El asesinato de una joven venezolana a manos de su esposo, un famoso boxeador que luego se suicidó, desató, en abril pasado, una tormenta mediática que se centró, más que en el femicidio, en la figura del homicida.

Satanizado por los medios opositores al gobierno de Hugo Chávez, el boxeador —chavista declarado y casi glorificado por los oficialistas por ser uno de sus mejores deportistas— fue el centro del debate público. Fueron las feministas quienes llamaron a colocar, en el meollo de la discusión, el problema del feminicidio y la violencia contra las mujeres.

"¡Esto tiene que parar!", dijeron a coro feministas "rojas-rojitas" (afines al proceso bolivariano) y "escuálidas" (opositoras a Hugo Chávez) durante una manifestación conjunta frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 29 de abril. Con tambores, consignas y cantos, juntas aunque separadas por la opción política, coincidieron en un tema tan grave como el feminicidio.

La Fundación Reflejos de Venezuela estima que esta forma de violencia mata hasta 1.600 mujeres por año, lo que equivale a entre tres y cuatro mujeres diariamente.

Fue un hecho histórico lograr dejar de lado nuestras profundas diferencias políticas para unirnos en el deseo de frenar el feminicidio en el país, empezando por la investigación y castigo a sus responsables, dijo en entrevista con SEMlac Indhira Libertad Rodríguez, del Colectivo "Efes y Emes por ahora" y de la red "La Araña Feminista".

La muerte de Jennifer Carolina Viera, de 24 años, por parte de su esposo, Edwin "El Inca" Valero, pesó en los medios de comunicación más por la filiación política y la profesión del homicida, que por el hecho en sí mismo.

Durante tres semanas, televisión, prensa y radio locales debatieron en torno a este caso, como con el resto de asesinatos de mujeres: "de forma sensacionalista, morbosa y amarillista… se los llama 'crímenes pasionales' y se convierte al agresor en víctima, eximiéndolo de responsabilidad", explicó Indhira, citando uno de los párrafos del comunicado presentado al TSJ por la red La Araña Feminista.

Poco se dijo sobre las denuncias previas que Jennifer había presentado a las autoridades de Justicia por violencia doméstica, poco sobre la actuación deficiente de las y los funcionarios públicos involucrados, quienes establecieron "medidas demasiado laxas contra el agresor", señaló la entrevistada. El resultado: en los primeros días de abril, el boxeador asesinó a Jennifer. Él se entregó a las autoridades y unos días después se suicidó.

En la orfandad quedaron sus hijas, dos niñas víctimas también del fenómeno del feminicidio que, definido por las feministas bolivarianas, "es el asesinato de mujeres favorecido por el ambiente ideológico y social del machismo, es la expresión extrema del patriarcado que se agudiza en las relaciones del sistema capitalista".

Por eso, indignadas por el sesgo que tomó el homicidio, las feministas venezolanas, de todas las opciones políticas, coincidieron en que la muerte de Jennifer se hubiera podido evitar. Demandaron enérgicamente que las y los funcionarios involucrados —a nivel de omisión y de ineficiente acción— sean investigados y sancionados.

Pero también exigieron acciones urgentes, de gobierno y más amplias, destinadas a frenar la cultura de violencia contra las mujeres, como el control de los medios de comunicación y la promoción de una cultura no machista desde todos los niveles educativos.

Al cabo de la manifestación pública frente al TSJ, una comisión de seis connotadas feministas, tres de cada bando, se entrevistaron con una de las magistradas del tribunal, Yolanda Jaimes.

Ahí entregaron dos petitorios. La unidad no llegó a tanto como para entregar sólo uno. En ellos, matizaron sus demandas.

Por el lado de las opositoras incluyeron un fuerte cuestionamiento a todas las instancias de gobierno responsables de la aplicación de la Ley contra la violencia hacia las mujeres, aprobada durante la administración de Hugo Chávez. Cuestionaron la actuación del sistema judicial, que no detuvo al Inca Valero ni dictó medidas cautelares para garantizar la integridad de Jennifer.

Las feministas bolivarianas, por su parte, señalaron que la Ley de Violencia es una de las mejores del mundo (tipifica 19 formas de violencia contra las mujeres) y lo que reclamaron fue su efectiva y urgente aplicación. Ellas demandaron también "Monitoreo y control de los medios y la publicidad machista y sexista en todos sus formatos."

Ambos petitorios fueron suscritos por más de 100 organizaciones de derechos humanos del país y más de mil personas "de todas las filiaciones políticas", aseguró por su parte Gioconda Espina, feminista de oposición, quien en una declaración pública también evaluó como un logro y un avance para los derechos de las mujeres esta manifestación conjunta.

Los comunicados fueron entregados en las manos de las autoridades competentes, los tambores han callado, las mujeres se han ido. La vida segada de Jennifer y cientos, quizás miles, de venezolanas muertas a manos de sus parejas, espera nuevamente por la justicia; la vida de muchas más mujeres de este país probablemente depende ahora de la acción pronta de las autoridades. "Nosotras sí esperamos que respondan", concluyó Indhira Rodríguez.

Fuente: http://www.redsemlac.net