Asunción

Derechos humanos, una causa nacional, elevada a política de estado, con componente ineludible de memoria histórica, juicio y castigo a responsables del terrorismo de estado, búsqueda de desaparecidos, y recuperación de los bienes y activos mal habidos por los jerarcas en territorio nacional y en el exterior.

Ayer lunes, se conmemoraron en el Paraguay 55 años del golpe de estado militar gestado por Alfredo Stroessner y que lo llevaría a enquistarse por 35 años en el poder, purgando y encolumnando a las fuerzas armadas, la policía, el partido colorado y toda la administración pública central, con diversos aventos de protesta e indignación ciudadana.

Cinco días antes, aterrizó en el aeropuerto internacional el principal represor civil de la dictadura por debajo del General Alfredo Stroessner, buscando burlar los controles e internarse territorio adentro en forma disimulada. Se trata de Sabino Augusto Montanaro, quien fue ministro del interior entre el período 1966 hasta 1989, fue vicepresidente del partido colorado, y desde 1987 integrante del fatídico “cuatrinomio de oro”, último primer anillo del dictador, que compartió dicha distinción con Adán Godoy Jiménez, ministro de salud, Eugenio Jacquet, ministro de Justicia y Trabajo, y Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador.

Su llegada, luego de permanecer en carácter de asilado, protegido en la república de Honduras por más de 20 años, vuelve a instalar el tema crucial de la impunidad en la cual transcurrió la transición del Paraguay, en tanto que la decisión de su ingreso está fuertemente motivada por razones de herencias y repartos de su inmensa fortuna entre el grupo familiar, testaferros y sus diversos contactos, antes que intento alguno de responder a la justicia, donde tiene varios procesos abiertos por graves violaciones a los derechos humanos de carácter imprescriptible como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, además de la obtención de bienes malhabidos.

Ausencia de política de estado en derechos humanos

Esta llegada también pone al descubierto una de las principales falencias del gobierno de Fernando Lugo, que no ha instalado hasta la fecha una política definida en materia de derechos humanos con una visión de rescate de la memoria histórica, el fin de la impunidad heredada desde la dictadura respecto de los crímenes de lesa humanidad, y la ausencia de una política de reparaciones integrales.

Debió ingresar al país el segundo civil responsable en la represión dictatorial durante más de veinte años para despertar nuevamente una ola de indignación ciudadana, y disparar una respuesta, a mi entender tardía y aún muy tibia, desde la presidencia de la república, en esbozar alguna forma de compromiso por parte de Fernando Lugo de que a partir del 2 de mayo de 2009, a más de un año de ganar las elecciones, se considerarán los derechos humanos con visión de memoria histórica como una causa nacional.

Instalación de una secretaria de derechos humanos

A pesar de las reticencias del entorno presidencial durante más de ocho meses de gobierno con respecto a crear instituciones específicas en políticas públicas de derechos humanos con visión histórica, el reclamo de las víctimas, de los familiares de desaparecidos, de las organizaciones de derechos humanos pudo más y hoy la historia nos da la razón. Todas las organizaciones e individualidades que en su gran mayoría trabajamos y construimos desde abajo el movimiento político para instalar la alternancia en el Paraguay, luego de 60 años, a partir del 15 de agosto de 2008, fue siempre concluyente y confluyente en la necesidad de dar una continuidad lógica e institucional al trabajo realizado por la Comisión de Verdad y Justicia durante cuatro años y que terminó con un demoledor informe final de ocho tomos, que incluye 238 conclusiones y 178 recomendaciones a los tres poderes del estado. Y ese resultado lógico debe ser necesariamente la elevación de las recomendaciones de la CVJ al rango de políticas de estado, en una verdadera causa nacional, a través de una Secretaría de Derechos Humanos, que velaría por todos los archivos de la represión recuperados, continuaría con la búsqueda de los desaparecidos, continuaría con las investigaciones y judicializaciones de las graves violaciones, y contribuiría a una política nacional de reparaciones integrales con carácter transformador y humanizador del estado y la sociedad paraguayas.

Hoy, con el retorno de Sabino Augusto Montanaro, el clamor de las organizaciones recobra fuerza y se alza como una bandera de lucha que aportará indudablemente a fortalecer el proceso de cambio, a fortalecer la democracia, con la instalación de la verdad, la justicia, la memoria, el juicio y castigo a todos los responsables para poner fin a la impunidad de la dictadura y la transición, para construir el futuro sin basuras bajo la alfombra.

Urgencia de una Secretaría de derechos humanos

Hoy, ya no quedan peros y se aplacan las reticencias, a partir de que es el propio Presidente Lugo quien reconoce la necesidad de elevar los derechos humanos al carácter de una causa nacional, y se compromete nuevamente ante la víctimas y familiares de desaparecidos durante el terrorismo de estado, con una fuerza y determinación que no se había manifestado hasta la fecha. Resta que las organizaciones de víctimas, de familiares marquen el tiempo a estas palabras y pongan una agenda cumplible para la aplicación efectiva de estas expresiones oficiales, y que éstas se transformen en políticas de derechos humanos sin impunidad ni olvido ni perdón, a través de instituciones sustentables y específicas en la materia, como una Secretaría de Derechos Humanos adscripta a la Presidencia de la República.

Hoy, martes 5 de mayo, luego de una importante reunión de los familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura que elevamos un petitorio, el Presidente dijo que “Me comprometo con la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura de Stroessner y anuncio que cambiarán la denominación de las instituciones educativas que llevan nombres de jerarcas del stronismo. ‘Montanaro, dónde están las tumbas de nuestros hermanos’, reclamó Lugo en su habitual conferencia de prensa de los martes. Son importantes gestos. Son gestos.

Secretaria de derechos humanos con competencias de recuperación de bienes y activos malhabidos

Y los familiares organizados, ya solicitamos acciones y proponemos concretamente los mecanismos, los procedimientos que se centran en una Secretaría de Derechos Humanos con amplias competencias como la búsqueda de los desaparecidos, la judicialización de las causas penales y seguimiento de las abiertas, el cuidado de los archivos de la represión, la aplicación de las recomendaciones de la CVJ , a través de políticas elevadas al más alto nivel de las reparticiones del estado, y la implementación de las 178 recomendaciones de dicha Comisión de Verdad y Justicia que presentó su informe el 28 de agosto de 2008, sin que hasta la fecha se hubiera creado instancia alguna para su cumplimiento estricto y responsable, a pesar de que la creación de una Secretaría de Derechos Humanos fuera la primera recomendación, y que a pedido de las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de familiares, se le agregará a partir de la exigencia planteada en díass atrás, un importante componente cual es la recuperación de los bienes malhabidos, sean tierras, sean bienes transables, sean activos que estén en territorio nacional o en el exterior para su reintegro al patrimonio del estado.