Respaldo internacional
Pueblos originarios vs. Transnacionales
30/04/2011
- Opinión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en favor de una comunidad mapuche de Villa La Angostura. Un triunfo para los pueblos originarios latinoamericanos afectados por la explotación económica y política.
La instalación de grandes industrias transnacionales en Latinoamérica no es sólo una consecuencia económica de una década de medidas neoliberales de internacionalización del consumo. Es también la principal amenaza a la protección de la vida y la identidad de cientos de pueblos originarios.
En Argentina, este proceso de extranjerización económica, que fue profundizado por decisiones políticas adoptadas durante la década de 1990, supuso la expropiación de tierras a comunidades milenarias y el desaprovechamiento de recursos naturales, lo cual provocó pobreza, desprotección y desigualdad social que aún presentes.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao” fue la resolución tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de abril último.
La medida cautelar fue solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODPHI) tras comprobar la represión a la comunidad, la judicialización de sus protestas y alertar sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena.
El observatorio definió la situación provincial como de “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo mapuche tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias, etc.
Juan Manuel Salgado, director del ODPHI, expuso: “Nosotros hemos denunciado ante la CIDH la persecución que sufre la Paichil Antriao, por parte del juez Jorge Videla, del fiscal y de los empresarios privados que quieren apropiarse de las tierras, junto con la benevolencia del gobierno municipal y provincial”.
La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre tierra indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial.
En 2008, dos integrantes de la comunidad fueron acusados de “destruir” el automóvil de Martín Bianchini, un empresario que se decía propietario de las tierras, en un hecho ocurrido en 2005, cuando Bianchini se presentó en el lugar con la intención de alambrar el territorio. Ante esta actitud, los Paichil Antriao sostuvieron que fue el empresario y sus colaboradores quienes comenzaron con los ataques. "Agredieron primero a una mujer y los hechos de violencia fueron respuesta de eso", aseguró en esa oportunidad Miriam Hurra, vocera de la comunidad.
En noviembre de 2009 parte del pueblo sufrió un desalojo a partir de la orden del juez Jorge Videla, luego de un fallo a favor del empresario William Henry Fisher en una causa civil que promovió el particular para recuperar la posesión del lote de la comunidad.
La recientemente tomada días atrás por la CIDH instó al gobierno nacional a implementar“medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao”.
El dictamen también protege el rewe (sitio sagrado comunitario): “quienes quieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales pueden hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”.
La CIDH solicitó, además, que se adopten las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao celebró la decisión del organismo internacional y denunció al gobierno provincial por complicidad con los empresarios. A la vez, se mostró dispuesto a dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten sus derechos con respecto al territorio ancestral.
La resolución se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches por defender su territorio.
Panorama Latinoamericano. Es tendencia entre los gobiernos latinoamericanos la implementación de políticas de protección a los derechos humanos bajo el amparo de un orden jurídico de constitucionalismo social.
Un ejemplo de ello es la ordenanza 108-2011-GRJ/CR publicada por el Gobierno Regional de Junín, Perú, mediante la que se ordena a las empresas privadas, y a sus concesionarias que pretendan realizar actividades de prospección, exploración y explotación de recursos naturales en territorios indígenas y campesinos; cumplir y hacer cumplir los derechos de los pueblos originarios. Se interpela, entre otros, a la consulta previa, el derecho a compartir beneficios que reporten la explotación de recursos naturales y el derecho a participar en la administración y conservación de los recursos naturales explotados.
“Es muy especial la relación de los pueblos indígenas con sus territorios y sus bienes naturales, como sustento de su cultura, identidad y forma de vida, y como fuente de todos sus derechos”, recalca un reciente informe elaborado por la misma CIDH, titulado “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Para esa Comisión, la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra.
La Corte Interamericana, a su vez, subrayó que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.
APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
https://www.alainet.org/es/active/46260
Del mismo autor
- Contra el legado pinochetista 03/07/2011
- Cuando el silencio se vuelve legítimo 06/05/2011
- Pueblos originarios vs. Transnacionales 30/04/2011
- A un año del derrame 30/04/2011
Clasificado en
Clasificado en:
