y ha aumentado el número de personas que trabajan unas pocas horas. Aunque el desempleo es relativamente bajo, el subempleo es alto. Se observa, por ejemplo, una terciarización de la fuerza de trabajo en comercio y servicios, y por lo tanto, ampliación del sector informal tanto en el comercio pequeño como en el servicio doméstico. Las mujeres han aumentado su participación en servicios personales, domésticos, y comercio minorista y mayorista. El trabajo doméstico con fines de comercialización ha crecido para cubrir necesidades de sobrevivencia y se concentra en actividades de autoempleo, artesanía, microempresas, pequeño comercio y venta de productos caseros, resultando en un incremento de las horas del trabajo doméstico. Se observa también un incremento en la participación en el mercado laboral y altos flujos migratorios de las mujeres de la ciudad hacia las fronteras. Flexibilización Sobre la participación laboral de las mujeres se observa que hay una segregación por sexo, y diferencias salariales importantes entre hombres y mujeres. En Bolivia las brechas salariales se reducen en relación directa a los niveles y grados de instrucción. Sin embargo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral está marcada por una desigualdad de ingresos, pues estas están ubicadas en actividades de baja remuneración y por lo general tienen niveles educativos más bajos y experiencia laboral más limitada que los hombres. Además la educación sexista, que no mejora las condiciones para acceder a empleos con condiciones más dignas, fuerza a las mujeres hacia los empleos con más bajos ingresos y a los estratos ocupacionales inferiores. La situación del empleo de las mujeres debe analizarse teniendo en cuenta la carga discriminatoria del modelo cultural que presenta inequidad de salarios, acceso a empleos menos calificados y de baja productividad, jornadas extensas, barreras de entrada a programas de protección social, la brecha salarial de las mujeres con respecto a los hombres (en Chile, por ejemplo, éstas obtienen el 75% de los salarios de los hombres). La brecha salarial por rama de actividad para las mujeres chilenas representa en el comercio 55% del salario de los hombres mientras que las profesionales y técnicas solo obtienen el 45% de los salarios de los hombres. En Chile la flexibilización laboral se da en cuatro ámbitos diferentes: una flexibilización numérica, pues se ajusta el número de trabajadores a los diferentes momentos de la producción; una flexibilización del tiempo de trabajo, en la que se varía por periodos la duración de la jornada de trabajo; una flexibilización funcional que requiere que las personas trabajadoras se desenvuelvan en más de un puesto de trabajo, y una flexibilización salarial que ajusta el nivel de la remuneración según las condiciones específicas de la empresa. Las consecuencias de esto se centran en inseguridad e inestabilidad en el empleo y los ingresos, y una precarización generalizada del empleo, que presenta desprotección de la población trabajadora, pérdida de beneficios sociales y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Además, se favorecen formas atípicas de empleo que corresponden a formas contractuales flexibles: plazo fijo por temporada o transitorio; prestación de servicios, trabajo a domicilio y subcontratación laboral. Replantear la teoría económica Además de ilustrar ciertas tendencias, los estudios referidos señalan la urgencia de innovar enfoques y metodologías para captar el carácter múltiple y dinámico de las relaciones económicas, de los efectos de las políticas macroeconómicas, de los procesos y transformaciones en el orden mundial que abarcan e intersectan lo económico, los social, lo cultural. Para las mujeres y las feministas esto se traduce en la necesidad de revisar la teoría económica, tarea ya iniciada con el objetivo de mejorar no sólo las condiciones económicas de las mujeres, sino también las políticas basadas en ella, pues la mayor parte de las fundamentaciones y recomendaciones de políticas económicas están fuera de lugar y de tiempo, son producto de las peculiaridades de las épocas en que fueron planteadas así como del sexismo prevaleciente en el mundo. La cercanía de los principios económicos a una definición tradicional de lo masculino y lo femenino determina, con grandes prejuicios de género, el estudio de cómo la gente produce, distribuye y consume bienes y servicios (2). Un replanteamiento de esto podría hacer que la economía pasara de ser una ciencia conservadora y con orientaciones de laissez-faire, a ser una ciencia que investiga seriamente estrategias para mejorar el bienestar de la sociedad. Una cabal comprensión de la economía tiene como uno de sus requisitos visibilizar a las mujeres como sujetos económicos, legitimando sus experiencias y perspectivas, promoviendo, por ejemplo, la inclusión de actividades fuera del mercado como tema legítimo de estudio dado que el aporte económico de las mujeres mediante actividades de este tipo es muy alto. Una de las maneras de hacer a las mujeres visibles es evidenciar su trabajo y exigir que sea incluido en las estadísticas y en las cuentas nacionales, especialmente en el Producto Interno Bruto, del que se elimina la mayor parte de los aportes femeninos por encontrarse éstos fuera de las actividades reconocidas tradicionalmente como económicas. Es preciso acelerar el replanteamiento de la teoría económica tradicional desde una perspectiva de género, para llegar a una ciencia que produzca conocimientos válidos y sustente políticas que tengan en cuenta las necesidades e intereses de toda la población, de la que las mujeres somos alrededor de un 50%. Los análisis de esta economía feminista deben hacer que los economistas entiendan la naturaleza sexista de la teoría tradicional y de esta forma se cambien tanto el análisis como las recomendaciones de políticas, reorientando la medida de su éxito en términos de lograr que se pongan los temas de bienestar de las mujeres a la par con los de los hombres (3). Se trata de uno de los principales desafíos del milenio que ha empezado, de cara al cual iniciativas como las de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía -REMTE- (4) tienen un rol sustantivo. Notas: 1. Los resultados de la investigación se han publicado en El impacto de las políticas económicas globalizadoras en el trabajo y calidad de vida de las mujeres, REMTE, 2001. El libro se presentó oficialmente en el marco de la VIII Reunión Regional de la Red, realizada en Quito, julio 2001. 2. Nelson, J. The Masculine Mindset of Economic Analysis. 1996 3. Strober, M. "Can Feminist Thought Improve Economics? Rethinking Economics Through a Feminist Lens". Mayo, 1994. 4. La REMTE, creada en 1997, es un espacio de análisis y acción que busca el reconocimiento de las mujeres como actoras económicas, la apropiación de la economía por parte de las mujeres, la promoción de sus derechos en este campo, y a la construcción de políticas económicas alternativas. Procura incidir en procesos internacionales y nacionales relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres, ganando capacidad técnica y posicionamiento político. Actualmente la integran Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Perú. Ver página web en el portal www.movimientos.org * María Ulloa es integrante de la Mesa de Trabajo Mujeres y Economía, Colombia, y de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía.