El 10 de diciembre de 2008, se cumplen 60 años desde que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se enumeran una serie de derechos fundamentales como un ideal común por el que naciones y pueblos debemos esforzarnos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social,  nacionalidad o posición económica.

Así las cosas, la historia de los Derechos Humanos, es el testimonio de las conquistas individuales y colectivas de los pueblos, porque cada derecho reconocido ha sido fruto de una lucha social o política concreta que pueblos y  comunidades organizadas han librado en aras de su desarrollo.

La Constitución de 1991, introdujo numerosos elementos para establecer y poner en marcha acciones puntuales que contribuyen a la formación de un nuevo pacto social entre los colombianos, púes las actuales generaciones crecimos en un marco de violencia, ya que en los últimos 33 años, según estudio de la Universidad Nacional, se materializaron 602.362 homicidios,  que implican 18.253 muertes anuales, 1.521 mensual y 50 diarias.

Esta violencia, está representada en muerte, desaparición, secuestro y desplazamiento forzoso, cada uno con sus propios protagonistas. Algunos, personajes públicos, otros anónimos. Por ejemplo, desde 1986 el sindicalismo colombiano ha sufrido el rigor del ensañamiento, constatado en el asesinato de 2.578 sindicalistas con un alto nivel de impunidad, púes sólo 105 sentencias dictadas corresponden a 76 casos.

 Desde el 2002 venían disminuyendo los asesinatos ya que bajaron de 182 a 39 en el 2007, pero este año, lamentablemente continúa el ascenso y en lo corrido del 2008, la cifra llega a 41. Además, el 75% de la violencia antisindical se concentra en Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Caldas y Putumayo y los asesinatos son cometidos por paramilitares, insurgencia y agentes estatales.

Necesitamos por tanto, lograr un amplio y sólido consenso sobre una política para las víctimas, a la vez que la sociedad toda debe avanzar en el diseño de una estrategia integral para la atención, protección y reparación de las víctimas. En este marco, el Gobierno cumplirá el Convenio 151 de la OIT, que permite la negociación con el sector público, y no recurrirá a medidas de facto para enfrentar huelgas como con Asonal  Judicial.

Recordemos la adopción del Estado de Excepción, mediante el cual se expidieron decretos para destituir, reemplazar y trasladar a funcionarios judiciales, además de entregarles a los notarios competencias judiciales. En cuanto a la huelga de los corteros de caña, no vimos el papel del Estado como garante y arbitro.

En lo correspondiente con el diálogo social eficaz, el Gobierno y los empresarios, no sólo pondrán en práctica el acuerdo tripartito, avalado por la OIT, sino que regularizarán las reuniones de la Comisión Nacional de Concertación, hoy diluidas en el tiempo, porque esa es su práctica, tal y como se corrobora con la expedición del decreto 2884 que conformó el Consejo de Política Exterior y Relaciones Internacionales,  suplantando la Comisión de Relaciones Exteriores, de creación constitucional.

Recordemos que el Estado, conforme a sus obligaciones internacionales y constitucionales, tiene la obligación de investigar todos los hechos que menoscaben los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción y esa obligación debe ser asumida con seriedad y no como una mera formalidad, destinada a aparentar que se investiga.

Debemos reconocer que gracias al Acuerdo Tripartito, firmado en la OIT, y a la presión del sindicalismo internacional, se empezó a agrietar la impunidad, pero la mayoría de los casos contra  los sindicalistas se encuentran en la impunidad.

Por las razones anteriores, debe llamarse al Gobierno, a la OIT y a los organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos, a que pongan en marcha un verdadero plan contra la impunidad, comenzando por una estrategia de investigación que busque el esclarecimiento de los hechos.

Lo cierto es que  lo que debe privilegiarse es el Estado Social de Derecho y para tal fin, entre otras, se requiere dejar atrás el conteo de muertos como un criterio de éxito en las operaciones contra la insurgencia, eliminar las amnistías de facto que pueden dejar en la impunidad a las víctimas de abusos de derechos humanos y a su vez, incluir en el estatuto de víctimas que la reparación también incluya a los afectados por la violencia del Estado.

No olvidemos que hace pocos días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que el proyecto de ley de víctimas, “introduce factores de discriminación entre las víctimas que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad de los derechos a la igualdad”.

Sea entonces, este 60 aniversario de los Derechos Humanos, para buscar consensuar toda una estrategia en defensa de los Derechos Humanos, en el contexto del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Bogotá, Diciembre 5 de 2008

- Carlos A. Rodríguez Díaz es Coordinador Liberales Plan B

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.  www.vivalaciudadania.org