Bolivia

Un capitalismo andino-amazónico?

Eric Toussaint

21/10/2009

Opinión

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Enfrentamientos izquierda-derecha en Venezuela y Bolivia [1]

Venezuela y Bolivia sufren verdaderas batallas entre la izquierda en el gobierno y la derecha que, a pesar de estar en la oposición, posee el poder económico y mediático (sin contar los poderosos apoyos que cuenta en el aparato del Estado —ministerios, justicia, una parte del ejército y en la jerarquía religiosa (sobre todo católica y protestante).

En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron después del tercer año del gobierno de Chávez, es decir a comienzos del 2002. Tomó la forma de grandes enfrentamientos, como en el golpe de Estado de abril de 2002, en el lock-out patronal de diciembre de 2002-enero de 2002, en la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Y estos actos comenzaron a disminuir su intensidad después de agosto 2004, gracias a la victoria del No en el referéndum revocatorio del presidente Chávez. [2] Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se ha reducido mucho.

En Bolivia, la derecha entabló verdaderas batallas en 2007 y 2008, después de menos de dos años de gobierno de Morales. Utilizó muchas veces la violencia y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, con el 67,43 % de los votos,[3] no condujo a una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esta violencia fue in crescendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varios departamentos clave del este del país. La muy fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente al asesinato de partidarios de Evo Morales en el departamento de Pando (unido a la condena internacional, en particular por UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para aportar su apoyo al gobierno constitucional) acabaron en un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización de un referéndum sobre la nueva Constitución, que desembocó en una nueva victoria de Morales a fines de enero de 2009, ya que fue aprobada por el 62 % de los votantes.

Retorno sobre los enfrentamientos en Bolivia en 2008

En el año 2008 el gobierno de Evo Morales tuvo que hacer frente a la violenta oposición de una derecha que representa los intereses de la clase capitalista local (industriales, grandes terratenientes y grupos financieros), vinculada a los intereses de transnacionales privadas que explotan los recursos naturales (petróleo gas, diversos minerales). El vicepresidente, Álvaro García Linera, presentó en una entrevista [4] una visión estratégica de este enfrentamiento. Parte del hecho comprobado de que la derecha, negándose a aceptar su posición de fuerza política minoritaria optó por la secesión de los ricos departamentos orientales. [5] Describe a continuación la política seguida por el gobierno, que rechazó repetidamente el enfrentamiento antes de recurrir a la fuerza. He aquí algunos párrafos destacables de la entrevista:

«La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que en última instancia, el poder del Estado es coerción A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. […]

»Tras los resultados del referéndum aprobatorio en agosto, el bloque cívico-prefectural [es decir la derecha, nota del autor] inició su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan desbocados a un callejón sin salida.[…]»

Y viene Pando…

«El prefecto desata la masacre de Pando[6] en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana. La masacre de campesinos igualará a los prefectos con su mentor, Sánchez de Losada [el presidente derrocado en octubre de 2003 par la ira popular] o García Meza[7], y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad. Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio en la historia boliviana dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población, horrorizada por la acción de los golpistas. Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz[8]. No sólo campesinos y colonizadores[9] se movilizaron sino también pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes, en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.

»La contundencia y la firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia. Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza. La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado.»

García Linera prosigue, estableciendo un paralelo histórico: «Una cosa parecida sucedió el año 1985[10], cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron ante las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal. Hoy le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre del 2008 tendrá el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros de 1986. Sólo que ahora será el bloque plebeyo el que festejará la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. [...]».

Hasta aquí, García Linera desarrolla un punto de vista optimista sobre la derrota política de la derecha, pero más adelante en la entrevista, él mismo señala que a ésta no le faltan puntos de apoyo para reaccionar y tratar de recuperar la iniciativa para acabar con la experiencia de izquierda en curso: «La burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas de sus ingresos. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega entre un 20 a un 30 % del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario [11], comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de tratar de impedir que siga avanzando el proyecto popular. A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente son desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente.»

Reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios [12] y progresos en la Constitución de 2009

Para entender el proyecto político indigenista defendido por importantes organizaciones relacionadas con el MAS, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, hay que remitirse al Pacto de Unidad, hecho público en septiembre del 2006 para preparar la Asamblea Constituyente.

Autonomía: «La autonomía indígena, originaria y campesina, en tanto que eje fundamental del proceso de descolonización y de autodeterminación, es la condición y la base de libertad de nuestros pueblos y naciones. Ella se basa en unos principios fundamentales, generadores de unidad y de articulación social, económica y política, no solamente entre nuestros pueblos y naciones, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Ella tiende a la construcción permanente de una vida plena entera, mediante formas propias de representación, administración y propiedad de nuestro territorio.»

Régimen de bienes raíces y territorial: «El derecho original sobre los recursos no renovables pertenece a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables, en cuanto a ella, en partes iguales a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos y al Estado unitario plurinacional.» Esta formulación está sujeta a diferentes interpretaciones. En efecto, lo que tiende a predominar en la política del gobierno de Evo Morales es la explotación de los recursos naturales por el Estado, como afirma con toda claridad el vicepresidente de la República en una reciente entrevista (véase más adelante «la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia»).

Latifundio: [El Estado] «debe distribuir las tierras de manera equitativa, garantizar los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y los pueblos originarios y campesinos y velar por el bienestar del conjunto de la población.»

Educación: «La prioridad del Estado plurinacional es dar a la educación, pilar fundamental, un carácter intracultural, intercultural, pluricultural y plurilingüe, en todos los escalones y bajo diversas formas; conforme con la diversidad étnica y lingüística del país, la enseñanza y la administración utilizarán prioritariamente la lengua indígena, el español después como lengua de comunicación intercultural.»

El Pacto de Unidad reclama también la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental y la creación de un cuarto poder independiente del Estado: el poder social instituyente alternativo que encuentra su fuente en los movimientos sociales. El tema del poder social plurinacional fue ampliamente debatido, en tanto que «cuarto poder» de carácter civil y corporativo (sus miembros serían elegidos por los usos y costumbres y por sufragio universal).Tendría como atribución «velar y controlar» los poderes del Estado y la facultad de sancionar, manteniéndose independiente de los mismos. —un idea que finalmente no fue recogida en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).

La nueva Constitución, aprobada finalmente en enero del 2009 en referéndum constitucional por el 62 % de los votos, constituye un adelanto para los pueblos indígenas y originarios. Esta Constitución garantiza, entre otras cosas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas al ejercicio de su propio sistema político, jurídico y económico, el establecimiento de territorios «indígenas originarios campesinos» dotados de competencias en términos de definición de la forma propia de desarrollo, de la administración de la justicia indígena, de la gestión de los recursos naturales renovables, etc. Estos derechos están garantizados en varias partes de la Constitución. A continuación la versión integral de la Parte I, Título II, Capítulo 4 de la nueva constitución boliviana:

La prueba del poder para el MAS

El partido del presidente Evo Morales, el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) tiene la particularidad de haber sido creado, a finales del los años 90, por organizaciones sindicales campesinas.[14] En lo que respecta a la naturaleza social del MAS, Pablo Stefanoni[15] se pregunta actualmente si no sería más interesante estudiar este movimiento político en tanto que partido de pequeños propietarios rurales y urbanos (comerciantes, pequeños empresarios) de origen indígena. Desde este punto de vista se modifica la comprensión de esta organización política, vista hasta aquí como una emanación de los movimientos sociales de los más oprimidos. En efecto, se trata de pequeños propietarios, que sería un error marginar, pues encajan perfectamente en un proceso de construcción de una sociedad alternativa a la capitalista, una sociedad de transición hacia el socialismo. Stefanoni plantea otra pregunta que profundiza el interrogante: «La acumulación familiar —rebautizada “capitalismo andino”— ¿no se basa de todos modos en formas de explotación y autoexplotación de los menos iguales, generalmente peores, que las que prevalecen en el capitalismo formal, regulado por el derecho del trabajo?»[16]

Disponiendo desde el año 2006 de una mayoría en la Cámara de diputados, el MAS ha afrontado el ejercicio del poder político. Con el tiempo, como todo partido de izquierda que hace el ejercicio concreto de la participación en las instituciones parlamentarias y en el gobierno, se produce una evolución. El MAS no es una excepción. Como dice claramente Stefanoni, el razonamiento de cierto número de militantes cambia: «de la política debe servir para cambiar el país», se pasa a «¿por qué no tengo derecho a un cargo, cuando he hecho campaña y me he batido para que el MAS gane?» Es esto tan frecuente por que, según una regla de funcionamiento del MAS, los candidatos pagan ellos mismos los gastos de su campaña electoral, lo que significa que cierto número de ellos (¿la mayoría?) se endeuda para poder emprender una campaña que le permita tener posibilidades de ser elegido.[17] En ciertos casos, también se comprometen a fin de asegurar los apoyos. Esto propicia el clientelismo, que ya impregnaba la vida política del país.

Cuando el MAS, accedió al gobierno, proclamó que rompía con una tradición que quería que el partido victorioso despidiera a un buen número de funcionarios para reemplazarlos por sus miembros o sus protegidos/clientes. Fijó el máximo de los reemplazos en un nivel muy bajo, el 5 % de funcionarios, a fin de garantizar la institucionalización no partidaria de la función pública. Esta decisión ha sido difícilmente aceptada por una parte de los militantes, que esperaban que su esfuerzo durante la campaña electoral o en la lucha fuera recompensado con puestos de trabajo. Finalmente, la dirección del MAS flexibilizó su posición y fue más allá del límite del cinco por ciento.

En enero del 2007, estalló un escándalo en La Paz: ciertos militantes del MAS se hicieron pagar su apoyo a unos candidatos funcionarios. Pero esto no adquirió proporciones masivas. A principios del 2009, un segundo escándalo causó mas daño: Santos Ramírez, dirigente histórico del MAS[18] que había estado al frente de la empresa petrolera pública YPFB, fue descubierto en flagrante delito de corrupción a gran escala. El MAS en el gobierno reaccionó con firmeza a fin de dar el ejemplo. Santos Ramírez fue arrestado a la espera de su proceso. El MAS demostró a la sociedad que aunque alguno de sus dirigentes no estén inmunizados contra la corrupción, el partido rompía con la tradición de impunidad de los mandatarios políticos y era favorable a su condena en caso de delito. Dicho esto, el escándalo Santos Ramírez provocó una verdadera conmoción, que dejará secuelas. [19]

Morales, inmediatamente después de acceder a la presidencia, tomó una medida ejemplar a fin de demostrar que ponía fin a los privilegios: redujo su propio sueldo. Evidentemente, esto fue muy bien visto por la población, con toda razón. La medida implicaba así mismo la rebaja de los sueldos de los demás mandatarios, pues era inconcebible que éstos ganaran más que el presidente y no dieran el mismo ejemplo rechazando sus privilegios. Luego el gobierno creyó oportuno flexibilizar su posición para permitir que los directivos de las empresas públicas percibieran altas retribuciones. Están autorizados a ganar más que el presidente de la República. Álvaro García Linera, quien justifica esta decisión, la denomina la NEP boliviana, haciendo referencia a la NEP aplicada por recomendación de Lenin a principios de los años 20 en la Rusia soviética.[20]

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, aboga por un «capitalismo andino-amazónico»

García Linera es partidario del desarrollo de un capitalismo andino-amazónico en el cual el Estado desempeña un papel clave. Sin deformar la propuesta, se puede considerar que el vicepresidente boliviano es partidario de una forma andino-amazónica de capitalismo de Estado. De modo metafórico, utilizando la imagen del tren, describe con claridad la jerarquía de actores de este modelo: «Es que el Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.»[21]. La perspectiva abierta por Álvaro García Linera es claramente diferente u opuesta a un auténtico socialismo del siglo xxi. Hay que reconocer que no lo oculta con rimbombantes frases socialistas. Su proyecto corresponde a uno de los posibles guiones para el futuro.

Stefanoni atribuye a Evo Morales una perspectiva cercana o idéntica a la de su vicepresidente: «Lejos de alentar la lucha de clases en su acepción marxista, Evo Morales reactualiza los clivajes ya mencionados —nación/antinación, pueblo/oligarquía— y promueve de hecho una nueva “alianza de clases” —sin utilizar para ello ese término, que recuerda los años 50. Una alianza que incluye los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” para construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa así en la modernización/industrialización de una economía atrasada, bajo la dirección de un Estado fuerte que reemplace a una inexistente burguesía nacional.»[22] Esto nos lleva a las antípodas de las numerosas posiciones adoptadas por Evo Morales en otros países y en los foros internacionales cuando denuncia el sistema capitalista y declara que hay que desembarazar de éste al planeta.

Por otra parte, García Linera cuestiona cierta visión «ongista»:[23] «[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONGs, lo cual no quita que existan lógicas organizativas, económicas y políticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en el año 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una lógica muy flexible. Le apuesta a la acumulación pero nunca lo arriesga todo en la acumulación. Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien, contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar, me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto todo. Nunca se acaba de romper con la lógica familiar… Quieren modernizarse pero lo hacen a su manera. Pueden exportar, globalizarse, pero el núcleo familiar sigue siendo la reserva última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15 trabajadores, en lugar de avanzar a 30 o 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado, hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional, weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes, de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es una lógica antagonizada, separada, con la lógica “occidental”. Quienes han participado de los últimos movimientos fácilmente se dan cuenta de eso.»[24]

La explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia

De un modo coherente, con respecto a la perspectiva de un «capitalismo “andino-amazónico”», García Linera se manifiesta, en la entrevista que sigue, a favor de la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica. También aquí defiende una real politik apartada del frecuente discurso ecologista del presidente boliviano.

«En el caso de la exploración de gas y petróleo en el Norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado. […] ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija[25] con el 90 % del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. […] ¿Si las comunidades dicen que no igual el Estado va a entrar? Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG [26], o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.» [27]

Esta posición adoptada no deja de recordar las diferencias políticas que se manifiestan en Ecuador, entre Rafael Correa, por una parte, afín a las posiciones de García Linera, y, por la otra, la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) y la ONG Acción Ecológica. Correa criticó en repetidas ocasiones las posiciones de los «izquierdistas» y de los «ecologistas radicales» que se oponen a la explotación de los recursos naturales del país. De todos modos, a pesar de estas críticas, la posición oficial del gobierno y del presidente ecuatoriano consiste hasta ahora en proponer a la comunidad internacional no emprender la explotación del petróleo que se encuentra en el territorio Yasuni, situado en la Amazonia ecuatoriana.[28] Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y miembro del mismo partido que Rafael Correa, pero defensor de posiciones sensiblemente distintas en varios temas) es uno de los grandes promotores y defensores de la propuesta ecuatoriana.[29]

Es lógico plantearse las siguientes preguntas: al tratar de convencer, en nombre del «bloque indígena-popular» (según la expresión de García Linera), a los pueblos amazónicos de que acepten la explotación de los recursos no renovables del subsuelo de los territorios ancestrales que ocupan, ¿no se inscribe el gobierno de Evo Morales en la prosecución de un modelo extractivo productivista? Un gobierno de derecha ¿no habría tenido que afrontar una resistencia popular muy fuerte de los pueblos indígenas si hubiese querido explotar en su territorio el petróleo de la Amazonia boliviana? Si dentro de algunos años la derecha volviera al poder, ¿no reduciría radicalmente las concesiones que el poder central ha otorgado a los pueblos originarios cuando quiso obtener el derecho de explotar los recursos de sus territorios? En ese caso, ¿no habría sido mejor para los pueblos originarios indígenas rechazar la explotación industrial de los recursos naturales no renovables?

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

[1] Sobre la elección de Evo Morales a la presidencia de la republica y sus dos primeros anos de mandato presidencial, ver Eric Toussaint, “Bolivia: avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional” www.cadtm.org/Bolivia-avances-sobre-los-bienes

[2] El referéndum revocatorio constituyó una verdadera derrota para la derecha, ya que Chávez fue plebiscitado con un 59,10 % de sufragios a favor (5.800.629 votos), o sea una diferencia de 1.810.000 votos con los que decían sí a la revocación. http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2004

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008 y http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/ResultadosRefRevBolivia.pdf

[4] La entrevista fue realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo. Se tituló «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano económico». El texto completo se publicó en el excelente número de Alternatives Sud, CETRI, dedicado a Bolivia, «La Bolivia d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?, Vol. XVI, 2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr

[5] Los departamentos orientales, que forman la Media luna, son Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En conjunto, representan el 36 % de la población del país y el 45 % del PIB.

[6] Unos quince campesinos fueron asesinados y otras decenas resultaron heridos el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir, provincia de Pando. Su prefecto, Leopoldo Fernández, uno de los mascarones de proa de la oposición de derecha, directamente implicado en la masacre, está en prisión por disposición del poder central.

[7] Dictador que tomó el poder por un sangriento golpe de Estado el 17 de julio de 1980 a la cabeza de un grupo de militares relacionados con el narcotráfico y con el apoyo de la junta militar argentina. El año que se mantuvo en el poder estuvo marcado por un auténtico terror, con cerca de 500 asesinatos y 4.000 encarcelados. Uno los asesinados en el putsch fue el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había participado en la iniciativa del proceso contra el ex-dictador Hugo Banzer. El 15 de enero de 1981 tuvo lugar el asesinato de ocho dirigentes de la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

[8] El departamento de Santa Cruz constituye el epicentro de la reacción de la derecha.

[9] Los colonizadores son campesinos que ocuparon de nuevos terrenos, ya sea en el marco de la política de colonización promovida par el Estado en los años 30, o bien en el marco de movimientos de población autoorganizadas. Es el caso de las familias que emigraron a la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba, para cultivar coca. En una primera etapa provenían del altiplano pero luego, a partir del plan de ajuste estructural aplicado en 1985, de las regiones mineras de Oruro y Potosí a causa del cierre de las minas y la consiguiente pérdida de empleo. La familia de Evo Morales era una de estas familias campesinas que dejaron las altas mesetas, áridas y frías, para asentase en las tierras cálidas y húmedas de baja altitud del Chapare. De todos modos, como se ha dicho antes, si bien los cocaleros son efectivamente parte de los colonizadores, éstos no se reducen a los cultivadores de coca. Así, aunque en la movilización contra Santa Cruz participaron los cocaleros del Chapare, fueron sobre todo colonos campesinos de la zona de San Julián los que estuvieron en primera línea.

[10] Muy afectada por la crisis de la deuda que estalló en 1982, Bolivia fue sometida a un plan neoliberal de choque a partir de 1985: privatización de las minas y del petróleo, reducción masiva de salarios y de empleos, apertura económica forzada, reducción del gasto público. El autor intelectual de este plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien a continuación concibió el plan de choque aplicado en Rusia y luego se convirtió en un partidario de la anulación de la deuda de los países pobres, en particular de los países del África subsahariana..

[11] Según Charles André Udry, en los departamentos de Beni y Santa Cruz, 14 familias poseen 312.966 hectáreas. Una parte de estas tierras no se explotan. Estas familias son, desde hace largo tiempo, pilares de los partidos de la derecha más dura. Actualmente, estas familias —que se apropiaron del suelo entre 1953 y 1992, en particular durante los regímenes dictatoriales militares— se suman a las barricadas contra la aplicación de la reforma agraria.. (Réforme agraire et réappropriation territoriale indigène, http://risal.collectifs.net/spip.php?article2017)

[12] Los pueblos autóctonos bolivianos son generalmente designados como «originarios» en los Andes e «indígenas» en la Amazonia. La nueva Constitución boliviana erige como sujeto de derecho las poblaciones «indígenas originarias campesinas» cuando se trata de dotar a las comunidades rurales de derechos colectivos.

[13] Hay que señalar que si bien la consulta de las poblaciones afectadas por la explotación de los recursos naturales no renovables es obligatorio (lo cual es positivo), ¡su resultado no es vinculante!

[14] Las organizaciones sindicales participantes del MAS son la CSUTCB (Confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia), la CSCB (Confederación sindical de colonizadores de Bolivia) y la CNMCIOB-«BS» (Confederación nacional de mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia - «Bartolina Sisa». A partir de 1988, la CSUTCB, principal confederación sindical campesina boliviana (que agrupa en su seno a una parte de los «cocaleros») se pronunció a favor de la construcción de un instrumento político propio de los sindicatos. Los sindicalistas, después de haber comprobado que no llegaban a obtener un cambio político en el nivel gubernamental, dijeron que tenían que dotarse de un brazo político a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles del poder, pasando por la participación en las elecciones. A finales de los años 90, Evo Morales y sus partidarios lanzaron el MAS-IPSP en la línea de la orientación adoptada en 1988, concerniente a la creación de un instrumento político del movimiento social. Con el correr del tiempo, el MAS llegó a ser la fuerza política de izquierda más importante, aunque también otras experiencias políticas se desarrollaron en la misma orientación de la CSUTCB, en particular el MIP (Movimiento indígena Pachakuti), de Felipe Quispe, sin hablar de numerosos partidos de izquierda que tienen un origen más antiguo. Felipe Quispe participó junto con Álvaro García Linera, actual vicepresidente de la República, en la guerrilla katarista EGTK y fue secretario ejecutivo de la CSUTCB.

[15] Pablo Stefanoni es coautor con Hervé Do Alto del libro Evo Morales, de la coca al Palacio (Malatesta, La Paz, 2006).

[16] Pablo Stefanoni, «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?», Alternatives Sud Vol. XVI, CETRI, Lovaina-la-Nueva, 2009/3. http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr . Escribe: «El gobierno actual replanteó la flexibilización del trabajo aprobada en los años 90 —en particular el “despido libre”—, pero estas reglas no rigen las economías familiares e informales, que son las que predominan en ciudades enteras, como El Alto, vecina a La Paz, con cerca de un millón de habitantes. […] La superioridad de la cosmovisión indígena [una pantalla que oculta a menudo prácticas corporativistas o de unas identidades culturales profundamente arraigadas] sobre la cosmovisión liberal es apenas debatida y la voluntad de destacar la dimensión étnica de la opresión casi ha hecho desaparecer su dimensión de clase. No es una casualidad que los avances en materia de derechos del movimiento obrero sean escasos o nulos.»

[17] De hecho, esta regla cierra el acceso a los más pobres a la candidatura a un cargo de diputado, de senador o de miembro de la Asamblea Constituyente. En realidad, no es raro ver que, en el momento de confeccionar las listas electorales, dirigentes sindicales bien preparados en cuanto a su formación política, tengan que ceder su lugar a unos intelectuales de clase media o pequeños empresarios, con un mayor capital económico.

[18] Según García Linera, Santos Ramírez podía pretender ser el sucesor de Evo Morales como candidato del MAS a la presidencia de la República.

[19] Véase Hervé Do Alto, «“¿Más de lo mismo” o ruptura con los “tradicionales?” Bolivia y el MAS: un caso de democratización paradójico», Le Monde diplomatique, (Edición boliviana), nº 11, febrero de 2009.

[20] «De ahí que hayamos tenido que aprobar una ley que habilite salarios más elevados que el del presidente para cuadros técnicos de empresas estratégicas. Es nuestra forma local de la NEP leninista (Nueva Política Económica, en la Rusia posrevolucionaria). El objetivo de la NEP, además de la alianza con los campesinos, era fundamentalmente reclutar técnicos para administrar los niveles subalternos del Estado, habida cuenta de que si bien el Estado es una estructura política, tiene niveles burocrático-administrativos y técnico-científicos que requieren conocimientos y saberes que no pueden ser adquiridos ni transformados rápidamente. Lenin, para terminar la catástrofe económica que se dio inmediatamente después de la revolución, tuvo que recontratar a los técnicos del antiguo Estado, hasta crear gradualmente una administración más simple. E instruyó: debajo de cada técnico pongan un joven que aprenda, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ya lo iniciamos en el 2006: se cambia la organización y las personas de los niveles decisionales de la administración publica (ministros, viceministros y algunos directores), pero no se toca la estructura secundaria de la administración estatal del Estado, hasta formar cuadros estatales, jóvenes, que sustituyan a los antiguos cuadros.» in Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo, entrevista a Álvaro García Linera, «La derecha aún no fue derrotada económicamente».

[21] In Ortiz P. (2007), «Fue un error no liderar el pedido autonómico» (entrevista a Álvaro García Linera), El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 2007. http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-21/vernotaaldia.php?id=512

[22] Pablo Stefanoni in «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in Alternatives Sud,:«La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?» Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr

[23] Neologismo para designar lo relacionado con el mundo de las ONG.

[24] In Svampa M., Stefanoni P. (2007), «Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas», (entrevista a Álvaro García Linera), in Monasterios K., Stefanoni P. y Do Alto H. (dir.), Reinventando la nación en Bolivia, CLACSO-Plural, La Paz,

[25] El prefecto de la provincia de Tarija es parte de la oposición de derecha en compañía de los prefectos de las provincias de Santa Cruz, Beni y Pando.

[26] En el caso de Bolivia, sin embargo, tal discurso de franca oposición a las ONG es tanto más chocante cuando se muestra en total contradicción con la propia composición del gobierno, donde los ministros han salido en su mayoría de los cuadros de este tipo de instituciones. Entre ellas, el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos y de Investigaciones Sociales), reconocido por los movimientos indígenas de Oriente como un apoyo indefectible en la reconquista por los pueblos autóctonos de sus prerrogativas sobre sus territorios ancestrales. Algunos pesos pesados del equipo de Morales han hecho en ellas su formación, como Carlos Romero, actualmente ministro de las Autonomías.

[27] Entrevista realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo titulada: «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano economico». Traducción Denise Comanne y Eric Toussaint. Alternatives Sud, «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste»?, Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva.

[28] Rafael Correa ha defendido varias veces esta posición en las reuniones de las Naciones Unidas así como en otras instancias internacionales. Esta propuesta, conocida como el proyecto ITT (siglas del nombre de sendas perforaciones de exploración en la zona: Ishpingo-Tambococha-Tiputini), es una de las iniciativas del gobierno ecuatoriano con el fin de luchar contra el cambio climático. Se trata de la no explotación de unos 850 millones de barriles de petróleo en la zona del parque Yasuní, reserva natural cuya biodiversidad es una de las más importantes del mundo. La explotación de un petróleo pesado podría reportar al Estado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (al precio de unos 70 dólares el barril).

[29] Véase una entrevista sumamente importante a Alberto Acosta realizada por Matthieu Le Quang titulada «Le projet ITT: laisser le pétrole en terre ou le chemin vers un autre modèle de développement», www.cadtm.org /Le-projet-ITT-laisser-le-petrole. En castellano, «La moratoria petrolífera en la Amazonia ecuatoriana, una propuesta inspiradora para la Cumbre de Copenhague», www.cadtm.org La-moratoria-petrolifera-en-la. Alberto Acosta da su versión sobre el origen del proyecto y presenta un gran número de factores contradictorios que intervienen en su concreción.

Anexo

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan[13].

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31.

I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32

El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

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