En las últimas semanas Brasilia y Quito entraron en roces diplomáticos de considerada tensión. Si no se encuentra una solución coherente, esto puede ser un pesado precedente para el proceso de integración.

Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Brasil atraviesan su etapa de mayor tensión. Luego de que Quito anunciará que someterá a un arbitraje internacional su deuda con un banco estatal brasilero, la ira en Planalto estalló.

La decisión del presidente brasilero, Luiz Inácio Da Silva, de llamar a consultas a consultas a su embajador en Quito es un hecho sin precedentes en la historia del país carioca.

Desde 1870, es la primera vez que Brasilia dispone el regreso de un diplomático que lleva a cabo sus funciones en alguno de los países sudamericanos. Con motivo de la Guerra de la Triple Alianza, en esa oportunidad Brasil había retirado su delegado en Paraguay.

Este antecedente remarca lo inédito de la decisión adoptada por Lula el viernes 21 de noviembre. Por eso mismo, no deja de sorprender que se haya tomado una medida tan drástica ante lo que no es ni más ni menos que una disposición del Gobierno ecuatoriano.

Las tensiones entre Brasil y Ecuador se reavivaron cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que su país “buscará no pagar la deuda ilegítima, corrupta e ilegal” contraída por diferentes gobiernos. Las declaraciones de Correa surgieron luego que una auditoria internacional detectara anomalías en unos 3.800 millones de dólares de la deuda externa que contrajo el país entre 1976 y 2006.

Sumado a esto, Ecuador decidió someter una deuda con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil ante la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI), un tribunal de arbitraje internacional.

La deuda fue contraída en 2004 por el gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez. El préstamo inicial era de 243 millones de dólares pero los intereses “inflaron” la deuda hasta más de 550 millones de la moneda verde.

Para la actual administración ecuatoriana, el problema es que el dinero nunca ingresó a sus arcas y fue destinado para que la empresa constructora brasilera Odebrecht construyera la represa San Francisco. Justamente esta obra es el eje de la otra polémica que enfrenta a Brasilia y Quito.

En el mes de septiembre, el gobierno de Correa decidió expulsar del país al gigante constructor debido a ineficiencias en la construcción de la represa hidroeléctrica San Francisco. La obra comenzó a trabajar en junio de 2007 y no llegó al año de funcionamiento debido a graves fallas en la construcción.

Ecuador exigió indemnizaciones a la empresa por el tiempo que la obra dejó de producir electricidad, Odebrecht se negó y fue expulsada del país.

En esa oportunidad, Correa aseguró que “Odebrecht intentó burlarse del país”. Cuatro contratos en vigor para la construcción de dos hidroeléctricas, un aeropuerto y la ejecución de un proyecto de riego por un valor total de 650 millones de dólares quedaron suspendidos.

La reacción brasilera fue un intento de mediación que no llegó a buen fin. No obstante, la administración brasilera “metió en el freezer” algunos megaproyectos binacionales como el corredor interoceánico Manta-Manaos.

Las irregularidades de Odebrecht no son novedad solamente en Ecuador. Semanas atrás, el gobierno de Venezuela anunció una multa de 144,7 millones de dólares contra de la empresa brasileña, por omisiones en sus declaraciones tributarias de 2006 y 2007.

En Brasil, según peritajes judiciales, la empresa no tomó  las medidas de precaución suficientes en la construcción de una parte del subte en San Pablo. Según el diario argentino Clarín, uno de los directivos de Odebrecht que estaba a cargo de ese proyecto fue trasladado a Ecuador.

No obstante estos antecedentes, Brasilia defendió el papel llevado a cabo por una de sus grandes corporaciones económicas sin enfrentarse diplomáticamente con el gobierno de Correa.

Sin embargo, el avance sobre el BNDES sobrepasó el límite para Brasilia. Ya no se trata de una contienda contra una empresa, sino contra una entidad estatal. Puede entenderse así o puede entenderse que Lula “puso la otra mejilla” una vez, pero dos no.

Esta situación de roces entre Brasil y “socios menores” no es nueva. Bolivia y Paraguay también han estado en la vereda de enfrente. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en 2006 generó una situación similar. Los cruces con el presidente boliviano, Evo Morales, derivaron en varios encuentros entre los mandatarios.

Asimismo, pese a los reiterados reclamos de Asunción para renegociar el precio de la energía producida en la represa de Itaipú, Brasilia mantiene una postura inflexible. En septiembre pasado, el presidente paraguayo, Fernando Lugo visitó a Lula y pidió renegociar los tratados sobre el precio de la energía de Itaipú. Sin embargo, en Brasilia prefieren “esperar un poco” y renegociar en 2023 cuando venza el tratado vigente.

Está claro que la política del gobierno brasilero es defender sus intereses económicos (también los de sus ciudadanos y empresas) dentro y fuera de su territorio. En ese tema, no hay discusión que valga.

Tanto en el tema de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, como en la decisión ecuatoriana de someter a un arbitraje internacional su deuda con el BNDES, los responsables de la política exterior brasilera se quejaron por no haber sido notificados de antemano sobre esas medidas.

La pregunta surge: ¿Qué hubiese sucedido si Bolivia y Ecuador notificaban a Brasil antes de hacer públicas sus decisiones?

Probablemente, la reacción de Planalto habría sido similar, aunque sin un enfrentamiento “mediático”.

Esta postura casi intransigente del gobierno de Lula con las decisiones soberanas de los “socios menores”, se suma a otro cortocircuito suscitado en los últimos meses con Argentina respecto a la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En la reunión de julio de la OMC en Ginebra, Brasil aceptó cerrar la Ronda tal como está y así se unió a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Del otro lado, quedaron el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la postura de los países emergentes.

Es decir, Brasil se sumó a la postura pro apertura comercial de los países de los países emergentes para el ingreso de los productos manufacturados de las potencias industriales. A cambio, Brasil consiguió muy buenos mercados para sus agrocombustibles.

En definitiva, mencionar los roces con Bolivia, Paraguay y la postura brasilera respecto a la Ronda de Doha, sirve para entender que la actual situación de tensión entre Brasilia y Quito, no es un caso aislado. Hay que saber de aquí en más que ante todo Brasil defiende y defenderá sus intereses económicos individuales.

Sin embargo, lo preocupante de este caso sigue siendo el llamado a consultas del embajador brasilero en Quito. No es un detalle menor. Esta medida es el paso previo al retiro de un embajador. Luego de eso, el paso siguiente sería la ruptura de las relaciones diplomáticas.

Aunque éste no parezca el caso que termine en un quiebre diplomático, esta situación pone en riesgo el avance del proceso de integración sudamericano. Rafael Correa ha sido uno de los presidentes más activos en ese proceso. A las propuestas brasileras para la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Consejo Sudamericano de Defensa, el ecuatoriano respondió con gran entusiasmo.

Por esto, una respuesta de este tenor hace tambalear lo conseguido en materia de uniones. Por otra parte, la reacción brasilera deja sentado un precedente difícil de eludir para los gobiernos que, a futuro, tomen medidas que afecten algún interés brasilero.

No hay integración posible si Brasil juega su juego ante las potencias del mundo y deja a un lado a sus “aliados”. No hay integración posible, si el “hermano mayor de Sudamérica” no responde a los pedidos de sus “hermanos menores”. No hay integración posible, si Brasil no respeta las decisiones soberanas de un gobierno soberano.

El respeto y la acción conjunta, son algunas de las cuestiones esenciales para construir verdadera integración. De lo contrario, la integración seguirá siendo pura retórica.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata,  Argentina. 
http://www.prensamercosur.com.ar