El caso “Casapalca” expresa la arbitrariedad, la injusticia y la persecución de los poderosos contra los más débiles.

La violación sistemática a los derechos laborales de los mineros de Casapalca ha provocado la muerte de más de 17 trabajadores mineros por accidentes laborales - muertes que hasta el día de hoy se encuentran en total impunidad-; la muerte de 06 peruanos entre mineros, policías y transeúntes durante las protestas y su represión; 8 mineros en prisión y el miedo de los trabajadores a ejercer su derecho a la protesta social.

En el 2005, la Compañía Minera Casapalca S.A., ubicada en la sierra de Lima, tuvo un ingreso de 138 millones de soles; en el 2006, más de 100 millones; a la fecha se desconoce los ingresos los últimos años pues no existen reportes; Mientras que los 1,800 mineros que trabajan en los socavones reciben 29.00 soles por hasta 12 horas diarias de trabajo, sin estar la mayoría en planilla.

Los trabajadores mineros formaron, en el año 2007, el “Sindicato de Trabajadores Mineros de las empresas contratistas que brindan servicios a la Compañía Minera de Casapalca” para lograr el respeto de sus derechos laborales. Desde esa fecha, la empresa sólo les aumentó 2.00 soles por día trabajado y 2.00 soles por alimentación. Ante los continuos incumplimientos de los compromisos asumidos por la empresa minera en las mesas de negociación colectiva, los despidos arbitrarios y la inacción estatal, el sindicato ejerció su derecho a la protesta declarándose en huelga en varias oportunidades, y llegando incluso muchos de los desesperados trabajadores a realizar acciones de protesta en la Carretera Central que paralizaron las labores de la empresa minera.

Estas protestas, en un contexto de criminalización, le ha significado al sindicato, en sus dos años de existencia, que 13 de sus integrantes, la mayoría integrantes de la junta directiva, sean denunciados y procesados penalmente, 08 de los cuales han sufrido cárcel. (1) Actualmente, el secretario general, Pedro Condori Laurente y el secretario general adjunto, Antonio Quispe Camayo, sufren detención preventiva. Estos hostigamientos judiciales han sido dictados por la fiscalía y juzgado de Matucana, quienes denuncian y piden prisión efectiva para los dirigentes, sin fundamentar con arreglo al derecho tal medida de carácter excepcional, por supuestamente entorpecer el funcionamiento de los medios de transporte; forma de protesta que está sobrepenalizada en el Perú.

El caso de Pedro Condori ya es emblemático. El dirigente está preso injustamente desde septiembre de 2009, acusado de homicidio culposo, delito que no cometió. Aún preso, le dictaron otra orden de detención por supuestamente interrumpir los medios de transporte durante una protesta que realizó el sindicato al encontrar a un vigilante de la empresa filmando una asamblea del sindicato, en septiembre de 2009, según señalan los mismos trabajadores.

Toda esta situación ha debilitado al sindicato. La empresa y el Ministerio de Trabajo presionarían a los mineros con la destitución de Condori de la secretaría general para continuar con las negociaciones, y a su vez cada trabajador minero que se sindicaliza sería despedido lo que ha reducido el número de afiliados del sindicato a 540 miembros en la actualidad.

Estos hechos evidencian una vulneración a los derechos sindicales en el Perú en un contexto de criminalización de la protesta social.

Nota
(1) Todos lo casos vienen siendo asumidos legalmente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos. APRODEH.

- Raquel Palomino es Licenciada en Periodismo en la República Argentina y en el Perú, activista de derechos humanos, miembro del Área DESC de la Asociación Pro Derechos Humanos- APRODEH, en Lima-Perú.