Colombia

La importancia de los diálogos de paz y del postacuerdo

Adelaida Nikolayeva

06/10/2014

Opinión

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Sin duda los diálogos para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera que se iniciaron en octubre del 2012, son el hecho de más profundo alcance y significado de la última década en Colombia.

Es necesario aclarar que la actual negociación no solucionará el sinnúmero de conflictos que vive la población colombiana, sin embargo los avances que se logren en ella serán un gran aporte para la construcción de un país más justo, democrático e incluyente.

Defender, acompañar y apoyar la mesa de diálogos de La Habana entre las FARC y el Gobierno nacional, y las que se abran con las insurgencias del ELN y el EPL, es el deber ciudadano y ético más importante del momento que vivimos en Colombia. El compromiso es que ninguna insurgencia se quede por fuera de la mesa, como sucedió con el proceso del año 90-91 que se cerró con la inclusión en la Asamblea Nacional Constituyente de unas guerrillas, pero dejó por fuera precisamente las que hoy siguen alzadas en armas y buscan una solución política del mismo.

Los diálogos y lo acordado hasta hoy hay que asumirlo con un gran compromiso ético por parte de la ciudadanía, si queremos que trascienda lo hasta ahora avanzado. Esa sería la responsabilidad histórica de esta generación para romper con la apatía y la falta de compromiso con el cambio que necesita la nación. No basta entonces con defenderlos y apoyarlos, sino actuar consciente y activamente dentro del proceso mismo a través de una amplia participación de mayorías ciudadanas que incidan en la agenda de cambio democrático que hoy está en juego.

Es lo que está plasmado en los 3 puntos de los acuerdos que se dieron a conocer recientemente al público sobre Participación política por la apertura democrática, el estatuto de oposición, las garantías para la participación; en lo alcanzado sobre la reforma estructural e integral que necesita el agro colombiano, uno de los factores históricos que mantienen vivo el conflicto armado; y sobre el problema de drogas y cultivos ilícitos.

Si por medio del diálogo se logra el fin del conflicto armado y con ello un buen comienzo para la construcción de una paz estable y duradera como política de Estado con la participación directa de la sociedad, y no solamente como una proeza de un presidente, este hecho por sí solo puede considerarse un paso trascendental para una sociedad desangrada por décadas, ya que del silencio de las armas no puede sino nacer el significado de la palabra y la dignificación de la vida.

Ahora bien, lo que está en juego en los actuales diálogos por la paz es un nuevo período histórico que crea las condiciones para hacer el tránsito del enfrentamiento armado que por más de 50 años han vivido las últimas generaciones, hacia una paz basada en la más amplia y profunda justicia social que conquistaremos con las ideas, la unión y la solidaridad de todos.

Justicia social que ganaremos a través de la lucha política, democrática y la movilización popular. Ese será el reto y el escenario del conflicto social que nos queda por delante, una vez enterramos el histórico enfrentamiento armado a través del diálogo, abonando al mismo tiempo el terreno para la nueva sociedad que se vislumbra en un horizonte político más humano y justo bajo un contexto de conflicto social.

Pero igualmente hay que ir despacio con el proceso de diálogos. Los diálogos, por ejemplo, no serán la solución de problemas históricos y estructurales que ha vivido la sociedad colombiana. Asuntos como el modelo económico que está fundamentado en el neoliberalismo y las privatizaciones de los bienes y riquezas públicas, y que se asume no sólo como política de Estado sino que tiene legitimidad y sustento desde hace más de dos décadas en la Constitución del 91, no se discute ni se negocia en las mesas de diálogos.

Tampoco se negocia allí, los TLCs que han impactado negativamente en la vida y economía de los campesinos, y en la economía y producción agraria nacional. Y así sucesivamente una serie de problemas estructurales como la pobreza extrema en que siguen viviendo millones de familias; o la injusticia general e impunidad que reina en millones de casos y que se ha impuesto en el país desde instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, las Cortes, el Ministerio de Justicia; o como el modelo de Estado y el régimen político; ni la política extractivista de recursos y riquezas naturales; ni las relaciones internacionales y la soberanía nacional, nada de eso está en discusión ni en La Habana ni lo estarán en ninguna otra mesa de diálogos. Debemos ser realistas y objetivos con lo que es posible en la mesa y con lo que no.

El proceso de diálogos de La Habana y lo que se ha avanzado hasta ahora en los tres puntos acordados, tiene serios obstáculos y poderosos enemigos declarados. Y una de las formas de defender y proteger los diálogos y el proceso, es con la información y difusión de todo lo que allí se ha acordado como lo acaban de hacer las partes en La Habana.

La decisión de hacer público lo acordado en La Habana le ha quitado el manto de dudas, especulaciones y guerra sucia que sobre los diálogos y acuerdos alcanzados venían haciendo voceros de la derecha, altos mandos del ejército, algunos medios de comunicación, pero principalmente desde el Centro Democrático, cuyos senadores y voceros como Álvaro Uribe son acérrimos enemigos de que en Colombia se alcance una paz con las insurgencias. Pues temen que la oposición de izquierda a partir de una apertura democrática y garantías de participación se convierta en alternativa de poder, a partir de su visión de un nuevo país, de sus propuestas, programa e ideas.

En las manos de la gran mayoría ciudadana está el final exitoso de los diálogos de paz, pero no hay que caer en la ingenuidad de que una vez se firmen los acuerdos, pasemos la etapa refrendación e la implementación de los mismos, y entremos en una verdadera apertura democrática para la participación, todo está resuelto. Para nada. Lo que sigue es alcanzar la más profunda y amplia justicia social para el buen vivir y la vida digna de las mayorías históricamente negadas, excluidas e invisibilizadas por el poder de unas minorías que han usufrutuado el poder del Estado e impuesto un modelo económico que deja en la pobreza a millones de familias.

Esta máxima aspiración del pueblo colombiano sólo la conseguiremos tramitando las contradicciones en todos los órdenes, a través del conflicto social, que, como dijimos, no termina con la firma de un acuerdo de paz o armisticio; a partir de lo cual la lucha política adquiere una nueva dimensión bajo un nuevo escenario. Allí es donde tendremos que jugar un rol de nuevo signo en la unidad y fortaleza los movimientos, partidos y organizaciones alternativas y populares por el cambio.

Finalmente, el fin del conflicto armado nos debe llevar a asumir juntos como un solo sujeto nacional de cambio el camino que se abre a partir de la lucha social y política sin el recurso de las armas, para que solo tengan sentido y razón de ser la batalla de ideas, el significado de la palabra. Es en este sentido que afirmamos que lo que sigue al fin del conflicto armado no es el postconflicto sino el postacuerdo. Así, el conflicto social característico de toda sociedad democrática adquirirá nuevos contenidos y nuevas maneras de tramitarse, donde la lucha popular, la movilización y protesta democrática, vencido el temor a ser eliminados, adquirirán una alcance e importancia históricas nuevas.

Esas son las que debemos asumir desde ya desde el movimiento social y no seguir esperando en medio de la duda e inactividad, que solo lleva a la parálisis política y a que otras propuestas de país se impongan o las viejas maneras de gobernar se relegitimen.

7 de octubre del 2014

https://www.alainet.org/es/articulo/103995