En un país de contradicciones, donde la inequidad es la característica de nuestra sociedad, necesariamente la injusticia distributiva se refleja en el sistema pensional. Actualmente están ocurriendo dos cosas contrarias y realmente vergonzosas:

 

a. Un grupo muy reducido de pensionados (1032, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo), están por encima de lo permitido, es decir que representan mesadas superiores a los 25 salarios mínimos, que equivalen a pesos de hoy a $14.737.500.

 

b. La mayoría de colombianos y colombianas, el 68.8% mayores a 65 años, según las cifras oficiales, es decir dos de cada tres personas no tienen acceso a una mesada pensional.

 

Ahora, quienes reciben una pensión (que en total suman 1.643.053 personas), el 68.1% tiene una mesada menor a dos salarios mínimos, el 21.3% recibe entre 2 y 4 salarios mínimos y entre 4 y 10 salarios recibe el 9% de los pensionados, lo que quiere decir que el 98.4% de los pensionados que tiene el país reciben hasta 10 salarios mínimos. De esta forma de los pensionados existentes el 1.6% recibe más de 10 SMMV, o lo que es peor, solo 2.272, el 0.1%, tienen pensiones superiores a 20 SMMV. Recalcando en la información, de estos últimos 1032 según el Mintrabajo tienen más de 25 SMMV.

 

Resulta entonces denigrante, por decir lo menos, que los máximos organismos de defensa a los derechos y la institucionalidad en el país, estén volcados a hacer respetar las mesadas mayores a 25 SMMV, como derechos adquiridos y no a garantizar que todas las personas en edad de pensionarse puedan hacerlo como un claro derecho de ciudadanía y dignidad humana. El Gobierno quiere luchar, por lo menos ha demostrado la voluntad política, en contra de estos “derechos adquiridos”, que se constituyen en una trampa fiscal y en una irresponsabilidad de quienes trazan los destinos del país. Lo otro es pensar que estando bien esos derechos, podríamos hacerlos extensivos a todas las personas en edad de pensionarse. Suena a chiste en un país donde los sistemas de protección social son un fracaso.

 

Ahora, se podría pensar que son tan pocos los casos que no vale la pena concentrarse en ellos. Esto fuera así si no representaran cifras significativas, si los billones de pesos que esto le significa al sistema no fueran necesarios para garantizar unas mejores relaciones de equidad. De hecho se estima que los fallos judiciales le han representado al fisco sumas entre 30 y 40 billones de pesos como mayor valor del pasivo pensional.

 

El tema pensional en Colombia es muy complejo, empezando porque está atado al contrato de trabajo en un país donde la informalidad asciende al 59%. Es decir, en Colombia cotizan a una pensión quienes tienen un trabajo formal o quienes lo hacen a través de su afiliación como trabajadores independientes, así las cosas se tiene que cerca del 69% no cotiza a una pensión. Palabras más, palabras menos, el problema a futuro es una “bomba” no para quienes cotizan, estos (me incluyo) tenemos algo de qué aferrarnos, el problema está con los millones y millones de personas que terminarán sus años de vida en la más absoluta pobreza, teniendo, si así lo hiciere, el Estado que salir a su rescate. En últimas, como sociedad deberemos acudir a su auxilio o simplemente dejarlos morir en la miseria. Hay que estar muy enfermos, ser una sociedad inmoral para permitir que esto esté pasando.

 

El sistema por lo tanto, mirado financieramente, tal y como sucede en salud, no será viable nunca mientras a él cotice un tercio de la población trabajadora. Las propuestas de subsidios a los adultos mayores si bien es una alternativa loable, no puede constituirse en la solución estructural al problema pensional en Colombia. Los derechos individuales, adquiridos tras luchas válidas como es el caso del magisterio o de Ecopetrol o los carruseles de las Cortes o del Congreso, no pueden estar nunca por encima de una práctica de justicia redistributiva, de la responsabilidad que como sociedad debemos de tener con las personas que después de años de trabajo llegan a la vejez con la expectativa de tener una condiciones dignas de vida.

 

Las particularidades de un sistema pensional, de la protección a los adultos mayores deberá trazarse como una responsabilidad de país, cualquier mejora, cualquier escenario de mayor justicia creo que deberá ser apoyado. La idea del gobierno es avanzar en un sistema que permita ser incluyente y equitativo, a través de estrategias como Colombia Mayor (programa destinado a los adultos mayores sin ingreso pensionales, del Sisben 1 y 2) o a través del Programa de Beneficios Periódicos, destinado a la población trabajadora que gana menos de un salario mínimo. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que esto no son soluciones definitivas.

 

Es hora de pensar en sistemas solidarios que nos permitan a todos los agentes en la sociedad aportar a fondos colectivos de salud y pensión, que incluso convivan con sistemas de protección privados para quienes quieran hacerlo. Hemos podido hacerlo con el SENA o con el ICBF, ¿por qué no hacerlo con la salud y las pensiones, cuando esto si le traería al país no solo mejoras en productividad sino en equidad y justicia social?

 

Acá no hay Revoluciones imaginadas, sólo acercamientos a una mayor equidad y eso estará bien si tenemos en cuenta que somos el tercer país de mayor inequidad del planeta. Pero lo cierto es que se requiere de un acceso universal a la protección social. Son derechos y no subsidios, como decía la feminista británica Mary Wollstonecraf: “Es la justicia, y no la caridad, lo que hace falta en el mundo”.