El gobierno propuso al Congreso un reajuste en el salario mínimo de sólo un 3,03% nominal, que lo incrementa en términos reales en relación con el monto establecido un año antes en sólo aproximadamente un 1%, pero en un período de incremento en la tasa anualizada de inflación. El año pasado, el IPC descendió en un 1,4% debido al curso recesivo experimentado por la economía para iniciar desde febrero un curso ascendente en doce meses y alcanzar en mayo a 1,5%. El informe de política monetaria del Banco Central de junio estimó que en cifras anualizadas llegará en diciembre a 3,8%. De manera que el aumento propiciado se esfumaría rápidamente.

“Nuestra propuesta – señaló la ministra del Trabajo, Camila Merino–, significa un 1,5% real (…)”. Para llegar a esta conclusión considera sólo la inflación en doce meses a mayo, ya que en junio será superior. Las formulaciones oficiales pasan con gran oportunismo a calcular según inflación pasada o futura. En un periodo de ascenso en los índices de precios privilegian la pasada aunque saben que el reajuste propuesto si la supera ligeramente luego desaparecerá ante el curso ascendente del IPC.  En la actual coyuntura debería tenerse ambas en cuenta.

Con reajustes de este nivel el Gobierno no se acerca sino que se aleja de la idea del ingreso ético familiar que ha levantado como consigna. “… la implementación del ingreso ético familiar - manifestó Sebastián Piñera en su mensaje del 21 de mayo – (…) nos va a permitir  (…) ayudar eficazmente a esos tres millones de chilenas y chilenos que siguen viviendo en condiciones  de pobreza”. Los salarios son un componente fundamental en un ingreso ético familiar y el nivel de las remuneraciones mínimas no contribuyen a ello.  Como escribió el economista Hernán Frigolett, no se puede disociar el debate sobre el salario mínimo de la política social y el ingreso ético.  “(…) por ende –subrayó- si se quiere conformar un ingreso ético garantizado, éste debe relacionarse con la adecuada compensación a los trabajadores no calificados”.

La propia comisión asesora del salario mínimo formada por el Ejecutivo para que le hiciese una propuesta, constató –como resumió uno de sus integrantes, el profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos-  “que el actual salario mínimo (…) incluso el propuesto por la CUT, 10% mayor al actual, es insuficiente para que una familia de cuatro personas se ubique sobre la línea de la pobreza.  El monto consensuado fue de $260.000 brutos al mes, si sólo trabajara un miembro de la familia”.

Ante el rechazo al monto del reajuste en la Cámara de Diputados el Ejecutivo retiró la urgencia para la discusión. La situación se le hizo más difícil cuando tres diputados de la UDI criticaron al ministro Larraín por su “poco manejo” político, manifestando que no aprobarían un incremento inferior al 6%. “Es insólito – expresó el diputado Gonzalo Arenas – (…) que las negociaciones (con la CUT) hayan durado una hora en la oficina del ministro. Eso refleja – añadió – que hay poco manejo político por parte del Ministerio de Hacienda para trabajar con las organizaciones sindicales”p.

El aumento propuesto por el Ejecutivo es claramente inferior al crecimiento promedio en doce meses del índice general de remuneraciones por hora registrado entre julio de 2009 y marzo de 2010, que fue de 5,5%. Es decir, la cifra de reajuste propuesta para los trabajadores del salario mínimo fue inferior a la evolución general que venían experimentando las remuneraciones del conjunto de ellos en el período a compensar, a pesar que son los peor pagados y cuyos montos los mantiene en situación de pobreza. No debe olvidarse que a la suma vigente, $165.000 hasta junio, se le debe descontar aproximadamente un 20% para fines previsionales, quedando en $132.000, $4.400 diarios. El ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 era en junio aún menor, $123.176, que se reduce en términos líquidos a menos de $100.000. El argumento dado fue como siempre que un incremento mayor tendría efectos negativos en materia de empleo, aunque los hechos no avalan esta afirmación.

El monto propuesto por el Ejecutivo fue similar al porcentaje defendido por la mayoría de la Comisión que nominó  para hacerle una propuesta con el aparente propósito de “tecnificar” la decisión, la cual tampoco logró un consenso. Por este camino no se resuelve el bajo monto de los salarios mínimos que deben orientarse a ser los adecuados para satisfacer las necesidades básicas de un grupo familiar. El salario mínimo debe constituir un mecanismo de protección social.

La discusión sobre el salario mínimo se efectuó cuando en Europa, en los marcos de los planes de ajuste fiscal, se desarrolla una intensa ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores, tantos remuneracionales como previsionales. “Así, en Europa – comentó El Mercurio – la crisis obliga a discutir la extensión de los beneficios sociales asumidos como conquistas inherentes al desarrollo alcanzado por esos países. (…) los gobernantes – agregó – se han visto forzados a revisar con rigor las prioridades públicas que es preciso atender (…)”. En verdad, se hace pagar a grandes sectores de la población una crisis empujada por las acciones especulativas de poderosos intereses económicos. La política del Gobierno al margen de cualquier análisis concreto, es proponerse como objetivo prioritario recortar el crecimiento del gasto público, lo que limita la posibilidad de atender las necesidades de la población.

Los argumentos en contra de un incremento superior subrayan mucho su aumento real experimentado en las últimas dos décadas, o sea durante los gobiernos de la Concertación, perdiendo de vista el fuerte recorte en los niveles salariales que se produjo en los años de dictadura. “(…) hay que considerar – manifestó al planteársele este tema Greg Netland, miembro del consejo ejecutivo de Randstat Holding, transnacional dedicada a los temas laborales – que el punto de partida de los noventa es bajo. (…) por eso – añadió - me parece relevante que se haya podido hacer esta progresión. Que el valor está bajo y hay que incrementarlo no hay ninguna duda”. El gran desafío del país es transformarlo realmente en un salario mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas en un lapso no muy largo.

El ministro Larraín insistió en el porcentaje de reajuste de un 3% argumentando que un incremento superior tendría efectos nocivos.  “No podemos poner en peligro –sostuvo- el empleo de las personas menos calificadas y tampoco a los 650.000 desempleados en el país, alguien tiene que velar por ellos también.  Dicho en otras palabras para reducir las tasas de desempleo debe cancelarse remuneraciones que mantengan a sus receptores en situaciones de pobreza.  Evidentemente no es un camino aceptable.  Deben enfrentarse simultáneamente ambos objetivos: reducir el desempleo -que en la actualidad tiene dimensiones estructurales- con achicar progresivamente la distancia entre el salario mínimo y la línea de pobreza.

El debate sobre el salario mínimo coincidió para la población de Santiago, que constituye un porcentaje elevado en el total de los habitantes del país, con el fuerte incremento en las tarifas del transporte público, las cuales en el Transantiago llegaron durante junio a $480 y a $560 en la hora punta del Metro.  Se podrá argumentar que su nivel,  permaneció durante un lapso importante congelado como una medida política frente al elevado descontento que se produjo al ponerse en marcha. Pero en el caso del salario mínimo, como en el conjunto de las remuneraciones, su mejoramiento real o no se produce en comparación con el año precedente. En mayo, en relación con el mes anterior, de acuerdo a las estadísticas del INE, los pasajes del Transantiago aumentaron en 7,3%, siendo  los gastos en transporte en general un ítem que se incrementó mucho más que el IPC general.

El gobierno ha destacado que el incremento en las tarifas del transporte de Santiago es una resolución adoptada por el denominado “panel de expertos”, presidido por Juan Enrique Coeymans, instancia que quedó nominada durante el anterior período presidencial. Efectivamente fue así, lo que no se dice que correspondió a un acuerdo adoptado en el Congreso y con los votos a favor de la derecha, para aparentar así que los aumentos a producirse, dado el déficit que se continuaría dando, no serían responsabilidad del nuevo gobierno.  Dos de sus miembros son propuestos por la llamada alta dirección pública y el restante por los decanos de las facultades de Ingeniería, Economía y Administración de las universidades del Consejo de Rectores. Con resoluciones acordadas por esta instancia se pretende negar la responsabilidad del Estado en los aumentos, en un servicio público de gran sensibilidad, y cuya demanda es altamente inelástica a la variación tarifaria. Además de esta alza, el ministerio de Transporte acordó otra adicional en el Metro para sus horarios punta, que son los de mayor afluencia de pasajeros trasladándose de sus hogares a sus actividades diarias y viceversa.  El golpe sobre amplias capas de la población es muy fuerte, haciéndose el Gobierno al margen de lo que está sucediendo, responsabilizando al “panel de expertos”.