Al comenzar el año, el presidente Carlos Mesa anunció que elevaría, al Congreso Nacional, a fines de enero, un proyecto de reforma dela Ley de Hidrocarburos. Comenzando marzo, aún no se conoce tal proyecto. El presidente Mesa ha intentado llegar a acuerdos con las transnacionales que explotan y comercializan los hidrocarburos bolivianos. Las presiones que han comenzado a provocar estas empresas –tanto directamente como a través de organismos internacionales–, han conducido a un atolladero del cual, el gobierno, no ve una forma de salir. Por su parte, las organizaciones sociales y los sectores movilizados en octubre del año pasado, esperan impacientes la modificación de los contratos relativos al gas, que fue prometida por el gobierno. Mesa tiene muy pocas alternativas y debe actuar en los días siguientes. Difícil decisión Carlos Mesa fue parte del gobierno anterior. Conceptualmente, fue un ferviente promotor del modelo neoliberal y, presumiblemente, sigue considerándolo válido. Las jornadas que protagonizó el pueblo boliviano en octubre, hasta derrocar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, lo obligaron a asumir compromisos que están en contra de esa concepción. La revisión de los contratos con las empresas petroleras transnacionales es un tema prioritario en la agenda presidencial. Precisamente por eso, Mesa se apresuró a anunciar la presentación del proyecto mencionado. De inmediato inició conversaciones con estas empresas sobre la base de un proyecto que confirmaba el valor de las regalías (18 %) pagadas al Estado y proponía un impuesto ascendente que podría llegar al 32 %, conforme a los volúmenes de explotación. Las empresas han alargado las consultas y, hace unos días, anunciaron que están dispuestas a pagar un impuesto que alcance al 5%. El gobierno ha mantenido un cauteloso silencio hasta ahora, aunque es claro que, si envía su proyecto al Congreso con tales cifras, provocará una airada reacción popular. Cifras ocultas El presidente Mesa creyó hallar, en las petroleras, predisposición para un rápido acuerdo, pues su proyecto de ley les otorga ventajas. El magro 18 % que éstas pagan como único tributo al Estado boliviano se establece sobre el llamado "precio en boca de pozo"; es decir, los volúmenes de gas que salen del pozo se multiplican por ese precio y, luego, se calcula el porcentaje de regalías. El proyecto que el gobierno discute con las petroleras ya no habla de "boca de pozo", sino de "punto de fiscalización de producción". Hay un tramo entre uno y otro, que permitiría disminuir los volúmenes de gas para el cálculo de las regalías. Capítulos enteros del proyecto están dedicados a la descripción y forma de cálculo de las regalías, así como de los impuestos a pagar. Algunos son imposibles de aplicar como el caso de la parte de las regalías que corresponde al Tesoro General de la Nación (6 %); el proyecto distribuye el destino de ese monto en cinco sextas partes, dos sextas partes y una sexta parte, resultando nueve sextas partes, partición que será revisada. Pero, tales revisiones pueden permitir negociar reducciones. Las expectativas La movilización popular de octubre demandó la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. El decreto 24806 les otorgó tal propiedad a las petroleras, desde el momento en que éstos salían del pozo. Al ser propietarias, las empresas nos venden los hidrocarburos a precio internacional. A esta demanda, el gobierno respondió anulando el mencionado decreto. Sin embargo, como los contratos se basan en esa disposición, habrá que revisarlos para hacer efectiva la recuperación de la propiedad por el Estado boliviano. Este paso no se ha dado y, el Ministro de Hidrocarburos, ha insistido en que los mismos son irrevisables. Por otra parte, al haberse recuperado la propiedad, el Estado boliviano es socio, al menos en igualdad de condiciones, en la explotación y comercialización de los hidrocarburos. Reconociendo los contratos existentes, una vez que sean revisados para adecuarlos a la realidad actual, las regalías que corresponden al Estado deben ser del 50%. Hasta ahora, los contratos han sido de entrega total de todas las operaciones a las transnacionales del petróleo. En las actuales condiciones YPFB, la empresa estatal, figura como asociado nominal sin ningún derecho. Es urgente fortalecer a YPFB para que pueda operar como administrador en todas las operaciones. Ese fortalecimiento puede darse recuperando fondos de capitalización que están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) para tal propósito; este es tema del referendum que debe realizarse hasta junio próximo. Plazos perentorios El presidente Mesa debe advertir que se han vencido los plazos. El debate en el Congreso Nacional sobre la nueva Ley de Hidrocarburos debe iniciarse ya mismo. De lo contrario, se iniciarán nuevas movilizaciones populares.