La Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) expresa su beneplácito por la sentencia condenatoria emitida contra cinco acusados de discriminación, amenazas, coacción y desorden público. La decisiva actuación de los jueces Leonel Alfredo Meza, Eduardo Enrique Maldonado y la jueza Carol Patricia Flores, del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, ha sentado un precedente que determinará la forma en que nos relacionaremos de ahora en adelante todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Este fallo ha servido para reivindicar el derecho a la diversidad en el país y para reinstaurar parcialmente una dignidad ofendida durante décadas de injusticias, marginación e inequidad. La discriminación y el racismo ya no serán expresados tan fácilmente en público ni serán actos que queden en la impunidad. A lo largo del debate oral y público quedó evidenciada la conducta delictiva de los acusados Elvia Morales, Ana Cristina López Kestler, Vilma Orellana Ruano, Enma Concepción Samayoa Robles y Juan Pablo Ríos Ramírez, nieto del ex general genocida Efraín Ríos Montt. Los cinco, condenados a 38 meses de prisión conmutables por los delitos de discriminación y desorden público, son miembros del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Esta sentencia resalta el deseo de miles de guatemaltecas y guatemaltecos de un país en el que haya ciudadanos de pleno derecho e iguales ante la ley y en el cual exista una convivencia armónica, respetuosa y tolerante. De igual modo, deja en claro que, conforme avanza el siglo XXI, no hay lugar para ningún tipo de discriminación, especialmente el racismo. El resultado del proceso es fruto del esfuerzo de indígenas y no indígenas, lo que prueba que una convergencia de este tipo es vital para propiciar las transformaciones necesarias en Guatemala. La FRMT espera que, a partir de este histórico fallo, el Ministerio Público (MP) se fortalezca para enfrentar las denuncias por discriminación existentes. Este caso le da relieve a la necesidad de crear una fiscalía especial para casos de discriminación, dados los retos evidenciados durante el desarrollo del juicio. Instamos a todas y todos los guatemaltecos que han sufrido ataques racistas a presentar sus denuncias. Como este proceso penal pone de relieve, es la única forma de empujar los cambios trascendentales que este país requiere. Ciudad de Guatemala, 4 de abril de 2005