América Latina

Mujeres presas: delitos menores, penas grandes

Sarah Babiker

26/08/2010

Opinión

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El número de mujeres en cárceles federales se incrementó en un 350% entre 1990 y 2007. La mayoría son madres que sufren la desproporción entre el daño social de los delitos cometidos y el sufrimiento personal y familiar que genera su encarcelamiento, denuncia un informe.

La mayoría de ellas procede de sectores vulnerables, la mitad son extranjeras. Casi todas tienen hijos e hijas a su cargo, que cuidan y mantienen solas. Muchas de ellas fueron detenidas por tráfico de estupefacientes a pequeña escala. Permanecen en las cárceles, sus hijos menores de cuatro años presos junto a ellas; los mayores, lejanos y desamparados; las familias disgregadas.

Sobre ellas, las mujeres privadas de libertad, trata el informe 'Mujeres en Prisión: los alcances del castigo' presentado el pasado viernes 13 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una investigación realizada de manera colegiada por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Representantes de las instituciones implicadas abrieron el acto. Así, la Dra. María Fernanda López Puleio de la Defensoría General subrayó la necesidad de 'empezar a pensar desde el lugar de la protección de derechos con perspectiva de género' con el fin de generar 'políticas concretas.' Por otro lado, saludó el método elegido para la investigación que se basó en entrevistas a 148 mujeres detenidas (realizadas entre junio y agosto del 2008) pues 'cuando hablamos de perspectiva de género en relación a la cárcel estamos diciendo que justamente el impacto es diferencial y por eso la mención y la observación no puede ser realizada desde un lugar meramente cuantitativo.' Por su parte, Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS, celebró la posibilidad de trabajar con dos instituciones estatales para realizar un trabajo 'que no solo se limite a la denuncia sino también (…) a promover recomendaciones y políticas públicas para prevenir violaciones (a los derechos humanos).'

Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario, recordó que la mayoría de delitos cometidos por las mujeres son 'delitos de necesidad económica' por lo que 'muchas de ellas no deberían estar en la cárcel' por su nula peligrosidad y porque las penas recaen en los hijos. 'Estas cosas podrían hacer pensar en una reformulación de la política penal de género.' Por último saludó la creación de 'una comisión para estudiar este tema' en el marco del Ministerio de Justicia.

Los cambios a los que apuntaron los ponentes y que son abordados en el informe apuntan a tres direcciones: la sustitución de la pena de cárcel por el arresto domiciliario (sobretodo en el caso de las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños), una reforma legislativa que permita suspender el encierro de presas primarias imputadas por delitos no violentos y, por último, la adopción de penas basadas en la autodisciplina como la semilibertad -que permite salir de la cárcel unas horas al día para desarrollar alguna actividad laboral o educativa- y las salidas transitorias (que de uno o varios días, posibilitan mantener los vínculos con el exterior y la familia), medidas infrautilizadas y planteadas de un modo que se vuelven difíciles de aplicar a las condenas de las mujeres, de corta duración.

Delitos menores, penas grandes

Tal como registra el informe, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF) el número de mujeres en cárceles federales se incrementó en un 350% entre 1990 y 2007, pasando de 298 a 1039. Estas mujeres pertenecen a los sectores más vulnerables, y además el 86% son madres, la mayor parte de ellas jefas de familias monoparentales. Por ello su rol es central en el cuidado cotidiano y mantenimiento económico de sus hijos e hijas.

Casi la mitad (48%) de la población penitenciaria femenina son extranjeras. Entre las entrevistadas el 80% eran presas primarias, es decir que no habían sido detenidas con anterioridad, este porcentaje se elevaba al 96% en el caso de las extranjeras. El 55,4% de las entrevistadas se hallaba en situación de prisión preventiva. Siete de cada 10 detenidas están acusadas o han sido condenadas por tráfico de estupefacientes a pequeña escala, (9 de cada 10 extranjeras), el 16.2% detenidas por delitos contra la propiedad, y solo el 14,2% por delitos contra las personas.

Este es el panorama de las mujeres internas en las cárceles federales que describe el informe, datos que fueron desgranados por la investigadora Marta Monclús, abriendo el panel de presentación de conclusiones.

La historiadora y docente universitaria Lila Caimari, alabó la calidad del informe, y especialmente el 'deseo de intervención, el propósito de mejorar una situación (…) de vulnerabilidad y de un sufrimiento humano desmesurado'. La historiadora recordó que los 'cambios fundamentales en las tasas de encarcelamiento de las mujeres remiten directamente a cambios en los circuitos internacionales de la drogas' 'centenares de mujeres están pagando con la prisión un lugar subordinado como el eslabón más débil de esta cadena de plástico' en un contexto de creciente exclusión social. Como señalaba el informe, muchas de ellas son madres y jefas de hogares monoparentales: 'la tasa de encarcelamiento de estas mujeres que yo diría es casi lo mismo que decir la tasa de desarticulación de familias de bajos recursos' aflora cuando 'dicha desarticulación tiene consecuencias más graves que nunca.'

Por su parte Hugo Lorenzo, director de la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, denunció: 'no se puede dar que el estado prive a alguien de libertad y después se desentienda de proteger sus derechos,' 'el estado así, se convierte en un estado delincuente porque es él el que debiera proteger los derechos y es él el que los viola.' Esta violación de derechos es otra de las realidades que desvelan las entrevistas realizadas durante la investigación, que apunta a graves deficiencias en el ejercicio del derecho a la Salud, y a la Educación. Además, aunque el 70% de las mujeres trabajan en prisión la baja cualificación de estos trabajos dificultan que puedan reinsertarse laboralmente una vez en libertad.

También la violencia está presente, en forma de injerencias abusivas en su intimidad, que incluyen desnudos totales e inspecciones vaginales y anales, o en forma de agresiones por parte de los funcionarios del SPF (el 32% presenció agresiones y el 8.1% fue objeto de ellas) o entre las detenidas ante la negligencia del mismo funcionariado

Las pesquisas abusivas que incluyen inspecciones vaginales y anales también fueron realizadas en alguna ocasión a visitantes del 38% de las mujeres en el 2008, a pesar de que son consideradas ilegítimas por los organismos internacionales de derechos humanos.

Madres presas

Ya en la presentación, la doctora López Puleio destacaba la relevancia de la maternidad en este informe de 130 páginas, donde la palabra 'hijo', figura, según contó López, 280 veces.

En este tema se centró también Laurana Malacalza, Coordinadora del Área de Género del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. Así afirmó que el estudio sirve para 'romper con algunos estigmas muy consolidados en el discurso social (…) de que la maternidad implica beneficios para las mujeres detenidas, beneficios que se entienden como un plus que tienen esas mujeres sobre las que no tienen hijos'. La investigación desmentiría esta creencia revelando una contradicción: 'el estado delega la responsabilidad absoluta de los niños en las madres, eso queda establecido hasta en la legislación.'

Para Malacalza, contar con la información derivada del informe ayudará a 'cuestionar la exclusividad del Ministerio de Justicia de hacerse cargo de ese cuidado de los hijos dentro de las unidades carcelarias' poniendo de relieve 'la necesidad de establecer una política pública penitenciaria que comprometa a distintos organismos dentro del estado.' Pues, denunció, de momento hay una ausencia de políticas públicas para vincular a la familia que queda dentro de la cárcel con aquellas que quedó en el exterior. Así, de las madres encuestadas, solo el 22% son visitadas por sus hijos e hijas al menos una vez al mes. Mientras que la mayoría (el 67%) nunca fue visitada por ellos.

Fuente: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/default.asp

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