"El gobierno de Guatemala parece condenado a repetir los errores del pasado, en lugar de tratar de enfrentarse a las estructuras y los individuos responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado", ha dicho hoy 16 de julio Amnistía Internacional, tras conocer el fallo de la Corte Constitucional que permite al general Efraín Ríos Montt presentarse a las elecciones presidenciales. El general Ríos Montt ocupó la presidencia del país en uno de los periodos más sangrientos del conflicto armado de Guatemala y, junto con otros ex miembros de su alto mando militar y los del ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), está siendo procesado en su país por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos el de genocidio. "Ríos Montt está implicado en miles de homicidios, "desapariciones" y casos de tortura que se cometieron durante su mandato como presidente. La aprobación de su candidatura es un insulto para sus víctimas y un mal augurio para la transición guatemalteca tras el conflicto", ha declarado Amnistía Internacional. Cuando el país se prepara para las elecciones generales de noviembre, la violencia política ha entrado en acción a toda máquina. En las últimas semanas, grupos de derechos humanos han denunciado una campaña sistemática de amenazas de muerte y actos de intimidación contra activistas de partidos y periodistas independientes. Cada vez son más los testigos, abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos que se ven obligados a huir al exilio. "Este panorama de violencia resulta inquietantemente similar a la represión que tuvo lugar en el sangriento y brutal pasado de Guatemala", ha dicho la organización. Dando un paso atrás más, el proceso reforma de los servicios de información en Guatemala también se está viendo obstaculizado por la falta de voluntad para romper con el pasado. Actualmente el gobierno guatemalteco está estudiando las leyes que establecerán los parámetros por los que se regirá la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). La SAAS es el órgano civil que sustituirá a una de las unidades de información militar más tristemente famosas: el Estado Mayor Presidencial (EMP). "Nos preocupa mucho que las reformas legislativas propuestas diseñen un marco que, aunque civil en teoría, en la práctica conserve características similares a las estructuras de inteligencia militar del pasado. Esta reforma para la galería sería inaceptable", afirmó Amnistía Internacional. Amnistía Internacional insistió en que el organismo que sustituya al EMP debe asegurarse de que todas las estructuras de información militar se subordinan a la supervisión civil, e iniciar un proceso para identificar a los agentes del EMP implicados en abusos contra los derechos humanos, separarlos de su puesto oficial y ponerlos a disposición judicial según disponen las leyes guatemaltecas e internacionales. "Sin estas medidas, se corre el riesgo de que la sustitución del EMP sea un mero 'reciclaje' de su represión en una nueva unidad que perpetúe el círculo vicioso de violencia e impunidad." Además, la semana pasada, al día siguiente de reiterar ante el enviado especial de las Naciones Unidas en Guatemala su compromiso de suprimir el EMP, se supo que en junio de 2003 el presidente Portillo aprobó una nueva transferencia bajo mano de 14 millones de quetzales (unos dos millones de dólares estadounidenses) a este organismo desde otras instancias gubernamentales. "El hecho de que el presidente Portillo continúe canalizando fondos hacia el EMP, a pesar de sus promesas de suprimir esta unidad, revela una incoherencia realmente impresionante entre sus palabras y sus actos", ha señalado hoy Amnistía Internacional. El gobierno de Guatemala también parece estar aprovechándose del clima de violencia existente en el país para justificar nuevas medidas de militarización. Desde el 11 de julio, violando una vez más los Acuerdos de Paz de 1996, más de 300 soldados han actuado en fuerzas combinadas con la Policía Nacional Civil para desempeñar funciones policiales en la capital del país, Guatemala. "Amnistía Internacional ¾ha subrayado la organización¾ pide a los candidatos a las elecciones de este año que se comprometan a dar un giro a la desastrosa orientación que el país ha tomado en temas de derechos humanos y dar marcha atrás en los peligrosos avances hacia la remilitarización." "Si los líderes políticos de Guatemala no actúan de forma clara y valiente, los guatemaltecos continuarán sufriendo las secuelas del sangriento legado del país." Información general A pesar de que en teoría la Constitución le prohíbe presentarse a candidato presidencial por haber participado en 1982 en un golpe de estado, la Corte Constitucional de Guatemala falló el 14 de julio que el general Efraín Ríos Montt podrá presentarse a las elecciones presidenciales de noviembre de 2003. Este fallo anula todos los anteriores de otras instancias judiciales guatemaltecas, incluida la Corte Suprema. Siendo su misión oficial la seguridad del presidente y el vicepresidente, el EMP, a menudo en colaboración con delincuentes comunes y grupos de seguridad clandestinos, ha llevado a cabo tareas de vigilancia, hostigamiento y ejecuciones extrajudiciales de importantes figuras del movimiento de derechos humanos, como el obispo Gerardi y la antropóloga Myrna Mack. Los Acuerdos de Paz de 1996 exigían su supresión, pero más de seis años después el presidente Portillo ha vuelto a incrementar su presupuesto. Portillo ha prometido reiteradamente que el EMP será sustituido por una nueva unidad el 31 de octubre de este año.