Aunque a lo largo del año 2002 se produjo un serio agravamiento de la crisis crónica que se vive en Guatemala, no se han modificado sustancialmente los factores que venimos analizando a lo largo de la actual administración de gobierno. Podemos afirmar que en este nuevo año permanecen los mismos componentes que la Fundación Rigoberta Menchú Tum y otras organizaciones de Derechos Humanos analizamos y expusimos dentro y fuera de Guatemala a lo largo del año pasado. El rasgo nuevo más importante es, sin lugar a dudas, el crecimiento y la fortaleza de las luchas reivindicativas de los campesinos por el derecho a la tierra y de los maestros por el mejoramiento de sus condiciones laborales. Esas justas luchas, que además han alcanzando importantes grados de coordinación y solidaridad, podrían abrir el cauce a una reactivación del movimiento social reivindicativo en Guatemala. Si esas luchas siguen adelante es previsible que estimulen a otros sectores a plantear sus propias demandas y ayuden a fortalecer formas organizativas que se encuentran sumidas en la frustración y la pasividad. El casi paralizado movimiento sindical podría ser uno de los beneficiados por esa dinámica. Pero junto a esos signos positivos permanecen los más negros nubarrones. Con la llegada del año electoral, el régimen encabezado por el general Ríos Montt y su partido han intensificado los esfuerzos y revitalizado las maniobras de todo tipo para asegurar su continuidad en el poder. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) continúa avanzando en su estrategia de ocupación y control de cualquier espacio de poder que le permita acumular fuerzas, recursos y mecanismos de presión para asegurarse, por las buenas o por las malas, un nuevo triunfo en las próximas elecciones. A lo largo del 2002 el FRG, que ya controlaba el Congreso de la República, se aseguró el control de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Junta Monetaria y la Contraloría General de Cuentas, o sea todas las estructuras del Estado que en teoría deberían actuar con libertad y autonomía respecto de los Organismos Ejecutivo y Legislativo y cumplir una función fiscalizadora del funcionamiento del aparato estatal. Resurgen las PAC En los últimos meses del año anterior el gobierno se lanzó abiertamente a ejecutar la gran maniobra de organización y estructuración de las nuevas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), como un movimiento político y social de apoyo al gobierno del FRG y como principal cantera electoral para las próximas elecciones. En el ámbito financiero los planes eferregistas para asegurarse los fondos que necesitan para financiar su campaña electoral, comprar voluntades y seguir alimentando la corrupción, descansan en la emisión de los cínicamente llamados "Bonos Paz". La maniobra se ha visto afectada por las dificultades que han encontrado para colocar esos bonos en el mercado local y la reciente "descertificación" del gobierno guatemalteco por parte de la administración Bush representa un escollo importante para encontrar compradores en el mercado internacional. Sin embargo, aparte de los fondos de jubilaciones y pensiones de trabajadores del Estado y de los recursos de la Seguridad Social que ya desviaron para la compra de bonos, ya han logrado reunir una cantidad significativa y todavía tienen tiempo para consumar en buena medida ese acto de rapiña. En estos últimos meses el proceso de organización y estructuración de las nuevas PAC ha entrado en una fase más institucional. Con menos estridencia y de manera sistemática, en todo el país se llevó a cabo el proceso de inscripción y registro de por lo menos 620 mil campesinos que esperan recibir la anunciada compensación económica. Cada vez se habla menos del pago del reclamo inicial de 20 mil quetzales, unos dos mil quinientos dólares, para cada patrullero inscrito y se va imponiendo la conformidad con una cantidad sustancialmente menor. La combinación del ofrecimiento de un pago en efectivo y las amenazas de volver a reprimir a quienes no se organicen en las nuevas PAC le está dando resultados al régimen. Una muestra de ello fue la movilización y concentración de más de 30 mil patrulleros que efectuó el gobierno el 14 de enero en la capital del país, para respaldar la presentación del tercer informe de gobierno del presidente Portillo y participar en el primer gran acto de campaña electoral del FRG. Numerosas concentraciones se han venido efectuando en casi todo el país a lo largo de lo que va del presente año. Más adelante nos referiremos a los conflictos y contradicciones que entraña esta estrategia. Estrategia electoral del FRG En su discurso de proselitismo electorero, el FRG insiste en promover la candidatura presidencial del general Efraín Ríos Montt. A pesar de la prohibición constitucional que pesa sobre este militar genocida, por su participación en el golpe de Estado de 1982, el régimen tiene suficiente control sobre el sistema de justicia y los órganos electorales como para imponer la inscripción electoral del general. Así que es posible que el principal responsable de las peores matanzas y actos de terrorismo de Estado cometidos en este país termine siendo el candidato presidencial del FRG. Sin embargo -y esto es muy importante- hay muchas probabilidades de que todo ese ruido sea solamente una cortina de humo para levantar y promover la figura del viejo general, a quien en realidad le interesa y conviene seguir utilizando la tribuna y la inmunidad parlamentaria durante un nuevo período de gobierno. Al espantar con el petate del muerto de la candidatura de Ríos Montt, el FRG está logrando presentarlo como el caudillo al que le tiene miedo la oposición interna y la comunidad internacional por su supuesto arrastre en los sectores populares. Y si al final -por las razones que sean- los tribunales le niegan la inscripción electoral, al FRG le favorecería volver a presentar al general como "la víctima de una cobarde conspiración de quienes le temen". Es muy probable, por tanto, que el FRG intente repetir la misma fórmula que ya le ha dado resultados positivos en dos elecciones consecutivas. Con la candidatura de Alfonso Portillo en 1995 y 1999, el partido de Ríos Montt logró vender la imagen de un candidato civil de trayectoria democrática de izquierda, carismático, relativamente joven, buen comunicador y mejor polemista, demagogo sin escrúpulos y con un eficiente e impactante discurso de populismo puro y duro. Esa fórmula ganadora podrían intentarla de nuevo en las elecciones de este año, por ejemplo, con un Edgar Gutiérrez o un Pedro Pablo Palma Lau y hasta con alguien como Juan José Rodil Peralta o el Fiscal Carlos De León Argueta. Se habla también de que estarían considerando la posibilidad de lanzar a algún líder Maya como candidato a la vicepresidencia. No se descarta que intenten integrar un dúo que les permitiera repetir el esquema del presidente "izquierdista" y el vicepresidente "riosmontista". La exitosa demagogia electoral de un "candidato de los pobres capaz de derrotar al candidato de los ricos" podría de nuevo darles resultados positivos, sobre todo frente a la larga lista de rubios y aburridos empresarios que representan a los partidos de oposición. No obstante el desgaste sufrido por el partido oficial y el gobierno de Portillo a lo largo de tres años marcados por la incapacidad, los constantes escándalos de corrupción, el incremento de las violaciones a los derechos humanos y los señalamientos internacionales por los vínculos oficiales con el narcotráfico y el crimen organizado, la alianza de poderes que representa el FRG tiene reales posibilidades de ganar las elecciones. La organización de cientos de miles de campesinos en las nuevas PAC, el control y la sujeción absoluta de los órganos electorales y del sistema de justicia y el uso ilimitado de los recursos del Estado para sus planes políticos, le otorgan ventaja al FRG. La realización precipitada de un censo general de población y la apresurada publicación de resultados, constituye también parte de la estrategia electoral del partido de gobierno. Las nuevas cifras justifican el aumento sustantivo del número de diputados por los Departamentos donde tiene mayor control el FRG y, sobre todo, respaldan el aumento del padrón electoral en amplias áreas rurales y campesinas que controla dicho partido. Esas posibilidades de triunfo aumentan frente a una oposición fragmentada y enfrentada entre sí, incapaz de articular una plataforma y un discurso de unidad para impedir que esa alianza de corruptos y delincuentes continúe con la rapiña y el saqueo de los recursos del Estado. Sin embargo el peligro de un nuevo triunfo electoral del FRG, por fraudulento y nefasto que sea, no constituye en sí mismo el factor más peligroso y negativo para la construcción del Estado de Derecho en Guatemala y la recuperación de la agenda de la paz. Lo más grave dentro de la crisis crónica que padecemos es la extensión, el fortalecimiento y el arraigo de las estructuras clandestinas de poder que, aliadas entre sí, mantienen secuestrado el aparato del Estado y lo ponen al servicio de sus productivas actividades criminales. Cuánta razón tuvo Amnistía Internacional cuando alertó al mundo hace un año, al denunciar que en Guatemala funciona un verdadero "Estado de mafias corporativas". Estas mafias o estructuras paralelas de poder han extendido sus actividades e influencia en los ámbitos militares, económicos, políticos y sociales. Su mayor fortaleza radica, sin duda, en el control de las nueve principales empresas del crimen organizado: el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas hacia los Estados Unidos, el lavado de activos, el contrabando, el robo en carretera de camiones y furgones con carga, los asaltos bancarios, los secuestros extorsivos, el robo y trasiego internacional de vehículos de lujo y las adopciones ilegales y el tráfico de menores. El enorme poder económico de estas mafias les permite comprar lealtades y voluntades dentro del ejército, los círculos empresariales, los partidos políticos, el sistema de justicia y el resto del aparato del Estado. Y al que no compran y corrompen tratan de someterlo mediante las amenazas y el terror. Esa acción se ha extendido en los últimos años a la cooptación de profesionales y dirigentes provenientes de la izquierda, que les sirven para fortalecer el discurso populista y aportan sus capacidades como organizadores sociales. La influencia social o poder social de estas estructuras paralelas se expresa, principalmente, en el control de unas u otras facciones dentro de las nuevas PAC, la red nacional de ex comisionados militares y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Estas estructuras clandestinas, que surgieron y se fueron fortaleciendo dentro de las políticas y los aparatos contrainsurgentes del Estado a lo largo de los 36 años de conflicto armado interno, crecieron y se consolidaron durante el proceso de negociaciones de paz. En la medida que dentro del ejército se fue afianzando la certeza de que los Acuerdos de Paz eran inevitables e irreversibles y que se les terminaba el negocio de la guerra, las cúpulas de esos cuerpos ilegales diversificaron sus estructuras y mecanismos para asegurar el control de los diferentes resortes del Estado y garantizarse la protección de la impunidad. Durante un poco más de tres décadas funcionó dentro del ejército una estructura paralela que, a partir de los órganos de inteligencia militar, mantuvo el control de la institución armada y desde ahí ejercía su poder y realizaba su acción represiva y sus lucrativos negocios delincuenciales. Esa estructura recibió varios nombres a lo largo de su existencia y durante casi dos décadas se conoció como "La Cofradía" a una parte muy importante de la misma. Sin embargo la finalización de la guerra, la firma de la paz y el cambio de los escenarios dio lugar a la agudización de las contradicciones y los enfrentamientos entre los capos, al mismo tiempo que entendían que para sobrevivir necesitaban reestructurarse y adaptarse a las nuevas condiciones. Algunos de sus mayores esfuerzos los dedicaron a infiltrar y controlar el sistema de justicia para garantizarse la impunidad y la libertad de acción. Junto a la disputa por espacios y cuotas de poder dentro del ejército, el control del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil se convirtió en un objetivo fundamental para las mafias. La creación de numerosas empresas privadas de seguridad, legales e ilegales, les ha permito a los grandes jefes contar con varias decenas de miles de hombres armados. Cuando les resultó insuficiente el control del Banco del Ejército y del Instituto de Previsión Militar para el lavado de activos y el manejo de sus capitales millonarios, las mafias se extendieron hacia el sistema financiero nacional creando nuevos bancos y empresas financieras o tomando el control de algunos de los ya existentes. Estructuras clandestinas Dentro de los actuales modos de operación y mecanismos de acción de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, juegan un papel fundamental los métodos desarrollados y perfeccionados durante los años de la contrainsurgencia. Las amenazas y la agresión armada, los secuestros, las torturas y los asesinatos constituyen el modus operandi cotidiano de estas mafias. Aparte de los ajustes de cuenta entre ellos mismos y la eliminación de sus competidores, esas estructuras paralelas utilizan dichos métodos represivos para tratar de neutralizar a la prensa, a los activistas sociales y a los defensores de Derechos Humanos. Los grupos operativos y los sicarios que usan para amenazar y matar a sus objetivos, emplean los mismos métodos de acción de los escuadrones de la muerte que actuaron durante el conflicto armado. Los mecanismos para el control de teléfonos y correspondencia, el seguimiento de personas, el allanamiento de casas y oficinas y el uso de vehículos con placas alteradas, son los mismos procedimientos que desarrolló y pulió la inteligencia militar a lo largo de más de cuatro décadas de acción represiva. Dada la naturaleza secreta de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, es muy difícil identificarlos con precisión y conocer sus ramificaciones. Sin embargo existen muchos indicios que permiten presumir la existencia de por lo menos tres grandes estructuras o mafias principales. Una de estas estructuras clandestinas estaría dirigida por varios generales y oficiales superiores que pertenecieron a "La Cofradía" y su cabeza visible sería el general Manuel Antonio Callejas y Callejas. Una de sus principales expresiones sería AVEMILGUA. Otra de las grandes estructuras estaría encabezada por generales y oficiales que heredaron el poder y los negocios del general Carlos Arana Osorio y de una parte de "La Cofradía". La cabeza visible sería el general Francisco Ortega Menaldo y en buena medida su poder actual radicaría en el control del Estado Mayor Presidencial, de una parte de la inteligencia militar y del entorno del presidente Portillo. La otra gran estructura mafiosa sería la que se controla desde el FRG donde el general Ríos Montt es el caudillo indiscutible. Como partido de gobierno el FRG ejerce el control político y público sobre las diferentes estructuras de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y particularmente sobre determinadas estructuras y mandos del ejército. Paralelo a ese poder "legitimado" por un triunfo electoral, Ríos Montt, otros militares y algunos de los altos mandos del FRG controlan clandestinamente otras estructuras ilegales de poder. Una Comisión de Investigación La iniciativa del Procurador de los Derechos Humanos y de varias organizaciones humanitarias para crear una Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad -la CICIACS-, apunta de manera oportuna, directa y certera hacia uno de los más graves de los problemas que afrontamos en Guatemala. Dicha iniciativa ha surgido con mucha solidez en su planteamiento y con amplio apoyo internacional. Para el entorno del presidente Portillo, representado por el canciller Edgar Gutiérrez, ha resultado muy difícil rechazar la propuesta y más bien están intentando manipularla. El FRG y algunos personajes dentro del gobierno, el canciller Gutiérrez en primer lugar, empiezan a verla como una posibilidad de golpear a las mafias rivales, siempre y cuando estén seguros que no afectará al general Ríos Montt y su entorno. Que la CICIACS logre materializarse y concretar los objetivos para los que fue concebida y propuesta, dependerá del respaldo que internamente le brinde la sociedad civil y de la consistencia del apoyo internacional. Ante la gravedad de la situación en Guatemala y la obligación y responsabilidad cívica de posicionarnos para responder frente a la misma, se pueden mencionar por lo menos tres prioridades para las expresiones ciudadanas independientes y comprometidas con la construcción del Estado de derecho: - Contribuir activamente para impedir que el FRG se mantenga cuatro años más en el gobierno, aportando desde nuestros ámbitos respectivos a generar espacios e iniciativas de unidad que, eventualmente, pudieran todavía desembocar en una alianza electoral democrática. El tiempo que queda para ello es muy corto y el divisionismo existente es muy grande, pero aún así tenemos la obligación de buscar y apoyar los posibles consensos progresistas y democráticos. - Apoyar de manera resuelta la creación y el funcionamiento de la CICIACS para desenmascarar y desarticular a las estructuras clandestinas de poder. Contribuir a divulgar la información sobre esta iniciativa para generar el más amplio respaldo ciudadano que sea posible. Aportar cualquier denuncia, testimonio, información o pista que ayude a identificar e investigar esas estructuras clandestinas. - Desplegar la solidaridad activa con las distintas iniciativas y luchas reivindicativas que están en marcha y son justas y necesarias. Es necesario renovar el espíritu y las acciones de solidaridad dentro del movimiento social, tomando en cuenta el peso que han alcanzado la indiferencia y el individualismo en Guatemala. Sin embargo se hace necesario identificar las principales causas comunes y buscar diferentes formas de coordinación y complementación de esfuerzos. Las prioridades señaladas pueden ser elementos catalizadores que ayuden a aglutinar a una sociedad civil dividida y dispersa. Contribuir a alcanzar algún grado de unidad de acción, por mínimo que sea, es también una prioridad para quienes estamos comprometidos con la causa de la justicia, la democracia y la paz. * Gustavo Meoño Brenner es Coordinador del Área de Justicia y Lucha contra la Impunidad de la Fundación Rigoberta Menchú Tum