“Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia”, indicaba Fidel Castro ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 1979. Treinta años después con toda la dimensión tan dramática de la crisis alimentaria, las instituciones del sistema neoliberal se muestran reticentes a tratar sus causas  y menos a darle solución. En Bolivia, también, los sectores populares como los de clase media están sometidos a un encarecimiento exagerado en los precios de los alimentos en particular y una carestía en general. A primera vista parecía que las causas provenían del escenario internacional; sin embargo, es la especulación desatada internamente el factor que más incide.

En el actual Nº 11 de nuestra publicación el artículo “La Crisis pone al descubierto Las Guerras del Petróleo” pone en evidencia el factor especulativo en la crisis que vive el mundo hoy en día, y por lo tanto la pronunciada carestía alimentaria no responde a una falta en la producción, sino a la especulación, que se traduce en que los alimentos sean inaccesibles a una gran parte de la población. Frei Betto en su artículo “Alimentos, artículos de lujo” nos confirma este hecho al recalcar que la producción mundial de cereales aumentó, en los últimos 50 años, en un 250%, “Pero eso no significó que se pusieran más baratos y llegaran a las bocas de los hambrientos”.

El efecto de esta crisis no es igual en un país u otro, y es diferente su efecto en cada región. Por ejemplo en el África subsahariana el alimento representa el 60% del gasto familiar y por tanto las consecuencias de su carestía son enormes, en cambio en China la alimentación significa la mitad de este porcentaje, es decir, el 30%, pero en EE.UU. se reduce a sólo el 10% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con toda la dimensión tan dramática de esta crisis, las instituciones del sistema neoliberal se muestran reticentes a tratar sus causas  y menos a darle solución. En el mes de junio se reunieron dos instituciones, el Grupo de los Ocho (G-8) y la FAO donde hubo mucho ruido y pocas nueces. Los países más industrializados del mundo (G-8) concluyeron que no saben si la causa de la elevación de precios del petróleo se debe a una carencia en la producción, o se debe a la especulación, por lo tanto encargaron al FMI realizar los estudios “pertinentes” al respecto.

En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) su desacierto fue de igual tamaño. Por un lado ignoró el ya crónico problema de los subsidios de Europa y EE.UU a sus agricultores y a sus transnacionales agrícolas, con toda la distorsión y los efectos negativos que el hecho produce para la agricultura de los países del Sur. Tal actitud provocó la toma de posición solidaria entre Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que objetaron que en el documento final de la reunión no estén reflejados los principales factores que han causado la crisis mundial alimentaria.

Frente a la dura realidad de la existencia de 2,9 mil millones de seres humanos que sobreviven con sólo 2 dólares diarios la FAO acordó invertir 6 mil millones de dólares con el fin de “alentar la producción de pequeños agricultores en los países más pobres del planeta”. En otros términos una reunión de la FAO, donde concurrieron casi medio centenar de Jefes de Estado ha producido una dadiva de 2 dólares a cada uno de estos 2,9 mil millones de pobres, el equivalente a sufragar sus gastos por un día.

Frente a medidas de muchos gobiernos (India, Vietnam, Egipto, Haití, Bolivia, Argentina, Tailandia, etc.) de frenar la exportación de ciertos alimentos para asegurarlos a su población, la FAO tomó su peor medida: exhortar “a los gobiernos a no tener injerencia en sus propios mercados”. Medida que no dejó de ser considerada como “extrema” a favor de las transnacionales del ramo y de la agricultura de los países del Norte.

Paralelamente a ésta reunión de la FAO en Roma, unas 900 organizaciones sociales de pueblos indígenas, campesinos, pescadores, pastores y ONG, se reunieron en un foro en la misma ciudad, y consideraron un  fracaso la cumbre de la FAO, por mantener “las mismas políticas” que han llevado a la actual crisis alimentaria. Estas organizaciones elaboraron un documento con propuestas concretas para combatir el hambre y denunciaron que la declaración final de la FAO mantendrá un sistema alimentario mundial que “favorece la especulación” y “beneficia sólo a las grandes corporaciones” y por ende, proponen “acabar con la especulación financiera en el mercado de futuros de los alimentos” que en palabras de los asistentes “juega a la ruleta con nuestras vidas”.  Sus propuestas, se resumen en la urgencia de “un cambio radical de las políticas” que devuelva a los pueblos la soberanía alimentaria, que es “el derecho a la alimentación y el control local de los alimentos, tanto en su producción como en su distribución”, para “los millones de personas que pasan hambre en el mundo”.

La especulación desatada en Bolivia

En Bolivia, también, los sectores populares como los de clase media están sometidos a un encarecimiento exagerado en los precios de los alimentos en particular y una carestía en general. A primera vista parecía que las causas provenían de este escenario internacional; sin embargo, es la especulación desatada internamente el factor que más incide. De hecho al inicio de la crisis, las elites, intentaron justificar esta alza como reflejo de los factores externos. De algún modo tenían que justificar su propio accionar. No tardaron en darse cuenta que su alegato no tiene quién lo aceptara. Como veremos, el objetivo no era sólo llenarse los bolsillos, sino también ir por el derrocamiento del actual gobierno, en la creencia que logrado este objetivo se pone fin al proceso de cambio, impulsado por las mayorías bolivianas, que las elites lo entienden como amenaza mortal a sus “habituales y consagrados” privilegios.

En esta parte del análisis se ha recurrido a varias fuentes, pero principalmente a la cartilla que ha producido y presentado recientemente el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), titulada “Alza de Precios… ¿Escasez o Especulación?” (www.cedib.org) En la mencionada cartilla se escogen los productos de mayor consumo popular; carne de Pollo, carne de res, soya y aceite de cocina, trigo, harina y pan, leche y finalmente el azúcar para exponer las características principales de producción de cada uno de esos artículos y de como están manipulados por pocas familias que dominan una producción u otra. Una de las principales conclusiones expuestas en dicho trabajo señala que ninguno de los seis principales productos de consumo popular, a excepción del trigo, están sujetos a los vaivenes registrados últimamente en el mercado internacional, pese a los insostenibles alegatos  en contra, de los empresarios privados.

El otro aspecto a resaltar en este contexto, es que los principales empresarios que controlan la producción de estos artículos de consumo popular, o son transnacionales, o empresarios nacionales y que el sector productivo estatal (fuera del sector de hidrocarburos y el de telecomunicación) es embrionario y está ausente en la producción de estos artículos. Al mismo tiempo estos empresarios privados son dirigentes políticos y cívicos de una oposición que está abiertamente contraria al Proceso de Cambio que vive Bolivia desde la última década del siglo pasado.

Las conclusiones de estos hechos, a parte de su lógica, saltan a la vista. El grueso de los sectores populares no se ha dejado engañar aunque el bombardeo de los medios de información, casi todos propiedad de esta misma oposición, es diario y tremendo, las protestas no se han dirigido contra el gobierno, que era lo que se buscaba, sino contra esta misma oposición. Si algún descontento fue expresado por estos sectores se refiere a lo que consideraban como medidas gubernamentales tibias sea para frenar la especulación o corresponder a las reivindicaciones populares.

Las reacciones y medidas gubernamentales

La reacción gubernamental a esta campaña desestabilizadora ha sido tardía, mal difundida y excesivamente parcial. En esta reacción ha predominado el aspecto político y electoral, más que una visión sistemática propia de un proyecto o modelo de un Estado Productivo propiamente dicho. Un sólo ejemplo de esta reacción nos aclara las dos primeras características de esta reacción.

La artificial subida de precios arrancó en junio-julio de 2007, esto incluía el precio del pan de batalla. Todos apuntaron a un factor real que era el aumento en el precio internacional del trigo y la harina. Pero nadie apuntó a la participación del Gobierno Federal de EE.UU. en agudizar esta subida de precios. Es hasta el 6 de julio de 2008 cuando el Ministro de la Presidencia informa que “El gobierno boliviano acusa a Estados Unidos de haber asumido la decisión política de suspender la donación de trigo, lo que repercutió negativamente en el precio y la escasez del pan”, el Ministro sostenía que "no había trigo regalado, pero tampoco había producción”. Claro que la información fue dada por la oficial Agencia Boliviana de Información (ABI) y los medios de información privados la silenciaron.

Las medidas del gobierno, se han caracterizado en dar respuesta a medidas económicas especulativas concretas consumadas por la oposición. Por está misma razón, fueron medidas puntuales y transitorias como es el caso del Decreto Supremo 29524 del 18 de abril de 2008, que facultaba al gobierno a fijar una banda de precios para artículos de consumo popular y en su caso prohibir la exportación de éste artículo hasta que el precio en el mercado interno vuelva a situarse dentro de esta banda de precios. La medida duraba el tiempo en que duraba el desbande del precio y finalizaba cuando el precio se ubicaba dentro de la banda de precios fijada.

La medida de carácter provisional demostró su eficacia en estabilizar los precios de algunos productos de consumo popular, pero dejaba fuera de su acción una larga serie de artículos, que no entran en la categoría de “artículo de consumo popular”, dicho de otro modo, dejó la cancha abierta para la acción de encarecimiento general desatada por la oposición. Para entender esto último, se tiene que tener en cuenta, como ejemplo, que las necesidades populares abarcan los medicamentos que en gran medida son importados. Por encima de la constante devaluación del dólar y revaluación de la moneda nacional, era de suponer que todos los precios de los artículos importados irían bajando de precios. Pero no bajaron sino subieron en una considerable proporción, hecho que deja en evidencia la postura criminal de la oposición (el Estado boliviano no es importador, en cambio, las importación es monopolio de la iniciativa privada) de someter a su población a lo indecible con tal de debilitar al gobierno y de paso llenar sus bolsillos. Pero al mismo tiempo deja en evidencia que el mencionado Decreto Supremo además de ser transitorio, es parcial, y sólo puede controlar relativamente una media docena de artículos de consumo popular.

Frente a esta medida transitoria, la oposición pegó el grito en el cielo acusando al gobierno de ser totalitario por limitar la “libertad de empresa” e intervenir en la regulación del “libre mercado”. Lo mismo que en el caso de hidrocarburos, (donde la oposición se opuso a la nacionalización del sector por considerar que la regla general es que el recurso esté a disposición de la empresa privada, en este caso concreto, de las transnacionales del ramo. La oposición ignora y silencia el hecho de que sólo el 13% de las reservas mundiales de petróleo está en manos de la transnacionales, mientras el 79% de estas reservas están en manos de empresas estatales -es decir son reservas nacionalizadas-, y la parte restante está bajo control estatal) la oposición en este caso ha ignorado y silenciado el hecho de que varios Estados ya habían tomado esta medida en protección de la seguridad alimentaria de sus poblaciones. Entre estos países se encuentra la India, Filipinas, Argentina, Egipto, etc. Y, es de suponer, que la oposición tenga conocimiento del hecho de que países suramericanos como Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay emitieran (Consejo Agropecuario del Sur, el 8 de junio de 2008) una declaración conjunta anunciando la toma de medidas similares a las que viene aplicando Bolivia.

Alianza estratégica del Estado

El otro campo de las medidas gubernamentales se refiere a promover una alianza estratégica entre el Estado productor y la pequeña, mediana producción urbana y rural. En este marco el Gobierno Nacional ha creado la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) donde ha previsto invertir 206 millones de dólares durante el año 2008. EMAPA debería apoyar a los productores con créditos (insumos, maquinaría, etc.) que luego serian devueltos en especie.

Cabe señalar en este contexto que el hecho de que el Gobierno vendiera arroz o aceite de cocina, ha ayudado a bajar el precio del artículo de parte de la empresa privada, pero es una medida transitoria, y de marco de aplicación reducido ya que sólo es aplicable, en el mejor de los casos, a puntos de venta concretos en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras el resto del país está siendo dejado a merced de la empresa privada, en espera de que EMAPA vaya ampliando paulatinamente el alcance de su actuación para abarcar el conjunto del país.

Dentro de las medidas estructurales y frente al problema de la producción lechera, el Gobierno decidió la construcción de tres plantes lecheras (dos en Cochabamba y una en La Paz).  Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó la construcción de la "Planta Industrializadora de Leche Challapata SAM" como proyecto de prioridad para el departamento de Oruro.

Paralelamente a estas medidas productivas, el Gobierno ha estado implementando la distribución de alimentos, especialmente harina y arroz, con precios reducidos en el caso del arroz y subvencionados en el caso de la harina. Frente a la pasividad de muchas alcaldías y su inhibición de cumplir con el control de los mercados el Ejecutivo Nacional tomó la iniciativa de organizar las “Ferias del Precio Justo”. Aunque su pretensión es de extenderlas por las varias ciudades del país, pero hasta el momento se están efectuando en pocas ciudades y con éxito apreciable en la Sede de Gobierno. Finalmente cabe recalcar que lo expuesto arriba no es exhaustivo sino que se limitó a sintetizar las medidas más importantes del gobierno.

Los “Comités de Defensa de la Canasta Familiar”, como expresión del control social, han demostrado una buena eficiencia, en coordinación con el Gobierno, en la venta a bajos precios de varios productos de consumo popular. Su limitante es que han sido creados en varios departamentos, no en todos, y con campo de acción departamental igualmente reducido. Para una seguridad alimentaria para las mayorías, se hace urgente la profundización de su accionar a nivel departamental como su ampliación a nivel nacional.

Análisis de las medidas gubernamentales

Si es cierto que los ingresos del país, del erario publico, de las reservas nacionales de divisas, etc., como de las personas han registrado un considerable aumento en los dos últimos años, es cierto, también, que el índice de pobreza moderada se mantuvo en un 60%, debido al efecto negativo de la inflación, como lo dio a conocer la Directora de la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE). En lenguaje más directo, la oposición y los especuladores pudieron contrarrestar las medidas del Gobierno, afectando brutalmente a este sector mayoritario y empobrecido.

Pero las medidas del Ejecutivo nacional no sólo adolecen de esta falla, sino también padecen una especie de descoordinación ya que por un lado el Jefe de Estado reclamó a los gobiernos municipales del país generar proyectos productivos para combatir la especulación y contribuir a mejorar a soberanía alimentaria. Mientras una delegación de indígenas del municipio de Charagua  arribo a La Paz, la primera semana de julio con el fin de solicitar apoyo al gobierno nacional para hacer productiva su tierra originaria. En fin, el hecho de que el Gobierno por un lado reclame la presentación de proyectos productivos para que los financie, otros sectores reclaman apoyo estatal para sus proyectos productivos, pone en evidencia que el aparato estatal no está funcionando eficientemente y no está coordinando siquiera en su nivel mínimo.

Otra falla que tienen estas medidas, se puede ver reflejada en otros hechos relacionados con la producción lechera. La Asociación de Productores de Leche denunció que mientras “los lecheros entregan el litro a Bs. 2,55 y la Pil luego de su procesamiento expende el litro de leche a la ciudadanía en Bs. 4,5 en las distribuidoras y Bs. 5 en las tiendas de barrio”. Es decir que la PIL por el hecho de procesar la leche duplica su precio al consumidor, y esto es un aumento inadmisible y supera con creces el margen habitual de ganancia legítima. Es obvio que la medida de parte del Gobierno, de crear cuatro plantas procesadoras de leche, es medida positiva, pero no es suficiente. No hay que olvidar que la PIL es el resultado de la privatización de las empresas bolivianas, y mientras estas cuatro plantas entren a funcionar la PIL seguirá monopolizando el mercado nacional de este producto tan vital para la salud de las mayorías, aun cuando ya estén funcionando estas plantas, dada su limitada capacidad productiva.

Finalmente y contemplando las medidas estructurales, no las transitorias, que está tomando el Gobierno, resulta claro que no responden a un modelo concreto de producción agraria sea modelo neoliberal o contrario al mismo. Estas medidas no se pueden considerar de carácter neoliberal, que no lo son, pero tampoco implican una ruptura con el sistema neoliberal. La construcción, de parte del Gobierno, de cuatro plantas procesadoras de leche no es medida neoliberal. Pero el inhibirse de recuperar una empresa privatizada como la PIL, es obvio que implica rehuir una ruptura con el neoliberalismo. De alguna manera las señales que está dando el Gobierno apuntan a que éstas plantas procesadoras en construcción entrarán a competir con la PIL dentro de las reglas de un  mercado libre y desregularizado.

Como conclusión las medidas han sido tardías, mal difundidas y excesivamente parciales. En estas reacciones ha predominado el aspecto político y electoral, más que una visión sistemática propia de un proyecto o modelo de un Estado Productivo propiamente dicho.

Una visión a mediano y largo plazo de parte del Gobierno Nacional, implicaría la necesidad de reflexionar sobre la urgencia de reivindicar el rol del Estado en la economía, y dentro de este rol está la de productor, pero también, la de control del mercado y no dejarlos en manos de una oposición tan retrograda y aventurera. Esto, a su vez conduce a cuestionar la validez y la continuidad del famoso Decreto Nº 21060 que impuso a mediados de los ochentas del siglo pasado el sistema neoliberal en Bolivia, y estudiar con qué otras leyes se le puede sustituir.

En las últimas elecciones generales, el voto mayoritario de los bolivianos fue a favor del MAS, encargándole la tarea de dirigir y realizar el Proceso de Cambio, que implica cambios estructurales en términos políticos, económicos, judiciales, etc. Dentro de este proceso el Control Social juega una función vital para la salvaguardia del mismo Proceso de Cambio, como la salvaguardia de los intereses de las mayorías bolivianas. El Control Social lo vemos muy a menudo en las declaraciones y discursos políticos, pero poco en los hechos. Si lo fuera habría sido un freno frente a esta especulación desestabilizadora.

Articulo publicado en Petropress Nº 11, agosto 2008.