Perú

La criminalización de las protestas sociales: de la Gran Transformación a la mano dura

César Bazán Seminario

26/07/2012

Opinión

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El primer año de gobierno del presidente que prometió la Gran Transformación, muestra un saldo negativo en cuanto al enfrentamiento de las protestas sociales, lindante con la mano dura. Ése es el balance que el Instituto de Defensa Legal – IDL tiene sobre el tema y que hemos puesto en blanco y negro en el Informe “La criminalización de las protestas sociales durante el primer año del gobierno de Ollanta Humala. De la Gran Transformación a la mano dura” y en sus respectivos anexos.

Entre los puntos más importantes de este balance tenemos que, puede advertirse un patrón de actuación del gobierno, que revela el ensayo de una política de mano dura frente a las protestas sociales que cuestionan proyectos vinculados a la gran minería: i) el uso precipitado de la declaratoria “retroactiva” del Estado de emergencia, publicado con fecha anterior; ii) el desarrollo de una estrategia fiscal y judicial como parte de la estrategia represiva; y, iii) la falta de liderazgo político e ineptitud del sector Interior.

Este patrón, que se ha visto de manera clara en el enfrentamiento de las protestas sociales de Espinar (Cusco) y Conga (Cajamarca), ha encontrado terreno fértil en el marco legal aprobado por el gobierno de García para militarizar el orden interno; marco legal que continúa vigente durante el gobierno de Humala cerrando el círculo de impunidad para la actuación de las fuerzas armadas en caso violen derechos humanos: i) los manifestantes pueden ser considerados grupo hostil; ii) todo ilícito que cometan los miembros de las fuerzas armadas será de competencia de la justicia militar; iii) la justicia militar es impartida por militares o policías en situación de actividad; y, iv) el Código de Justicia Militar ha reincorporado delitos comunes como delitos de función (por ejemplo, el supuesto delito de función de “arrasamiento”).

Bajo este marco, la detención y sembrado de pruebas a miembros de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani en Espinar, la reducción, golpiza y detención del activista Marco Arana, en Cajamarca, la destrucción de ollas comunes de los manifestantes, entre otros, son muestras de que la policía ha actuado de manera incorrecta en el enfrentamiento de las protestas sociales, en desmedro de los estándares de uso de la fuerza y de Estado de emergencia que deberían respetarse.

Por otra parte, ante la actuación del Ejecutivo, los jueces y fiscales no han cumplido debidamente su papel de controlar los excesos del poder ni de defensa de derechos humanos. Desde las altas instancias de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones fuertemente jerárquicas, se reforzó un discurso tendiente a desprestigiar las protestas sociales, con lo cual se envió un mensaje no sólo a los manifestantes sino también a los jueces y fiscales encargados de resolver casos concretos. El discurso vino acompañado de una modificación normativa, que determinó en un primer momento, que los delitos cometidos en las zonas conflictivas fueran de competencia de jueces y fiscales de regiones de la costa. Y en un segundo momento, los casos han sido trasladados a jueces y fiscales de Lima. De esa manera, se crean barreras preocupantes para la defensa legal de los manifestantes procesados, puesto que deben trasladarse largas distancias para litigar. Sin embargo, el caso más grave corresponde a los detenidos, quienes son desarraigados de la zona de protesta, trasladados a Chiclayo o Ica inicialmente, y luego a Lima, donde deberán defenderse legalmente con las dificultades que ello conlleva, sin la compañía de sus familiares. Casos concretos de esta actuación judicial y fiscal son la detención y procesamiento de Oscar Mollohuanca, quien fue llevado a Ica; y el control penal “preventivo” de la marcha convocada por la CGTP, dictado por un fiscal de Lima.

Empero, a pesar de esta situación judicial, ha habido decisiones que han ido a contracorriente del interés de las altas autoridades, entre las que destacan la liberación del alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, gracias a que una sala revocó la detención; y el hábeas corpus fundado por un juez de Cusco a favor de los trabajadores de la Vicaría de Solidaridad de Cusco.

En lo que respecta al Congreso, el panorama es complejo. Por un lado, el partido de gobierno junto con miembros de otras bancadas tuvieron declaraciones y actitudes de respaldo a la manera como el gobierno enfrentó las protestas sociales. Representativo de ello, son las declaraciones del presidente del Congreso a favor de procesar por apología a la rebelión a Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca y líder de la protesta antiminera. Igualmente, sumamente diciente fue la expulsión de Jorge Rimarachín, congresista por Cajamarca, de la bancada oficialista, debido a sus declaraciones pro manifestantes. Asimismo, la Comisión de Defensa del Parlamento aprobó un proyecto de ley para que a la policía también se le aplique parte del blindaje legal aprobado por García, al momento de enfrentar protestas sociales. Por otra parte, otro tanto puede decirse de la renuncia de la congresista Verónika Mendoza a las filas de Gana Perú, debido a su valiente posición respecto de los informes que probaban la contaminación en zonas de influencia del proyecto XstrataTintaya en Espinar. Su renuncia fue acompañada de la salida de otros congresistas de la bancada.

Otro punto relevante de nuestro informe es que los medios de comunicación, sobre todo los más consolidados con sede en Lima, han tenido una cobertura parcializada de las protestas sociales. Esta situación viene acompañada de una polarización mediática, en la que se encuentran los medios de comunicación mencionados y en otro los de alcance regional o local, vinculados más bien a autoridades locales o regionales o a los movimientos sociales que lideran las protestas en las regiones.

Ante ese escenario, esperamos que el presidente Humala y el nuevo del gabinete ministerial (y los otros actores involucrados) tomen en cuenta nuestras recomendaciones, haciendo honor a la designación del “Gabinete del diálogo". Ellas son las siguientes:

El Presidente de la República debe tomar el liderazgo político del gobierno cuando estas protestas sociales entran en un periodo de gran violencia y crisis. No basta enviar twitters ni participar en ceremonias públicas, sin decir qué va a hacer el gobierno y qué ruta va a seguir.
El nuevo Gabinete ministerial debe contar con negociadores políticos que se adelanten al estallido de los conflictos sociales y establezcan canales de comunicación, negociación y posible acuerdo con las autoridades regionales, municipales o líderes u organizaciones sociales. Mal haría el Gobierno en insistir por descalificar o estigmatizar, desde el inicio, a los líderes de las protestas.
Aprender de buenas prácticas o de experiencias exitosas de armonización de intereses y derechos, entre las industrias extractivas y las comunidades locales o indígenas y la protección del ambiente y la explotación sostenible de los recursos naturales. La reciente experiencia de negociación y acuerdo entre el proyecto minero Quellaveco y el gobierno regional de Moquegua, puede ser un buen ejemplo a seguir.
El Gobierno debería presentar un proyecto de ley al Parlamento para modificar los Decretos Legislativos 1094, 1095 y 1096, marco legal que militarizó el orden interno durante el régimen de Alan García.
El Gobierno debería retomar el impulso perdido para implementar la Ley de consulta previa a favor de los pueblos indígenas, comenzando con algunas experiencias piloto.
Es impostergable iniciar el debate público y nacional sobre el ordenamiento territorial en nuestro país. Si los diversos actores supieran de antemano dónde puede implementarse un proyecto de industrias extractiva y dónde no, porque es una zona protegida, de gran fragilidad ambiental o es territorio indígena, podrían evitarse y prevenirse muchos conflictos sociales.
Finalmente, el Poder Ejecutivo, en general, debería adoptar una posición más neutral en relación a las empresas extractivas y las poblaciones locales. Hasta ahora, salvo el brevísimo periodo del Gabinete Lerner, la percepción es que el Ejecutivo sigue inclinado hacia el lado empresarial; no se trata que adopte una actitud de hostilidad pero que sí deje una posición, en ocasiones, parcializada.