¿Estado de excepción o estado de intervención y criminalización con mirada hacia Bolivia?

El Ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, anunció en días pasados la Promulgación de la Ley 3.994/10 del 24 de abril del corriente año, por la cual el presidente Lugo declara el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto paraguay.

La ley en cuestión fue tratada por el Congreso Nacional de manera urgente y promulgada luego de pocos días de haber sido enviada por el Poder Ejecutivo. Con esta ley se habilita al ejecutivo a disponer de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las citadas zonas, donde en los dos primeros departamentos (Concepción y San Pedro) existe un importante numero de organizaciones campesinas.

Esta es la segunda vez que se utiliza -durante este decenio- la figura del Estado de Excepción, primeramente la utilizó el ex Presidente Luis Ángel González Macchi, en mayo del 2000, ante una intentona de golpe de Estado, que realizara el golpista Lino Oviedo.

El Estado de Excepción, una figura constitucional de carácter extremo, regulado por la Carta Magna paraguaya en su artículo 288, establece como requisitos fundamentales para el mismo, la existencia de un Conflicto Armado Internacional o una Grave Conmoción interna, que peligre la institucionalidad estatal, presupuestos ambos que no se han dado, pero que a pesar de ello el mismo se ha establecido.

La razón alegada por el Jefe del Ejecutivo y el Ministro del interior es principalmente el combate del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en menos de 2 años, ha sido la principal vía de escape del gobierno a las debilidades políticas intrínsecas y de sus demonios internos, como es la Vicepresidencia.

El denominado EPP ha servido como chivo expiatorio del gobierno, que en 5 oportunidades ha movilizado una importante cantidad de efectivos policiales y militares en las zonas de San Pedro y Concepción, donde a la par de estos operativos se ha registrado un elevado número de desalojos, más de 500 procesos a líderes campesinos, y donde ya 7 líderes campesinos han perdido la vida, durante los dos años de Gobierno.

El estado de excepción además de mirarse como un retroceso democrático, y como un grave desatino político del gobierno de Lugo, debe mirarse dentro de un contexto más amplio, y principalmente más riesgoso para los movimientos sociales nacionales y para la estabilidad regional.

El Paraguay sin haber firmado ningún convenio de cooperación militar y de seguridad con los Estados Unidos -de manera estricta- ha sido el país en la región -luego de Colombia- que más ha desarrollado la receta de seguridad de aquel país y el que más ha facilitado la inserción de los mismos en la región.

El estado de excepción declarado posterior a la muerte de 4 personas en un enfrentamiento, que no se sabe con certeza si fue el EPP o algún grupo mafioso de la zona, tuvo el rápido apoyo de los gremios que estarían ligados a ciertas mafias locales, como la Asociación Rural de Paraguay –ARP-.

El recientemente re-electo presidente de la ARP, Néstor “Tito” Núñez, manifestó a la prensa el apoyo del sector al ingreso de los militares en los citados departamentos, para exterminar al grupo de delincuentes del EPP. Además, el ganadero, haciendo propias las ideas del Ministro del Interior, que en enero pasado cuestionó la labor de organizaciones de Derechos Humanos en la denuncia de torturas y de búsqueda de chivos expiatorios dentro de las organizaciones campesinas¹, manifestó que las mismas debían definirse con respecto a defender a criminales.

Núñez manifestó que las organizaciones de Derechos Humanos no debían opinar con respecto al Estado de Excepción pues siempre defienden a criminales, terminología utilizada de manera indiscriminada contra todo activista social. Según esta caracterización, todo activista social es actual o potencialmente colaborador logístico del EPP, por lo tanto sospechoso y susceptible de aprensión y sin beneficios reconocidos en la legislación penal, como la detención domiciliaria u otras medidas alternativas.

Indiscutiblemente la declaración del Estado de Excepción, no es solo una medida política, sino también económica, desde el momento en que las acciones ciudadanas de presión hacia las autoridades locales no van a poder desarrollarse con las mismas garantías establecidas en la constitución, por tanto cualquier desalojo o detención de persona se podrá realizar sin orden judicial alguna, y así defender la propiedad privada.

La ambigüedad en términos de restricción de derechos, deja en manos del jefe operativo y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, las decisiones sobre hechos que se registren dentro del campo de acción.

Concepción y San Pedro son los departamentos con mayor número de campesinos movilizados, y son los departamentos donde más ejercicios militares de los Estados Unidos se han realizado en los últimos años, que en conjunto llegan a más de 16, además de contar con zonas muy accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.

Estas zonas ya fueron identificadas como de suma importancia por los efectivos militares norteamericanos, quienes han desarrollado teatros operacionales de grupos armados, y donde entre diciembre y febrero pasado, se encontraban asesores colombianos instalados.

Se han contabilizado 10 asesores colombianos en el país, 8 de los cuales fueron declarados oficialmente por el gobierno como expertos en temas de secuestros en el caso del ganadero Fidel Zavala², pero dos de ellos llegaron al país durante la entrega de armamentos israelíes a las Fuerzas nacionales en enero pasado³.

Los armamentos de procedencia israelí son utilizados actualmente por las fuerzas especiales entrenadas en Colombia y en Estados Unidos, y se suma al arsenal y tecnología donados al Paraguay durante la presentación del batallón antiterrorista el pasado 4 de noviembre del 2009⁴.

Este batallón, conjuntamente con los asesores colombianos, se encuentran realizando el trabajo de campo en Concepción, además de los 2 expertos en armas ingresados este año solo por unos días, de los cuales no se tienen noticias de si abandonaron el país, es decir, los mismos podrían encontrarse aún en la zona de Concepción.

Cabe destacar que el principal referente de la cooperación colombo-paraguaya es el agregado militar del país cafetero en Paraguay, el coronel Jorge Humberto Jerez Cuéllar, quien en declaraciones a la prensa nacional advirtió sobre el ingreso de las FARC en el país. El citado militar se encuentra en el país dentro del marco de cooperación entre ambos países, documento que fuera firmado ya en el 2001, posterior al secuestro de María Edith de Debernardi⁵ y año desde el cual se viene estableciendo la supuesta conexión del movimiento o de líderes campesinos con grupos armados.

El citado militar colombiano, al igual que varios de los adiestradores de sus pares paraguayos, son alumnos ejemplares de la celebre Escuela de las Américas, donde el mismo Jerez Cuellar egresó, en enero de 1983⁶.

Por intermedio de Cuellar, 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (FOPE) fueron formados por 2 personas de seguridad colombiana, en el marco del denominado “Primer Curso Internacional de Antisecuestro y Antiextorsión”, llevado a cabo el pasado mes de enero, siendo entregado los certificados el 4 de febrero último, del cual participó el propio presidente Lugo.

Estos intercambios y formación por parte de Colombia se suman a la serie de efectivos que ya fueron formados entre el 2007 y 2009 en Colombia, incluyendo jueces, fiscales, policías y militares, y al nuevo curso que la oficina de Seguridad Diplomática de la Embajada de EE.UU desarrolla bajo la denominación “Curso Avanzado de Capacitación en Seguridad⁷”

A estos asesores colombianos y cursos de seguridad, encabezados por el egresado de la SOA Jerez Cuellar, se suma desde ahora de manera más directa y decisiva la intervención norteamericana por medio del Programa de Asistencia Antiterrorista (ATA) del Departamento de Estado.

La embajada estadounidense a cargo de Liliana Ayalde, manifestó que realizarán un curso avanzado en “Seguridad en Instalaciones Críticas”, para funcionarios de seguridad y de otras reparticiones oficiales⁸.

Es importante señalar que el gobierno nacional cuenta dentro del Ministerio del Interior, como principal asesor, a Edgardo Bustaglia, quien, en una entrevista concedida al diario de derecha ABC Color, manifestó que carteles colombianos y mexicanos se encuentran en Paraguay, y asesora al Ministro Filizzola en las políticas represivas.

Dentro de este contexto el pasado 20 de abril, varios agentes norteamericanos se sumaron a sus pares colombianos en la zona norte, dentro del denominado “Operativo Ñepytyvo II” en las localidades de Belén y Paso Barreto.

La embajada norteamericana informó que sus efectivos se encontraron trabajando durante 8 días en la región, en lo que denominaron un “entrenamiento de pre-despliegue⁹”, es decir de intervención directa de las Fuerzas Armadas de Paraguay que tienen cerca de 3 mil efectivos en las zonas de excepción, buscando al fantasma de la justificación represiva del movimiento campesino, el EPP.

Seguridad a cambio del sueño

El estado de excepción, la capacitación de fiscales, jueces, policías y militares, la creación de un súper demonio que explica todos los males paraguayos, como el Ejercito del Pueblo Paraguayo –EPP-, y la conexión de los mismos con el movimiento campesino y su criminalización, sería interesante mirarlos con ojos latinoamericanos.

Muchos de los que creyeron que con Lugo los sectores sociales llegaban al poder, justifican la política de seguridad del presidente como la acción lógica de un presidente sin Congreso, hecho del cual no podemos desprendernos ni tampoco desconocer.

A pesar del latente “hondurazo” y del riesgo que existía de que el mismo se produzca, facilitar el análisis y justificar a Lugo con este hecho, sería también restarle credibilidad a los sueños, y demostrar mucha ingenuidad de la gente en la elección pasada.

No cabe duda que el gobierno nacional ha dado pasos decisivos en cuanto a la disminución de las tasas negativas relativas a la salud, con una política en ésta área que ha llegado hasta la gratuidad del servicio médico y reconociendo el carácter de derecho humano fundamental de la salud, así como dando grandes pasos hacia garantizarlo como tal.

Pero a costa de la salud, ha intensificado las medidas represivas y se ha acercado más a la política de militarización que de construcción de un Sur distinto. En la cumbre de la Unasur en Argentina el año pasado, ha defendido de manera muy hábil la instalación de Bases Militares en Colombia, tomando una posición pastoral antes que de condena.

Lugo, antes que cualquier otro gobierno colorado de la transición, ha logrado unir a los gremios de ganaderos y rurales del país en su defensa, por lo que un “hondurazo” es más que difícil, aunque claro, no imposible. Al mejor estilo dilatorio ha establecido la mesa de Reforma Agraria, donde en 2 años de gobierno no ha avanzado con ninguna medida que favorezca a la propiedad de la tierra de las organizaciones campesinas.

Antes que favorecer la justa distribución de la tierra, ha defendido la propiedad privada de la Asociación Rural del Paraguay, cumpliendo con todos los caprichos del sector, hecho que otros gobiernos no dejaron que sucediera, debido a diferentes objetivos económicos, claro está, en favor de sus aliados.

Hoy, el presidente, dejando de lado a sus principales aliados, ha establecido la política del policía bueno y malo. Un discurso para la exportación muy socialista, como cuando Nicanor Duarte salía con su boina tipo Chávez, y convocaba a los sectores sociales a mesas de discusión, mientras horas después ordenaba desalojos o dictaba Estados de Sitio.

Un Estado de Excepción es una figura dictatorial, y no se puede justificar desde ningún punto de vista como desesperadamente intenta realizar el gobierno nacional, pues no existe una “buena medida dictatorial” de acuerdo al presidente que la dicte.

Facilitando el ataque a Bolivia

La inclusión de dos departamentos de la región chaqueña no es casualidad en esta construcción de extensión del Plan Colombia. El haber incluido a Alto Paraguay dentro de los departamentos en estado de excepción, no es pura casualidad, debido a que el mismo es fronterizo con la hermana República de Bolivia, además de Brasil.

La estrategia de Colombia en cuanto al conflicto interno ha sido siempre la de salpicar a sus vecinos e intentar vincular al gobierno de los mismos con las FARC, con apoyo a los mismos, como ha acusado Uribe a sus pares ecuatoriano y venezolano.

Siguiendo la misma estrategia, el gobierno nacional -con o sin conocimiento de causa, esta última es muy difícil de creer- ha extendido la supuesta zona de conflicto con el EPP al chaco nacional, y a un departamento fronterizo con Bolivia, donde se encuentran los hidrocarburos, y donde varios capitales norteamericanos han sido afectados por las nacionalizaciones y políticas de protección nacional implementadas por Presidente Evo Morales.

El pasado 14 de abril, en un pequeño recuadro del diario ABC¹⁰, publicaban que el “EPP podría tener su base en Bolivia”, señalando que en este hermano país se encontraría una base de apoyo logístico y de apoyo de las FARC, con supuesto conocimiento del gobierno de Evo Morales, que si bien no lo dicen, lo dejan entrever.

Este periódico, portavoz de la derecha nacional y con relaciones con el grupo Clarín de Argentina y El Tiempo de Colombia, afiliado a la patronal de medios SIP, es el principal vocero de la embajada norteamericana en la construcción de escenarios, y en los últimos meses ha atacado duramente al país andino y su presidente por las acciones de gobiernos asumidas, como la modernización de sus Fuerzas Armadas, con la compra de armamento a Rusia y la cooperación militar con Venezuela.

Declarar a Alto Paraguay en estado de excepción es reconocer y dar credibilidad a las versiones que sugieren la existencia de un campo de entrenamiento en la frontera con Bolivia, y es dar una dimensión regional a un conflicto nacional y extender el colombiano.

Es decir que se señala la triangulación entre el EPP, Bolivia y las FARC, y con ello se facilita el vuelo del Plan Colombia en la región, y eso no se hace de ingenuo o por lo menos uno no puede pecar de ingenuo.

Con este reconocimiento sin ruidos de Alto Paraguay como zona crítica, además se vuelve a poner en el tapete la necesidad de cooperación militar con los Estados Unidos, de manera a utilizar la infraestructura existente en Mariscal Estigarribia.

El comando Sur desde hace 10 años ha identificado esta región como estratégica para el control y monitoreo de Bolivia y Brasil, y en especial para cerrar el cerco alrededor de este último. Alto Paraguay tiene una importancia estratégica, debido a que el mismo cuenta con el curso hídrico que lleva el nombre del país, que conecta directamente con Brasil, y con la frontera boliviana cercana a los hidrocarburos.

El estado de excepción en Paraguay es un estado de alerta para los países limítrofes y en especial para Bolivia, donde la derecha sigue siendo financiada por la USAID y el departamento de Estado de los Estados Unidos, y los “Comités Cívicos” siguen trabajando para desestabilizar el país y derrocar al presidente Morales.

El análisis de la Unasur de la medida dictatorial asumida por Lugo, debe tener una mirada regional, y debe tomar una posición firme en cuanto a la misma, que no puede ser la de apoyo como la otorgada en la última reunión.

Los gobiernos de la región deben exigir al gobierno paraguayo la no regionalización del Plan Colombia, y que el mismo no se convierta en la bisagra de la política de remilitarización de los Estados Unidos en la región.

Los movimientos sociales del país y de la región deben estar muy atentos a las posiciones estatales del gobierno del presidente Lugo, y tomar las medidas de presión necesarias para evitar que esta grave situación siga empeorando en el país.

- Orlando Castillo Caballero es Abogado, defensor de Derechos Humanos, objetor de conciencia y activista por la Desmilitarización, miembro a titulo personal de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas –CADA-