Bolivia

“Bajo el manto de la democracia se incuba la dictadura”

Pavel Valer Bellota

20/10/2003

Opinión

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Bajo el manto de la democracia se incuba la dictadura en Bolivia– explicó la ex Defensora del Pueblo Ana María Campero- para iniciar una huelga de hambre en La Paz junto con otros conocidos intelectuales, miembros de la iglesia y artistas, sumándose a las protestas del pueblo boliviano que han obligado a su ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada a huir del país. Los 89 muertos, entre ellos varios niños, desde que el gobierno decidió militarizar el barrio popular El Alto cercano a la capital; los cientos de heridos de bala, patada y cachiporra que ha causado el despliegue de las fuerzas combinadas del ejército y la policía contra ciudadanos que protestaban; el allanamiento de domicilios; la incautación de periódicos y el cierre de radioemisoras; la perseverancia hasta el abismo del ex Presidente boliviano en continuar un proyecto de exportación del gas contrario a las demandas de los ciudadanos; y los pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos; le conceden razón a la ex Defensora.

El detonante de la explosión social ha sido la persistencia del ex presidente de exportar el gas natural construyendo un gasoducto de 800 kilómetros que lo llevaría desde los yacimientos bolivianos en Tarija hasta el puerto de Mejillones en Chile, y de allí a los Estados Unidos y a México, dejando para el país solamente los impuestos -cada vez más chicos- que producirían las gigantescas ganancias de las empresas de capitales españoles, ingleses y norteamericanos Repsol-YPF, British Gas y British Petroleum, descartando para Bolivia la posibilidad de generar una industria del gas. Además, Chile tiene un mal precedente en la memoria histórica popular boliviana debido a que arrebató a Bolivia territorios que le permitían la salida al mar luego de la penosa Guerra del Pacífico en 1879.

Sin embargo, el gas ha sido solo un disparador de la protesta, los inconvenientes son más de fondo. Son problemas que tienen que ver con el programa económico, con la organización del poder, con la discriminación e inequidad que ha cometido el Estado con importantes sectores de la población y con los pueblos indígenas. Se ha agotado un modelo económico, social y político; y este agotamiento esta produciendo sufrimiento a los bolivianos que no han visto otra salida que protestar contra un sistema que no ha solucionado sus problemas más cotidianos.

Después del grave proceso de crisis económica de los 80, los gobernantes bolivianos prometieron que la aplicación de políticas de ajuste estructural y de apertura irrestricta de los mercados, la economía del libre flujo de capitales y la atracción de inversión extranjera directa, serían buenos motores para el desarrollo. Pero se han equivocado. Los procesos de privatización de la economía han dejado al Estado sin fuentes de recursos obligándole ha acrecentar su deuda externa para atender las necesidades de su población, han privilegiando al capital transnacional y desfavorecido a la mayor parte de sus ciudadanos. La Organización de los Estados Americanos en un informe de Febrero de 2003 ha constatado que los sectores menos favorecidos de la sociedad boliviana no han podido beneficiarse de los frutos del crecimiento o han salido damnificados por el bajo crecimiento de la economía. La pobreza en la que vive más del 50% de los bolivianos, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano no han mejorado significativamente. Todo sigue igual para ellos, o peor.

Existe en Bolivia una brecha entre ingresos y gastos de la Administración de alrededor de 240 millones de dólares (euros). El gobierno ha tratado de llenar este déficit con la reducción drástica del gasto público y la congelación de los salarios, pero no ha sido suficiente. Por eso, los ingresos por la exportación del gas eran cuestión de vida o muerte para la viabilidad del régimen, que contaba con un minúsculo 9% de aprobación en las encuestas.

Y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada ha escogido la opción de la muerte. Una vez que la revuelta popular lo había colocado en la disyuntiva de negociar con los ciudadanos, o de reprimir violenta e indiscriminadamente las protestas, el presidente ha escogido la segunda opción. Los resultados son de espanto. Las 89 muertes, de las cuales la mayor parte se ocasionaron el 11 y 12 de octubre coincidiendo casualmente con la vergonzosa celebración del "día de la raza", han sido mayormente de indígenas aymaras y quechuas, humildes trabajadores pobladores de El Alto, mineros que marchaban hacia La Paz.

El gobierno y las instituciones bolivianas han estado siempre en manos de un grupo minoritario "blanco" que denigra y desprecia las expresiones culturales, étnicas y raciales indígenas. Los pueblos indígenas quechuas, aymaras y guaraníes son la población mayoritaria de Bolivia, y son también los más pobres: el 80% de quienes viven en áreas rurales está bajo el nivel de la pobreza. Esta situación es insostenible. Por eso, estos pueblos indígenas desde los años 90 se han organizado y han irrumpido en el escenario político con nuevos partidos como el Movimiento Indio Pachakutiq y el Movimiento al Socialismo que cuentan con el 20% de los miembros del Congreso. Han sido las organizaciones de campesinos las que han encendido la llama de la protesta contra la exportación del gas al percibir que la participación en las instituciones democráticas, a pesar de su importancia, han sido insuficientes para encaminarse en las sendas del desarrollo sostenible y con equidad, al percibir que su voz no era escuchada, al sentir un divorcio entre el significado político de la democracia y la democracia que en verdad se practica en Bolivia.

La democracia en Bolivia es una democracia de las alturas del poder. El régimen democrático recuperado en 1982 gracias a la presión popular, después de un largo período de regímenes dictatoriales ha instaurado un proceso de gobernabilidad edificado sobre pactos políticos entre los representantes de los partidos, en el Congreso y en el Ejecutivo, para aprobar las reformas estructurales económicas e institucionales. Bolivia fue pionera en este tipo de reformas que se han implementado el conjunto de las veces sin tomar en cuenta las opiniones de la mayor parte de los ciudadanos sobre el destino de sus riquezas, priorizando los intereses de las grandes empresas como si fueran intereses "nacionales". Los resultados de este tipo de democracia no son muy alentadores: ha aumentado la inequidad, no se ha reducido la pobreza, hay gran exclusión social y económica. Esto ha terminado socavando la confianza pública, la estabilidad social y política, el respeto al estado de derecho, el imperio de la ley y los derechos humanos. Este tipo de democracia es inviable.

En su huida el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada se ha llevado una maleta llena de una forma de entender la democracia. Ha sido derrotada la "democracia" de baja intensidad, con instituciones y sin ciudadanos, que pretendía entender que un gobierno puede lograr estabilidad de las instituciones democráticas sin tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos. Ha sido abatida la "democracia" autoritaria que impone las decisiones de las instituciones "democráticas" sobre las decisiones y voluntad del pueblo aún a costa de las más condenables formas de violación de los derechos humanos.

La Carta Democrática de la OEA, institución que ha sido mal utilizada -debido talvez a su apresuramiento- por el depuesto gobernante, ha establecido que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. No es posible imponer decisiones en las alturas de las instituciones - inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos- a un pueblo que ha comprendido que tiene dignidad y derechos, que ha comprendido que la soberanía implica que Bolivia y sus recursos deben ser para los bolivianos y deben servir para su desarrollo sostenible y no solo para procurar súper ganancias a grandes empresas en desmedro de bienestar popular, no es posible imponer voluntades ajenas a un pueblo que ha comprendido que puede ser dueño de su destino y que es capaz de decidir sobre lo que le perjudica y lo que le favorece.

País Vasco, 21 de octubre de 2003.

Pavel Valer-Bellota es abogado, investigador sobre Gobernabilidad y Garantías.

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