Embargados por el dolor y la tristeza escribimos estas líneas. Las escribimos desde la ira compartida ante este acto criminal que al parecer han cometido las FARC a quienes condenan los hechos inalterables y la sangre de inocentes derramada.

Escribimos, mientras el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos llega al Departamento de Nariño a dirigir las operaciones militares como respuesta del Estado ante las masacres y el terror a que viene siendo sometido ese pueblo indígena. Ante los medios de comunicación el Ministro Santos al señalar que ha sido muy difícil obtener la cooperación de los indígenas, declaró: "Esperamos poderlos convencer de que la mejor posición, la mejor actitud que pueden asumir es la de colaborar con las autoridades, con la fuerza pública".

“Al caído, caerle”, es el proverbio que aplica el Gobierno en estas terribles circunstancias, basando su reacción en que, según la información disponible, fueron las FARC quienes cometieron la masacre. Ahora resulta que es culpa de las víctimas de esta masacre, del desplazamiento masivo, de las personas desaparecidas, de las comunidades confinadas en medio del terror lo que les está sucediendo. Culpa de ellas, dice el Ministro, porque no han querido colaborar con la Fuerza Pública. Pretende convencernos de que, si la Fuerza Pública hubiera estado en la zona, estos hechos no se habrían presentado. En consecuencia, llega la hora de militarizar el territorio por completo, con el argumento de proteger a los Awá. Los propios indígenas angustiados y corriendo por las selvas y algunos de sus líderes, no ven más opción que la de pedir ayuda a la fuerza pública. Los medios de comunicación y los voceros del Gobierno y de la coalición de partidos que lo respaldan, le hacen eco a este llamado. Colombianos y colombianas aterrados ante el horror de este genocidio en curso, reclaman lo mismo.

Unidos al llamado a que se proteja a estos pueblos y se haga justicia, denunciamos a los asesinos, sean quienes sean y, en este caso, a las FARC, quienes, de haber realizado estos actos atroces, confirman una terrible verdad: se han convertido en un factor más de terror contra los pueblos. Se suman en estas actuaciones perversas, a los paramilitares, a la fuerza pública y a todos los que a fuerza de violencia someten a los pueblos y comunidades en Colombia. Lo hemos denunciado y hoy lo reiteramos: en últimas, el terror es un medio para alcanzar fines que deben reconocerse. Si ignoramos los fines, el delito atroz aparece como el resultado esperado. No habría intención ulterior a la masacre y al terror. Serían un fin en si mismas. Pero el terror, venga de donde venga, es un medio para alcanzar otros fines. Por eso, la verdad exige otra reacción desde toda la ciudadanía del país, desde las organizaciones y pueblos indígenas, con el respaldo de Gobiernos y pueblos del mundo.

La verdad se encuentra en la respuesta a una pregunta necesaria: ¿Para qué matan a los Awá? Es indispensable plantearnos esta pregunta y reaccionar con coherencia y firmeza en consecuencia. De lo contrario, el terror de esta masacre servirá como excusa para cometer otras y como medio para despojarlos de su territorio, de su cultura, de su forma de vida y desaparecerlos en un genocidio planificado. Habrán luchado para nada quienes se hayan sacrificado por defender sus vidas, culturas y territorios. Nos habrán convencido una vez más, que estas masacres contra los Awá en Nariño no tienen nada que ver con las de San José de Apartadó, Urabá, Catatumbo, Amazonía, Cauca y todo el territorio Nacional. Que nada tienen que ver con los asesinatos de mujeres, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, falsos positivos y toda la parafernalia de hechos y actos de terror, vengan de donde vengan. Porque sabemos que el terror es un medio perverso hacia un fin perverso, hacemos memoria, señalamos unos hechos, denunciamos y condenamos a las FARC con ira y dolor, por el crimen cometido y por contribuir de esta manera no solamente a sembrar muerte, miseria y dolor sino a ayudar a que se despoje a los pueblos indígenas de pueblos y territorios.

Los hechos:

1.       El Terror como Herramienta:  

“Somos Gente de la Montaña, hijos de la selva y por ella nos van a sacar muertos”, declaró premonitoriamente Eder Burgos, Coordinador de Camawari, el 10 de Agosto de 2008, durante la Audiencia Defensorial que dio cuenta de la crítica situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) que vive el pueblo indígena Awá. Esta audiencia fue realizada, ante funcionarios de diferentes entidades del Estado, de organismos de control, representantes de la ONU, de ONGs defensoras de DDHH, con la custodia de más de 70 indígenas en su mayoría de este pueblo que se movilizó desde el sur de Colombia. Según el comunicado oficial de la ONIC, “En dicha audiencia se presentó el Informe Defensorial que es el resultado de un tejido participativo adelantado con las autoridades y representantes del pueblo Awá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo y el SAT.” La Audiencia[i] y el Informe dieron cuenta, de manera dramática del desarrollo de la disputa territorial por parte de todos los actores armados, contra la población indígena. Señalaba este comunicado que las comunidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte, denunciaron casos puntuales como “que desde hace tres días su territorio ancestral está siendo bombardeado, incluso los sitios de concentración de la población desplazada en el municipio de Ricaurte, concretamente en los resguardos de Maguí e Imbima”, tal como lo denunció el defensor regional de Nariño a su superior en carta de la fecha.” Estas son los territorios donde se vienen realizando las masacres contra las comunidades.

Tanto la Resolución como el Informe Defensorial, denuncian y presentan evidencia contundente sobre la realidad de terror que se vivía en ese territorio, las acciones de guerra sucia contra la población que involucran a la Fuerza Pública y a los actores armados ilegales, documentando la implementación del terror contra las comunidades indígenas como una estrategia para someterlas y despojarlas de sus territorios[ii].

La evidencia contenida en el Informe, Audiencia y Resolución Defensoriales dejan sin piso de manera contundente las aseveraciones del Ministro de Defensa. La Fuerza Pública ha sido y es un factor de terror contra los Awá y por ello, lejos de constituirse en garantía de protección contra abusos y violaciones de derechos humanos, son una amenaza directa contra su salvaguarda. Todos los actores armados ejercen violencia contra los Awá.

2.       La codicia y los Megaproyectos:

a.                  Agro-negocio y plantaciones: La Costa Pacífica y el pie de monte de la Cordillera Occidental que incluyen el territorio ancestral del pueblo Awá afectado por las masacres y el desplazamiento en curso, son zonas estratégicas de interés para proyectos de acumulación económica legales e ilegales que incluyen grandes plantaciones de caucho, palma aceitera, lo mismo que plantaciones y laboratorios de procesamiento de coca. Al igual que en el resto del país, estos proyectos agro-comerciales, requieren y se apoyan en el uso de la violencia y del terror contra los moradores ancestrales del territorio[iii] en la perspectiva de despojarlos y desterrarlos[iv],[v].

b.                  Minería y Recursos Vitales: Según concluye el Boletín Situacional sobre los Derechos Humanos y el DIH en Nariño[vi]: “La riqueza de la geografía nariñense ha  conllevado a que se realicen estudios de  inversión de multinacionales que ejecutan  exploraciones sobre recursos estratégicos  como uranio y oro. La Sociedad Kedahda S.A.,  filial de la Anglo Gold Ashanti, presentó en el  mes de julio de 2007, 110 solicitudes de contratos de concesión en el Departamento de  Nariño, según el reporte de Ingeominas. Dichas solicitudes han producido inquietud,  por la experiencia que ha dejado la incursión de  la mencionada empresa, pues en los lugares  del país en donde ha realizado sus trabajos se  ha desatado una marcada violación a los  derechos humanos de las comunidades de  éstas regiones. Entre los 37 municipios nariñenses en los que la sociedad Kedahda  S.A., ha realizado sus solicitudes se encuentran: Taminango, Leiva, Rosario,  Policarpa, Cumbitara, Samaniego, Barbacoas  donde existe una inmensa riqueza de Oro,  Zinc, Cobre, plata, platino, molibdeno y demás  concesibles,  y coincidencialmente ha sido en  éstos municipios en donde existe mayor  presencia de fuerza pública y grupos armados  al margen de la ley, situación que ha derivado  en el desconocimiento de los derechos humanos y en la inobservancia del DIH de la  población civil, quien se ha visto sometida a  tratos crueles, inhumanos y degradantes.” La riqueza hídrica, maderera, de biodiversidad, biotecnología, hidrocarburos y oxígeno de esta región es notoria. El territorio ancestral del pueblo Awá es un territorio en disputa de interés por parte de la gran industria extractiva transnacional.

c.                  Infraestructura: El Eje Multimodal Amazonas[vii] de la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana), atraviesa por el territorio Awá desde la Costa Pacífica Nariñense. Los 284kmts de la carretera Pasto-Tumaco, atraviesan el territorio Awá en disputa y hacen parte del corredor multimodal Tumaco-Puerto Asís-Bélem do Pará que une la Costa Pacífica con la Atlántica atravesando el Continente Suramericano por la Amazonía. Más allá de los beneficios que pudieran generar estas modernas y costosas vías y de su enorme y destructivo impacto ambiental, estas vías se construyen con el propósito fundamental de abrir los territorios de modo que sus riquezas puedan ser privatizadas, explotadas y extraídas por transnacionales. Las vías se entregan en concesión a intereses privados. Su construcción, existencia y uso imponen el sometimiento, desplazamiento y la destrucción de los pueblos que se encuentran en su camino y área de influencia. El pueblo Awá vive en medio del trazado de este megaproyecto infraestructural y por lo tanto, se ha convertido en un estorbo en vías de remoción. Eventualmente, la ausencia o sometimiento de los Awá, sirve a los intereses de quienes se benefician de este megaproyecto  que amenaza y afecta a los pueblos con derechos sobre los territorios que atraviesan[viii].

d.                  Turismo y Otros intereses. La belleza y enorme riqueza de los territorios Awá del piedemonte y la Costa Pacífica de Nariño resultan ideales para consorcios de explotación turística, frecuentemente articulados a proyectos de exploración, explotación y patentamiento privado de la vida y de los conocimientos del territorio y de sus pueblos. Los proyectos turísticos expulsan o explotan a los despojados indígenas llevándose enormes ganancias, apropiándose de los territorios autónomos y de sus pueblos como mercancías privadas con fines de acumulación.  

Garrote y Zanahoria: El terror y la Ley.

Quienes promueven y en últimas se benefician de la muerte y el despojo, combinan “todas las formas de lucha” para acceder a las riquezas y recursos que les interesan.  Mientras el trabajo sucio del terror es realizado por diversos actores armados legales e ilegales con acciones criminales de guerra entre sí y contra los pueblos, cuyo resultado estratégico, esperado e inevitable es el despojo y la privatización del territorio, el Estado Colombiano, implementa políticas que proveen el blindaje legal institucional para la explotación de los territorios.

Un ejemplo contundente se encuentra en el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007[ix]. En el parágrafo único del artículo 123 de esta Ley se lee: “No se podrán surtir procedimientos de constitución, ampliación o saneamiento de resguardos indígenas dentro de los límites geográficos determinados en el artículo 2o de la Ley 70 de 1993 u otras zonas del país que presenten similares condiciones.” El artículo 2º de la Ley 70 de 1993 delimita la Cuenca del Pacífico como un Territorio ubicado en la línea que va entre volcán de Chiles en la frontera con Ecuador y el Golfo de Urabá en la Costa Atlántica, hasta el Océano Pacífico. Este inmenso territorio que abraca cordillera, piedemonte y costa, incluye el territorio Colombiano del Pueblo Awá de Nariño.

Según lo establecido en el artículo citado del Estatuto Rural, no se pueden constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en la Cuenca del Pacífico. El pueblo Awá, pierde así, por Ley, el derecho a gran parte de su territorio ancestral y actual. Territorio que queda de esta manera “liberado” para los intereses económicos a quienes terminan beneficiando de manera directa o indirecta los actores del terror. El pueblo Awá tiene represadas 4 solicitudes de Constitución de Resguardos, 8 de ampliación y 15 de Saneamiento, para un total de 27.

En estos momentos, la Corte Constitucional se encuentra próxima a emitir sentencia frente al Estatuto Rural. Si esta Ley 1152 es declarada inexequible, como lo fuera la Ley Forestal en Abril de 2008[x] por violar la obligación de realizar consulta previa con las comunidades afectadas, el pueblo Awá, lo mismo que los demás pueblos afro e indígenas del Pacífico, podrían adelantar acciones legales tendientes a resolver sus derechos territoriales. A quienes masacraron, a quienes están desplazando, a quienes confinan, a quienes amenazan, les resulta imposible realizar los trámites legales que se requieren. Mientras tanto, aparecerán nuevos propietarios de los territorios, con títulos fabricados que serán legalizados sin mucha dificultad.

Eventualmente, la ineficiencia del Estado, las leyes y el terror, se habrán combinado para consolidar el despojo y la expropiación de modo que este se convierta en un hecho histórico consumado. Para entonces, los megaproyectos y los usurpadores de la riqueza se habrán establecido, el territorio habrá sido explotado y la lucha, sacrificio y sufrimiento de las víctimas, será enterrada por la infamia de una historia escrita por la codicia y la inconciencia.

El pueblo Awá lucha por su dignidad, por su vida y por la vida de su territorio. Al pueblo Awá lo exterminan para que la codicia insaciable pueda despojarlos y exterminarlos. Aunque es importante y urgente saber quienes cometieron esta terrible e imperdonable masacre para que se haga justicia, se conozca la verdad y se repare y respete a los afectados y a sus familias, aún más importante es entender que los masacran para despojarlos y que, en consecuencia, debemos denunciar y movilizarnos para resistir este proyecto que se sirve del terror como medio y que hoy está matando a nuestros hermanos para robarles.

Convocamos

En primer lugar, nos unimos a la ONIC, a todos los pueblos indígenas y a todas las organizaciones y personas que sentimos el compromiso y la necesidad de acompañar de manera solidaria a las víctimas y llamamos a sumarnos a la Minga Humanitaria que se viene organizando para hacer presencia con firmeza y convertir el dolor en compañía y acción concreta.

En segundo lugar, nos sumamos a quienes vienen llamando a que se movilice la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. El mensaje es claro. El magnicidio contra Aida Quilcué que llevó a la muerte del compañero Edwin Legarda, ejecutado por el Ejército Nacional bajo órdenes de quienes orientan e implementan la Política de Seguridad Democrática como un falso positivo contra la resistencia popular, es seguido ahora por masacres, cometidas por las FARC, que sirven como excusa para escalar el despojo ante la insensibilidad de la sociedad y del mundo.

Este no es un problema de los Awá, no es un problema de los indígenas, no es un crimen contra un pueblo en Nariño. Este es un acto de terror que hace parte de la implementación acelerada de unas políticas conducentes al despojo por vía de la muerte. Este es el Plan Colombia en marcha. Un megaproyecto económico que entrega e integra nuestros territorios y nuestras vidas a la codicia del capital global.

Ante tanto horror, tan evidente, no podemos seguir mirando desde lejos o esperando nuestro turno. Es hora de saber para qué los mataron, para qué nos matan y de levantarnos para detenerlos y resistir. Es hora de rechazar de una vez por todas, el horror que cometen las FARC a nombre de los pueblos, así como rechazamos el del régimen.

También es dolorosamente evidente que de poco sirve ante este Estado tener tierras, denunciar violaciones de derechos humanos o negociar acuerdos con un Gobierno ilegítimo cuando el modelo de desarrollo con sus tratados y sus leyes se sirven del terror, venga de donde venga para masacrar, desplazar y despojar. Es indispensable e impostergable la obligación de resistir el modelo en su integralidad y como prioridad. En estas condiciones y ante estos hechos tan terribles, es necesario reconocer que todo lo demás, aún lo político-electoral, debe supeditarse con urgencia a una agenda de movilización y acción en Minga que resista y detenga el acelerado curso del despojo del que esta masacre es un evento.

Convocamos la Minga Social y Comunitaria. Pongamos a marchar la agenda para resistir el modelo de muerte que viene con el TLC, con las leyes de despojo, con el terror, con los convenios incumplidos, con la ausencia de un tejido de los pueblos por la libertad. Decidamos en Minga como detener el horror de las FARC, del Estado y de todos los grupos armados en Nariño y en Colombia. Cómo respaldar el pueblo Awá y defender con ellos su territorio y cómo defender la vida y nuestros territorios de esta muerte segura que avanza para que unos pocos sigan acumulando.

Para que descansen los muertos y sus familias puedan rehacer la vida, para que la dignidad Awá se convierta en camino, para que nadie pueda robarse el territorio, para que unos y otros se larguen con sus armas y su odio y nos dejen en paz, para que no nos declaren que luchan por el pueblo o que vienen a protegernos los asesinos, para que tengamos un país de los pueblos y sin dueños, para que no los hayan masacrado para nada: Minga Social y Comunitaria. Encontrémonos en un territorio colectivo y hagamos de la Minga desde el dolor conciencia y camino. Los Awá no están solos[xi].

- Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida-ACIN