Hoy en día, el país se encuentra en un momento histórico determinado por un proyecto transnacional neoliberal caracterizado por una dictadura que está maquillada por una democracia representativa que sirve de instrumento a los intereses de la oligarquía fáctico mediática coludida con los beneficios y utilidades del Departamento de Estado, en su rol de ente administrativo del imperio.

 

Existe un plan global para el país, y, el actual presidente de la república es el personaje escogido para llevar a cabo la desnacionalización del Estado y el traspaso de sus funciones al sector privado, mediante el mecanismo inventado por los entes internacionales imperiales denominado alianza público privada, mismo que se ejecuta en todas aquellas naciones proclives a la genuflexión política de las élites provinciales.

 

Vivimos la instauración de una dictadura disfrazada de democracia. Dictadura que tiene como objetivo destruir toda conquista social lograda desde el impacto de la huelga de 1954, en el decurso y orientación del Estado Nacional.

 

Este plan concebido por el departamento de Estado, se implementó desde las elecciones en las cuales se declaró triunfador a Porfirio Lobo Sosa, quien se dedicó al allanamiento del camino hacia la desnacionalización del Estado hondureño.

 

Juan Orlando Hernández, desde su rol de presidente del Congreso Nacional, tomó la estafeta que se le había entregado a Porfirio Lobo Sosa, a sabiendas que como candidato presidencial nacionalista saldría electo gracias al apoyo informático de la embajada norteamericana, que se encargó de supervisar in situ el plan electoral para Honduras entre los períodos 2014-2018.

 

Entonces, en el periplo de transición de la entrega del bastón presidencial, se le consignó la tarea a Juan Orlando Hernández, correspondiente al aceleramiento de todas aquellas normas, decretos, leyes y disposiciones que permitieran el desmontaje completo de aquel Estado Liberal beneficiario, tendiente a establecer tímidas medidas sociales a favor de los sectores gremiales organizados.

 

Pero para lograr este vasto propósito neofascista imperial, era necesario que el reciente electo presidente de la nación, conformara un equipo élite capaz de competir financiera y empresarialmente con el antiguo régimen fáctico, así que en el camino produjo las leyes necesarias para lograr tales objetivos.

 

Fue esencial invertir mucho dinero en diputados y partidos políticos para alcanzar el propósito desmedido de aquella guía de acción política y financiera. Por ello, durante todo el tiempo de transición del congreso nacionalista del período presidencial Lobo Sosa, para entrar el período presidencial Hernández, se produjeron leyes y disposiciones administrativas que trasladaban a la presidencia de la república, todos los privilegios, prebendas y capacidades ejecutivas que concentraran un poder omnímodo político, financiero, policial.

 

Es tan consolidada esta concentración de poder que todos los órganos republicanos de control, supervisión, administración, fuerza y legalidad pertenecen al mando del actual presidente de la república.

 

En el país nada se mueve sin consentimiento de este poder dictatorial, disfrazado de democracia representativa, bajo el manto de una gobernabilidad nacionalista y liberal, en donde las élites fácticas se han repartido todos los beneficios de una sociedad nacional dominada por una asociación perversa denominada alianza público privada, que no es sino la entrega de la administración del Estado a compañías y empresas organizadas por la familia y la élite del clan Hernández y sus adláteres.

 

En cada oficina del aparato gubernativo existe un plan malévolo tendiente a implementar la corrupción, desnaturalizar el estado, y reprimir a quienes reclaman derechos laborales y ciudadanos.

 

En menos de un semestre el estado hondureño ha sido sometido a los más escandalosos procesos de des estructuración, y la abyección política se ha apoderado de todo el andamiaje moral de los gobernantes superiores, medios e inferiores.

 

El poder fáctico antiguo y moderno están confabulados de manera pública y subrepticia para producir una nueva figura política: el Estado neoliberal fascista.

 

Las finanzas y las direcciones gubernativas cada vez más estrechan sus lazos de plusvalía personal, y esencialmente clánica.

 

Vamos camino a una frase muy conocida expresada por un rey francés: el Estado soy yo.

 

De este modo nada es importante para el gobernante Hernández, si no sólo aquello que piensa su cuerpo directivo, mismo que es capaz de negar que llueve aunque haya un torrencial aguacero.

 

Lo acompaña en este siniestro plan neoliberal fascista un muy bien coordinado plan mediático, con el cual va convenciendo a los incrédulos, a los escépticos, a los suspicaces y a los maliciosos.

 

La base económica neoliberal requiere de una muy bien cimentada superestructura ideológica en el aparato mediático, en donde la TV, la radio y la prensa escrita están subsumidos por una plataforma publicitaria y propagandística de alta y baja intensidad, con el fin de que el analfabeta cultural y funcional, acepte definitivamente que la mentira, ficción, fábula o parábola es la verdad incuestionable y que quienes se atrevan a desmentirla deberán someterse a las leyes y organismos judiciales bajo la acusación de delitos en contra de la estabilidad del Estado que él, presidente de la república, asume como tal.

 

Entre tanto sucede tal enorme conflagración atentatoria contra el plan demoníaco previsto, el país va desangrándose entre una realidad ficticia y una realidad real, en donde el pueblo silenciado por una frustración interna de vastas connotaciones, la masa pareciera estar adormitada por una especie de impotencia lógica que no le permite reaccionar de manera sustancial ante el embate de una funesta gobernabilidad que va saqueando una por una las ubres institucionales otrora ubérrimas e inagotables.