Honduras

Porfirio Lobo y la encrucijada del conflicto agrario

Manuel Torres Calderón

12/04/2010

Opinión

^-A ⁺A

En el departamento de Colón, en el caribe hondureño, no es el campesinado el que pone a prueba a Porfirio Lobo; es la extrema derecha de este país la que calibra su gestión y espera borrar cualquier duda que tenga acerca de su posición ante la profunda división social que aqueja a este país.

Esa extrema derecha, que implica reconocer que la derecha también tiene matices, espera de Lobo una clara definición a su favor en el conflicto, pero a la vez su acuerdo tácito para que tolere prácticas paramilitares que violentan los más elementales derechos humanos.

El campesinado del Aguán no es la amenaza que le quieren pintar a Lobo; no amerita el enorme contingente militar y policial que se desplazó intimidante el fin de semana anterior.

Tampoco justifica toda la campaña orquestada a través de los principales medios de prensa; en uno de los cuales, televisivo, un presentador llegó a decir, en el colmo del cinismo, que “nunca en Tocoa se durmió tan seguro y tranquilo”.

La “amenaza” se magnifica porque así interesa a los grupos de poder que todavía consideran pendientes algunos de los objetivos que los animaron al Golpe de Estado del 28 de junio.

Eso significa que un conflicto esencialmente humanitario y de justicia se está transformando en uno político y de seguridad nacional.

Presidente Lobo: lo que se vive en el agro hondureño es una tragedia humanitaria; es el resultado de una política de Estado deliberada que concentró la propiedad en pocas manos, enterrando cualquier asomo de reforma agraria, y que buscó convertir al campesinado en una mano de obra barata para la emigración y la maquila.

Ahora, menos de veinte años después de que entrará en vigencia la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, resulta que los pobres no son los más aptos para emigrar y tampoco hay suficientes plazas para ellos en las fábricas maquiladoras o en las plantaciones agroexportadoras.

Las posibilidades de desplazarse para el campesinado sin tierra son mínimas; no tiene adónde ir o cómo sobrevivir con sus familias. Las plantaciones de palma africana, relevos de los viejos campos bananeros, se han convertido en zonas de confinamiento laboral y social. A esta nueva “Prisión Verde” se obliga a llegar temprano y salir tarde, por salarios miserables, mientras la edad conserva en los trabajadores fuerzas suficientes para hacerlo.

¿De qué vida se puede hablar bajo esas condiciones que son más inclementes que el sol del mediodía? Basta recorrer las aldeas aledañas a Tocoa, entrar a las chozas, ver la vejez acelerada de sus hombres y mujeres, para captar que no tienen posibilidades reales de aspirar a un mejor futuro si la situación no cambia. No hay por donde; por más que se le busque. Por eso no les resulta atractiva la oferta de “ganar, ganar” que les ofrecen desde Casa Presidencial.

Recibir una hectárea de tierra cultivada de palma y otra por cultivar, y firmar un contrato comercial que los ata como proveedores a los dueños de las grandes empresas no es otra cosa que una variante de las nuevas formas encubiertas de esclavitud laboral que existen en el mundo.

¿Aceptarían los proponentes de la oferta “ganar, ganar” algo semejante para sus familias?

El campesinado del Aguán responde al acorralamiento de que ha sido víctima. En realidad no tiene nada más que perder, salvo la vida, que es lo más valioso que posee. Por esa razón, si este es un conflicto humanitario no puede ser analizado o resuelto carente de una perspectiva ética.

La tierra es la demanda central del campesinado, pero alrededor de ella surgen otros derechos: al agua, al medioambiente, a la educación, a la salud, al mercado, a la justicia. Son los derechos colectivos que acompañan a los derechos individuales. En la Casa Presidencial deben entender que en las negociaciones inevitables no caben propuestas oficiales sin el reconocimiento explícito al derecho a la dignidad de esas miles de familias.

El valor básico de la vida humana es la dignidad, ese es el valor central del que se desprenden otros como la libertad, la solidaridad y la seguridad.

La dignidad es lo que impide que las personas sean tratadas como “cosas” y por tanto volverse “intercambiables”, simples medios al arbitrio de otros o sujetos de la oferta y la demanda. Pensar lo contrario es caer en la sinrazón del sicario o del potentado que sólo ambiciona más y más riqueza.

Dignidad es la que defendía Leonel Álvarez, el joven de 32 años que fue asesinado enfrente de su casa, en Tocoa, y que deja una esposa y cuatro hijas, entre ellas una que nació dos días antes del crimen. Una niña, sin nombre aún, que bien podría llamarse “Libertad”.

El crimen de Leonel, y el de otros asesinados por sus demandas de justicia, confirman cuanto nos hemos alejado del corazón de la democracia; la orden de quitar la vida a otra persona refleja la soledad y deshumanización del modelo de sociedad que hemos seguido. Ahí está, precisamente, el origen de la crisis nacional.

Para quienes han perdido sus seres queridos, este drama ya les alteró la vida. Nada, ni nadie les podrán reparar el daño; sólo queda para ellos una deuda enorme del resto de la sociedad; pero para los demás, el conflicto aún puede tener una solución pacífica.

El MUCA no pide la desaparición de los grandes latifundistas o la salida de la región de Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. Menos aún la destrucción de las enormes plantaciones de palma o derribar los poderes constituidos. Lo que exige es convivencia, no sometimiento. Que les reconozcan los derechos mínimos que manda la ley; no menos de eso. No se les puede ofrecer, por ejemplo, dos hectáreas cuando la normatividad prohíbe el minifundio.

Tampoco se puede pretender volverlos apareceros cuando es en la unión social que pueden vencer las dificultades individuales. Dice Sábato que hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es “no resignarse”, y es lo que el campesinado del Aguán está haciendo; solo, o casi solo, como siempre ha sido, por más que otros aseguren acompañarlos.

Si los desalojos se dan y recrudece la violencia, si se activa de nuevo el gatillo de las armas, no serán los campesinos los únicos que perderán. El país entero, insolidario, se habrá deshumanizado más. ¿Es tan complejo de entender para los grandes dueños del poder que el Aguán será más rentable para ellos mientras más justicia y legalidad impere en la zona?

OjaláPorfirio Lobo pueda escuchar la voz de la razón, no sólo la voz de la explotación; atender su propia conciencia y saber que de su cordura en estos momentos, de las decisiones que adopte, dependerá buena parte del destino de su gobierno.

--------------

Manuel Torres Calderón es periodista independiente, corresponsal de medios internacionales de prensa.

https://www.alainet.org/es/active/37340