Colombia

Continúa debate sobre cementerios de NN y crisis humanitaria en los Llanos orientales

Maureén Maya

19/09/2010

Opinión

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Graves denuncias se hicieron en el debate de control político en el Senado de la República

Con aplazamientos, inasistencia por parte de los ministros citados, falta de quórum y una fuerte campaña de desprestigio, el pasado 14 de septiembre, se llevó a cabo el segundo debate sobre crisis humanitaria en los Llanos Orientales y cementerios de NN en el Meta y Guaviare en la plenaria del Senado. El debate fue convocado por la senadora Gloria Inés Ramírez y el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro; ambos de la bancada del PDA.

Las posiciones que se evidenciaron a lo largo del debate, que duro poco más de cuatro horas, no sorprendieron a nadie. Los convocantes presentaron pruebas contundentes sobre la grave situación de vulneración a los derechos humanos que afronta la región y llamaron a los entes judiciales para que investiguen las denuncias recibidas. Los representantes del Gobierno citados al debate, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y la viceministra de Relaciones Exteriores, quien excuso la inasistencia de la Ministra, una vez más, ratificaron su voluntad por esclarecer estos hechos y el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos humanos. Los dos ministros presentes quisieron centrar la discusión en el tema de las cifras tratando de minimizar la tremenda realidad expuesta por los parlamentarios y dejando pasar por alto lo substancial del debate. El ministro Rivera realizó una elocuente defensa de la pulcritud y profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Colombia y declaró que una cosa era el homicidio en persona protegida y otra muy diferente un “falso positivo”. Las instituciones, el congreso, los batallones no delinquen; lo hacen los individuos, señaló Rivera, y para ellos se aplica la ley con todo rigor.

Quizás lo único sorprendente del debate, y que debería servir para producir un profundo cuestionamiento social desde la construcción y sustento de nuestra propia historia, fue evidenciar que la realidad que viven estos departamentos, es mucho más grave de lo que informan los medios de comunicación. Lo expuesto por los parlamentarios sólo sería la punta del iceberg de una cadena de acciones criminales que poco a poco empieza a ser revelada al país y que demuestra la crueldad del conflicto armado, la ligereza con la cual se toman las denuncias que sobre infracciones a los derechos humanos presentan las víctimas y las pocas garantías con las que cuentan para procurarse una vida digna, larga y con reales opciones de justicia y desarrollo.

La senadora Gloría Inés Ramírez demostró durante su exposición, no sólo su ya conocida coherencia política, sino que además, el valioso respaldo documental con el que logra soportar cada una de sus aseveraciones. Su análisis sobre el manejo de la información con la exposición de un caso bastante elocuente, además de resaltar la falta de responsabilidad social en la que incurren algunos medios y su corresponsabilidad en el desarrollo de esta guerra fratricida, deja entrever que la construcción de una opinión pública con base en la desinformación o en el uso maniqueo de la noticia, produce efectos distorsionantes que alteran las relaciones sociales y debilitan la democracia.

Por su parte, el representante Iván Cepeda logró combinar con impecable acierto su esencia humanista, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su iNNegable vocación política.

No hay duda de que Iván Cepeda, poco a poco se consolida como un político brillante y uno de los principales dirigentes de la oposición en Colombia. Incluso podría convertirse en la figura más emblemática y destacada dentro de su colectividad. Para algunos sectores, desde ya empieza a ser considerado como el congresista más sobresaliente, no sólo de la oposición sino de todo el parlamento colombiano.

“Al hablar de conflicto se entiende que existen normas para la protección de los civiles” Gloria Inés Ramírez

La senadora Ramírez inició su debate condenando la acción militar de las FARC en Doncello Caquetá, en la que se emboscó a una patrulla de la policía causando la muerte de 14 agentes. “Acciones como éstas demuestran la degradación del conflicto colombiano” puntualizó.

Luego de referirse a la importancia de lograr un Acuerdo Humanitario que ponga fin al sufrimiento prolongado que soportan las familias de los secuestrados y exigir el cumplimiento de las normas que impone el Derecho Internacional Humanitario en situaciones de conflicto interno, solicitó que se exploren las distintas alternativas que existen para lograr una salida política negociada al conflicto armado que ponga fin a la guerra en Colombia.

La Senadora también declaró que así como condena las acciones deshumanizadas de las FARC, también lo hace con quienes atrincherados en las columnas de los periódicos disparan contra la honra y buen nombre de personas. “Me refiero al ex asesor del presidente Uribe, a José Obdulio Gaviria, quien el pasado 31 de agosto en su columna titulada “Alertas Tempranas 1” lanzó calumnias e improperios contra los organizadores de la Audiencia pública de La Macarena, realizada el pasado 22 de julio”

Si bien señaló que no era de su interés malgastar el tiempo del debate para responder a sus sandeces, si expreso su malestar y su enérgico rechazo a las groseras sindicaciones hechas por Gaviria, quien los acusó de pertenecer al PC3, de actuar políticamente con base en un guión fariano y de tener alguna relación con las presuntas amenazas que afirma haber recibido.

“Esperamos que este Gobierno cumpla con su palabra de darnos garantías para ejercer la oposición”. Una de estas garantías sería remover de su cargo al actual director del DAS, Felipe Muñoz, acusado recientemente de ocultar pruebas sobre las chuzadas. “Hoy (los del Polo) nos sentimos chuzados, hostigados y perseguidos” dijo la Senadora. De hecho durante su último debate como congresista, el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro afirmó que la discusión sobre ‘las chuzadas’ supera por mucho las interceptaciones telefónicas.

“Con sus hostigamientos, torturas, amenazas y asesinatos, el Gobierno estaba cometiendo violaciones generales y sistemáticas contra el Polo, y otros sectores sociales y políticos contrarios al uribismo. […] Las persecuciones del Gobierno son crímenes de lesa humanidad que por su gravedad son imprescriptibles y pueden ser condenados por la justicia internacional” advirtió.

El objetivo del debate de control político, según señaló la senadora Ramírez, es exponer hechos y denuncias que recibieron quienes participaron en el desarrollo de la Audiencia de La Macarena. “Escuchamos la voz de las comunidades, sus denuncias y relatos que dan cuenta de la crisis humanitaria que se vive en los Llanos orientales”. Se registran casos de victimas de desaparición forzada y falsos positivos, se presume la existencia de 1.632 o más cuerpos sin identificar sepultados en cuatro cementerios sin protocolos ni aplicación de las normas internacionales y leyes nacionales sobre esta materia. La gran mayoría de quienes yacen en estos campos en calidad de NN., fueron entregados por el ejército y presentados como muertos en combate.

La Senadora propuso centrar su debate en tres temas polémicos: Las cifras de NN las detenciones masivas y las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre el tema de las cifras, confirmó que el dato sobre los 2.000 cuerpos que se encontrarían en el cementerio de La Macarena, provino de un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación como producto de una inspección y trabajo de campo preliminar realizados por sus investigadores. Negándose a sostener la polémica en este sentido, declaró que aun cuando no existe unanimidad entre los organismos que investigan el caso y cada cual habla de cifras distintas, lo cierto es que sean 2000 o 500 y 1.600 se trata de una realidad preocupante que merece, no sólo la acción decidida de las autoridades respectivas, sino que también demanda la atención de toda la sociedad colombiana.

La falta de registros, la deficiencia en los mecanismos judiciales de control y la información parcial que entrega el Ministerio de la Defensa, impiden que se tenga claridad sobre la cantidad de personas que reposan como NN en estos cementerios, y sobre las causas de las defunciones. Si a ello se suma un interés por ocultar la existencia de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que habrían sido sepultadas como NN, la situación se hace aún más dramática.

La falta de información de los casos es de enorme preocupación, dijo Ramírez; y más aún cuando se reconoce la práctica extendida de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Miles de víctimas de asesinato han sido presentadas como guerrilleros muertos en combate, en varios casos se alteró la escena de los crímenes para simular enfrentamientos armados, y las investigaciones han sido asumidas por la Justicia Penal Militar. Hoy pese a los procesos que adelanta la justicia ordinaria sigue imperando la impunidad.

La Senadora recordó que Philip Alston, relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, durante su visita a Colombia en el 2009, afirmó que los asesinatos a sangre fría de civiles inocentes por parte de miembros de las fuerzas armadas –realizados con premeditación y fines de beneficio-, también conocidos como falsos positivos, responden a mucho más que casos aislados o ‘manzanas podridas’, como sostiene el Gobierno Nacional”. No se trata de hechos aislados sino de una acción de exterminio sistemática que compromete a varios miembros de las fuerzas militares.

Según los testimonios que recibieron los organizadores de la Audiencia de La Macarena, se han producido varias decenas de asesinatos de campesinos, trabajadores y personas de la región que habrían sido ejecutadas por efectivos de la fuerza pública. Ya la Fiscalía General de la Nación reconoció cinco casos de falsos positivos, que habían sido sepultados como NN, informó la Senadora.

De los 507 cadáveres ubicados en el Cementerio de La Macarena en zona restringida, 81 fueron plenamente identificados y 12 fueron entregados a sus familiares. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a partir de los testimonios de las familias entrevistadas, encontró indicios que revelarían -por ahora- la existencia de tres casos de falsos positivos sepultados en el mismo cementerio.

Detenciones masivas

En un artículo del diario El Tiempo, publicado con el titular “Cierran cerco al mono Jojoy”, se habló de la detención de 22 supuestos guerrilleros. El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, Javier Alberto Flores, afirmó que el operativo se cumplió en inmediaciones del casco urbano de Caquetá. Los detenidos fueron presentados como parte del anillo de seguridad del mono Jojoy, y habrían sido señalados por el desmovilizado Franklin Pérez Díaz. Así reposa en el oficio No 54 de la FUDRA. Sin embargo, tiempo después de publicada la noticia, Pérez se retractó de sus denuncias y confesó haber señalado a miembros de la comunidad a cambio de una oferta de dinero y beneficios. En su nueva versión hizo referencia a la existencia de otros casos de falsos positivos que habrían sucedido en el Meta. El 30 abril 2008 sostuvo ante los estrados judiciales, que en La Macarena habían asesinado a unos muchachos que no tenían nada que ver con guerrilla. “Ahí me hicieron declarar porque estaban embalados con ellos y que si decía que eran guerrilleros me ayudaban económicamente…, esto fue en el batallón. Luego dijo que para dar falso testimonio la Dijin le pagó un dinero y que las negociaciones se realizaron en tres reuniones, una en La Macarena, otra en el fuerte Militar de Fortalecilla en Neiva y una más en Bogotá. Le habrían ofrecido veinte millones de pesos.

“Esto demuestra la manera como de forma perversa se manipulan los testigos para acusar a inocentes” concluyó la senadora Ramírez.

El juez del caso, tras 17 meses de prisión injusta, decidió absolver a los detenidos el 5 de abril 2010, al considerar que no existían los suficientes elementos probatorios para su arresto; sólo declaraciones imprecisas y contradictorias suministradas por 5 testigos, que luego se retractaron y confesaron haber denunciado falsamente a cambio de promesas económicas que nunca se cumplieron.

Trece días después de haberse retractado ante la justicia, Pérez Díaz fue asesinado. Los otros cuatro denunciantes corrieron la misma suerte. Ahora, ¿Quien responde por la dignidad de los pobladores de La Macarena, injustamente estigmatizados y señalados de ser milicianos o colaboradores de la guerrilla? preguntó la Senadora. ¿Qué paso con los medios de comunicación que le dieron tanto despliegue a la noticia sobre el supuesto cerco al anillo de seguridad del Mono Jojoy? ¿Por qué la absolución de los detenidos no tuvo el mismo impacto noticioso ni fue publicitado de igual manera y no se informó al país sobre este atroz montaje?

¿Quién pagará los costos de la demanda que ya han interpuesto las víctimas por su derecho al buen nombre que les fue vulnerado? En los últimos 8 años, según datos que suministra el ministerio de la Defensa, por sentencias de conciliación, el Estado ha tenido que cancelar más de 3.900 millones de pesos. Un estimativo sobre los costos del total de los procesos que se siguen tras la absolución de personas falsamente sindicadas de pertenecer a alguna estructura guerrillera y haber sido objeto de detenciones arbitrarias, indica que la cifra ascendería los 80 mil millones de pesos.

A este costo, se debe sumar las demandas que por ejecuciones extrajudiciales empiezan a hacer las familias de las víctimas. En un informe presentado por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia Europa se revela la existencia de 3.183 víctimas de falsos positivos. El relator especial, Philip Alston reconoció que de ese total, 235 casos se registraron en el Meta, departamento con fuerte presencia militar. “La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98.5% según fuentes creíbles, es demasiado alta”[1]. “A mí me parece claramente que se trata de una política del Estado porque si no, no hubiera estado plasmada en la directiva 29”[2]

Otro tema preocupante, que confirma la existencia de una profunda crisis humanitaria en los llanos orientales, tiene que ver con el fenómeno del desplazamiento forzado. Un informe oficial sobre estadísticas del desplazamiento entre mayo del 2002 y mayo del 2010 revela que 55.495 personas fueron desplazadas en el Meta

Municipio	No. de desplazados
La Macarena	5.626
Puerto Rico	11.565
Mesetas	5.540
San Juan de Arama	4.149
La Uribe	5.542
Vista Hermosa	23.073

Llama la atención el caso de Vista Hermosa. No sólo por tratarse del municipio que mayor desplazamiento registra sino porque su población total es de 21.194 personas. Ello indica, según la Senadora, que se ha producido un fenómeno de repoblamiento; quizás como efecto de desplazamientos internos a causa del conflicto armado, el bloqueo alimentario, las fumigaciones y la violencia sexual, entre otros.

http://www.dhcolombia.info/IMG/jpg_violar_guerrillera.jpg

Una imagen, propiedad del Movice, fue presentado por la Senadora como evidencia de la degradación del conflicto colombiano y en alusión a la violencia sexual. En la pizarra se leen las instrucciones para violar a una guerrillera.

La actual presencia de distintos grupos paramilitares en la región es inocultable. Allí operan el Bloque Centauros, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista (Erpac), comandado por el desmovilizado paramilitar, Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, las Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, el legendario Víctor Carranza, la banda de “Los Comba”, que destronaron al narcotraficante Wílber Varela, asesinado en Venezuela en enero de 2008 y también tiene su centro de operaciones Daniel ´El Loco Barrera´.

Según la policía, el Loco Barrera y Los Comba son hoy los nuevos capos del narcotráfico y dueños de las rutas de exportación del alcaloide hacia México y Europa.

A la fuerte presencia narcoparamilitar, se suma, la de las FARC. Los frentes que harían presencia en esta región, según las autoridades, serían, los frentes 7, 43, 53 16, 28, 39.

La acción militar por parte del ejército nacional también es bastante activa en esta región. Allí tienen base la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, compuesta inicialmente por la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y cinco brigadas móviles, con puesto de mando en el municipio de La Macarena. En el 2008 se creó el Comando Específico del Caguán (CEC), con tres brigadas móviles y puesto de mando en San Vicente del Caguán (Caquetá), y en el 2009, se formó el Comando Específico del Oriente (CEO) con tres brigadas móviles y sede en el municipio de San José del Guaviare. A este fuerte componente militar, ser agrega la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (Fucad).

En el Meta tienen base el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 21 Batalla Pantano de Vargas y las brigadas Móviles No 4, 12 y 9. En San José del Guaviare operan el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 19 General Joaquín Paris, la Brigada Móvil No. 7 del CEO, la Brigada Fluvial de los ríos Guaviare, Meta y Caquetá y la Brigada de Selva No 22.

No es aventurado afirmar que en esta zona fuertemente golpeada por la violencia, podría haber más presencia de uniformados que de población civil.

La maldición de la riqueza natural

Un factor determinante de la violencia que sacude esta zona tiene que ver también con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos mineros. Además del petróleo, importantes yacimientos de coltán, más conocido como el “mineral de la muerte” o “mineral sangriento” se encontrarían en esta región. Aun cuando el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, aseguró en La W Radio el 23 de noviembre de 2009, que no hay ninguna empresa que esté extrayendo ese mineral en el país, lo cierto es que la incautación de 17.829 kilogramos de coltán en enero de este año, en una vivienda del barrio La Primavera del municipio de Inírida, Guainía, demostraría lo contrario[3]. De hecho fue el mismo general Rodolfo Palomino, comandante (e) de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quien afirmó que la explotación de este mineral se está realizando sobre los márgenes de los ríos Inírida y Guaviare. También que se estaría presentando una especie de tráfico ilícito de coltán hacia Bogotá y países vecinos como Venezuela y Brasil, con el fin de ser llevado a Japón[4].

La presencia de multinacionales en la zona es ampliamente conocida en el país. Buena parte de la tierra, mucha de la cual fue objeto del desplazamiento forzado, se está destinando a la siembra de palma africana tal como lo solicitara el ex presidente Uribe bajo su mandato.

La progresiva implementación de un modelo chino de extranjerización de la tierra se constituye en una seria amenaza para los habitantes de la zona. Varias empresas extranjeras siguen siendo beneficiadas con las concesiones de amplios territorios para la explotación de recursos naturales. La presencia de tanta riqueza natural se ha convertido en la maldición de sus habitantes, que sumidos en la pobreza, observan como sus recursos son explotados por empresas extranjeras mientras las comunidades continúan siendo objetivo de las agrupaciones armadas, muchas de las cuales sirven a los intereses de los invasores.

La senadora Ramírez concluyó su intervención exigiendo respeto a los principios del DIH y garantías para el reconocimiento de los derechos a verdad, justicia y reparación que tienen todas las víctimas del conflicto armado.

Solicitó del mismo modo, que se dicten urgentes medidas de protección para los habitantes de estas comunidades y que se cree una comisión neutral para que investigue las denuncias recibidas y acompañe, junto con organizaciones nacionales e internacionales, los procesos de inhumación y exhumación de los NN que se adelanten en la región.

"Que los debates de DD HH dejen de ser a favor de alguna parte conflicto y miren el rostro del sufrimiento humano a causa de la guerra" Iván Cepeda

El representante a la Cámara, Iván cepeda, inició su intervención aclarando que el objetivo del debate no era desprestigiar a las fuerzas militares, sino encontrar la verdad sobre los terribles hechos de violencia que se registran en estos departamentos y lograr claridad sobre los cientos de NN que yacen en cuatro cementerios ubicados en el Meta y en el Guaviare.

Después de transmitir su voz de solidaridad a los miembros de la policía y el ejército que fueron objeto de actos de guerra condenables por parte de las Farc, y que contradicen los principios esenciales del DIH, el representante Cepeda, se refirió al material gráfico empleado en sus exposiciones, aclarando, que esas imágenes dolorosas no fueron tomadas en Kosovo, sino en Colombia, en San José del Guaviare, La Macarena y en Granada, Meta.

Indicó que para el país es importante conocer que estos cementerios existen, que allí reposan miles de personas sin identidad; algunas muertas en combates con el ejército, otras a causa de los bombardeos, por accidentes de guerra propios de toda confrontación bélica o como resultado de ejecuciones. “Hay muertos por daños colaterales” afirmó Cepeda, en referencia a las bajas involuntarias que suelen producirse en medio de la guerra.

“No obstante, lo importante de este debate es reconocer que la guerra es horrenda y repudiable, y aunque esta afirmación parezca obvia, en la práctica no lo es tanto. La guerra no es una gesta heroica, aun cuando en ella haya héroes, personas que vencen sus temores y desafían el peligro, que se sacrifican y mueren por defender ideales, causas o a otros seres humanos. La guerra es una experiencia sufrimiento y horror. Por ello es fundamental que en Colombia se derrote la ideología del heroísmo. Y si bien es comprensible la existencia del heroísmo patriótico, la guerra es mucho más que eso. La guerra es muerte, es esos cadáveres sepultados como anónimos en los cementerios. Y es esa realidad la que debe ser enseñada para que el país entienda que la guerra tiene que ser superada.

Este debate es sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en esta realidad. Es triste que el argumento para minimizar la discusión sea que no existe una fosa común con 2.000 cadáveres, que sólo hay 460 o 510; como si aquello de la cantidad indicara el umbral de la dignidad humana. Triste que el consuelo del discurso del Gobierno sea que sólo se han encontrado 464 cadáveres en La Macarena. La crisis de derechos humanos no se enfrenta ni se supera con regateos en las cifras, justificativos y diminutivos” concluyó.

Las cifras de cadáveres NN en el país es aterradora. De acuerdo a un censo que realiza la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General desde principios de 2010, en los cementerios de 245 municipios del país, ubicados en 27 departamentos, reposan los restos de 8.019 personas que fueron enterradas con la sigla en latín nomennescio (N.N.), que en español traduce ‘nombre desconocido’[5], ningún nombre. Aún cuando para el ministro Rivera la sigla NN provenga del inglés no name, como lo afirmó en el debate

“En los cementerios puede haber mucha evidencia”, afirmó Jhon Encinales, administrador del Centro Único Virtual de Identificación -Cuvi-.

Según este centro, de los 1.120 municipios que hay en el país, sólo 520 han respondido a la solicitud de reportar los N.N. enterrados en sus cementerios […] Los municipios más críticos son Mutatá (Antioquia) con 1.500 cuerpos; Granada (Meta) con 510 cuerpos; La Macarena (Meta) con 464 cuerpos; San José del Guaviare (Guaviare) con 389 cuerpos y Marsella (Risaralda) con 383 cuerpos.

“Una vez se termine el censo haremos un llamado al Gobierno y a todas las organizaciones para llegar a un consenso y comenzar la verificación de datos. Los cuerpos N.N. son una valiosa fuente de información que se puede cruzar con las denuncias sobre desaparición”, comentó Encinales[6].

Según la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el país habría 47.757 desaparecidos. El último informe anual de Medicina Legal, Forensis, reporta 38.164 casos de desaparición entre el 2007 y el 2009; 4.232 casos ocurridos en el 2007; 15.696 en el 2008 y para el 2009 la cifra escaló a 18.236 denuncias oficiales. La Fiscalía asegura tener documentados 32.682 casos de desaparición forzada.

La desaparición forzada sigue siendo empleada en el país como una herramienta de lucha política contra sectores de oposición y organizaciones sociales; resultado de ello son los más de tres mil cuerpos sin identificar que tiene la Fiscalía y las 3.710 denuncias sobre fosas comunes que el organismo ha recibido pero que no ha podido explorar por falta de recursos.

Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo indicó en una entrevista concedida a El Espectador, que “de poco sirve realizar muchas exhumaciones si no se realiza la identificación. El Estado debe generar mecanismos de confianza para que las familiares de los desaparecidos se presenten y ratifiquen sus denuncias. Al mismo tiempo, una unidad especializada debe realizar las pruebas de ADN y los estudios comparativos necesarios para llegar a una identificación plena”[7].

La directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, Gloria Gómez, sostuvo que estos crímenes "necesariamente tienen que ver con funcionarios estatales que participaban directamente en las desapariciones, luego fueron operativos conjuntos combinados y ahora se sigue tolerando que desaparezcan personas a manos de grupos paramilitares o emergentes como se le llama ahora, pero que son lo mismo"[8].

Existen más de 20 mil personas sin identificar que reposan en varios cementerios en el país. “Hay cadáveres en esas fosas y sus deudos esperan que sean identificados. Esto no puede hacerlo sola la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía; al ritmo que va tardaría por lo menos 50 años en concluir el proceso, señaló el representante Cepeda.

Los cuatro cementerios, objeto de estudio por parte del congresista, presentan un mismo patrón. En todos se observa falta de controles rigurosos para su buen manejo, la ausencia de datos confiables acerca de las causas de los fallecimientos y los levantamientos de los cuerpos, infracciones a la cadena de custodia de los restos y poca documentación sobre los procesos de inhumación y exhumación adelantados.

Según sostuvo el ministro Rivera durante su intervención, la competencia surge de la proximidad de los uniformados y ello implica el levantamiento de cadáveres. Esta afirmación, contraria a la disposición legal, le asignaría por consiguiente al Ejército Nacional, la potestad de llevar a cabo levantamientos sin la mediación de los entes competentes.

De acuerdo a Christian Salazar, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre el 2007 y el 2009 miembros del ejército realizaron la inspección de varios cadáveres y levantamientos sin policía judicial. Esto sigue sucediendo en el país y no es extraño aunque tampoco es legal. Sin embargo, aun cuando se argumente la falta de funcionarios y de recursos para emprender traslados, o la imposibilidad para acceder a sitios selváticos donde se presume se habrían presentado fuertes combates con una indeterminada cantidad de bajas, la realidad de los mal llamados “falsos positivos”, obliga necesariamente a que se empleen todos los recursos necesarios para evitar esta situación y para ofrecer claridad sobre las causas de las muertes y la identidad de los fallecidos.

El juez penal militar, Alexander Cortés, declaró en julio de 2010 a la revista Semana, que al llegar a la Brigada 17 con sede en el municipio de Carepa, Antioquia, encontró decenas de expedientes archivados sobre combates con bajas cuestionadas. Determinó entonces que había merito suficiente para que estos casos fuesen trasladados a la justicia ordinaria y así lo hizo. También emprendió una ardua investigación contra oficiales comprometidos en falsos positivos, narcotráfico y paramilitarismo. Como consecuencias de sus denuncias fue amenazado y trasladado a Chiquinquirá, Boyacá, donde se topó con una realidad bastante similar. De nuevo realizó las respectivas denuncias del caso, informó a sus superiores sobre sus hallazgos y traspasó algunos casos a la justicia ordinaria. Como efecto de su trabajo valiente y profesional, en enero del 2010 recibió una declaración de insubsistencia sin causa justificada.

Cortés no ha sido el único militar en denunciar ejecuciones extrajudiciales. Durante el debate, el representante Iván Cepeda presentó el testimonio de un ex oficial, quien relató cómo el teniente Ferro emboscó en la carretera a los hermanos Agudelo, pequeños ganaderos, y al señor Javier Enteno, y los llevó al bosque. Luego llamó al teniente Mora y al capitán Ovalle diciéndoles que ya los tenía listos. Con camisetas, sudaderas y fusiles incautados a la guerrilla en un operativo anterior, se montó la escena del crimen. Los tres hombres fueron asesinados y sepultados como NN muertos en combate. Los cuerpos fueron exhumados de una misma fosa en el cementerio de Granada, Meta.

No es el único caso de personas enterradas en una misma fosa, señaló el representante. El sepulturero de Granada, declaró en la inspección judicial que se inició el pasado 10 de septiembre, que es la única manera que tiene para enterrar a todos los NN que recibe, pues de lo contrario el cementerio se llenaría de tumbas NN puesto que el espacio para hacer entierros individuales es bastante reducido.

El trabajo de inspección judicial iniciado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, busca aclarar los hechos anómalos que rodean al cementerio. Por ello se ordenó vigilancia permanente en el lugar y la congelación de todos los trabajos de excavación que de manera extraña se venían adelantando desde hace diez días. De hecho durante la inspección se encontró una nueva excavación de amplias proporciones sin que se haya explicado su razón de ser y el uso que se le daría.

En San José del Guaviare la situación tampoco es alentadora

Según el Personero de este municipio, el 30% de los habitantes de San José del Guaviare, tienen un desaparecido en su familia. Hay quienes indican que sólo en esta región podrían encontrarse más de mil fosas comunes. Algunas de estas se ubicarían en la llamada trocha ganadera que tiene una extensión de 70 kilómetros y que al parecer tendría sepultadas a cerca de 300 personas a orillas del camino. Igualmente en los sitios conocidos como el Retén, La María, La Gravillera, Agua Bonita y el Empuntillado se encontrarían varias víctimas de las acciones paramilitares. Lo más sorprendente de estas denuncias, es que algunos de estos lugares se encuentran próximos al Batallón de Infantería Joaquín Paris. Este batallón fue conocido por el país, a partir de investigaciones que se llevaron a cabo tras la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, por haber enviado al grueso de su tropa a los municipios de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia con base en informes falsos sobre posibles movimientos de la guerrilla, dejando sin Ejército efectivo a las poblaciones de Mapiripán y San José de Guaviare. Días antes de los hechos, algunos habitantes por rumores que anunciaban que algo espantoso ocurriría, abandonaron el Municipio; entre ellos el Alcalde Municipal, el Personero, el Registrador y el inspector de la Policía.

¿Cómo podría ocurrir todo ello sin que las autoridades lo advirtieran? Los paramilitares ejecutaron de forma masiva a cientos de campesinos en esa región sin que nadie se los impidiera.

El objetivo de exponer esta realidad, según sostuvo el representante Cepeda es contribuir al esclarecimiento de estos hechos y solicitar al Gobierno Nacional que destine los recursos necesarios para realizar las exhumaciones de restos a que haya lugar, para así lograr su plena identificación y la entrega de estos a sus seres queridos.

Igualmente, la nueva Ley de Víctimas debe acogerse a los estándares internacionales, solicitó Cepeda, y el proyecto sobre restitución de tierras, que presentó el gobierno en días pasados, debe responder a las expectativas y necesidades de los más de tres millones de desplazados que se registran actualmente en el país. También, la aprobación y ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 es de enorme trascendencia para el país.

Avanzar en la construcción de un Estado social de derecho que reconozca como base fundamental al respeto a los derechos humanos demanda de la aplicación de reformas ingentes que le asignen prioridad al desarrollo humano. No en vano en diversas cumbres mundiales sobre Desarrollo y Democracia y en los Foros Sociales Mundiales que se celebran anualmente, se concluye que las sociedades más prósperas son aquellas que operan en función del ser humano y no del capital o el desarrollo industrial.

“Que los debates de derechos humanos dejen de ser a favor de alguna parte del conflicto y miren el rostro del sufrimiento humano que causa la guerra en el país -pidió el representante Cepeda- Nuestra guerra y violencia ha dejado más que héroes, gran cantidad de víctimas que también son héroes y sobrevivientes del conflicto, pero que a diferencia de los héroes reconocidos, son personas anónimas y desarmadas que sufren en silencio e impunidad”.

Al cierre de su intervención, Iván Cepeda recordó al escritor italiano de origen judío, Primo Levi, quien no se consideraba un héroe sino un simple sobreviviente de los campos de exterminio nazis. En alguna de sus obras, Levi recordaba que sin bien la violencia hace aflorar aspectos positivos del ser humano como la solidaridad, así mismo saca a relucir lo más oscuro y pérfido de la naturaleza humana. “La violencia no es una experiencia dignificante; al contrario, es terrible; es la experiencia más destructiva que pueda vivir la humanidad y parte de su necesaria humanización con miras a su erradicación consiste en entender qué pasó con las víctimas. Aún si los sepultados como NN. fueron guerrilleros, sus familias tienen derecho a saber qué sucedió con ellos y a darles el entierro que consideren conveniente de acuerdo a sus propias tradiciones. “Es tiempo, como lo dijera el escritor Arturo Alape, de enterrar el cadáver insepulto de nuestra historia”.

Sí se está cumpliendo

Durante su breve intervención, el ministro Vargas Lleras, se refirió a las preguntas que le fueron formuladas, y declaró que como la información solicitada no reposaba en el Ministerio, se dio a la tarea de solicitarla a la Fiscalía General de la Nación.

Según dijo, en el informe remitido se le informó que los cuerpos inhumados reposan en fosas individuales, identificadas con un número que bien podría corresponder al acta de levantamiento o al protocolo de necropsia. Igualmente afirmó que las medidas de protección de los cementerios fueron solicitadas al general Naranjo, quien de inmediato ordenó la protección de tumbas y panteones con vigilancia diaria permanente, acceso restringido y acordonamiento de las zonas declaradas como NN. También afirmó que en el Cementerio de La Macarena se lleva a cabo un detallado registro de entradas y novedades.

Según el Ministro del Interior, se están desarrollando las debidas inspecciones judiciales en los cementerios. Tanto el cuerpo técnico del CTI como los juzgados de instrucción criminal están comprometidos en la tarea de recolectar información, identificar a los fallecidos por cotejo dactilar o carta dental, confrontar la información con la base de datos de los familiares que al ser ubicados reciben la información sobre el hallazgo de sus seres queridos con el acompañamiento de un sicólogo. También afirmó que se vienen ejecutando pruebas genéticas para ser comparadas con los registros de desaparecidos, y los reportes sobre secuestros y homicidios.

Independiente de las posiciones que se esgriman para entender o a veces, intentar justificar el injustificable costo de la guerra y la impunidad, lo que ha quedado claro tras este doloroso debate es que Colombia, inmersa en una brutal guerra interna, no conoce ni estima los costos sociales, humanos, políticos, culturales y económicos que el sostenimiento del conflicto representa para la sociedad ni los efectos que esta herencia de odio y terror prolongado tendrá en las futuras generaciones de colombianos.

Después de varias décadas en las que la verdad y el derecho a la vida y a la justicia han sido robados a millares de colombianos, ha llegado el tiempo propicio para que la sociedad confronte su historia y su pasado, para que empiece a formular, desde la reflexión y la verdad de los hechos, la construcción de una nueva realidad; de una que nos reafirme como humanos y ayude a superar las abyecciones propias de una guerra larga y degradada. Colombia sí está preparada para conocer el lado oscuro de su historia; para descubrir esa memoria de atrocidades y fatales complicidades, de luchas y heroísmos anónimos, que le ha sido confiscada a través de la impotencia y el intencional olvido.

- Maureén Maya es Investigadora social y periodista

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 224, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1]Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN expert finds progress but also a pattern of unlawful killings and ongoing “serious problems” with Colombia’s security policies. New, York, 25 May 2010. In: http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm

[2] Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Rueda de Prensa del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias. Bogotá. D.C. 18 de junio de 2.009. Ver en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/relatoresespeciale...

[3] El coltán es la abreviatura de la columbita-tantalita, una serie de minerales formados por columbita y tantalita de los que se extrae el tantalio o Tántalo, un metal que se caracteriza por tener un punto de fusión muy alto, ser un buen conductor de electricidad, muy duro y muy resistente a los ácidos. Es materia prima básica para la fabricación de condensadores de circuitos electrónicos, rectificadores de tensión, materiales quirúrgicos y de laboratorio, lentes de cámara, teléfonos móviles con cámaras, consolas de juegos, cámaras de fotos, aviones, satélites y armas teledirigidas. No existen minas de coltán, tan sólo yacimientos, lo que hace extremadamente difícil su extracción. Por ello se utilizan niños esclavos, porque son más pequeños y pueden meterse en las grietas para excavar, incluso a riesgo de quedar sepultados por derrumbamientos. De hecho, se calcula que por cada kilogramo de coltán hay unos 3 ó 4 niños muertos durante la extracción, de ahí el apodo de “mineral sangriento”.

[4] El Heraldo; Colombia empezaría lucha contra explotación ilícita de coltán. Domingo 10 de Enero de 2010

[5]http://www.verdadabierta.com/component/content/article/199-nunca-mas/2699-alcaldias-han-reportado-que-8019-cuerpos-han-sido-enterrados-como-NN.

[6] En El Espectador; OpCit

[7]Idem

[8] En Telesur; Medicina Legal registra más de 38.000 personas desaparecidas en los últimos tres años. Mayo 5 de 2010.

https://www.alainet.org/es/active/41001?language=en