Vínculos militares con Washington

Avanzada seductora en Montevideo

Darío Rodríguez Techera, et al.

02/07/2013

Opinión

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Lazos: la instalación de un policlínico donado por el Comando Sur en 2010, la firma de convenios bilaterales, el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas uruguayas por tropas estadounidenses en el país, las negociaciones en forma privada de acuerdos logísticos y para reformar el tratado marco vigente desde 1953, dan cuenta del particular interés de Estados Unidos en el país. Esto se inscribe en la revelación según la cual el ex presidente Tabaré Vázquez pidió ayuda a Washington para un eventual enfrentamiento militar con Argentina. Todavía con bajo perfil, el vínculo entre Estados Unidos y Uruguay sigue recuperando terreno en materia de Defensa. Frenteamplistas repudian la relación dentro y fuera de Uruguay, conminan a las autoridades y esperan definiciones cuando Mujica visite la Casa Blanca este año.

Con vistas a la programada reelección de Tabaré Vázquez en la presidencia de Uruguay en 2014, Washington prepara un conjunto de medidas apuntadas a recuperar a este país para el redil y dar un paso más en la búsqueda de una relación de fuerzas regionales que reviertan el proceso iniciado a comienzos del siglo.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad el 18 de abril un acuerdo de apoyo logístico con Estados Unidos “para la adquisición de suministros y prestación reciproca de servicios entre el Ministerio de Defensa de Uruguay y el Departamento de Defensa de Estados Unidos”, según el título del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa avanzó en el Parlamento un año después de que un equipo de entrenamiento de 15 hombres de los llamados Seals, un grupo de élite de la Marina estadounidense, instruyera durante un mes al Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de Uruguay en el país, con armamento propio. Fueron los segundos ejercicios militares conjuntos en 15 meses, luego de los realizados entre las Fuerzas Aéreas de ambos países en las costas del departamento de Durazno.

Aquella última aventura fue posible gracias a la firma de un convenio bilateral entre el por entonces ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Subsecretario Adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Frank Mora, en marzo de 2011. Y ahora, dos años después, avanzó en el Senado el mencionado acuerdo para la facilitación de apoyo logístico entre las partes, con la intención de darle estatuto de ley al marco normativo que habilita este tipo de “ejercicios combinados”, según el texto aprobado en la Comisión de Asuntos Internacionales. El anexo de esta norma menciona los componentes del llamado apoyo logístico: “alimentos, agua, alojamiento, transporte, petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)”, entre otros.

Pero la polémica iniciativa llegó hasta allí. Tres semanas después el Frente Amplio decidió frenar el avance del acuerdo bilateral en el Parlamento hasta tanto no se sustituya el tratado marco de cooperación en materia de Defensa entre ambos países, vigente desde hace 60 años. Ese mismo día llegó una carta desde la Regional 2 del Frente Amplio (que incluye a los miembros que viven en México, Canadá y Estados Unidos) remitida a los senadores, dirigentes y gobierno en la que se manifestaba una “gran preocupación y perplejidad” ante las relaciones que se vienen estableciendo con el Pentágono de Estados Unidos. “(El acuerdo) no sólo atenta contra nuestra soberanía, sino que violenta nuestra histórica definición antimperialista, contenida y reafirmada en los Estatutos y en el Programa de nuestra fuerza política”, justificaba el escrito.

Perspectivas y dudas

Informaciones de prensa dan cuenta del interés del gobierno de Estados Unidos por la visita que el presidente Mujica hará este año a la Casa Blanca, aunque todavía no tiene fecha definida. Se especula que en el encuentro bilateral se consideren, ente otras cosas, acuerdos de cooperación en materia de Defensa, así como la ley marco impuesta en 1953 que ambos países buscan reformar.

Si bien los proyectos de un nuevo tratado bilateral sobre esta materia eran desconocidos públicamente e incluso por gran parte de los ministros, parlamentarios oficialistas y miembros de comisiones especializadas, el senador opositor Luis Alberto Lacalle (ex presidente y actual referente de Unidad Nacional) accedió en la embajada de Estados Unidos en Montevideo a un texto redactado por el gobierno de Obama sobre un nuevo convenio de Defensa. Lacalle declaró que en febrero el consejero para Asuntos Políticos y Económicos de la embajada le dio una carpeta que contenía un texto original propuesto por el gobierno estadounidense y otro corregido en función de las propuestas hechas por el gobierno uruguayo. Se supone que ese material formará parte de la agenda de discusiones entre Obama y Mujica en la Casa Blanca.

Tal situación se sumó a lo ocurrido el año pasado, cuando trascendió que Estados Unidos quería instalar en el departamento de Durazno una base de operaciones, presumiblemente militar. La embajadora de aquel país en Uruguay, Julissa Reynoso, expresó que la intensión era formar un centro de formación e idiomas para capacitar a las misiones de paz. Pero las dudas se multiplicaron frente a la prácticamente nula comunicación sobre el contenido de la relación entre ambos países.

En este contexto, han surgido dudas y temores sobre la posibilidad de que pueda ganar fuerza la idea de que se instale una base de Estados Unidos en el país. Para el investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Julián González Guyer, especialista en temas de Defensa (fue quien coordinó el debate que dio como resultado la aprobación de la nueva Ley marco de Defensa Nacional en 2010), Estados Unidos intenta generar “la posibilidad futura de establecer bases”. Aunque es impensable la instalación de una base estadounidense en territorio uruguayo bajo el gobierno frenteamplista, la aprobación de convenios como el que avanzó en abril en el senado habilita a que un futuro gobierno se ampare en dicho marco legal para permitir presencia militar extranjera permanente. Para González, de todas maneras, actualmente es mucho más factible que eso suceda hoy en Paraguay tras el triunfo electoral del Partido Colorado, que en Uruguay.

Incongruencias históricas

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se realizó un extenso debate sobre la defensa nacional. De allí surgió la nueva ley, más democrática, consensuada y amplia. El nuevo marco normativo parecía intentar cambiar el paradigma que rigió durante años el accionar de los aparatos armados. Pero el ciudadano uruguayo, por regla general, descree de la posibilidad de esos cambios por la visión negativa predominante sobre las Fuerzas Armadas, que proviene especialmente de la última dictadura cívico-militar (1973-1985) como consecuencia de la sistemática violación de los derechos humanos y la impunidad vigente. A dicha visión se suma el rechazo general que en Uruguay y América Latina existe en torno a los acuerdos que los Gobiernos llevan adelante con Estados Unidos, especialmente los de carácter militar.

Los hechos históricos cimientan este sentimiento extendido en la población. En el marco de la guerra fría, Uruguay, al igual que muchos otros países latinoamericanos, firmó un tratado de defensa con Estados Unidos en 1953, que lo compromete a “defender el hemisferio occidental”. Vigente hasta la fecha, el convenio tiene como finalidad “fomentar la defensa del hemisferio occidental”. Se tramitó al margen del Parlamento y en el marco de negociaciones secretas, según la voluntad de aquel país. Pero gracias a las filtraciones ocurridas en aquel entonces, la información cayó en manos de parlamentarios opositores al gobierno, situación que pospuso por un tiempo la rúbrica del documento. El tratado le otorga inmunidad a los estadounidenses que arriban al país. Y si bien tiene menciones generales sobre “el mantenimiento de la paz mundial” y la eliminación de “las causas de tensión internacional”, está dedicado especialmente a vigorizar la presencia de Estados Unidos en la región.

En aquel momento la principal hipótesis de conflicto era una “invasión comunista”. Para tal caso se establecía que Estados Unidos facilitaría equipamiento, entrenamiento y modelos de organización para enfrentar tal invasión. “Pero también Uruguay se comprometió, si Estados Unidos se lo pedía, a enviar un grupo de artillería antiaérea para defender el canal de Panamá y un escuadrón de bombardeo liviano para colaborar en la vigilancia también aérea del mar Caribe”, explica González sobre el tratado firmado en 1953, que surgió de los planes de trabajo de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA. “Además había en cada comando de cada fuerza, personal militar de Estados Unidos”, agrega. Estados Unidos transfirió barcos, aviones y diseñó la doctrina de formación.

Es público y notorio que muchos oficiales terminaron trabajando para Estados Unidos y no para su país por aquel entonces. 60 años después y en un contexto regional totalmente diferente, marcado por el creciente proceso de unión latinoamericana, todavía no está claro qué papel cumple Estados Unidos y cuál es su vínculo con las Fuerzas Armadas uruguayas y la política nacional de Defensa.

Desde Montevideo, con informes de Darío Rodríguez Techera, Dihane Lois y Georgina Rodríguez

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/96/p-class-titel4-avanzada-seductora-nbsp-en-montevideo-p

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