Colombia

El salario mínimo no es como lo pintan

Héctor Vásquez F.

08/12/2013

Opinión

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El incremento del salario mínimo en Colombia tiene un impacto que va más allá de los trabajadores que devengan este salario, que apenas representan el 11% de la población ocupada asalariada[1].

Como en Colombia hay tan poca negociación colectiva, muy pocos trabajadores tienen la capacidad real de negociar sus condiciones de trabajo y empleo, por lo que el incremento del salario mínimo se convierte en un referente obligado para definir los incrementos salariales en cada una de las unidades de trabajo en las que no existe sindicato. Este es un factor que explica la resistencia y la campaña ideológica de los gremios empresariales en contra de incrementos significativos del salario mínimo.

En efecto, en 2012 se encontraban vigentes únicamente 1.852 convenios colectivos de trabajo, que beneficiaban apenas a 445.686 trabajadores e implicaban a sólo 1.121 empresas. Sin embargo, no en todos estos convenios los trabajadores intervienen con autonomía y capacidad real de incidir en la definición de la política salarial de las empresas, pues en el caso de los pactos colectivos y los contratos sindicales, que juntos representan el 62% del total, estos convenios son impuestos de manera unilateral por los empleadores.

La realidad es que sólo con las convenciones colectivas y a través de los sindicatos, los trabajadores tienen capacidad de incidir en la política salarial de las empresas, pero en Colombia hay muy poco sindicalismo y los trabajadores sindicalizados que negocian convenios colectivos son apenas 187.968, o el 2% de la población ocupada asalariada[2].

Así que en ausencia de sindicatos, los incrementos salariales van a depender, por una parte, de la capacidad de las empresas para asumir mayores costos; de otra, de la buena o mala voluntad de la patronal para reconocer una mayor participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que se genera a través del trabajo; y finalmente, del incremento que se pacte en la mesa de concertación del salario mínimo. O el incremento que defina el Gobierno por decreto en ausencia de concertación.

Distribución de la población ocupada

según rangos de ingresos salariales (%)

Rangos de Ingresos laborales	Participación en el total (%)	Acumulado %
Cero ingresos[3]	7.4	7.4
Entre 0 y menos 0.5 smmlv	21.9	29.3
Entre 0.5 y menos 1 smmlv	25.8	55.1
Entre 1 y menos 1.5 smmlv	22.7	77.8
1.5 smmlv y en adelante	22.2	100
Ingreso promedio

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

Así que tanto los trabajadores que devengan menos de un mínimo (el 55.1% de la población ocupada según el DANE), como los que están por encima del mínimo, tienen una expectativa válida en relación con el resultado de la concertación del salario mínimo. No es casual entonces que las organizaciones gremiales de los empleadores: ANDI, FENALCO, ACOPI, la SAC, FEDEGÄN, la ASOBANCARIA, entre otras, intervengan con tanto interés en este proceso, pues el resultado final de la concertación de todas maneras va a incidir en las políticas salariales de sus afiliados.

Pongamos por caso el gremio ganadero, cuya mayoría de integrantes no paga salario mínimo, ni seguridad social (salud, riesgos laborales y pensiones)[4], y que sólo reconoce remuneración por los días trabajados. El año entrante se verán obligados a reconocer lo que pagan hoy, más un incremento que necesariamente toma como referencia el incremento del mínimo.

Lo mismo vale para los millones de personas que trabajan en el comercio, en bares y restaurantes, principalmente en la mayoría de municipios y pequeñas poblaciones donde el Estado, a través de los inspectores del trabajo, está totalmente ausente. Muchas de estas personas, quienes no ganan siquiera un mínimo, se van a beneficiar de lo que se pacte en este proceso de concertación. También para las trabajadoras domésticas, que en su mayoría trabajan por días, la remuneración se define casi siempre por el salario mínimo, más un valor adicional que se supone representa una proporción del valor de las prestaciones que no se les reconocen de manera formal y legal. Y así en todas las demás divisiones y actividades económicas: en ausencia de sindicatos con capacidad de negociar la condiciones de remuneración y los incrementos salariales anuales, el incremento del salario mínimo va a marcar la pauta de todos los incrementos salariales.

Por eso en estos días los empleadores de todos los sectores, a través de sus gremios y sus ONG, y los medios de comunicación en los que pautan todo el año, descargan toda una artillería de “argumentos” para oponerse a un incremento del mínimo que de verdad mejore calidad de vida y distribución del ingreso, argumentos que tienen más una razón ideológica que real. Veamos algunos:

Primero, nos dicen que debemos tener en cuenta el incremento de la productividad del país, sin que haya habido deliberación pública alguna sobre este factor, ni construcción de consensos sobre la forma cómo debe medirse.

Segundo, afirman que incrementos significativos del salario mínimo (dos o más puntos por encima de la inflación causada, más otros puntos por productividad) no permiten formalizar el empleo. Pero, no dicen nada acerca de las condiciones que las grandes empresas les imponen a las pequeñas y micro empresas, que no les dejan margen alguno para que sean competitivas y sostenibles, una situación que en la mayoría de los casos no les permite siquiera pagar el mínimo, y que es la causa principal de la alta informalidad que se presenta en estas empresas.

Tercero, nos dicen que un mínimo alto estimula el desempleo y la inflación, en contra de la evidencia internacional, y de la misma Colombia. Países de la región como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y otros, en la última década han tenido incrementos del salario mínimo muy superiores a la inflación, con tasas de desempleo decrecientes y menores a un dígito.

Cuarto, nos dicen que en Colombia el salario mínimo está muy cerca del salario promedio, pero no reconocen que en general los salarios en Colombia son muy bajos, y que el salario promedio es tan bajo que cada vez está más cerca del salario mínimo. Entre otras razones por el poco sindicalismo que tenemos, pues los trabajadores no tienen la fuerza necesaria para imponer otra política salarial (ver tabla).

Quinto, no reconocen que Colombia es una de las naciones con la peor distribución del ingreso, la tercera más desigual de América Latina después de Honduras y Haití, como resultado, entre otros, de los malos salarios que predominan en la economía.

Y finalmente, no reconocen que mejorar los ingresos de los trabajadores es un factor esencial, tal vez el más importante, en el crecimiento de la economía, por el impacto que el consumo de los hogares tiene en el Producto interno Bruto: 61%. Por tal razón mejorar ingresos salariales significa garantizar un mercado interno que asegure mayor estabilidad económica y menor incidencia de las crisis externas.

Héctor Vásquez F.

Escuela Nacional Sindical

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 380

Semana del 6 al 12 de diciembre

Corporación Viva la Ciudadanía

http://www.viva.org.co

semanariovirtual@viva.org.co

[1] Para elaborar este indicador se toman en cuenta un total de 9´ 890.000 personas: 7´576.000 trabajadores dependientes o asalariados, 852.000 del Estado, 705.000 trabajadoras domésticas, y 757.000 jornaleros o peones (FuenteDANE).

[2] A esta cifra se agregan en 2013 los empleados públicos, que en este año por fin lograron que el gobierno les reconozca el derecho a la negociación colectiva, a través del Decreto 1092 de 2012, aunque sus remuneraciones e incrementos salariales se definen principalmente en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales.

[3] Este dato corresponde a la categoría “trabajador familiar sin remuneración” y “trabajador sin remuneración en otras empresas”

[4]Según FASECOLDA, los trabajadores del sector agropecuario afiliados al sistema de riesgos laborales representan apenas el 13% del total.

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