América Latina

Un nuevo constitucionalismo multicultural para la refundación del Estado

Pável H. Valer Bellota

07/04/2013

Opinión

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Desde el punto de vista de la filosofía política, los pueblos indígenas son instituciones que tienen un significado público. Son verdaderas unidades colectivas e instituciones políticas preexistentes al Estado. Es decir, los pueblos originarios existen antes de que fueran fundados los Estados latinoamericanos contemporáneos.

Por ello más que el otorgamiento de derechos mediatizado, los pueblos indígenas deberían interesar un nuevo constitucionalismo que los considere como tales, que los reconozca como verdaderas unidades políticas preexistentes al Estado colonial y postcolonial. Para esto es necesario impulsar un nuevo contrato social democrático sobre la base de la conversación, la negociación y el diálogo entre iguales.

Para consolidar y fortalecer la democracia el modelo político criollo del Estado latinoamericano actual tiene la obligación de establecer mecanismos de diálogo y, sobre todo, el deber de diseñar mecanismos constitucionales para establecer un modelo político intercultural, una relación jurídica democrática entre unidades políticas soberanas.

El dialogo político intercultural para la refundación de los Estados latinoamericanos debe basarse en la libertad. Toda asociación, y más aun una de carácter político que se manifieste en una Constitución, tiene que ser libremente consensuada entre las partes. Si no lo hace pervierte la Constitución Política hasta convertirla en una imposición antidemocrática que instaura un totalitarismo cultural de Estado, que instituye el dominio incontestable de un grupo civilizatorio sobre otro, o la primacía de un modelo político-cultural del Estado sobre las formaciones culturales-políticas autóctonas.

Pero para dialogar y convenir la creación del Estado mediante una Constitución, las partes intervinientes se deben reconocer mutuamente el derecho de hacerlo. El reconocimiento del otro cultural es entonces un prerrequisito de la fundación democrática del Estado. Este reconocimiento de la existencia de la variedad étnico-nacional debe incluir un núcleo duro de derechos humanos como condición del dialogo (por ejemplo el derecho a la vida, la igualdad, la libertad).

Luis Villoro (Estado plural, pluralidad de culturas, México 1998) expone que cuando los sujetos de la asociación política pertenezcan a comunidades culturales diferentes, el respeto a la diversidad debe ser parte de ese núcleo duro de derechos. Si el convenio constitucional que funda el Estado quiere dejar de ser un convenio impuesto y convertirse en uno decidido en libertad, ese núcleo duro de derechos tiene que incluir el reconocimiento de la autonomía de los sujetos del convenio y, fundamentalmente, admitir el derecho de autodeterminación.

El fundamento del derecho de los pueblos a su autodeterminación es anterior a la Constitución del Estado-nación, por lo tanto el orden jurídico no puede fundarlo, sólo reconocerlo considerando la libertad de decisión de los pueblos indígenas como una condición primigenia de la promulgación de sus derechos.

Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo a asociarse con otros pueblos en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en la libertad. Una Constitución que pretenda aplicarse sobre una sociedad culturalmente heterogénea, sobre un conjunto de nacionalidades diferentes y singulares, corre el serio riesgo de convertirse en un mero postulado de ideas, un discurso político vacío sin posibilidades de lograr legitimidad ni eficacia. Este riesgo se produce debido a que existe la creencia errónea de que una Constitución fundada en razones consideradas por sus redactores ‘razones universales’ puede ser impuesta sobre formaciones sociales multiculturales anteriores históricamente al propio Estado.

La pretensión de imponer una Constitución elaborada por representantes de un grupo cultural (étnico-nacional) sobre otro grupo civilizatorio al que no se le ha reconocido, no se ha convocado, o no se le ha permitido ejercer el derecho de participar plenamente en la fundación del Estado, aunado a las características culturales del Estado postcolonial latinoamericano, es parte importante del fracaso de la Constitución Política, de la llamada crisis de la ley, y lleva en muchos casos a la anomia social y al descrédito del modelo político liberal y al déficit democrático.

El esquema democrático requiere de modelos políticos de acomodación de las diferencias culturales. Para llenar este requerimiento necesitan ser reconocidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas como formaciones preexistentes al Estado; en otras palabras, sus derechos colectivos deben ser considerados como equivalentes al derecho colectivo del propio Estado.

Una regulación constitucional, desde su origen, debe partir del reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones indígenas, debe considerarlos como interlocutores legítimos del Estado y, a su vez, garantizar las relaciones interétnicas en paridad de condiciones. Para este fin el modelo político tiene que prescribir favorablemente sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debe reconocerles un estatuto jurídico diferenciado –una condición pre estatal– tendiente a reparar y a afrontar en serio la asimetría política cultural.

Se debe desterrar la equivocada idea de que la unidad territorial del Estado implica una primacía de la soberanía del Estado sobre la soberanía de los pueblos originarios. Estas consideraciones no son cosa de otro mundo, son prescripciones constitucionales que ya están siendo adoptadas sin que se produzca el temido desmembramiento del Estado. A partir de los años noventa del siglo XX las Constituciones de varios países latinoamericanos han adoptado estas prescripciones, por ejemplo la Constitución Argentina de 1994 en su art. 75, 16 declara: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.”

El reto contemporáneo es trascender del reconocimiento formal y abstracto en el texto de las Constituciones hacia una concreta y verdadera reforma del Estado que dé cabida política a los grupos nacionales sub-estales, y alcanzar políticas públicas concretas y cotidianas de reconocimiento.

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