No se puede tapar el sol con un dedo, como no se puede ocultar una realidad que el pueblo guatemalteco está viviendo de violación constante a sus derechos más elementales, que van del derecho a la salud, a la educación a la vivienda, a la libre expresión, al alimento y a desarrollar, sin amenazas y sin peligro de perder la vida, sus actividades cotidianas, sean éstas en las organizaciones sindicales, en los medios de comunicación, en defensa de los derechos indígenas y campesinos o de las mujeres, la niñez y la juventud. La violación a los derechos humanos es un mal crónico en nuestro país. Las amenazas a defensores, fiscales, testigos, jueces o periodistas también, y no parece haber poder humano que detenga la mano de funcionarios, civiles o militares, del crimen organizado o del narcotráfico o de cualquiera que se sienten afectado por lo que se dice de la realidad nacional o se hace para transformarla.. Eso fue lo que constató la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente visita al país. Ahí estuvo también para constatarlo la presidenta de la Comisión, la guatemalteca Martha Altolaguirre quien como el alto puesto que ocupa no le permitía participar de la Misión, sólo pudo apoyar este trabajo acompañando con su presencia en el país. La licenciada Altolaguirre asumió este año la Presidencia de la CIDH, puesto codiciado, anhelado y soñado por un columnista de elperiódico, quien se ha dado a la ingrata tarea de criticar y tratar de deslegitimar al movimiento de derechos humanos, y todo porque diversas organizaciones se opusieron a que fuera aceptado como miembro de la CIDH, después de haber sido vicepresidente del gobierno dictatorial del general Romeo Lucas García que, como muchos otros militares, ha perdido la memoria de los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno. El diario de Centroamérica, que por suerte muy pocos leen, destaca en un recuadro como elogio al gobierno, lo poco positivo que dijo la CIDH y olvida todo lo que se refiere a la administración de justicia, al alto grado de impunidad existente, a la limpieza social y la terrible situación de la niñez, así como a las amenazas, controles y hostigamiento a dirigentes de diversos sectores y allanamientos a casas de quienes, en una u otra forma, han criticado a funcionarios o han pedido la aplicación de la justicia y hasta el desaparecimiento del Estado Mayor Presidencial. Aunque la CIDH valora los avances, como el Acuerdo firmado para la creación de la CICIACS, también insta al gobierno a cumplir con los compromisos, porque pareciera que saben que este gobierno promete, firma, ofrece, pero no cumple. Este llamado de la CIDH también es para la sociedad guatemalteca, para que todos asumamos como nuestro el compromiso de rescatar "los Acuerdos de Paz como instrumentos para avanzar en la construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos." Ojalá este llamado no caiga en el vacío, como las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas y la OEA que han visitado previamente a Guatemala.