Santo Domingo

La maternidad ha estado en el epicentro de controversias y debates en este país, durante las últimas semanas, según discusiones que han versado sobre el aborto, el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas aquí, de madres y padres de ascendencia foránea, principalmente haitiana; y también por algo a todas luces positivo: el facilitar el acta de nacimiento en los hospitales antes de que la madre y su prole dejen el centro.

La aprobación, en primera lectura, por la Asamblea Revisora de la Constitución, de un artículo (el 30) que protege la vida del cigoto desde la concepción, mantiene al rojo vivo las discusiones y presiones sobre integrantes del Congreso que debaten la Reforma Constitucional y, desde el movimiento de mujeres y las fuerzas sociales más beligerantes, sobre toda la sociedad.

En el último mes, el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional y la Coordinadora de Resistencia al Retroceso Constitucional —integrada por más de una treintena de grupos e instituciones— han desarrollado numerosas acciones de presión sobre el Congreso: plantones frente a las sedes de los dos partidos mayoritarios, que monopolizan el voto de los legisladores; pactos entre sí y con el clero católico, actividades culturales, manifestaciones callejeras, marchas y otras formas de lucha.

Los medios de prensa se han alineado entre dos posturas. De un lado, quienes apoyan las posiciones de las iglesias, en particular la apostólica y romana, y aspiran a privilegiar la vida del óvulo fecundado en vez de la salud y existencia de la madre.

Por otro, un porcentaje importante que califica de 'vergüenza' la actuación de los y las legisladoras, se lamenta porque el país siga integrando el escuálido grupo de seis naciones que en todo el mundo sancionan el aborto sin importar causales (Nicaragua, Chile, El Salvador, Malta y Filipinas); y enfatiza la urgencia de impedir que, en una segunda lectura, el mencionado artículo sea ratificado.

Elaborada por el presidente Leonel Fernández, quien no ha estado exento de presiones, la propuesta de Reforma Constitucional sometida al Congreso supone la condena a cientos de madres —especialmente a las más pobres— a parir quieran, puedan, deban o no.

Además, acepta implícitamente la violación, el incesto, el nacimiento de criaturas malformadas, los riesgos para la vida de las mujeres; y hasta veta los experimentos científicos con células madres y otras posibilidades, al reconocer que existe vida "desde el momento mismo de la concepción".

Algunas tergiversaciones afirman que lo que se pide es la legalización del aborto; pero, en verdad, se trata de dejar abierta la posibilidad de realizar interrupciones terapéuticas —y sólo estas— cuando peligre la vida de la madre, haya violación o incesto, o malformaciones del feto. Y ni siquiera esto es mayoritariamente aceptado.

Una encuesta de Barómetro de las Américas sobre la declarada aceptación del asunto reveló que 65 por ciento de 1.500 entrevistados lo rechaza.

Líderes de organizaciones femeninas y de instituciones tan fuertes como Participación Ciudadana notan una contradicción entre la propuesta y los entre 100.000 y 150.000 abortos anuales que se producen, como resultado no sólo de las prédicas desde los púlpitos y el temor a un Dios castigador, sino también de la ignorancia.

En República Dominicana, el índice de analfabetismo es alto y el país constituye el tercero del continente que menos invierte en educación.

No obstante, habría una cierta posibilidad de que, en segunda lectura, el Congreso reformule ese artículo 30 como resultado de que el propio presidente Fernández declaró en una entrevista con el periodista Huchi Lora que habría que "perfeccionar" la redacción.

En tanto, el ministro de Salud ha comenzado a expresar que este tema no debe ser materia de la Constitución, sino del Código Penal, que también está en discusión desde hace unos tres años.

Por su parte, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se duele de que haya estos "cambios" y los atribuye a la visita de Hilary Clinton y a presiones "de la Casa Blanca, las Naciones Unidas y el Departamento de Estado", según explicó a Diario Libre el último viernes.

La nacionalidad en el candelero
El panorama social se ha visto, igualmente, confrontado por el intenso debate entre la parte de la sociedad más discriminadora, encarnada en el Partido Nacional Progresista (PNR), de corte nacionalista, y el resto de los segmentos del espectro socio político.

La semana anterior hubo un cruce verbal entre el diputado del PNR Pelegrin Castillo y la legisladora Isabel Bonilla, presidenta de la Comisión Especial que propuso a la Asamblea Revisora adoptar una fórmula que garantice acceso a la educación a niñas y niños residentes en el país y la nacionalidad a hijos e hijas de residentes legales nacidos aquí.

El asunto se enfila, de manera particular, a la muy numerosa población de origen haitiano.

Y mientras en las superestructuras este debate toma horas y horas y se cruzan palabras fuertes, muchas de ellas ofensivas, la población consultada por la misma encuesta de Barómetro de las Américas se pronunció en 47,2 por ciento a favor de que los hijos e hijas de haitianos nacidos en República Dominicana sean ciudadanos dominicanos.

En el mismo sondeo, casi 40 por ciento de las personas consultadas abogó porque padres y madres obtengan permisos de trabajo, aunque sean indocumentados.

Un pedacito de luz sobre la maternidad
Un esfuerzo grande se realiza desde hace dos años para que todo niño o niña abandone los hospitales de maternidad, luego de ser reconocidos e inscritos por sus padres. El derecho a un nombre y a una nacionalidad, postulado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, queda así viabilizado.

En Dominicana, casi 30.000 escolares carecen de actas de nacimiento, lo que dificulta su tránsito formal por los distintos niveles de educación. A ello se agrega que alrededor del 35 por ciento de las parturientas en los hospitales principales son menores de edad.

La maternidad temprana puede ser tan alta, que sólo en un hospital, diariamente, dan a luz entre 15 y 20 madres adolescentes.

En el último lustro, la creación de unidades de Registro Civil en los hospitales ha permitido a medio millón de infantes adquirir personalidad como nacido. Un reportaje de la colega Mariela Mejía califica de "muertos civiles" a la enorme cifra de población sin acta de nacimiento.

Si el Congreso de la República ratifica, en segunda lectura, que son nacionales los hijos de inmigrantes haitianos con estatus legal, esta situación se esclarecerá aún más. Y también la vida de esos y esas menores será más viable.

Un asunto que no está en debate, lamentablemente, y de lo cual no se habla desde los púlpitos, es la huída de padres renegados que "preñan y se van". Pero tanto madres solas como menores de edad podrán también inscribir a su descendencia, gracias al trabajo que se realiza ahora.

Un pequeñísimo oasis en un panorama que, en los últimos tiempos, ha convertido el hermoso acto de la maternidad deseada en objeto de conflictos por quienes, en buena parte de los casos, están ignorando el derecho a decidir de las mujeres.

(SEMlac)
Fuente: www.redsemlac.net