El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas).  La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.

 

¿Cómo se llegó a esta situación?  Desde el 2008, los pueblos indígenas de la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.

 

Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.

 

Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC.  La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.

 

 

La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori.  Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.

 

¿Cuál es el meollo del asunto?  La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.

 

Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.

 

A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera.  Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.

 

Esta realidad no sólo se da en el Perú.  Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.

 

En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros.  En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas.  Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares.  Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados.  Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.

 

Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.

 

 

En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras.  En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche.  Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.

 

En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas.  También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades.  Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar.  Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.

 

Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos.  El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas.  Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía.  A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.

 

Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja.  En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.

 

Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás.  Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios.  Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.

 

En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo.  En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora.  Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.

 

Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan.  Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton.  Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.

 

 

Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer.  En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones.  Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.

 

Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones.  En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.

 

Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.

 

Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia.  Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.

 

Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.