Guatemala

Impunidad o justicia

Enrique Álvarez

23/05/2013

Opinión

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La Corte de Constitucionalidad ha colocado en una grave situación a la justicia guatemalteca, con su fallo más propio de un tribunal de instancia, que de una corte que su principal responsabilidad es velar por el respeto a la Constitución, en el juicio por genocidio en el que resultó condenado el dictador Efraín Ríos Montt, pero que a partir de la enorme debilidad del sistema de justicia, se ha convertido en una especie de Corte Celestial que usurpa funciones que deberían corresponder a la Corte Suprema de Justicia y, peor aún, el proceso de selección de magistraturas se ha convertido en algo que convoca intereses de todo tipo, muy cercano al tráfico de influencias.

Uno de los aspectos fundamentales que abordan los Acuerdos de Paz, respecto del fortalecimiento de la Justicia, es el tema de la igualdad ante la Ley, la Justicia pronta y cumplida, porque es casi universalmente aceptado que eso no se ha logrado alcanzar, en el marco de un Estado que tiene una debilidad institucional generalizada. El juicio por genocidio, que produjo la conocida sentencia el 10 de mayo pasado despertó notables expectativas en Guatemala y en buena parte del mundo, por lo que se veía como un paso muy en firme en favor del fortalecimiento de la justicia.

Sin embargo, esa situación ha cambiado, cuando la percepción que se genera es que la CC legisla en favor de la impunidad cuando tres magistrados, en contra de la opinión de los dos restantes que integran la Corte y que razonaron su voto en contra (Mauro Chacón y Gloria Porras), y deciden darle una desproporcionada importancia a aspectos de procedimientos, que debieron y pudieron ser resueltos hace mucho tiempo, por encima de cientos de testimonios, peritajes y pruebas, para anular un juicio por genocidio. ¿En dónde será posible encontrar la proporcionalidad que sustente ese criterio? La CC emite una resolución que presenta todas las características de sometimiento a la voluntad de los grupos de poder fáctico del país, a los que la justicia, la democracia y el desarrollo nacional les importa poco; ya que hasta ahora han privilegiado es mantener su poder y acrecentar sus riquezas.

Desde varios días antes a que se anulara la sentencia, todas las luces de alerta estaban encendidas ante las claras señales que dieron, a través de los mecanismos de siempre, los que mantienen al país en la miseria y en el atraso más oprobioso. No es que se pensara que el retroceso no se pudiera producir, siempre se temió, pero se esperaba una actitud más digna de quienes, a pesar de sus antecedentes políticos e ideológicos, le deben respeto a la magistratura que ocupan.

También sabemos que una golondrina (en este caso tres) no hace verano, por ello aunque vimos con admiración la valiente y digna actuación de la Juez Yassmin Barrios, que preside el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, junto los Jueces vocales Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, soportando insultos, agresiones en la Corte y descaradas presiones, desde el más alto nivel del Estado, emitieron un veredicto y una condena histórica. Eso lo entendimos como un gran paso (desgraciadamente uno solo), con el que se podría empezar a fortalecer el sistema de justicia de Guatemala, a darle credibilidad e inspirar respeto.

Pero los aspectos de forma, los que por ley deben ser sometidos a aspectos reglamentarios, para emitir sanciones, si es que se hubieran cometido faltas como las que señala la sentencia de los magistrados, resultaron determinantes para cometer lo que puede calificarse como una monstruosidad jurídica: declarar nula una sentencia de inocencia que favorece al otro general que está siendo juzgado por genocidio, el general Rodríguez Sánchez, que ahora resulta perjudicado (algo que la Constitución prohíbe) por la necesidad de responder a los que deciden, más allá de la institucionalidad del país.

También sabemos que los retos para avanzar hacia la construcción de la democracia, más allá de las formas, más allá de los ritos que debemos transitar cada cuatro años, para hacer como que elegimos gobernantes, mientras los que salen electos hacen como que tienen la capacidad de gobernar el país; aunque rápidamente nos damos cuenta que lo único que les interesa es continuar utilizando la institucionalidad del Estado en función de intereses de pequeños grupos.

En el marco del racismo que prevalece en Guatemala, fortalecer la democracia auténtica, responder a la demanda de las víctimas por la verdad y la justicia no es prioritario, después de todo la enorme mayoría de agraviados son “indios”, y para los criollos y oligarcas sin conciencia, las y los indígenas son personas de segunda categoría. Útiles solamente si se dejan explotar y aceptan las inhumanas condiciones en que todavía se levantan las cosechas en muchas fincas del país. El que los pueblos indígenas tengan conciencia de sus derechos y exijan que se les respeten, les resulta intolerable. En ese marco, si fue necesario perseguirles, quemar sus cosechas y sus precarias casas, torturarles, asesinar niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos, pues resulta justificado porque “fue para el bien del país”, ¿se podrá encontrar mayor desfachatez?

Hace pocos días un querido amigo me escribió un mensaje en el que me decía. “Enrique, que estaremos pagando, que hemos tenido que cargar con una de las derechas, más a la derecha del continente, si no del mundo…”; pues según yo¸ además de haber nacido en esta bella y amada tierra, tal vez no hemos podido hacer lo suficiente para abrir caminos para construir la unidad de todas las personas que anhelamos construir la democracia, y muchas veces con nuestra indiferencia frente al sufrimiento de las otras personas, hemos contribuido a que estas lacras con poder continúen rigiendo nuestra vida. ¿Nunca es tarde, no? Ya se está acercando la hora de decir basta.

Y parafraseando una oración con la que se recuerda a la admirada antropóloga Myrna Mack, una de las víctimas más paradigmáticas del odio a la verdad y la inteligencia, que históricamente ha caracterizado a los represores, podemos afirmar sin duda, que en el entierro de la impunidad, es el único en el que quisiéramos estar todas las personas que estamos dispuestos a luchar por construir la democracia y el bienestar de todas las personas en Guatemala, sin exclusiones de ningún tipo.

- Enrique Álvarez es Director de Incidencia Democrática www.i-dem.org

Reporte Diario, Tercera Época número 2400, Incidencia Democrática, IDEM, Guatemala, 24 de mayo de 2013.

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