El último día de 2004, el gobierno puso en vigor un alza en los carburantes que, pese a haberse rumoreado desde hace días, causó gran impacto en la población. Las alzas decretadas este fin de año son: Gasolina especial 10%, Gasolina premium 10%, Jet fuel internacional 20%, Diesel oil nacional 23%, Agro fuel 23%, Fuel oil 23%. La gasolina de aviación, el querosén y el gas licuado se mantienen sin variación, en tanto que el jet fuel nacional baja un 10%. De inmediato, las reacciones han sido adversas. Los transportistas anuncian que tomarán medidas de repudio en el curso de la próxima semana, la Central Obrera Boliviana declaró huelga indefinida a partir del lunes, los empresarios sostienen que la decisión del gobierno es inoportuna y parlamentarios de diversos partidos sostuvieron que, el gobierno, asume la misma conducta de su antecesor. Del mismo cuero salen las correas El modelo neoliberal impuso precios internacionales para la venta de carburantes en el país. Las explicaciones fueron variadas aunque la que se esgrimía con mayor frecuencia, y este gobierno insiste, es que precios bajos propician el contrabando. Esta situación se ha mantenido aunque, hace ya más de un año, se denunció que las empresas beneficiadas con el negocio de los hidrocarburos, venden en Bolivia a precios superiores a sus ofertas en otros países. La insolente respuesta de éstas fue que sus contratos les permiten ofertar libremente y lo hacen en función de las posibilidades de cada mercado. En otros términos: el mercado cautivo boliviano debe pagar más. A lo largo del año que concluye se han dado alzas pequeñas que el pueblo ha resistido, esperando que la nueva ley de hidrocarburos modifique la norma neoliberal de precios internacionales. Pero, la decisión de fin de año, repite la receta e impone un impuesto a la empobrecida población, a través del alza en los carburantes. El mismo gobierno, conociendo el grave impacto de esta medida, concede un bono de Bs. 100 (menos de 12 dólares) por una sola vez, a los empleados públicos. Días antes, había anunciado que se mantenía el monto del bonosol en Bs. 1.800. Este bono se otorga a todos los mayores de 65 años una vez cada año y depende de los intereses obtenido por el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que, en los últimos años, ha sido insuficiente para cubrirlo. A Dios rogando y con el mazo dando La noche del 31 de diciembre, el presidente Carlos Mesa dará su mensaje de fin de año. Puede adelantarse que invocará a la providencia para que el próximo año sea venturoso. Tratará de minimizar el impacto que tendrán las medidas de reajuste tarifario en los carburantes y echará la culpa de la difícil situación del país al Poder Legislativo. Ese ha sido el tono en que se ha manejado desde hace varios meses. Pero las consecuencias de su medida son conocidas. El transporte tendrá que cargar los nuevos precios sobre sus tarifas de carga. Alimentos, textiles, productos elaborados, toda mercancía tendrá un costo mayor. El mismo transporte público, que por varios años tiene sus tarifas congeladas, deberá aumentar sus precios. Aún teniendo en cuenta esta escalada, el gobierno niega un aumento salarial, insistiendo en la crisis que vive el país. No hay peor sordo que el que no quiere oír Carlos Mesa y sus ministros repiten y repiten la monserga de que no hay otras vías para enfrentar el déficit presupuestario. Es posible, incluso, que el equipo económico del gobierno esté trabajando en un decreto que aumente los impuestos. Se han dado varias alternativas, pero cada una representa una ruptura del modelo neoliberal y, el presidente Mesa se muestra cada vez más reacio a modificarlo. El negocio de las petroleras les reporta ganancias exageradas, pese a que sus representantes nieguen tal extremo. Basta señalar que, el último año de operaciones de YPFB, el tesoro público recibió más de 300 millones de dólares, en tanto que ahora, siete años después, las regalías no alcanzan ni a 100 millones. La aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, modificaría esta situación y, por supuesto, reduciría el déficit fiscal. En otro campo, mientras el gobierno crea un llamado “hospital de empresas” que no termina de funcionar pero que, sin embargo, tiene fondos superiores a los 300 millones de dólares, las inversiones sociales se reducen a menos de 100 millones. Está también la contradictoria situación creada por las leyes de capitalización (versión boliviana de la privatización) que depositaron más de 1.600 millones de dólares en bancos norteamericanos, descartando la inversión de ese monto en el país. Así, se mantiene la crisis porque las petroleras –al igual que otras empresas extranjeras- son las beneficiarias del producto interno boliviano, en tanto que el pueblo sigue siendo esquilmado. ¡Felices Fiestas!