Jefe del Estado y del gobierno: Ricardo Lagos Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificada con reservas Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: firmado Los adelantos hacia la eliminación de la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado continuaron siendo lentos, aunque se produjeron algunos hechos positivos. La tortura y los malos tratos siguieron siendo motivo de preocupación. Algunos activistas indígenas de la comunidad mapuche fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos. Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado En enero, en el primer proceso que resultó en una condena por «desaparición», la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas de prisión impuestas al ex jefe de la policía secreta Manuel Contreras y a cuatro personas más en relación con el caso de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, «desaparecido» en 1975. En septiembre se confirmaron las condenas en una nueva vista judicial celebrada para decidir si estas cinco personas podían ampararse en la Ley de Amnistía de 1978. En noviembre la Corte Suprema falló que la Ley de Amnistía no era aplicable. El abogado que representaba al Consejo de Defensa del Estado había aducido que los casos de «desaparición» ocurridos durante el gobierno militar (1973-1990) debían ser considerados asesinato, no secuestro permanente. Tratar la «desaparición» como asesinato habría permitido que se aplicara la Ley de Amnistía. La propuesta fue enérgicamente condenada por los grupos de derechos humanos. Durante la investigación judicial sobre la «desaparición» de 10 miembros del Partido Comunista de Chile en 1976, conocida como «el caso Calle Conferencia», se encontraron varios rieles de ferrocarril en el mar cerca de la costa chilena. Este descubrimiento concordaba con las denuncias de que a los 10 hombres los habían atado a rieles y la policía secreta los había echado al mar desde helicópteros. En agosto, la Corte Suprema levantó la inmunidad procesal del ex presidente Augusto Pinochet Ugarte. Esto permitió que se iniciaran juicios en su contra por violaciones de derechos humanos cometidas durante la «Operación Cóndor», un plan conjunto de los gobiernos militares del Cono Sur para eliminar a sus oponentes durante las décadas de los setenta y los ochenta. El 13 de diciembre un juez ordenó el procesamiento y arresto domiciliario de Augusto Pinochet por nueve cargos de secuestro y uno de asesinato. El día 20 de ese mismo mes, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la orden. Los abogados que representaban a Augusto Pinochet interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que a fines de 2004 no se había pronunciado al respecto. Tortura y malos tratos Chile presentó su tercer informe periódico relativo a la aplicación de la Convención de la ONU contra la Tortura. Como respuesta, y aunque tomó nota de ciertos factores positivos, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación respecto al hecho de que algunas disposiciones constitucionales, así como la Ley de Amnistía, obstaculizaban el disfrute pleno de derechos humanos fundamentales y consagraban la impunidad. También criticó la definición de tortura usada por la legislación chilena, así como diversos aspectos de las atribuciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el gobierno en 2003 con el fin de identificar a las personas que habían sido víctimas de tortura durante el régimen militar y proponer medidas de reparación. El informe de la Comisión Nacional, publicado en noviembre, transcribía testimonios de casi 28.000 víctimas de tortura, admitía que la detención política y la tor¬tura habían sido prácticas institucionales del Estado y recomendaba diversos grados de reparación para las víctimas. No proponía, sin embargo, medidas para hacer justicia. Pueblos indígenas En el contexto de disputas relativas a la propiedad de la tierra, continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos que afectaron particularmente a la comunidad mapuche. Durante todo el año, la dirigente de la comunidad mapuche Juana Calfunao Paillalef y sus familiares sufrieron reiterados actos de intimidación, como amenazas de muerte y, al parecer, un ataque incendiario contra la casa de Juana Calfunao, en el contexto de una disputa de su comunidad con terratenientes locales. Desde 2000 se venían formulando numerosas denuncias a las autoridades en relación con estos incidentes, pero no hubo información oficial acerca del desarrollo de las investigaciones y no parece haberse tomado ninguna medida para proporcionar a la familia la protección adecuada. Informes y visitas de Amnistía Internacional Chile: Preocupaciones sobre Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Índice AI: AMR 22/006/2004)