Han transcurrido dos semanas desde que Ollanta Humala asumiera el cargo, una corta etapa en la que el nuevo gobierno ha emprendido una serie de medidas de emergencia destinadas a hacer viable su gestión en casi todos los sectores. Una de ellas, la atención a los conflictos socioambientales, los cuales fueron el talón de Aquiles para el gobierno anterior, que no supo o no quiso sopesar este problema ni entenderlo en su real dimensión.

 

Sin embargo, las acciones inmediatas de la administración Humala parecen seguir la dinámica del mea culpa del gobierno de Alan García: “no hemos sabido prevenir oportunamente los conflictos socioambientales”, se excusaba el anterior mandatario, cada vez que un conflicto rebasaba el control policial o militar. El resultado: más de un centenar de fallecidos entre civiles, militares y policías, por la terquedad de imponer actividades económicas que no guardan relación con la vida de los pobladores que reclaman ser escuchados y entendidos.

 

Ahora, desde el gabinete ministerial presidido por Salomón Lerner se ha anunciado el impulso de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha nominado a Víctor Caballero como jefe. Las preguntas que rondan en las organizaciones indígenas, campesinas y agrarias son: bajo qué criterio intervendrá esta oficina, cuáles serán los alcances de su competencia y hasta qué punto podrá resolver o prevenir los conflictos. Preguntas centrales si consideramos que en ningún momento ni el gobierno anterior ni el actual se han referido a las principales causas de los conflictos socioambientales.

 

Para empezar, hay que dejar claro que los pueblos y comunidades indígenas no sólo piden un diálogo sobre un problema específico. Lo que quieren es sentarse con el gobierno hasta que sus demandas sean entendidas. Esto implica que el gobierno de Humala debe comprender que los pueblos indígenas están reclamando el reconocimiento territorial –territorio entendido como un espacio de vida, no sólo suelo, subsuelo y aire–, lo cual pasa por la titulación de más de 1700 comunidades nativas en la amazonía; el reconocimiento de su propio modelo de desarrollo o planes de vida, que no prevén actividades extractivas a gran escala; la promulgación de la ley de consulta, aprobada por el Congreso el 19 de mayo del 2010; una política agresiva en seguridad con soberanía alimentaria; la anulación y modificación de algunas leyes que fueron promulgadas sin la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. En síntesis, reconocer a los pueblos indígenas territorialmente y no solo identificarlos como simples comunidades culturalmente diferenciadas o apenas identificadas en un mapa etnolingüístico.

 

La dimensión de las demandas es tal que éstas no pueden ser resueltas por una oficina de prevención de conflictos. Se necesita –y con urgencia– una política integral, multisectorial, que involucre a todos los sectores del gobierno. Si la respuesta a los conflictos socioambientales se reduce a una simple “voluntad de diálogo”, sin tener en cuenta las demandas descritas, pues los conflictos no sólo se mantendrán sino se incrementarán, tal vez con mayor velocidad que durante el gobierno de García (periodo en el que pasaron de 83 en 2006 a 227 en 2011, de los cuales casi la mitad socioambientales), porque el actual gobierno en su campaña prometió atenderlos y solucionarlos. Por consiguiente, las esperanzas son enormes y las desilusiones pueden ser fatales: provocarían más convulsiones sociales similares a las de Bagua (junio 2009) o el reciente escenario del levantamiento del pueblo aymara (junio 2011).

 

Además, hay que advertir que el gobierno de García no consideró y en cambio obvió la institucionalidad de la representación de los pueblos y comunidades indígenas, para dialogar directamente con los representantes comunales de los pueblos indígenas, con el supuesto objetivo de armar un plan de desarrollo desde la visión de los propios pueblos. Este mecanismo de sobrepasar la representación de las organizaciones ha generado mayores conflictos, puesto que quienes inciden y están en permanente diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo son precisamente los representantes de las organizaciones de carácter nacional y no los presidentes y lideres locales de las comunidades indígenas. Se hace necesario darle una mayor organicidad al tantas veces manoseado Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), hoy adscrito al Ministerio de Cultura, quien tiene que garantizar el respeto por la institucionalidad de los pueblos y comunidades indígenas.

 

La pregunta final es si este escenario es entendido por los asesores gubernamentales y si el mismo les garantiza condiciones mínimas para crear espacios de diálogo y concertación con las propias organizaciones indígenas, a fin de definir los aspectos centrales de sus demandas. De ser así –como todos esperamos– la cuestión central es si cada ministerio está dispuesto a ceder, teniendo en cuenta la pluralidad de pensamiento de sus titulares. Tema más que preocupante, porque pese a esa aparente diversidad ideológica, todos han reiterado que no cambiarán el modelo económico y el curso de crecimiento de la economía nacional, que precisamente se ha dado bajo el patrón de las exportaciones de materias primas, básicamente polimetálicas e hidrocarburos, que son la madre de todos los conflictos.