Como es de conocimiento público, desde el año 2002, el sindicalismo colombiano intensificó su preparación para afrontar, con sólidos argumentos, la discusión del incremento al salario mínimo legal, innovando con los llamados puntos colaterales, en la línea de convertir estas negociaciones en un Acuerdo Marco Sectorial que evidencie la viabilidad de la contratación colectiva por rama específica.

El soporte intelectual en materia económica lo centramos en importantes estudios realizados para la CUT, por la Escuela Nacional Sindical de Medellín y la Universidad Nacional. La parte legal, también en la ENS de Medellín, en el Equipo Jurídico de la CUT y en la Comisión Colombiana de Juristas.

Ojalá, en esta oportunidad, al igual que en años anteriores, nos caractericemos por la seriedad de nuestros planteamientos, acompañados de un buen soporte académico, tanto económico como jurídico. Es bueno señalar que pese a que cada Central Sindical elaboraba sus estudios, en la Comisión  de Concertación, siempre actuamos como Comando Nacional Unitario.

Lamentablemente, la irregular convocatoria a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, hace que se acumule gran cantidad de problemas y en la última reunión del año, de esta importante instancia constitucional, el debate se ubique en el monto del aumento, cuando la calidad de vida del conjunto de la población es inherente al compromiso tripartito que la guía.

Con el fin de refrescar nuestra memoria sobre lo pertinente, debo comentar que en el 2002, concretamos un acuerdo parcial, al definir cinco puntos colaterales; en materia salarial, pese a estar cerca, no fue posible acordarlo. Los trabajadores llegamos al 8.41%, los empleadores al 7.40% y Minhacienda al 6%. Al final, para el 2003, el Gobierno decretó el 7.44% frente a un IPC del 6.49%.

En el 2003, el acuerdo fue total, púes alcanzamos ocho puntos colaterales, y para el 2004, un incremento salarial del 7.83%, frente a un IPC del 5.50%.

Para el 2004, pese a los esfuerzos sindicales, no se logró el acuerdo y el Gobierno, para el 2005, decretó el 6.56%, frente a un IPC del 4.85%.

En el 2005, de nuevo alcanzamos total acuerdo, materializado en diez y seis destacados puntos colaterales y, para el 2006, en un incremento del 6.95%, frente a un IPC del 4.48%.

Para el 2006, la disponibilidad sindical para un acuerdo fue manifiesta, pero la arrogancia gubernamental lo imposibilitó; primero, por el rompimiento unilateral de las conversaciones y segundo, por la estigmatización de que fue objeto la Central Unitaria. Ese año, para el 2007, el decreto consignó un aumento del 6.30%, frente a un IPC del 5.69%.

En el 2007, de nuevo fluyó la intransigencia gubernamental, acompañada de los empresarios, actitud que imposibilitó el acuerdo, y para el 2008, el Gobierno decretó el 6.41%, ya evaporado, púes en lo corrido del año, el IPC se sitúa ya en 6.90%, faltando noviembre y diciembre.

Este año, en Colombia, las conversaciones se dan en un complejo panorama social y político y en un marco internacional contradictorio, que exige la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida para reactivar el consumo interno, por lo que se requiere el control de precios, matriculas y servicios públicos, entre otros rubros. Veamos algunos puntos sugeridos a considerar:

1. En cumplimiento de la orientación de la OIT, en pos del trabajo decente, Gobierno y Empresarios, garantizarán la eliminación de la intermediación laboral de la CTA y las formas deslaboralizadas de contratación.
2. En ejercicio del cumplimiento del Convenio 81 de OIT y ante la necesidad de que el Estado de tratamiento eficiente a las relaciones laborales y el empleo, el Gobierno restablecerá el Ministerio del Trabajo.
3. Con respecto al Convenio 151 de la OIT, se acordará la negociación con el sector estatal para abordar la indexación salarial y su reajuste, la real puesta en marcha de la carrera administrativa, las comisiones sindicales y el desarrollo de los convenios 87, 98, 151 y 154. El Gobierno se abstendrá de objetar la definición que tome el Legislativo sobre los provisionales.
4. Teniendo en cuenta que el ACUERDO TRIPARTITO, firmado en la OIT, concluye cuando se concreten los objetivos del mismo, el Gobierno desembolsará una suma similar al primer monto con destino a la OIT, con el propósito de contribuir a que el diálogo social eficaz, materialice los derechos fundamentales.
5. Para desarrollar, aún más, el punto del ACUERDO TRIPARTITO, sobre la lucha contra la impunidad, concretar una efectiva política de promoción y respeto a los Derechos Humanos y una activación de máximas alertas para el cese de la impunidad. En tal sentido, el Gobierno se compromete a respetar la construcción colectiva alcanzada en las cuatro audiencias públicas, a propósito de la ley de víctimas, hoy liquidada por las reformas en su esencia y en su forma.
6. En relación con la aplicación del salario mínimo para los trabajadores formales de la economía, Gobierno y Empresarios garantizarán su cumplimiento.

Decía que el momento histórico en el que se desarrolla la discusión sobre el salario mínimo es contradictorio a nivel internacional, porque estamos frente al inicio de una depresión, que es más grave y duradera que la recesión y se manifiesta en procesos contrarios al progreso como, el frenazo en seco de la actividad, la debilidad de la demanda, la contracción del comercio internacional, el incremento del desempleo y la caída del poder adquisitivo.

Traigo a colación esta referencia, porque el Gobierno colombiano, frente a la crisis económica mundial, afirma que esta blindado, por lo que aspiramos a que concrete un efectivo aumento salarial.

De otra parte, con la llegada de Obama, la actitud dialogante entierra la diplomacia de cowboy que impuso el Gobierno norteamericano. Ojalá, el discurso del Gobierno colombiano de los últimos días en favor de las libertades no sea demagógico y su cambio se evidencie en la práctica.

Las anteriores consideraciones apuntan a contribuir  positivamente, como es mi costumbre, porque en tiempos tormentosos, la ideología da paso a la política, las diferencias partidarias ceden su prioridad y el consenso se convierte en un imperativo.

Bogotá, noviembre 16 de 2008

- Carlos A. Rodríguez Díaz es Coordinador Liberales Plan B

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org