“Parece que silencio no puede con la verdad” (Diego Martínez, “Hereford”) Resulta indudable que los obstáculos que se levantan frente a la nueva Administración resultan muchas veces de una magnitud inesperada. Las condicionantes económicas pactadas con el FMI confinan al gobierno a una perspectiva de estrecheces y recortes que vuelve toda la tarea de reconstrucción mucho más difícil. Prevalece una línea de pensamiento económico sobre la que tarde o temprano habrá que reflexionar. Debemos analizar si el cumplimiento de las metas que nos han sido impuestas desde afuera permiten la realización de los objetivos económicos y sociales que constituyen el corazón de nuestro programa histórico transformador, nuestra razón de ser como fuerza política con un proyecto de desarrollo nacional, popular y democrático basado en la justicia social y el respeto por la soberanía del pueblo. Probablemente la discusión del Presupuesto hará aflorar estas tensiones y será el escenario donde se module, ahora ya de manera más circunstanciada, aquella resolución del Congreso “Héctor Rodríguez”, demasiado general, una especie de salomónico aforismo, al decir “no pagaremos la deuda externa con el hambre de nuestro pueblo.” Enunciado cuyos contenidos deben ser examinados en cada circunstancia. Si las pautas económicas nos obligaran a transitar el mismo camino de los gobiernos neoliberales anteriores, esas pautas tendrán que ser modificadas. Sería, apenas, un acto de lealtad con lo que prometimos y de ejercicio de la soberanía nacional. Saber de qué se trata. Una de las tensiones que alcanzó un grado saludable de explicitación ha sido el avance del Poder Ejecutivo en su voluntad de investigar y pasar a la justicia algunos casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. En una sociedad democrática toda explicitación es un paso adelante y contribuye a sacar de las tinieblas del miedo (miedo hoy en retroceso) a algunos problemas para colocarlos en el terreno de la razón ciudadana, valor apreciado en nuestro país. Como es obvio, explicitación no siempre invita a celebrar jubilosamente lo que otros dicen: pero más vale que los sapos y culebras contenidos en el pensamiento de algunos jerarcas militares se conozcan a la luz pública y que sobre ello se puedan emitir opiniones y deslindes. En ese sentido han resultado significativas las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Angel Bertolotti. Entre otras cosa el oficial expresó: su solidaridad con el Gral. Juan Córdoba, removido del Comando de la división de Ejército 1 al haber anunciado que daría protección a los oficiales citados por la justicia. Anunció la creación de una oficina de asesoramiento jurídico como respaldo a los oficiales citados por la justicia. La existencia de esta oficina, propuesta para el Ejército, sobre la que después se formularon algunas aclaraciones, merece algunos comentarios. Es innegable que a los oficiales acusados les asiste el derecho a ser defendidos por un abogado. La cuestión se plantearía si se trata de una oficina estatal para defender a funcionarios acusados de delitos cometidos hace más de 30 años, que desde entonces disfrutan de la impunidad y que las propias autoridades, en más de una circunstancia, han reconocido que se trataba de “delitos aberrantes.” Al parecer, contrariamente a lo anunciado públicamente por Bertolotti, esto no es así. Los que financian y respaldan el asesoramiento jurídico a los acusados, son los centros sociales de los militares y no el MDN. Es una diferencia sustancial. Delitos agravados. La perpetración de un delito por parte de un funcionario público comporta una doble significación desde el punto de vista penal. Es uno de los rasgos salientes del terrorismo de Estado. Por un lado en relación con la víctima, en este caso la persona secuestrada o asesinada durante la dictadura y, por otro lado, la violación de un “bien jurídico”, que un funcionario público está siempre obligado a salvaguardar y especialmente si pertenece a las Fuerzas Armadas o policiales. Es la institución FFAA la que resulta agraviada por la conducta de los oficiales que han cometido crímenes contra la humanidad. ¿Qué sentido tiene que una institución (en este caso sería un club militar compuesto en gran parte por oficiales en actividad), que ha sido agraviada por algunos de sus miembros, provea los respaldos necesarios para su defensa jurídica? En el caso de las personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos su condición militar actúa como un agravante de su delito puesto que, formando parte del aparato coercitivo del Estado, su obligación es defender los derechos de los ciudadanos y no quebrantarlos. ¿Una corporación armada dentro del Estado? La reiterada alusión a la existencia de la corporación militar es otro desatino de marca mayor. Constantemente se está acusando a tal o cual organización sindical de anteponer sus “derechos corporativos” por encima del “interés general” de la población. Si el corporativismo de los obreros, o de los empleados de ADEOM, es mal visto ¿por qué habría que reconocérsele al Ejército? Más bien, de acuerdo a lo que surge del Art. 177 del Código Penal, donde se establecen los delitos contra la administración de justicia, se debiera partir de la base que serán penados los funcionarios que omitieran o retardaran formular la denuncia de un delito del cual tuvieran conocimiento. Es decir, la omisión de denuncia es un delito. En el marco de esa lógica ¿cómo se podría entender el patrocinio corporativo en defensa de los funcionarios militares que han violado los Derechos Humanos? El patrocinio corporativo conlleva otro inaceptable error. Aquí quien está en el banquillo de los acusados no es toda la institución Fuerzas Armadas sino aquellos que dentro de sus cuadros han cometido crímenes contra la humanidad. Deliberando garrote en mano. Otro tema es el “estado deliberativo” en que están parte de las fuerzas armadas. Para nuestra tradición democrática y libertaria, todo lo que sea deliberación parece, a primera vista, como algo positivo. No es el caso. La deliberación es buena entre quienes tienen los mismos derechos. Si unos pueden expulsar a los que discrepan, “la deliberación” terminó ahí, con un Tribunal de Honor. Fue lo que ocurrió con cientos de oficiales frenteamplistas, muchos de ellos de brillante trayectoria militar. Que ese espíritu pervive lo muestra lo que ocurrió recientemente con el General Oscar Pereira, quien escribió un libro donde critica la actuación del Ejército durante la dictadura. ¿Acaso alguien escribió otro libro “deliberando” con él? No, los mandos “saldaron” la discusión con Pereira expulsándolo de las filas del Ejército y sometiéndolo a un Tribunal de Honor. En síntesis, sin igualdad de derechos y con el autoritarismo detentando el mando, cualquier deliberación es una farsa. La prescripción imposible. Otro pensamiento que afloró por parte de la defensa de los militares acusados, ahora referido a la situación de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, es el de que, en el caso de la aparición de sus restos, los responsables de su desaparición y de su muerte no serían encarcelados ya que, habiéndose transformado el delito en “homicidio” este habría prescripto después de casi treinta años de cometido. El sólo enunciado de este pensamiento espanta. La desaparición forzada de María Claudia es, para empezar, un delito contra la humanidad. En segundo lugar, en tanto delito continuado, la situación criminal perdura en el tiempo hasta la aparición de los restos. ¿Qué sentido macabro tendría aceptar la eventualidad de la prescripción de ese crimen repugnante, a partir de la fecha en que cese su condición de víctima de la desaparición forzada y María Claudia pase a ser el nombre de un puñado de restos óseos? - Hugo Cores es dirigente del PVP567- Frente Amplio. La República, Montevideo, 25 de julio de 2005.