¿Qué piensa de  la expropiación de  YPF en Argentina?

1.- ¿Es correcto el camino utilizado?

Es correcto, en el marco de su soberanía fija límites a las maniobras de una empresa transnacional que, como toda empresa capitalista, opera para maximizar beneficios, sin considerar los intereses nacionales y populares. En este caso con dos agravantes: maximizaba los beneficios de corto plazo a distribuir reduciendo al mínimo las inversiones; trasladaba esos beneficios a la casa central en el exterior.

2.- ¿Hay que apostar al control  estatal de los recursos naturales?

Si, los recursos naturales son una parte fundamental del  patrimonio de cualquier nación, más aún cuando, como en el caso del petróleo, son recursos no renovables.  La explotación de estos recursos debería potenciar el desarrollo económico, en su definición de crecimiento con redistribución progresiva del ingreso. Por un lado, porque los ingresos que genera su venta permitirían invertir en otros sectores productivos; a la vez, que permitiría planificar la disponibilidad de energía en el mediano y largo plazo, a través de inversiones que garanticen una oferta estable de combustible a la economía nacional.  

3.- ¿Soberanía vs inversión extranjera?

La inversión extranjera realizada en los marcos estipulados en los tratados binacionales de “protección recíproca de inversiones” y amparada en el mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), genera condiciones para que las transnacionales busquen imponer conductas empresariales lesivas para los estados nacionales. Cuando los estados aceptan y le reconocen al inversor extranjero un estatus cuasi “de sede diplomática” estos últimos adquieren un nivel de impunidad que degrada la soberanía nacional. 

4.- ¿Qué hacer con los tratados internacionales?

No se debería firmar ningún tratado que comprometa la posibilidad de que el Estado actué ante políticas empresariales que afecten el interés nacional. Más aún, no debería existir ninguna diferencia en la capacidad del Estado para regular y aplicar las sanciones que correspondan a empresas nacionales o transnacionales.

La lucha de pueblos y naciones evito que en el 2005, en Mar del Plata, se firmara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que impulsaba Estados Unidos. Pero, lamentablemente, ese gran acuerdo supranacional fue sustituido por la firma de múltiples tratados bilaterales de protección  de inversiones y de libre comercio.  

Con estos tratados, además, los problemas entre un estado nacional y una empresa transnacional se transforman, fácilmente, en conflictos entre estados.

5.- ¿Nacionalización o cortina de humo? 

El gobierno argentino ejercido por los Kirchner se ha caracterizado por mantener una política económica heterodoxa, claramente diferenciada de los lineamientos de los organismos internacionales - como las que llevan adelante sus socios del Mercosur -, aunque simultáneamente se profundizo la apertura a la inversión extranjera directa. Más aún, en este caso la “nacionalización”, consistiría en “expropiar a una transnacional”, una parte de una Sociedad Anónima, para hacer un contrato de explotación con otra transnacional que realice las inversiones necesarias para garantizar la explotación de nuevos yacimientos.

6.- ¿Es este  un nuevo camino del antimperialismo?

No, no lo es, salvo que sea parte de una estrategia con objetivos mayores que desconocemos. Esta  expropiación es una medida puntual contra una empresa transnacional que no funciona de acuerdo a los intereses nacionales definidos por el gobierno argentino. Es una medida soberana - ejercida dentro del marco legal de la República Argentina - valiente y respetable, pero no se inscribe, al menos por ahora,  en un proceso de nacionalizaciones o estatizaciones contra el capital transnacional o las potencias centrales. Pretende sí, de acuerdo a lo declarado, subordinar o, al menos, conciliar los intereses de las transnacionales con los intereses nacionales, lo cual no es poco.

Lo anteriormente señalado, obviamente, no niega el uso político de esta medida que hace el gobierno argentino para acrecentar su base social a partir de la defensa de la  nación.

El gobierno español, desde el otro lado de la controversia, hace exactamente lo mismo. La diferencia fundamental entre uno y otro, es que el gobierno argentino tiene el legítimo derecho de hacer lo que hizo, en cambio el español -de rancia derecha política - se identifica con la empresa Repsol, desconoce la legitimidad de Argentina y muestra y la vieja hilacha colonialista, autoritaria y expoliadora que caracterizo a la mal llamada “madre patria”.      

7.- ¿Sufrirá Argentina represalias por estas medidas?

Por supuesto que sí: el poder que es efectivamente cuestionado recurre, casi mecánicamente, a una política de castigos ejemplarizantes para evitar que el  precedente, “expropiador” en este caso, se repita en otros ámbitos o países.

El gobierno de Madrid está convocando a la Unión Europea a una cruzada contra los “infieles expropiadores” argentinos, pero puede existir mucha distancia entre las “amenazas” y las posibilidades reales de cumplirlas. Incluso cumpliendo las amenazas estas pueden no tener el efecto destructivo esperado.  No se puede olvidar que Argentina declaró el “default” en 2001 y a pesar de los anuncios de represalias financieras y catástrofes económicas ha sido uno de los países que más creció en la última década en América Latina. Sin duda creció mucho más que Uruguay y Brasil, fieles defensores de lo ortodoxia y la “buena letra”.

8.- ¿Cómo deben actuar los otros países latinoamericanos?

En principio, y por principios, apoyando plenamente al gobierno argentino en su derecho soberano a tomar las medidas que entienda conveniente en el marco de su Constitución y sus leyes. Esto sin desmedro de compartir o no los fundamentos expuestos para tomar la medida.

Lo que es inaceptable y vergonzoso es que haya quienes quieran aprovechar este contencioso para captar inversiones extranjeras que hoy tienen como destino la Argentina con el lamentable argumento de que acá pueden hacer lo que quieran asegurando que “ni los vamos a expropiar ni le vamos a doblar el lomo con impuestos” (1) .   

Nota

(1) José Mujica, declaración ante los empresarios extranjeros, 11 de febrero de 2010, reafirmado ahora por voceros del gobierno.

- Antonio Elías es Miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (REDIU) y Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).

Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el 26 de abril de 2012