El objetivo de esta nota es analizar el impacto crecientemente negativo que tiene sobre el poder adquisitivo de los trabajadores la pauta salarial nominal que impuso el Poder Ejecutivo para la sexta ronda de Consejo de Salarios. Cuando el gobierno fijo la pauta, julio del año pasado, la inflación anualizada era 9,02%, el dólar valía $ 27,86, el déficit fiscal ascendía a 3,5%. El crecimiento del PBI había sido de 3,5% en 2014 y era de 1,5% de enero a setiembre.

En ese marco de datos y desconociendo la tendencias negativa de la mayoría de las variables de la economía nacional y regional se impuso, sin ningún fundamento económico, una pauta salarial basada en la existencia de una inflación decreciente.

Los últimos datos sobre las principales variables económicas son más que preocupantes y demuestran el grave “error/horror” de pronóstico del equipo económico: la inflación anualizada que llegó a 10,23% en febrero; la devaluación del peso hizo que el dólar llegara $ 32,52; el déficit fiscal alcanzo a 3,8% (2 mil millones de dólares).

Es importante resaltar que las reservas se redujeron en 4.200 millones de dólares -más del 26%- una parte sustancial para mantener un tipo de cambio que se sigue devaluando sin que se perciba cual es el beneficio macroeconómico para el país de estas operaciones que solamente retrasan, pero poco, un crecimiento inexorable del dólar. En lo que tiene que ver con la perdida de reservas no se puede olvidar la oposición frontal del gobierno a la propuesta del PIT-CNT de utilizar una parte muchísimo menor que la que se ha gastado para realizar políticas de reactivación económica.

Esto situación se da, además, en un contexto de vencimientos crecientes de la deuda en pesos y en dólares, las que seguramente se refinanciaran en condiciones más onerosas pasando los costos a las generaciones futuras. Lamentablemente la lógica del equipo económico es cubrir sus obligaciones pagando una deuda con otra deuda. El negocio del prestamista, como es bien conocido, no es recuperar el capital sino cobrar los intereses, que en el contexto mundial serán crecientes.

La demanda internacional relevantes para el país se genera en países con proceso de enlentecimiento de su economía como China (7%), en franca recesión como Brasil con una fuerte caída del PBI en 2015 (3,8%), o en un proceso de estancamiento con Argentina, con alta inflación y fuerte déficit fiscal. En ese contexto han caído las exportaciones en cantidad y en precio.

Los precios de las commodities a nivel internacional continúan bajando y, parecería, que se van a profundizar los problemas en Brasil y es incierto lo que sucederá con Argentina. La situación económica es de gran vulnerabilidad, somos un país tomador de precios y que vive en gran medida de las exportaciones y todo el auge (2005-2010) se produjo cuando teníamos “viento a favor” y ahora el viento cambió de dirección y viene en contra con velocidad creciente.

Estamos en un momento muy difícil y las medidas de ajuste que toma el gobierno – aumento de tarifas, reducción de inversiones, baja del salario real, restricción monetaria - generarán un proceso contractivo que afectará el nivel de actividad con sus lógicas consecuencias en los niveles de empleo e ingreso de los trabajadores.

La lucha distributiva que generar una espiral precios salarios tiene a los trabajadores encadenados a la pauta nominal, mientras que los precios aumentan significativamente. La medida propuesta por el Poder Ejecutivo de hacer un seguimiento de precios es francamente irrelevante, en tanto se rechaza el control de precios y se apuesta a lograr mayores niveles de competencia. Olvidando, parece, que el mercado nacional es muy pequeño y que en muchos bienes existe una sola empresa productora y/o importadora, o un pequeño conjunto de empresas que acuerdan una división del mercado, para no competir por precios.

Complementariamente, los empresarios que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no aumentar los impuestos.

La pauta salarial

Un reclamo permanente del movimiento sindical ha sido el control de precios, lo cual ha sido rechazado por el gobierno en todas las oportunidades, salvo cuando aplica una pauta salarial controla fuertemente el precio de la fuerza de trabajo.

En efecto la pauta salarial determina un aumento semestral nominal que es independiente de cual sea el incremento del índice de Precios al Consumo durante los dos primeros años, con un correctivo por inflación al finalizar ese período. Los que firmaron convenio en 2015 tendrán otro ajuste por inflación al terminar el tercer año.

En la pauta se definieron tres niveles de aumentos salario según la situación económica del sector: los que van a recibir menores aumentos son aquellos que trabajen en “sectores en problemas” que son beneficiarios de subsidios, tienen riesgo de pérdida de empleo; los que tendrán mayores incrementos serán los que estén laborando en “sectores dinámicos”, entendidos éstos como aquellos que crecen más de 4% anual; el tercer nivel de aumento lo tendrán aquellos que ni tienen problemas ni son dinámicos.

En todos los casos los aumentos son decrecientes a lo largo de del convenio, los sectores: con problemas (8%, 6.5% y 6%); medios (8,5%, 7,5% y 7%); dinámicos (10%, 9% y 8%). Esto quiere decir, por ejemplo, que aquellos que trabajan en sectores con problemas cuyos convenios vencieron en 2015, en el primer año tuvieron un aumento de 8%, pero en 2016, el incremento será de solo 6,5% y en 2017 de 6%.

Los sectores cuyos convenios vencen este año tendrán un aumento de 6,5% en 2016 y de 6% en 2017 (sus convenios serán por dos años) y el ajuste por inflación será al terminar el período.

La inflación de 2015 fue 9,44% (aplicado el UTE Premia para provocar deflación en diciembre) y la inflación anualizada a febrero fue de 10,23%. Como los ajustes son semestrales y nominales recibirán un ajuste de 4% en los dos primeros semestres y de 3.25% en el tercer y cuarto semestre, por lo que notoriamente existirán perdidas de poder adquisitivo en forma permanente a lo largo de los dos primero años. Recién al finalizar este período se indexará el salario y los trabajadores recibirían un ajuste para recuperar el valor del salario real previo a la firma del convenio.

Pero sí la tasa de inflación aumenta, como consecuencia del acelerado proceso devaluatorio las pérdidas de salario real serán más altas. De todas formas que los valores actuales de inflación se está muy lejos del piso de los trabajadores en las negociaciones: el 100% del IPC pasado.

La cláusula gatillo, por otra parte, se aplicaría cuando la inflación supere el 12% anual, lo que demuestra claramente que el gobierno asume que la inflación puede superar con alta probabilidad el 10% que accionaba el “gatillo” en convenios anteriores. Obviamente, las pérdidas de salario real derivadas de no acompañar la evolución de la inflación crecerán en forma proporcional al aumento del IPC.

La posibilidad de incrementos salariales por encima de los aumentos nominales de la pauta queda limitada al siguiente criterio: “las partes podrán acordar incentivos por productividad a nivel de empresa, conjunto de empresas o rama”.

En resumen, el mantenimiento de la pauta salarial implica una “apuesta” del gobierno - en el “casino” de una economía mundial y regional con grandes dificultades y riesgos – para frenar la inflación y reducir el déficit fiscal. Los trabajadores – activos y pasivos - nuevamente son la variable de ajuste de la economía e inexorablemente perderán poder adquisitivo y calidad de vida.

- Antonio Elías es Master en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director de INESUR

Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 31 de marzo de 2016.