Los desplazados completan cinco semanas de vivir en la calle a la espera de que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados. Ya se han producido dos fallecimientos y dos acciones de hecho que dejaron varios heridos.

A la grave crisis humanitaria que afrontan desde hace varios años las familias desplazadas residentes en Bogotá, la mismas que protagonizaron la toma de la Plaza principal de Bosa, el parque de la 93, que fueron burladas por el Distrito en los acuerdos del 17 de diciembre del 2008, como sostienen sus líderes, y la misma que hoy, a falta de otras opciones convirtió la Plaza de Bolívar y el Parque del Tercer Milenio desde hace un mes en su lugar de residencia, enfrentan otros serios problemas. Además de su condición de víctimas del conflicto armado y a causa de ello, del desplazamiento forzado con todo lo que ello implica en cuanto a pérdidas humanas, materiales, daños sicológicos, fragmentación del tejido social y pérdida de referentes sociales y culturales, al llegar a la ciudad se convierten en fichas de la manipulación de políticos, avivatos y servidores públicos.

Nuevas victimizaciones

Además de la situación de indigencia a la que se ven reducidas estas familias, la poca asistencia humanitaria y el mal desarrollo de proyectos sostenibles que les permitan superar los indicadores de miseria y pobreza, sumados al incumplimiento del Gobierno para garantizar sus derechos fundamentales, ahora padecen otras formas de victimización. Por un lado, se ha conformado una red delincuencial interna en la Plaza de Bolívar, que quiere ejercer control sobre ellos, que los chantajea con la distribución de alimentos, con inscribirlos o expulsarlos de la lista que se tramita ante Acción Social, tomando de modo arbitrario la vocería de varias familias que temerosas no se atreven a denunciar. Por otro lado, se están presentando gran cantidad de denuncias que dan cuenta de un manejo anómalo de sus dineros por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social.

Una mafia interna

Cuando muchas familias tuvieron que abandonar las viviendas que ocupaban al sur de la ciudad porque ya no tenían como pagar el arriendo, y a ellos se sumaron otros recién llegados a la ciudad, decidieron unirse y convertir la Plaza de Bolívar en su lugar de residencia. La convivencia de estas 800 personas se hizo insostenible. Ricardo Jiménez Calderón, quien era su líder y cabeza de la “Corporación Social Colombia una, colombianos todos”, fue expulsado con amenazas y con traiciones. Una banda conformada por César Mauricio y Alexis Osorio Hernández, Liliana y Leandro González Granados y Adeiby Obando López, quienes, según testimonio de varios desplazados se roban los alimentos e intimidan a la población desplazada, logró expulsar a Ricardo, suplantarlo en una audiencia ante el Senado de la República, convocada por Hernán Andrade, presidente del Congreso, cambiando su número de cédula y nombre en la entrada del recinto, y luego quisieron convencer a las  familias que Ricardo los había traicionado, expuesto a la brutalidad policíaca y abandonado. “El error de Ricardo fue confiar en estas personas; ellos son profesionales en eso de meterse a los grupos de desplazados, hablar durito y controlar a la gente para robarle lo poco que reciben”, afirma una desplazada que prefiere reservarse su identidad.

“Dicen que Ricardo nos cobraba de a cincuenta mil por cada desplazado para incluirnos en las listas, y eso es mentira, una infame mentira. Yo lo conozco hace dos años y puedo dar fe de que él nunca nos cobró un peso por nada, al contrario, estando también como nosotros, ponía todo lo que tenía para nuestro beneficio”. Afirma una mujer, a cuya voz se suman por los menos las de otras diez personas.

“César Mauricio me cobró $200.000 para incluirme en la lista que iba para Acción Social, como no tenía plata, me echó de la Plaza de Bolívar y abajo si me pude inscribir. Además me habían dado un bono de $70.000 porque estaba enferma y él me lo quitó diciendo que eso era para todos” declaró otra víctima de este señor. Además muchas personas han denunciado que César Mauricio se roba los alimentos que reciben como donación y se los lleva para su casa ubicada en el barrio Santa Fe o los vende en un restaurante de su propiedad en ese mismo sector. “Una señora hizo unos donativos de 75 salchichones y otras cosas para los desplazados. Mauricio con sus cómplices se robaron todo eso. Nadie probó nadita de nada”. Una víctima más que continúa viviendo en la Plaza de Bolívar, me dice que no se atreve a denunciarlo por miedo y que no se va de la Plaza porque César Mauricio les dijo: “que si se iban los sacaba de la lista de Acción Social”.

Sin embargo, y pese a las amenazas y chantajes, varias familias desesperadas por esta situación decidieron correr el riesgo de desafiar su autoridad y agruparse desde hace tres semanas en el Parque Tercer Milenio bajo el liderazgo de Julián Arboleda, un representante de las negritudes que cuenta con un amplio respaldo de la población desplazada. -Julián es un bacán- dice un hombre mayor- al contrario de los de arriba, él deja de comer para que coman los otros y no coge ropa porque según dice, por ser líder debe sufrir más que los demás-.

Cada día, más y más personas, a falta de alimentos y de garantías sobre un manejo transparente de las ayudas que reciben en la Plaza de Bolívar, se trasladan al Parque Tercer Milenio. Pero la llegada de nuevas familias exige una mayor cantidad de recursos, de alimentos y de baños, y no ha sido sencillo atender las demandas de todas las personas. Se calcula que en la Plaza de Bolívar se encuentran un promedio de 200 personas y en el Tercer Milenio más de 500. No se explica entonces la falta de presencia por parte de la administración distrital en este parque.

Quienes tomaron la decisión de trasladarse al Tercer Milenio, dicen que no regresan por nada del mundo a la Plaza de Bolívar, aunque allá la Alcaldía preste ayuda, porque les da miedo sufrir represalias y confían en la justicia y el liderazgo de Julián. Las víctimas de la acción de César Mauricio y su banda, como los llaman, no denuncian por temor a perder los beneficios que algún día recibirán y a la acción criminal de esta banda. Pruebas tampoco tienen para sustentar sus versiones. -Es su palabra contra la nuestra -advierten- nosotros podemos declarar que lo hemos visto, que nos consta como se lleva la comida, que una donación de lácteos y salchichones él se la llevó, ¿pero cómo lo demostramos? Ahí son las autoridades las que tienen que investigar, porque es verdad, hasta con chuzos suelen andar.

Un desplazado, que sólo por miedo sigue viviendo en la Plaza de Bolívar, afirmó: “El miércoles de Semana Santa a través del señor Andrés Restrepo, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nos entregaron 5 bonos para intercambiar por alimentos, cada uno por un valor de $150.000 adjudicado a cinco nombres distintos. Mauricio los controló, le dijo a la gente que sólo había recibido un bono de $360.000. ¿Qué pasó con el resto? Además Mauricio no deja que personas distintas a su grupito intervengan en las mesas de negociación con el Gobierno. Él busca su beneficio personal y si nos tiene que vender, lo hace. A él no le importa porque tiene su casa, sólo está acá para explotarnos, para pactar con políticos votos a cambio de dinero, y hacer negocio con las listas de desplazados”. No es sólo César Mauricio. “La señora Adeiby, nos tiene intimidados a todos con el cuento de que ella es esposa de un agente del DAS, no sé que hace acá fungiendo como desplazada. A mi señora me amenazó con un puñal cuando la reté…”

Además de la acción criminal de la banda de Mauricio, los bonos que se tramitan a través de Acción Social tampoco están llegando como debe ser.

¿Qué esta pasando en Acción Social?

El pasado 17 de diciembre de 2008, en la estación de Policía de la Candelaria, se llegó a una concertación a raíz de una protesta organizada por los desplazados en la sede nacional de Acción Social. En dicha reunión se acordó enviar un listado con los datos de cada hogar, que a su vez sería reenviado  a FONVIVIENDA para que todos los casos presentados por la “Corporación Social Colombia una, colombianos todos”, fueran atendidos por ésta institución. Igualmente se acordó realizar una reunión entre el director de Acción Social Luis Alfonso Hoyos y un grupo de voceros de la población desplazada para las dos últimas semanas del mes de enero. También se pactó que 140 casos, identificados como viables en el informe del 19 de diciembre para recibir Atención Humanitaria de Emergencia, AHE,  (40 el 23 de diciembre y 100 el 30 del mismo mes). Acción Social ha argumentado que 39 personas fueron citadas a la UAO de Ciudad Bolívar, que 100 más fueron citadas el 29 de diciembre al centro de pago Efecty- Servientrega en el barrio Venecia porque presentaban un mayor nivel de vulnerabilidad y no habían recibido la totalidad de los componentes de la Atención Humanitaria de Emergencia inicial. También alega que se citaron 24 núcleos familiares durante el mes de enero.  No obstante, los desplazados insisten en que los acuerdos no se han cumplido, la prueba más fehaciente de ello es que siguen en la calle en situación de indigencia y no se vislumbran salidas, al menos a corto plazo, a su dramática situación. La reunión con Luis Alfonso Hoyos sigue pendiente, así como la solución de vivienda, la cual debe ser entendida como un derecho constitucional y no como un mecanismo de reparación.

El 24 de diciembre de 2008, Ricardo Jiménez Calderón envió un mensaje de correo electrónico al señor Camilo Andrés Escobar Gutiérrez, asesor Jurídico de la Subdirección de Atención a la Población Desplazada de Acción Social, en el que le manifiesta que no se está cumpliendo con lo acordado: “No hay asistencias alimentarias completas en la mayoría de las prorrogas que estipula la Ley 387 del 18 de julio de 1997”. También denuncia que las asignaciones por vivienda no se han recibido, y que de manera arbitraria, fue excluido del listado para recibir bonos de alimentación. Escobar le responde ese mismo día diciéndole que: “su caso particular no obedece a cuestiones personales, toda vez que usted debe ser atendido al igual que las demás personas… Su ayuda ya se encuentra tramitada para ser entregada lo antes posible” Hasta la fecha no ha recibido la ayuda mencionada. “El meollo está en que ellos hablan de cumplimiento yo les pruebo que no, ellos dicen que de 317 personas en la lista le pagaron a 167, pero sólo se medio cumplieron con 68- afirma Ricardo Jiménez- y no fue la ayuda completa sino remanentes cercanos al 40% de lo que deberían recibir. De allí nuestra inconformidad. Además no queremos esos bonos de canje con Colsubsidio o Cafám, con bonos no se paga arriendo, ni mecanismos de visitas ni contratistas, eso no lo contiene la ley”.

La subdirectora de Atención a la Población Desplazada, Viviana Ferro Buitrago, en respuesta a una carta enviada por el Ricardo Jiménez, el pasado 16 de marzo, le dice: “Es evidente que dentro de las obligaciones establecidas en el marco de nuestra competencia, se han realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento al compromiso adquirido con usted”. Jiménez Calderón también la desmiente.

El dinero que los desplazados deben recibir a través de los bonos, de las prorrogas o el PIN, tampoco están siendo girados de acuerdo a lo que se establece según el nivel de vulnerabilidad de cada caso. Miriam López Hernández, recibió un formato de orden de pago de Acción Social por un valor de $825.000. Cuando fue a cobrarlo, le entregaron un bono de $180.000. Nadie le dio explicaciones. Javier, otro de los líderes de los desplazados, recibió notificación categoría C, es decir que debía recibir un bono de $1.400.000. Cuando fue a retirarlo le entregaron dos bonos para comida. Uno de $100.000 y otro de $25.000.

“A mi me llegó la notificación donde me decía que debía reclamar $300.000, pero cuando fui a retirar mi dinero, después de hacer filas y filas y de andar, como un ping pong, de un lado para otro, me salieron con este bono de $70.000. Cuando hice el reclamó me dijeron que eso era lo que había”- cuenta otra desplazada.

Casos así abundan y nadie responde por estos hechos. Además, los desplazados son obligados a cambiar los bonos de asistencia alimentaria en Colsubsidio o en Cafám, lo que les impide adquirir productos a mejor precio en las plazas de mercado. “Nos tienen como interdictos, no nos entregan dinero en cheque o efectivo para que compremos alimento donde mejor nos convenga sino donde ellos nos obligan”.

Crisis humanitaria en el Tercer Milenio

La Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Mayor aún no han tenido en consideración a los desplazados del Tercer Milenio. Sólo cuentan con un baño, duermen en el piso, se cubren con bolsas plásticas, sólo han recibido 14 carpas, y comen gracias a la caridad cristiana y la solidaridad de varias redes de apoyo que se han conformado a través de Facebook para tratar de mitigar en algo su situación. Julián Arboleda, confirmó que no han recibido bonos de alimentos por parte de la Administración, como sucedió en la Plaza de Bolívar. Cuentan con una ambulancia que permanece estacionada en el Parque Tercer Milenio y que sólo se desplaza para llevar personas en estado de gravedad al hospital. Esta ambulancia no cuenta con recursos médicos esenciales. Hay varios niños con gripa, pero mientras no requieran hospitalización no se pueden atender. En días pasados se trato de conseguir un suero para un niño con diarrea y deshidratado, pero la ambulancia no tenía. Tuvimos que comprarlo en una farmacia cercana.

Además de la precariedad en sus condiciones de vida, de la exposición más cruda y palpable de la degradación humana, es lamentable que estas familias no cuenten con la asesoría jurídica necesaria. Son varias las acciones de tutela que han logrado instaurar, que son falladas a su favor pero que no se hacen efectivas. Son numerosos los casos de peticiones ciudadanas que siguen sin ser respondidas.

El Auto 251 de 2008 la Corte Constitucional adoptó medidas especiales para la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, afirma que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado en Colombia es menor de edad. “Sin embargo, la Corte constató que la respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a las graves violaciones de sus derechos fundamentales. Más aún, la gravísima situación de la infancia y adolescencia desplazada por el conflicto armado es, en sus dimensiones cualitativas reales, invisible para las autoridades y para la sociedad”.
“Los miembros de la población desplazada no pueden convertirse, como efecto de su injusta condición, en personas de segunda categoría o en ciudadanos a medias, privados en su existencia cotidiana del ejercicio, el goce y el disfrute de los derechos a través de los cuales desarrollan sus facultades ontológicas de autonomía, de participación y de crédito. El desplazado no sólo tiene derecho a que el Estado le proteja y garantice sus derechos a la vida y la integridad personal, sino a que las autoridades le reconozcan efectivamente su derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, su derecho a tomar parte en la adopción de las decisiones que lo afecten y su derecho a exigir las prestaciones que le permitan un nivel de vida acorde con su dignidad” afirmó Amerigo Incalcaterra, director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Seminario Nacional “Derecho de ciudadanía y población en situación de desplazamiento” que se llevó a cabo en el2004.

La población desplazada no sólo expresa que han sido objeto de burla y desatención por parte de las autoridades y organizamos encargados de velar por el cumplimiento de los acuerdos y garantizar sus derechos, sino que además han sido objeto de un trato discriminatorio y de atropellos contra su dignidad. “No somos mendigos, ni delincuentes”, insisten. Muchos de ellos afirman que sólo saben trabajar la tierra, sembrar y recoger, y que la supervivencia en Bogotá se les dificulta. “No sabemos pedir limosna ni robar, por eso queremos que nos asignen nuevas tierras, no tenemos garantías para regresar al mismo lugar de donde fuimos expulsados, además hay muchas heridas abiertas, recuerdos terribles que no queremos revivir; queremos nuevas tierras para trabajarlas, y así volver a vivir como vivíamos antes de que la violencia nos quitará todo”.

En septiembre de 2008, otro grupo de desplazados integrado por 12 familias, entre ellos 35 menores, tomaron posesión de un edificio abandonado de Bienestar Familiar ubicado en la calle 24 No 17-35. Con ingenio lograron hacerse a los servicios de agua y energía, se acomodaron en los apartamentos partiéndolos para dos familias y desde hace 8 meses sobreviven allí bajo estrictas normas de convivencia, dedicados al rebusque cotidiano. El 25 de octubre, Milton Rosales, líder de este grupo, ante la dramática situación, solicitó una prorroga de ayuda humanitaria en la UAO de Puente Aranda. Allí el señor Wilber Ávila, lo remitió a la señora Nidia Cubides, funcionaria de Acción Social, con quien ya había tratado anteriormente. Dicha funcionaria los había visitado el 14 de octubre, según cuentan las familias en queja administrativa presentada ante la Procuraduría General de la Nación, en malos términos y exigiéndoles abandonar inmediatamente el inmueble antes de dar inicio a un proceso de desalojo. Se concertaron dos citas más con dicha funcionaria, pero ella nunca apareció.

El 1 de diciembre, en un encuentro fortuito en la UAO, la señora Cubides tras escuchar los argumentos de los desplazados les dijo: “imagínense que están en una cafetería, hablen a carta abierta” y les propuso seis meses de prorroga con el fin de desalojar. La señora Cubides les dijo que: “por culpa de ellos, ella se quedaría sin empleo”, pues aseguró que: “su jefa, la señora Viviana Ferro, se podría desquitar con ella por el tema del inmueble”. “Si eso es con usted que es abogada, imagínese con nosotros”, le respondió el vocero de los desplazados. La propuesta que les presentó Acción Social es que abandonen el inmueble para ser reubicados en Sierra Morena y en el barrio Carvajal. Las familias se resisten. “La propuesta que Acción Social nos hizo, nos la envía la Doctora Viviana Ferro, a lo cual nos dijo, que si no firmábamos no nos daría la prorroga.”Al temor de ser desalojados, a la precariedad con la que viven y que ha costado la vida de dos habitantes del edificio (su líder, quien falleció esperando una prorroga) y un menor de un año de edad quien murió por problemas respiratorios esperando atención médica, ahora se suma la presencia de grupos paramilitares pertenecientes a las “Águilas Negras” en el sector. Milton Rosales ha hecho las debidas denuncias y solicitado protección; sus llamados han sido ignorados. “El 24 de octubre de 2008, dos paramilitares del grupo de “Martín” iban a acabar con todos nosotros […] El domingo 8 de marzo tuve una discusión con el señor Jairo Méndez dónde me iba a dar con un cuchillo. El martes 10 de marzo se supo que dos hombres armados entraron al edificio a matarme…”. En una semana los grupos paramilitares que operan en el barrio Santa Fe han asesinado a 15 personas y esto no ha sido reportado a través de ningún medio de comunicación.

La última ayuda recibida fue un bono de $125.000 entregado por la Secretaría de Gobierno el 22 de diciembre de 2008 a quienes se encontraban presentes en ese momento en el inmueble.

¿Qué quieren los desplazados?

Reconocimiento de sus derechos constitucionales y reparación integral cómo víctimas del conflicto armado.

Ante la crisis humanitaria que afrontan estas familias desplazadas que viven en el Parque Tercer Milenio y Plaza de Bolívar, esperan recibir de inmediato: vivienda temporal, programas de capacitación, bonos de emergencia para suplir necesidades de alimentación, salud, vestuario y servicios públicos. Acceso de sus niños a escuelas oficiales con subsidio para uniformes y útiles escolares, asesoría jurídica y asistencia psicosocial.

Superada la emergencia humanitaria, esperan obtener: afiliación a un programa social de vivienda que les permita abandonar el futuro albergue temporal, implementar proyectos productivos en los que puedan aplicar lo aprendido en los talleres de capacitación, y contar con apoyo del Gobierno Nacional para su promoción y comercialización con asistencia para control de calidad. Restitución de tierras. Frente a este punto, proponen que las tierras y fincas incautadas a los grupos paramilitares o que se encuentran a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes o en procesos de extinción de dominio, les sean asignadas a través de un programa de apoyo agrícola y que éstas tierras, libres de embargos o deudas con el Estado, sean escrituradas a nombre de cada núcleo familiar o cabeza de hogar. Afiliación a los sistemas de salud, paz y salvos para los desplazados que se encuentren en mora con entidades agrarias y facilidades de crédito.

Así mismo exigen que los bonos de asistencia que reciben les sean consignados a cuentas bancarias individuales o cabeza de hogar, para lo cual el Gobierno deberá ayudar en su proceso de apertura, no quieren seguir amaneciendo frente a las sedes de Acción Social para reclamar un bono que siempre llega con una cifra inferior a la establecida. También solicitan que los líderes de los desplazados que se encuentran en situación de riesgo, bien porque han sido amenazados u objeto de atentados, puedan ingresar a un programa especial de protección tanto para ellos como para sus familias.

Acciones de hecho

En el 2005, cerca de 300 desplazados realizaron la toma pacífica de la urbanización Riveras de Occidente en Bogotá.

El 12 de julio de 2006, un promedio de 150 personas, entre adultos y niños, provenientes de diferentes partes del país, se tomaron el parque central de Bosa, al sur occidente de Bogotá. Allí, en un albergue improvisado hecho con cartones y plásticos, vivieron 48 días hasta que fueron obligados a desalojar.

En septiembre de 2006 ocuparon las instalaciones abandonadas del antiguo matadero distrital ante el incumplimiento de los acuerdos suscritos en septiembre de 2005 por la Alcaldía Distrital. Más de cien personas fueron detenidas, entre ellas cuatro observadores internacionales según informó el medio alternativo Prensa Rural, y 26 más resultaron con heridas de consideración.

El 26 de marzo de 2008, cerca de veinte desplazados se tomaron pacíficamente la sede de Acción Social de la Calle 24. De allí fueron expulsados por el ESMAD y agentes de la fuerza pública; varias personas resultaron heridas, incluyendo menores y mujeres embarazadas; una de ellas, que llevaba cinco meses de gestación, sufrió un aborto a causa de los golpes recibidos por la Policía, según relatan los desplazados. “Hasta se pararon encima de los niños, rompieron computadores, quebraron vidrios, entraron fue a hacer destrozos y a sacarnos a las malas, eso no respetaron nada”.

En septiembre de 2008, 12 familias desplazadas tomaron posesión de un edificio de Bienestar Familiar ubicado en el barrio Santa Fe. Aún permanecen allí.

El 4 de abril de 2009, más de cien desplazados se tomaron la Iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá. El ESMAD logró introducir por las ranuras de la puerta gases lacrimógenos para obligarlos a salir. Con un acuerdo de reunión con Acción Social y representantes de la Administración Distrital, Personería y Defensoría del Pueblo programada para el lunes 6 de abril, los desplazados abandonaron la Iglesia. La reunión se llevó a cabo en la UAO de Puente Aranda, pero no se lograron acuerdos.
Rondas de negociaciones

Tras cada acción de hecho se han firmado actas de cumplimiento, que no logran trascender el papel. Ahora, se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones. Ya se han llevado a cabo cuatro encuentros entre voceros de los desplazados y representantes del Gobierno; sin embargo, las soluciones siguen pareciendo lejanas.

El lunes 13 de abril se reunieron en la UAO de Puente Aranda, y no hubo acuerdo. Al día siguiente, representantes del Gobierno Distrital y Acción Social con otros organismos de la Administración, se reunieron para definir puntos de negociación, que dieron a conocer a los voceros de los desplazados el miércoles 15 en la Alcaldía Mayor de Bogotá. La reunión duró más de cinco horas y tampoco se logró sellar ningún acuerdo, salvo que volverían a reunirse una semana después. “Nos están haciendo perder tiempo- afirma Julián Arboleda- hemos planteado tres puntos esenciales y ellos llegan a la mesa con veinte que no tienen nada que ver con lo que hemos propuesto. De aquí ya vimos que no se va a lograr nada. Ahora nos dicen que esperemos a la nueva reunión el martes que viene. ¿Para qué me preguntó yo? El escepticismo por parte de los desplazados sobre los resultados de esta nueva ronda de negociaciones es total. Si asisten a la mesa es porque quieren dar muestra de cumplimiento, pero están seguros que nada se va a lograr porque no existe la voluntad política necesaria para poder negociar con el objetivo de lograr una solución definitiva.

Lograr el reconocimiento de los derechos de la población desplazada y mecanismos que garanticen su inmediata supervivencia, no ha sido posible a través de las negociaciones, de pactos de cumplimiento escritos y ratificados con firma de las autoridades, tampoco a través de las acciones de hecho. ¿A qué otro mecanismo se debe recurrir para que el Gobierno se decida a cambiar su política pública frente a esta urgencia humanitaria y establezca de una vez por todas una agenda programática que brinde soluciones definitivas a esta realidad, que aumenta cada día y amenaza con desbordarse y convertirse, ahora si, en un grave problema de orden público y social, no sólo en Bogotá sino en todo el país?

- Maureén Maya es Periodista e Investigadora Social

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 154, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, abril 17 de 2009. HU-  HUwww.viva.org.coU