En la Guatemala de hoy más que hablar de coyuntura, que puede interpretarse como algo circunstancial o pasajero, hay que hablar de la "situación" o de la "realidad" nacional. Hay que enfatizar el carácter profundo y duradero de involución que estamos viviendo. No se trata de una visión alarmista, producto de una postura radical. Salvo los grupos que están monopolizando el poder, el resto de sectores, con toda su heterogeneidad y divergencias, coincidimos en la apreciación sobre la gravedad y profundidad de la crisis. La situación nacional es tan negativa que no podemos hablar simplemente de retrocesos, mucho menos de empantanamientos. Eso significaría brindarle al régimen algunas atenuantes que no existen en la realidad. Vamos mucho más lejos y somos categóricos al afirmar que en Guatemala se ha producido una verdadera fractura en la transición. Y esa es una afirmación particularmente grave que debemos probar y demostrar. En el caso de nuestro país entendemos por "transición" el proceso mediante el cual se debía avanzar de un régimen militarizado, genocida, autoritario, represivo, corrupto, excluyente e ilegal, a un régimen participativo, incluyente, respetuoso de los derechos humanos y, sobre todo, desmilitarizado. El inicio de la construcción de un verdadero estado de Derecho, de un régimen de legalidad. La "transición" no la entendemos ni aceptamos como el simple paso de los gobiernos abiertamente militares, a los gobiernos encabezados por un presidente civil. Esos relevos formales iniciados en 1986, con Vinicio Cerezo, Jorge Serrano y Ramiro De León formaron parte del "proyecto político de los militares". La dialéctica de la tierra arrasada, el genocidio, la pacificación mediante el terror, la Asamblea Nacional Constituyente bajo tutela militar, las elecciones y la entrega formal del gobierno a un presidente civil domesticado, está descrita, de la A a la Z en el "Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo" presentado ante la Junta Militar de Gobierno el 5 de abril y firmado formalmente el 10 de abril de 1982, al inicio del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. Todo ello está documentado hasta el detalle en el libro "Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala", de la investigadora Jennifer Schirmer de la Universidad de Harvard, publicado por FLACSO- Guatemala en 1999. La transición empezó a gestarse conforme avanzó, paso a paso, el proceso de negociaciones para la paz, entre los diferentes gobiernos y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). A medida que en ese proceso se fueron involucrando los diferentes sectores de la sociedad civil, el mismo dejó de ser una maniobra tolerada por el ejército para convertirse en una esperanza para la democratización de Guatemala. En la historia de Guatemala desde la invasión española, los Acuerdos de Paz, en su conjunto, constituyen la plataforma más completa y profunda sobre los principales problemas estructurales que aquejan al país y las soluciones viables y factibles para enfrentarlos. Durante el gobierno encabezado por Álvaro Arzú (1996-1999), la transición democrática experimentó algunos avances importantes. El proceso de las negociaciones con la insurgencia se consolidó y culminó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. Se abrieron así enormes expectativas para la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional. Con lentitud y dificultades se inició el cumplimiento de varios de los contenidos más importantes de los Acuerdos, pero con un saldo positivo durante los años 1997 y 1998. El primer gran revés se sufrió con el fracaso de la consulta popular, un fallido plebiscito que imposibilitó la realización de las reformas constitucionales previstas en los Acuerdos de Paz. En el resultado adverso de dicho referéndum se hizo evidente, entre otros factores, el papel electoral que pueden jugar en el área rural las estructuras de las ex patrullas de autodefensa civil (PAC), controladas por el ejército. Hay que recordar que, de acuerdo con cifras oficiales, durante el gobierno de facto del general Ríos Montt las PAC llegaron a estructurar, dirigir y movilizar a más de un millón de patrulleros, campesinos indígenas en su mayoría, en el centro, occidente y norte del país. Desde principios de 1999 el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz comenzó a estancarse. El triunfo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en las elecciones generales de 1999, selló el estancamiento del cumplimiento de los acuerdos y aceleró el proceso de involución. El partido del genocida Ríos Montt logró una victoria electoral apabullante, con el voto masivo en las regiones que 17 años atrás devastó con las masacres y las operaciones de tierra arrasada. La principal explicación para ese fenómeno, en el que las víctimas votan por el verdugo, está la profundidad que todavía tiene el terror en esas comunidades y el poder de coerción que mantienen las intactas estructuras de las viejas PAC, controladas desde los destacamentos militares. Sin el menor rubor, en su discurso de toma de posesión el Presidente Alfonso Portillo enarboló los Acuerdos de Paz como "compromisos de Estado" y el eje de su agenda de gobierno. El engaño duró muy poco y la demagogia no alcanzó para ocultar la verdadera naturaleza del nuevo régimen riosmontista. Muy pronto quedó al descubierto la decisión de enterrar definitivamente aquellos Acuerdos, a pesar de seguir utilizándolos en la retórica para el consumo internacional. Hasta para quienes se empecinaron en otorgar el beneficio de la duda al nuevo gobierno, está claro ahora que quien realmente ejerce el poder es el general Ríos Montt, en alianza con grupos e individuos responsables o cómplices del genocidio cometido en Guatemala. La estrategia -marcada por la remilitarización del Estado y la sociedad, se sustenta en cuatro ejes principales: la recomposición de fuerzas dentro del ejército, el control absoluto de los poderes del Estado, la consolidación de un nuevo sector del poder económico y el resurgimiento gradual del terror como elemento de control y neutralización de la sociedad. La recomposición de fuerzas dentro del ejército partió de la alianza que fraguó Ríos Montt con la franja de poder de los coroneles. Con el golpe de audacia que significó el nombramiento de un coronel para ocupar el cargo de Ministro de la Defensa al inicio del año 2000, el nuevo gobierno se desembarazó de un plumazo de todos los generales en activo. En un acto fulminante, 22 generales pasaron a retiro y una larga lista de coroneles ocuparon todas las posiciones de decisión dentro del ejército, neutralizando cualquier posibilidad de reacción de los jefes desplazados. La principal carta de negociación con los coroneles fue la garantía de impunidad y el compromiso de devolverles el poder que se les reducía en los Acuerdos de Paz. Hay que tener presente que todos los oficiales que hoy ostentan el grado de coronel y los nuevos generales, eran subtenientes y tenientes entre 1981 y 1983 durante los peores años de la tierra arrasada y el genocidio. O sea que estamos hablando de los autores materiales de esos atroces crímenes contra la humanidad. Resulta, por lo tanto, muy comprensible un compromiso de impunidad entre el principal autor intelectual y los ejecutores materiales de aquellos delitos de lesa humanidad. Por otra parte, el gobierno que domina Ríos Montt se ha cuidado de cumplir escrupulosamente con los ofrecimientos de restitución del poder disminuido. La Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) en un informe de mayo de 2002 denunció que "el despliegue actual del ejército corresponde a los tiempos de la lucha contrainsurgente". El informe agrega que "el ejército continúa desplegado, no en función de la defensa de la soberanía sino para mantener control territorial y poblacional y que en los dos últimos años, los gastos militares sobrepasaron sistemáticamente el límite del porcentaje del PIB establecido en los Acuerdos de Paz, en detrimento del gasto social". El informe confirmó las denuncias que durante mucho tiempo ha formulado la diputada de oposición Nineth Montenegro, que presidió la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Dicha diputada sacó a luz que el número de efectivos del ejército aumenta en vez de disminuir, tal como lo estipulan los Acuerdos de Paz y que el presupuesto del ejército fue aumentado en el 2001 a 1,148 millones de quetzales (unos 150 millones de dólares) mediante transferencias de los presupuestos de los Ministerios de Salud y Agricultura, entre otros. Lo mismo ha venido ocurriendo en este año 2002 en el que a pesar de que el presupuesto militar se aumentó a 1,188 millones de quetzales, esa ÀzÈÄ