Los pasados días 29, 30 y 31 de marzo el Ministerio de Asuntos Indígenas convocó a dicho foro nacional, al que asistieron más de doscientas personas, en su mayoría indígenas, con la participación de expertos de varios países, la mayor parte de ellos también indígenas; estuvieron presentes representantes de Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela. A lo largo del Foro se pudo observar los siguientes elementos, que resultan importantes a la hora de reflexionar sobre el tema: Las posiciones del Gobierno Pese a que no hubo ninguna ponencia directamente encaminada a expresar las posiciones del actual Gobierno, que en Octubre se comprometió a convocar a Asamblea Constituyente tal como el pueblo lo había pedido, el Canciller Siles (que estaba en representación del Presidente de la República), a tiempo de inaugurar el evento, se permitió plantear dos ideas a nombre del Gobierno: La primera, que la Asamblea Constituyente debería restringirse a formular un nuevo texto constitucional, lo que equivale a asumir una amplia responsabilidad legislativa, pero no debía entrar en nada que fuera fiscalización, pues para eso está el Congreso Nacional, que en su criterio deberá seguir cumpliendo sus funciones mientras sesiona la Constituyente (por cuatro o máximo seis meses). La segunda, que la Constituyente debería concentrarse en los temas de índole política, y no tanto en los temas económicos, que se supone son más bien para expertos en la materia. A continuación el Sr. Canciller se fue y no hubo posibilidad de discutir sus planteamientos. De todas maneras quedó a la vista que el Gobierno no entendió en absoluto los planteamientos de la movilización de Octubre, que se referían a una Constituyente totalmente representativa y con plenos poderes para "refundar" el país, lo que es incompatible con las posiciones expresadas por el Canciller, ya que una refundación tiene que empezar precisamente por los temas económicos (control de recursos, distribución de la riqueza, formas de gestión de la producción de bienes y servicios etc.); y por otra parte presupone una Constituyente auténticamente soberana, que una vez instalada decidirá si tiene sentido que a su lado siga funcionando un Parlamento obsoleto y muy poco representativo, y si tiene sentido que los superintendentes sigan tomando decisiones al margen de lo que la propia Constituyente defina, y así en todos los campos. De hecho las conclusiones del Foro contradijeron esas posiciones expresadas por el Canciller. Las posiciones de los pueblos indígenas u originarios Las posiciones de los representantes indígenas u originarios (dos términos que expresan lo mismo, sólo que el primero en griego y el segundo en latín, pero que no son percibidos de la misma manera en diferentes sectores) en lo fundamental fueron coincidentes, teniendo en cuenta que había delegaciones tanto de las tierras altas como de las tierras bajas. La consigna fundamental era la de terminar con la exclusión, que viene a ser la característica del estado boliviano desde su fundación, y que se expresa en todas las constituciones que hasta ahora hemos tenido. La consigna era la participación igualitaria y definitoria de los pueblos indígenas u originarios en la vida del estado, en la explotación de los recursos, en el uso y distribución de la tierra, en la definición de espacios administrativos y formas de autogobierno político, a partir de los modelos y lógicas ancestrales como puede ser la del ayllu. De la misma manera hubo coincidencia en la importancia capital de fundar un estado verazmente multinacional y pluricultural, pero no como ocurre actualmente, cuando multinacionalidad y pluriculturalidad son afirmadas en el Artículo 1 de la Constitución, pero luego, a partir del Artículo 2, las mayorías nacionales tienen que tragarse un modelo de estado importado de Europa y claramente cortado a la medida de las minoritarias castas criollas dominantes. Algunas señales de alarma Ya el primer día sonaron dos señales de alarma que fueron correctamente interpretadas como tales por los invitados indígenas de otros países. La primera fue la solicitud de los/as participantes indígenas y/u originarios en el sentido de que no se siga escuchando ponencias y comentarios de parte de intelectuales no indígenas. Por supuesto se trataba de una solicitud planteada con todo el derecho, y por eso fue inmediatamente puesta en práctica, pero en los hechos se dejó de escuchar propuestas evidentemente interesantes (a cambio de escuchar reiteradas posiciones indígenas, por supuesto también interesantes), y de paso se dio la señal de poca apertura al diálogo con los sectores no indígenas de la población, que aunque minoritarios no pueden ser dejados de lado. De hecho esta señal fue recogida con preocupación por la ecuatoriana Nina Pakari. La otra señal de alarma fue la repetida tendencia a utilizar los momentos destinados a formular preguntas para entrar en acusaciones muy duras y en pretensiones de descalificar a tal o cual sector o a tal o cual dirigente. Y no era que unos y otros tuvieran diferentes posiciones respecto de los temas específicos del Foro (todo lo contrario) sino que se daba más importancia a la demarcación de diferencias organizativas y representativas de parte de los diferentes sectores presentes. Esta señal fue también claramente detectada y advertida por algunos invitados que hicieron hincapié en la importancia fundamental de la unidad. Algunas conclusiones La primera es que no se puede confiar en las posiciones gubernamentales, pues claramente apuntan a una Asamblea Constituyente de antemano domesticada, restringida a redactar un nuevo texto constitucional y muy alejada de cualquier re- fundación. En tal sentido resulta imprescindible recalcar que la Constituyente que pidieron los movimientos sociales en Octubre tiene que ser soberana, cosa que no perciben ni siquiera los meritorios invitados de otros países. En el fondo ocurre que ni el Gobierno ni muchos de los actores sociales son conscientes de que la Constituyente sólo podrá ser realidad como resultado de una gran convulsión social cuya única salida sea la convocatoria a la refundación del país. La segunda es que se debe escapar de la tentación de una Constituyente que esta vez sea excluyente de las minorías blanco- mestizas e incluso de las oligarquías regionales. Eso sería una nueva "Asamblea del Pueblo" equivalente a la de 1970, e igualmente ineficiente. Se tiene que respetar los espacios de todos los sectores étnico-culturales, de todos los sectores regionales, de todos los sectores sociales (y generacionales). La tercera es que la modalidad de conformación de la Constituyente no puede crear motivos para la inviabilización de la misma, como ocurriría con una propuesta de representación corporativa. La única forma de no caer en ese peligro (dando pie a las querellas internas de los movimientos sociales, a la intromisión de los partidos para aprovechar esas querellas, y a todo tipo de celo interétnico o interregional) es atenerse a fórmulas que ya han sido aceptadas por todos y no pueden ahora ser simplemente desechadas: las circunscripciones electorales existentes y el voto universal y directo (y secreto). Las grandes mayorías deberían poder confiar en que el gran árbitro de sus diferencias internas (y externas) será el pueblo mismo, que con su voto decidirá quién realmente lo representa. * Bolivia Press 2004, Nº 4 (8 de abril)
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